STS, 21 de Abril de 1994

En el segundo motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción de los artículos 16.1 y 20.1.a) y d) de la Constitución.Se aduce, en defensa de este motivo, que no se ha respetado el derecho preferente a la libertad ideológica. Al referirse el recurso a la libertad ideológica y a la libertad de expresión, constituye referencia obligada la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.En sus sentencias podemos leer:"La libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de la sociedad,una de las condiciones básicas de su progreso y del desarrollo de la persona(casos HANDYSIDE y THE SUNDAY TIMES) ; "no solo se aplica a las informaciones o ideas recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también a las que ofenden o molestan (sentencias ya citadas y casos LINGENS y MULLER); "tales son las demandas de pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una sociedad democrática"(sentencia citada caso HANDYSIDE) ; y "teniendo en cuenta la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática, cualquier injerencia en ella debe responder a una necesidad social imperiosa, estar proporcionada con la legítima finalidad pretendida y justificarse por motivos que no solo sean meramente razonables, sino aplicables y suficientes"(sentencias citadas y casos BARFOD y BARTHOLD). A la libertad de expresión se ha referido el Tribunal Constitucional, en númerosas sentencias, y entre otras afirmaciones tiene declarado que "constituyen no sólo libertades individuales de cada ciudadano sino también la garantía institucional de una opinión pública indisolublemente unida al pluralismo democrático" (Cfr STC 240/92) Y en términos parecidos la sentencia de 214/91, de 11 de noviembre expresa que es "condición indisolublemente unida al pluralismo político, que es un valor fundamental y requisito de funcionamiento del Estado democrático..". Esta Sala ha destado, igualmente, la trascendencia del derecho fundamental a la libertad de expresión.Así la sentencia de 16 de mayo de 1991 tiene declarado que "resulta indudable y ordinariamente aceptado la importancia que la libertad de expresión representa para la constitución y normal funcionamiento de una sociedad democrática.Las libertades proclamadas y reconocidas en el art.20 de la C.E., además de derechos fundamentales de las personas, sientan las bases para el reconocimiento y garantía del ejercicio y extensión de una opinión pública libre, institución ligada a la normal coexistencia de distintas ideologías y planteamientos políticos, plataforma y esencia de una convivencia en democracia".Y en la sentencia de 16 de noviembre de 1992 se expresa que "en un estado democrático, la libertad de expresión tiene un carácter constitutivo y esencial cuando se trata de la manifestación del derecho a participar en la formación de la voluntad política de la comunidad en tales condiciones.El derecho a la libertad de expresión y de opinión puede tener una jerarquia superior al derecho al honor". Sin embargo, el artículo 20 de nuestra Constitución, igual que el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, no hace una proclamación absoluta e incondicionada del derecho a la libertad de expresión, sino que admite límites a su ejercicio, por la necesidad de respetar los demás derechos que la propia Constitución reconoce y, entre otros, hace mención expresa al derecho al honor.Por su parte, el Convenio Europeo declara en elnúmero 2º de su articulo 10 que "el ejercicio de estas libertades, que implica deberes y responsabilidades, podrá someterse a determinadas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones, previstas por la Ley, que sean medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral,la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones reservadas o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del Poder Judicial".

El honor y prestigio de personas e instituciones constituyen bienes y valores jurídicos cuya apreciación desde un punto de vista jurídico-penal presenta serias dificultades.De ahí que no sea sencillo dilucidar, en determinados casos, si los términos en que se hace expresión de esas ideas son subsumibles en tipos penalmente previstos y caso de que se afirme su tipicidad si está o no abarcadas por el ámbito de protección del derecho constitucionalmente proclamado (art.20.1 a) CE) a la expresión libre de pensamientos, ideas u opiniones, o por el contrario, se ha excedido de los límites de protección de ese derecho fundamental.Resulta necesario, en esta disyuntiva, como cuestión esencial, delimitar dos ámbitos, uno abarcado por el ejercicio de las libertades reconocidas en el art.20 de la CE,cuando concurren los requisitos que conforman esas libertades y otro, de protección de derechos de la personalidad, cuando se desborda el ámbito de protección del citado artículo 20.

Ha sido acogida por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de esa Sala la doctrina que, desde un enfoque distinto al tradicional del "animus iniurandi", examina la problemática de los delitos contra el honor o, como en este caso, contra el prestigio y dignidad de las instituciones y autoridades, a partir del reconocimiento constitucional de las libertades de expresión y de información. Así, el Tribunal Constitucional (Cfr.SSTC 159/1986, 107/1988, 51/1989, 20/1990 y 15/1993, entre otras) tiene declarado que "el reconocimiento constitucional de las libertades de expresión y de información ha modificado profundamente la problemática de los delitos contra el honor en aquellos supuestos en que la conducta que incide en este derecho haya sido realizada en ejercicio de dichas libertades, pues la dimensión constitucional del conflicto convierte en insuficiente el criterio subjetivo del "animus iniurandi" tradicionalmente utilizado por la jurisprudencia penal para el enjuiciamiento de este tipo de delitos.Y ello entraña que el enjuiciamiento se traslade a un distinto plano, en el que no se trata de establecer si el ejercicio de las libertades de información y de expresión ha ocasionado una lesión al derecho al honor penalmente sancionable, sino de determinar si tal ejercicio opera o no como causa excluyente de la antinjuridicidad". Sentencias de esta Sala (Cfr.sentencias 29 de noviembre de 1989,16 de noviembre de 1992 y 3 de diciembre de 1993) tienen declarado que el problema de si se debe dar preferencia al derecho al honor (art.18.1 CE) o al derecho a la libertad de expresión (art.20.1 CE), se tiene que resolver en el ámbito de la justificación, o sea, de la antijuridicidad, y no en el de un supuesto "animus injurandi".Este planteamiento de la cuestión requiere, por lo tanto, una ponderación de los derechos en conflicto en la situación concreta de que se trate. Conforme, pues, a la doctrina del Tribunal Constitucional y de esta Sala, se hace preciso evaluar si el Tribunal de instancia ha llevado a cabo una correcta ponderación de los derechos en presencia, en atención a las concretas circunstancias del caso.Esto es, si el ejercicio del derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones ha tenido lugar "dentro del ámbito constitucionalmente protegido o, por el contrario, se ha transgredido dicho ámbito" (Cfr.STC 15/1993).

Aplicando la doctrina que se deja expresada al caso que nos ocupa, resulta obligado examinar los razonamientos explicitados por el Tribunal sentenciador para invocar el quebranto del prestigio, dignidad y honor en el ejercicio de las funciones parlamentarias a las que hace ofensiva referencia el acusado frente al hipotético ejercicio del derecho a la libertad de expresión como causa de justificación. En efecto, puede afirmarse que el Tribunal de instancia ha llevado a cabo una correcta ponderación de los derechos en conflicto, alcanzando la acertada convicción de que las expresiones que se contienen en el artículo enjuiciado "por despectivas, deshonrosas y engendradoras de descrédito y por deducirse una clara intención de ofender, son integrantes de injurias, que pueden calificarse de graves, pues indudablemente la expresión "encubridor de asesinos" merece la consideración de afrentosa en el concepto público".Y es igualmente cierto, como añade el Tribunal sentenciador, que el sujeto pasivo de tales injurias era un miembro del Congreso de los Diputados, habiéndose proferido las expresiones injuriosas por las opiniones emitidas por el Sr. Mauricioen el ejercicio de sus funciones parlamentarias.El Tribunal se instancia rechaza, con acierto, que tales injurias pudieran estar justificadas por el ejercicio del derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas u opiniones mediante el escrito enjuiciado. Ciertamente, las expresiones vertidas por el acusado en el artículo de que es autor constituyen un injustificado ataque al honor, libertad y seguridad inherente a la actividad parlamentaria de un miembro de las Cortes, aún reconociendo la posición prevalente- aunque no jerárquica- que respecto al consagrado en el art. 18.1 C.E. ocupa el derecho a la libertad de expresión del art.20.1 C.E., pero ello sólo cuando su ejercicio tiene lugar dentro del ámbito constitucionalmente protegido, lo que en este caso no ha sucedido.

Así pues, las expresiones altamente injuriosas que se contienen en el artículo escrito por el acusado, objeto de enjuiciamiento, en modo alguno pueden ampararse en el ejercicio de los derechos a la libertad ideológica y libertad de expresión, apareciendo como necesaria, en este caso, la injerencia en tales derechos fundamentales, al desbordar el ámbito constitucionalmente protegido, al así exigirlo el prestigio, honor, libertad y seguridad inherente a la actividad parlamentaria de un miembro del Congreso de los Diputados. El artículo 157.3 ha sido correctamente aplicado y al transgredirse el ámbito del derecho a la libertad de expresión, las graves injurias vertidas por el acusado no están constitucionalmente amparadas y,por consiguiente, en modo alguno justificadas. El presente motivo no puede prosperar.

En el tercer motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 104 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción del artículo 24.2 de la Constitución y artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en cuanto reconocen el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y visto dentro del un plazo razonable. Ciertamente, el artículo 24.2 de la Constitución proclama "el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas", como igualmente se declara en el artículo 6.1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, al afirmar que,"toda persona tiene derecho a que su causa sea oida dentro de un plazo razonable" y en el artículo 14.3 c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politi cos de Nueva York al disponer que "toda persona tiene derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas". La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de esta Sala ha venido reafirmando tal derecho constitucional como son exponentes las sentencias del Tribunal Constitucional 43/85 y 133/88, en las que se declara el "derecho a un proceso que se desenvuelva en condiciones de normalidad dentro del tiempo requerido y en el que los intereses litigiosos puedan recibir pronta satisfacción". Y la sentencia de esta Sala de 26 de junio de 1992 expresa que "tan notoria dilación infringe abiertamente el derecho, constitucionalmente consagrado en el artículo 24.2, a un proceso sin dilaciones indebidas.El Tribunal que juzga más allá de un plazo razonable, cualquiera que sea la causa de la demora, incluso por carencia estructurales que surgen con el aumento del número de causas, está juzgando a un hombre- el acusado- distinto en su circunstancia personal, familiar y social y la pena no cumple ya o no puede cumplir las funciones de ejemplaridad y de rehabilitación o reinserción social del culpable que son los fines que la justifican".

Los criterios a tener en cuenta para determinar si se han producido o no dilaciones indebidas pueden ser variados, recogiéndose como tales:

1. la naturaleza y circunstancias del litigio, singularmente su complejidad, debiendo prestarse exquisito cuidado al análisis de las circunstancias concretas; b) los márgenes ordinarios de duración de los litigios del mismo tipo; c) la conducta procesal correcta del demandante, de modo que no se le pueda imputar el retraso; d) el interés que en el proceso arriesgue el demandante y consecuencias que de la demora se siguen a los litigantes y e) la actuación del órgano judicial que sustancia el proceso y consideración de los medios disponibles. Los remedios que se han considerado pertinentes cuando consta una dilación que puede reputarse indebida o excesiva han sido diversos. Si bien esta Sala se ha inclinado. no sin excepciones, por la aplicación del beneficios del indulto para mitigar las consecuencias de la lesión de tal derecho constitucional (Cfr.sentencias de 31 de enero, 28 de febrero, 26 de junio, 6 de julio y 30 de octubre de 1992), no obstante, es el Tribunal que va a enjuiciar el caso en cuya tramitación se ha producido un retraso injustificado el que se encuentra en mejor situación para valorar y reparar, si ello es factible, los perjuicios causados. Y a estos fines, son de destacar las facultades discrecionales que puede desarrollar el Tribunal en uso de las posibilidades generales de individualización de la pena que le permiten, entre otros, los artículos 61, 65 y 66 del Código Penal. En el supuesto que es objeto de este recurso, la dilación indebida, que indudablemente se ha producido, en modo alguno permite aplicar los remedios a los que se ha hecho antes referencia.El acusado ha sido absuelto al apreciarse la extinción de su responsabilidad criminal por prescripción del delito, y el Ministerio Fiscal interesó la absolución por el delito de calumnia de que le acusaba por haber estado paralizado indebidamente el procedimiento durante un tiempo mayor del que el Código Penal establece para la prescripción de dicha figura delictiva. El motivo, por injustificado, debe ser desestimado.

En el cuarto motivo del recurso, formalizado al amparo del número 3º del artículo 850 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca quebrantamiento de forma al haber denegado el DIRECCION000que un testigo contestara a preguntas que se le dirigían por la defensa, siendo pertinentes y de manifiesta influencia en la causa. Se desarrolla el motivo, se dice, con carácter subsidiario o complementario al primer motivo de este recurso. Y ciertamente, para evitar repeticiones innecesarias, al referirse a preguntas que no eran necesarias ni pertinentes, ni en modo alguno trascendentes para la defensa del acusado, se da por reproducidos los razonamientos expresados para rechazar el primer motivo del recurso, debiendo este cuarto correr la misma suerte de desestimación. QUINTO.- En el quinto motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por aplicación indebida, del artículo 157.3 del Código Penal. Se argumenta, en apoyo del motivo, que no concurren los elementos y requisitos esenciales para la existencia de dicha figura delictiva. La tipificación de las conductas calumniosas e injuriosas contra los altos Organismos responde a la necesidad de garantizar y tutelar la dignidad de estas instituciones.Así, tiene declarado el Tribunal Constitucional, en sentencia 51/1985, de 10 de abril que "la seguridad exterior e interior del Estado, puede ponerse en riesgo cuando se produce una destrucción del prestigio de las instituciones democráticas... en la medida que estas instituciones son expresión de la solidaridad de la nación y ofender su prestigio significa incumplir el deber de solidaridad política".El bien jurídico protegido en estas insti tuciones que se reputan esenciales dentro de la estructura del Estado democrático.Y en concreto, el número 3º del artículo 157 del Código Penal tutela esencialmente la libertad y seguridad en el ejercicio de su actividad parlamentaria frente a los ataques que puedan sufrir por las opiniones manifestadas o los votos emitidos en el seno de las Cortes. Resulta bien patente, como se razona al examinar el primero de los motivos del recurso, que han concurrido cuantos elementos objetivos y componentes subjetivos caracterizan esta figura delictiva.El artículo escrito por el acusado contiene expresiones gravemente injuriosas contra un diputado por las manifestaciones proferidas en su actividad parlamentaria. El motivo debe ser desestimado. SEXTO.- En el sexto motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por falta de aplicación, del artículo 8.11 del Código Penal. En el desarrollo del motivo se alega que aparece con un cierto carácter subsidiario o complementario del motivo segundo del recurso, en cuanto los hechos imputados al recurrente fueron realizados -se dice- en el ejercicio legítimo de su derecho a la libertad ideológica y su expresión libre.

Se reproducen, por otro cauce distinto, los argumentos esgrimidos en defensa del segundo motivo.La desestimación de aquel obliga a que este corra la misma suerte. Se ha desbordado el ámbito de protección del derecho fundamental a la libertad de expresión y su invocación en modo alguno puede servir de justificación a las graves injurias proferidas contra un Diputado en el ejercicio de sus funciones parlamentarias. El motivo se debe desestimar.

RECURSO INTERPUESTO EN NOMBRE DE Mauricio.

UNICO.- En el único motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por aplicación indebida, de los artículos 112.6º, 113 y 114 del Código Penal. Se argumenta en apoyo del motivo, que el delito no ha prescrito ya que se cometió el día 6 de octubre de 1983 y la querella se presentó el 10 de noviembre de 1983 y que el delito perseguido no prescribe a los cinco años como establece la sentencia recurrido sino a los diez años.

: Son dos las cuestiones que se plantean en este único motivo.La primera si el plazo de prescripción para la pena de confinamiento lo es la del párrafo tercero del artículo 113 del Código Penal, es decir, diez años, o por el contrario debe atenderse al plazo de cinco años señalado en el párrafo cuarto.La segunda cuestión consiste en dilucidar si el procedimiento por el delito contra un miembro de los Altos Organismos de la Nación se había dirigido contra el acusado, desde la interposición de la querella o por el contrario, desde la modificación de conclusiones de la parte querellante, que incluyó esa calificación, como alternativa, en la vista de 9 de junio de 1989.Si se siguiera la primera fecha el delito no habría prescrito, si fuera la segunda, el Tribunal de instancia habría acertado al apreciar su prescripción. El delito contra los Altos Organismos de la Nación tipificado en el número 3º del artículo 157 del Código Penal está castigado con la pena de confinamiento, que no aparece específicamente reseñada en el artículo 113 del Código Penal en el que se fijan los plazos prescriptorios de los delitos. El artículo 113 del Código Penal no destaca por su claridad.Sigue un criterio nominalista en los párrafos primero y segundo, al referirse expresamente a delitos castigados, respectivamente, con penas de reclusión mayor y menor; mantiene un criterio cuantitativo en el tercero, al referirse a delito con penas que excedan de seis años; y en el párrafo cuarto se refiere a delitos castigados con cualquier otra pena.No plantea cuestión la duración del plazo de prescripción cuando se trate de delitos castigados con cualquier otra pena.No plantea cuestión de la duración del plazo de prescripción cuando se trate de delitos castigados con penas privativas de libertad.No sucede lo mismo con aquellos delitos que se sancionan con penas privativas de derechos, como sucede con los delitos contra los Altos Organismos de la Nación tipificados en el artículo 157 del Código Penal, a los que se castiga con la pena de confinamiento.Esta pena, conforme al artículo 30 del Código Penal, tiene una duración de seis años y un día a doce años, es decir, la misma que la pena de prisión mayor.De ahí que si se siguiera un criterio exclusivamente cuantitativo en la interpretación del citado apartado tercero del artículo 113, sería ese el aplicable.Por el contrario, si su ámbito se restringe a los delitos castigados con penas privativas de libertad, para la pena de confinamiento sería de aplicar el párrafo cuarto, que fija el plazo de prescripción en cinco años cuando se señale cualquiera otra pena.La jurisprudencia de esta Sala se ha inclinado mayoritariamente por esta segunda interpretación, incluyendo las penas privativas de derechos, cualquiera que fuere su duración, en el plazo prescriptorio de cinco años.Así, en la sentencia de 19 de diciembre de 1974, se justifica ese criterio por la menor gravedad que aprecia en las penas de privativas de derechos con respecto a las penas privativas de libertad, por lo que merecen un plazo mas benigno de prescripción, a lo que añade que, en caso de duda, debe siempre resolverse a favor del reo.Se refuerzan tales argumentos con el hecho de que la pena de extrañamiento, que tiene una duración de doce años y un día a veinte años, es decir, igual que la pena de reclusión menor, sin embargo no aparece en el parrago segundo junto a dicha pena. Así las cosas, debe mantenerse el criterio defendido mayoritariamente en las sentencias de esta Sala, ya que otra interpretación sería contraria a los intereses de los acusados y, por consiguiente, los delitos castigados con la pena de confinamiento prescriben a los cinco años. Respecto a la segunda cuestión planteada en este único motivo del recurso, el procedimiento que inicialmente se dirige contra el recurrente, acorde con la voluntad del querellante expresada en su escrito de querella, se refiere, como únicos hechos, a las expresiones contenidas en un artículo del que es autor el acusado y que se publica el día 6 de octubre de 1983 en el periódico Ya, y la imputación delictiva se ciñe a la calificación de delito de calumnia.El Juzgado de Instrucción admite la querella por esa figura delictiva y acuerda el procesamiento del querellado por ese mismo delito.El sumario se concluye y es en el trámite de conclusiones definitivas, en el acto del juicio oral celebrado el día 9 de junio de 1989, una vez que el Ministerio Fiscal solicita la absolución del delito de calumnia por prescripción, cuando la parte querellante, en el mismo trámite, y por primera vez desde el inicio de la causa, hace una calificación alternativa sosteniendo que los hechos constituían: a) un delito de calumnia,por escrito y con publicidad, del artículo 454 en relación con el artículo 453, ambos del Código Penal; b) un delito de injuria grave, por escrito y con publicidad, de los artículos 457 y 458.3 y 4, ambos del Código Penal; y c) un delito de injuria grave a un miembro de las Cortes del artículo 157.3 del Código Penal. Es decir, cuando se dirige el procedimiento contra el Sr. Evaristopor un delito contra Altos Organismos de la Nación, habían transcurrido más de cinco años desde que se produjeron los hechos que se enjuician.No puede entenderse, como se pretende en el motivo, que el plazo de prescripción se hubiera interrumpido por la querella interpuesta por un delito de calumnia.Difieren los componentes objetivos y subjetivos de ambas figuras delictivas.Ciertamente, los hechos en que se asientan y los bienes jurídicos que se tutelan son distintos, como acertadamente se razona por el Tribunal de instancia.Como antes se ha hecho mención, el bien jurídico protegido en estas figuras delictivas no es tanto el honor sino el prestigio de instituciones que se reputan esenciales dentro de la estructura del Estado democrático. Y en concreto, el número 3º del artículo 157 del Código Penal tutela esencialmente la libertad y seguridad en el ejercicio de la actividad parlamentaria frente a los ataques que puedan sufrir por las opiniones manifestadas o los votos emitidos en el seno de las Cortes.

La seguridad jurídica se vería seriamente vulnerada si se quisiera dar a la voluntad del querellante un alcance que no quiso.Efectivamente, fue su deseo reducir la querella a un ámbito estrictamente privado, referidos a unos hechos en los que no se tuvo en cuenta su condición y actividad parlamentaria y que reputó constitutivos, exclusivamente, de un delito de calumnia.El delito contra los Altos Organismos de la Nación había prescrito cuando, tras haber solicitado el Ministerio Fiscal, la prescripción del delito de calumnia, se acusa de aquél delito, por primera vez , al querellado.

El motivo, por todo lo expuesto, debe ser desestimado. III.