La cuestión indígena y las desigualdades de género en Bolivia: la lucha continúa

AutorLaura González Garcés
Cargo* Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, Postgrado en Desarrollo y Ayuda Internacional, Doctoranda en Relaciones Internacionales y Becaria de Investigación del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI).
Páginas89-106
Introducción

Bolivia vive hoy un momento de inflexión y cambio a todos los niveles, tanto económico y de desarrollo como político y social. A pesar de las importantes reformas iniciadas a mediados de los años ochenta —fue el primer país que realizó un plan de ajuste estructural, con el que se ganó el apoyo de toda la comunidad internacional— todavía no ha logrado fortalecer plenamente la legitimidad y la eficacia del Estado, ni ha superado los altísimos niveles de pobreza e inequidad existentes, que se han mantenido, e incluso acentuado, en estos últimos años.

La realidad boliviana, al igual que ocurre en el resto de países andinos, sigue siendo una realidad difícil y conflictiva, donde la pobreza y el descontento social, se suman, entre otros problemas, a la falta de credibilidad del Estado, los altos niveles de corrupción o la insatisfacción de las expectativas de la Page 91 población. Del mismo modo, se perpetúan las diferencias sociales, principalmente entre población indígena y no indígena, y las desigualdades de género, así como las diferencias entre regiones y entre áreas urbanas y áreas rurales. Diferencias que alcanzan niveles peligrosos para la consolidación de la democracia y la cohesión social.

Por todas estas circunstancias, estudiar la situación actual de Bolivia puede ser muy ilustrativo de lo que está sucediendo en otros países de la Región Andina, como Perú o Ecuador, países donde la problemática indígena, las desigualdades sociales y de género son, de igual modo, altamente representativas.

El artículo que se presenta a continuación consta de tres epígrafes principales. El primero pretende realizar una breve descripción de la actual situación económica, política y social de Bolivia; el segundo presenta ya uno de los temas esenciales del artículo, la cuestión indígena, analizando distintas dimensiones de la diversidad indígena y originaria, así como las diferentes intervenciones del Estado en las últimas décadas; el tercero trata de la situación de la mujer en Bolivia, mostrando algunos indicadores de la equidad de género, distintas dimensiones de la desigualdad y la trayectoria de las políticas de género en los últimos diez años. Por último, se presentan las conclusiones extraídas del análisis y la bibliografía utilizada.

Situación económica, política y social de Bolivia
Una situación económica difícil

Según la clasificación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Bolivia pertenece al grupo de países de Desarrollo Humano Medio, aunque por su situación (puesto 114 de 173 países)1 se encuentra más cerca de los países de Bajo Desarrollo Humano. Con un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0,653 en el año 2000, Bolivia está lejos del promedio latinoamericano (0,767), aunque en algunos indicadores, como tasa bruta de matriculación combinada, alfabetismo y esperanza de vida, se acerca a dicho promedio. Sin embargo, existe una clara diferencia entre su Producto Interno Bruto (PIB) per cápita y el de la región: 2.424 ($PPA)2 frente a los 7.234 ($PPA) del conjunto de América Latina

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Aunque el país ha incrementado su Desarrollo Humano de manera sostenida desde 1975, año en el que tenía un IDH de 0,512, el comportamiento de sus distintos componentes ha sido desigual: mientras que el índice de logro social se ha incrementado a un ritmo elevado —la esperanza de vida ha pasado de 47 a 62 años, la tasa de alfabetización del 63% al 85,5% y la tasa de matriculación combinada del 56% al 70%—, el índice del PIB per cápita ha tenido un crecimiento modesto, incrementándose sólo en un 19%.

El problema fundamental que enfrenta Bolivia, y causa principal de la conflictiva situación social actual, son los elevados niveles de pobreza existentes: según datos del PNUD3, el 63% de la población está por debajo de la línea de pobreza, es decir, no tiene ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, el 37% se encuentra en la indigencia, no pudiendo cubrir ni siquiera sus necesidades alimenticias y el 41,6% vive una situación de pobreza crónica o estructural, acumulando carencias monetarias y no monetarias. Un dato que ejemplifica la gravedad de la situación es que la reducción de la pobreza urbana entre 1990 y 1997, período de mayor crecimiento económico tras las políticas de ajuste y estabilización, no sólo ha sido insuficiente sino que se ha reducido drásticamente a partir de 1993.

Así, el crecimiento limitado del PIB per cápita, su débil impacto en la reducción de la pobreza y la agudización de la crisis económica en el 2001, demuestran la persistencia de graves obstáculos que impiden que el crecimiento de la economía boliviana se traduzca en mayores niveles de desarrollo humano.

De igual modo, persisten grandes diferencias regionales: aunque en los últimos años se observa una tendencia a la disminución de las brechas existentes en términos de esperanza de vida, no ocurre lo mismo en cuanto al PIB per cápita de cada departamento. Así, mientras Santa Cruz, La Paz o Pando han experimentado aumentos muy importantes de su PIB per cápita, en Potosí y Chuquisaca esta variable se ha estancado —en 1998, el PIB per cápita de Potosí sólo representaba el 39% del valor de Santa Cruz4—. Por tanto, el Altiplano presenta el mayor porcentaje promedio de ciudadanos pobres (73%) y la región oriental tiene el porcentaje menor (47%).

Por otro lado, las diferencias urbano-rurales son también significativas: en las zonas rurales, el 82% de la población sufre carencias tanto monetarias como Page 93 no monetarias, mientras que las zonas urbanas presentan un 45% de pobres. No obstante, la descentralización administrativa iniciada hace unos años espera lograr una mejor provisión de bienes y servicios a nivel municipal y una mayor eficiencia y equidad en la administración de los recursos.

Para intentar corregir esta situación, en el marco de los “Poverty Reduction Strategy Paper” (PRSP)5 impulsados por el Banco Mundial, Bolivia formuló su propia “Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza” (EBRP), la cual parte de una premisa fundamental: “la pobreza, la inequidad y la exclusión social son los problemas más severos que afectan a la democracia y la gobernabilidad en Bolivia”6. La Estrategia constituye el marco en el que se alinean las políticas públicas de lucha contra la pobreza. Es un documento abierto, fruto de la participación popular —desarrollada a través del Diálogo Nacional 2000 y el Comité de Enlace, principalmente—, gracias a la cual Bolivia se ha beneficiado de la iniciativa para la reducción de la deuda externa del acuerdo HIPC II, que engloba a los Países Pobres Altamente Endeudados, por un total de 1.300 millones de dólares en 15 años. Fue aprobada en junio del 2001 por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y la cooperación bilateral presente en Bolivia.

El documento establece cuatro acciones estratégicas y tres temas transversales7. Entre las acciones se encuentran ampliar las oportunidades de empleo e ingresos de la población pobre; desarrollar sus capacidades productivas; aumentar su seguridad y protección; y aumentar la participación e integración social. Los temas transversales son el desarrollo con identidad de los pueblos indígenas y originarios; la promoción de la equidad de género; y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente.

Una situación socio-política conflictiva

En el 2001, como consecuencia de una grave enfermedad, el Presidente de la República Hugo Bánzer renunció a su cargo, sucediéndole el entonces Vicepresidente Jorge Quiroga hasta el 30 de junio de 2002, fecha en la que se celebraron las últimas elecciones presidenciales. Las elecciones las ganó Gonzalo Sánchez de Lozada, líder del MNR Nueva Alianza, gracias a la decisión del Congreso, quien en última instancia decidió entre Sánchez de Lozada y Evo Morales, líder del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Page 94 Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), quien se dio a conocer por su lucha al frente de los cocaleros.

Mientras Quiroga definió la agenda de su gobierno en un “Plan de Doce Meses”, sobre la base de un pacto de gobernabilidad, transparencia, eficacia y lucha contra la corrupción, los partidos del nuevo gobierno —MNR Nueva Alianza y MIR Nueva Mayoría— suscribieron, el 25 de julio de 2002, una alianza denominada “Plan Bolivia”, cuyo fin era “garantizar la gobernabilidad del país y la profundización y proyección de la democracia boliviana”8. De tal manera, formaron un Gobierno de Responsabilidad Nacional, cuyo principal objetivo era crear empleo y generar crecimiento y desarrollo con equidad social.

El Plan de Gobierno 2002-2007 señala doce aspectos fundamentales9, entre los que destacan —por su implicación política y social y por su relación con la temática indígena y las desigualdades de género—, enfrentar con determinación el desempleo; desarrollar una política de transformación productiva del agro; luchar frontalmente contra la corrupción; desarrollar acciones para la inclusión social, económica y cultural de quechuas, aymarás e indígenas; y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de la mujer, la igualdad de oportunidades para los jóvenes y el trato justo para los ancianos.

Las explosiones sociales de abril y septiembre de 2000 y los graves disturbios ocurridos en La Paz los...

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