Informe Francés
| Autor | Jean-Enmanuel Ray |
| Cargo del Autor | Universidad de París I (Panteón-Sorbonne) |
I. INTRODUCCIÓN: ALGUNAS CIFRAS
1. Jornadas perdidas en el sector privado
- Número de jornadas individuales no trabajadas por huelga (en miles)
| 1978: 1990: 1980: 1982: 1984: 1886: 1888: 1892: 1994: 1996: 1998: 2000: 2001: | 2200 Miles 693 1674 2327 1357 1041 1242 490 521 447 353 807 678.000, para 15 millones de asalariados |
- Temas de reivindicaciones (2001 y 2000)
Salarios: 37% de los conflictos en 2001 (33% en el año 2000)
Empleo: 21% (14%)
Tiempo de trabajo: 16% (29% a causa de las 35 horas)
Condiciones de trabajo: 15% (15%)
Conflictos de derecho: 16% (10%)
2. Huelga en la función pública del Estado
| En miles 1984: 1986: 1988: 1990: 1992: 1994: 1996: 1997: 1999: 2000: | 974.000 853.000 686.000 576.000 218.000 226.000 686.000 383.000 752.000 1650.000 | Ratio privado/público 58% 55% 64% 55% 69% 70% 39% 54% 43% 33% |
II. TÍTULO I. DE DELITO A DERECHO CONSTITUCIONAL
Delito penal llamado de "coalición" hasta 1864, y culpa contractual hasta 1946, la huelga ha visto cambiar su naturaleza real de un día para otro a partir del preámbulo constitucional del 27 de octubre de 1946.
Este último, junto a otros principios "particularmente necesarios a nuestro tiempo", enunciaba en su párrafo séptimo: "El derecho de huelga se ejerce en el marco de las leyes que lo regulan".
Las primeras huelgas (1947-1950) fueron, con frecuencia, en el contexto de la guerra fría, violentas y políticas, como había sido el caso antes. La huelga era lo mismo un medio de expresión política (recuérdese el "Movimiento por la Paz" defendido por la CGT) que un medio de presión social. Pero su inserción en el ordenamiento jurídico exigía separar en adelante "el ejercicio normal del derecho de huelga", que se beneficiaba de la inmunidad vinculada al ejercicio de un derecho constitucional, y los "movimientos ilícitos" (término que sustituyó desde 1991 al de "huelga ilícita"), que constituyen, por el contrario, otras tantas culpas para cada huelguista que ya no es un no subordinado sino un insubordinado.
A pesar del deseo del constituyente de 1946, regularmente reiterado por el Consejo Constitucional, el legislador francés ha intervenido muy poco para reglamentar el derecho de huelga, excepto para retirárselo a las clases de personal indispensables para el mantenimiento de la paz pública. Así, la huelga está total y legítimamente prohibida al ejército, a los CRS (Cuerpos Republicanos de Seguridad, para el mantenimiento del orden), a las guardianes de prisión y, también, a los magistrados en activo.
Esta pasividad voluntaria del legislador, que transciende las corrientes políticas francesas, ha tenido un efecto previsible. Obligado a decidir, por los trabajadores asalariados sancionados como consecuencia de un conflicto, el juez judicial (y el juez administrativo para las huelgas en la función pública), ha tenido que efectuar, desde 1950, una diferenciación entre aquellos movimientos que, a su juicio, constituyen el ejercicio normal del derecho, y que, por lo tanto, no son susceptibles de sanciones, cualesquiera que sean, y aquellos otros movimientos ilícitos que no se benefician de protección alguna.
Mientras que, para el trabajador asalariado, una huelga de celo, o paros rotatorios y repetidos constituyen una huelga, el derecho francés los considera culpa. La definición jurisprudencial tiene, pues, una importancia muy notable, en forma de todo (derecho) o nada (culpa). Entre esos dos extremos, no hay nada en absoluto.
Desde 1990, el Tribunal Supremo ha evolucionado mucho, en un sentido muy favorable al huelguista, que ya no es un ausente, sino alguien que ejerce una libertad pública fundadora del derecho del trabajo. El coraje de un pequeño electricista polaco de los astilleros de Gdansk, en los años 80, que contribuyó a derribar las dictaduras del Este, ha dejado su impronta. Este "derecho a la transformación del Derecho" constituye hoy, por otro lado, un criterio discriminante que nos permite seleccionar las verdaderas democracias en el mundo: una pequeña minoría.
1. La summa divisio huelga/"movimiento ilícito"
Una división ésta que en derecho francés es primordial, incluso si, a veces, el acta suscrita al final de un conflicto puede decidir eliminar sus consecuencias más penosas (despidos).
- A nivel individual, "el ejercicio normal del derecho de huelga" hace ilegal y, por lo tanto, nula toda reacción patronal sobre el terreno disciplinario (desde la sanción más pequeña hasta el despido).
Dicho de otro modo, en caso de que la huelga cree un grave perjuicio a la empresa (pérdida de producción), el asalariado se beneficia igualmente de una inmunidad total en materia de responsabilidad civil, a pesar del perjuicio voluntariamente causado.
Si, por el contrario, el asalariado se sitúa fuera de la definición jurisprudencial de la huelga (a veces sin saberlo: noción jurisprudencial evolutiva), comete una infracción. Podrá ser despedido, y el empresario podrá a veces demandarle incluso la reparación del perjuicio padecido, si prueba la intención de aquél de dañarle. No existe, pues, una huelga "un poco lícita", o "ligeramente ilícita". Es el todo o nada.
- A nivel colectivo, el empresario puede reaccionar frente a las huelgas abusivas o frente a los movimientos ilícitos (despidos, cierre patronal).
En ausencia de texto legal que defina el ejercicio normal del derecho de huelga, los jueces buscan establecer reglas de conducta leal, en las que la equidad no está siempre ausente: una reacción patronal a un movimiento ilícito no será examinada con severidad excesiva.
"La inseguridad jurídica del huelguista", denunciada con frecuencia por los sindicatos, es real. A causa de la evolución siempre posible de la jurisprudencia, lo que era ilícito ayer (por ejemplo, reivindicaciones manifiestamente irrazonables) puede hoy ser lícito (CS, 2 de junio de 1992), y viceversa, lo que es más grave para el huelguista.
Pero ¿quién desea realmente la seguridad a este respecto? Entre los sindicatos, lo mismo que entre los empresarios, nadie quiere de verdad que el legislador defina con precisión el ejercicio normal del derecho de huelga, algo a lo que le ha invitado, más de una vez, el Consejo Constitucional. Esta definición legal, y por lo tanto rígida, no es deseada por nadie, y todo el mundo prefiere -incluso ofuscándose- la situación actual que le permite no decidir en lo más vivo de esa dualidad (huelga legal o ilegal), y negociar más fácilmente.
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El ejercicio normal del derecho de huelga
Desde 1950, los jueces han ido definiendo, sentencia tras sentencia, esta noción que fue vivamente contestada a causa de su carácter (forzosamente) restrictivo. Pero ¿cómo hubiera podido ser de otra manera? El juez, al que se acude, debe juzgar incluso en ausencia de texto legal, y se ve mal por qué la huelga, que causa un perjuicio a otro, no iría a conocer límite alguno. Como todo derecho, el derecho de huelga es susceptible de abuso, y los actos delictivos manifiestamente destacables no pueden pretender el beneficio de la inmunidad que la huelga confiere, incluso si esos actos se mediatizan con habilidad. La ley de 25 de julio de 1985 ha puesto fin a este debate, legalizando "el ejercicio normal del derecho de huelga", con la finalidad de proteger al huelguista contra toda sanción o contra todo despido disciplinario (cf. L. 122-45).
Hoy, el derecho de huelga en Francia es con frecuencia diferente del que existe en los países vecinos, y particularmente en la Europa del Norte.
Derecho individual, necesariamente ejercido colectivamente (A.1), el derecho de huelga consiste en una cesación del trabajo (A.2) para lograr la satisfacción de reivindicaciones profesionales que el jefe de empresa puede en principio satisfacer (A.3).
A.1. Derecho individual ejercido colectivamente
Con el "desempleo parcial total" y el contrato "de duración determinada de duración incierta", el derecho de huelga francés resulta para numerosos extranjeros algo paradójico. Es un derecho que pertenece a cada asalariado (la huelga está vinculada a la subordinación, y hablar de huelga de estudiantes o de médicos es un espejismo), único titular de este derecho constitucional. Pero si el asalariado hace la huelga él solo, en principio incurre en culpa, porque la huelga tiene que ser ejercida colectivamente.
La práctica demuestra sin embargo que sólo el 16% de la huelgas han sido convocadas al margen de los sindicatos (una cifra, eso sí, que va en aumento: del 9% en 1999 al 11% en 2000), mientras que la CGT convocó sólo ella el 41% de las huelgas, y una tercera parte de ellas (el 35% en 2001) fue el resultado de una convocatoria de varias confederaciones.
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La dimensión colectiva
Un solo asalariado, descontento de sus condiciones de trabajo, no puede, pues, pretender hacer huelga él solo. Tiene que convencer a algunos de sus camaradas para que lo sigan sobre algunas reivindicaciones colectivas. Poco importa en el derecho francés el número de huelguistas. Una huelga, incluso extremadamente minoritaria, sigue siendo lícita (¿pero es legítima, excepto si está llamada al éxito?). No es necesario reunir un cierto porcentaje de los asalariados, ni de organizar un referéndum antes de convocarla como en otros países (Alemania, Gran Bretaña).
Dos excepciones (mínimas)
a) un solo asalariado puede hacer huelga si responde a una convocatoria que supera a la empresa. Así un único cuadro en ésta puede cesar el trabajo en respuesta a la convocatoria lanzada por la CGC-CFE en relación a las pensiones complementarias;
b) en las empresas donde sólo hay un asalariado, éste último goza, a pesar de todo, del derecho de huelga (Cass. Soc. 13 de noviembre de 1996; Dr. Social. 1997, 1108). Una posición inversa hubiera privado en efecto del derecho de huelga a centenas de millares de trabajadores.
Pero el hecho de que el derecho de huelga deba ser ejercido colectivamente no significa que Francia haya adoptado, salvo en los servicios públicos, una concepción orgánica de la huelga. (Para una comparación...
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