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Incumplimientos del derecho comunitario: multas y otras consecuencias

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Vincent
AutorRaúl López Petisco
CargoAbogado, CMS Albiñana & Suárez de Lezo

En el año 1993, la Diputación Foral de Guipúzcoa adoptó la Norma Foral 11/1993, de 26 de junio, de Medidas Fiscales Urgentes de Apoyo a la Inversión e Impulso de la Actividad Económica que establecía las que se han conocido como “vacaciones fiscales vascas”. Éstas consistían en una exención del Impuesto sobre Sociedades durante diez años para aquellas empresas que se crearan con domicilio social en dicha provincia y que cumplieran una serie de requisitos. La intención era impulsar la economía del País Vasco en un momento en el que el terrorismo de ETA desincentivaba la actividad económica en dicha Comunidad Auntónoma.

En una Decisión de 2001, la Comisión declaró que las vacaciones fiscales eran ayudas incompatibles con el mantenimiento de la competencia en el Mercado Común, por lo que exigía su recuperación. En 2007, el TJ declaraba que España seguía sin recuperar las ayudas concedidas.

El pasado 20 de noviembre, la Comisión Europea comunicó que, puesto que España seguía sin recuperar las ayudas a pesar de la Sentencia del TJ, ha iniciado el procedimiento formal para que se ejecute dicha Sentencia. Por eso, y tras el requerimiento de información de abril de este año en el que la CE solicitaba a España detalles sobre la recuperación de dichas ayudas, se ha iniciado la segunda fase del procedimiento previsto en el Tratado para exigir el cumplimiento de la Sentencia (formulación de un dictamen motivado). En el caso de que España siga sin cumplir la Sentencia, la CE podrá remitir de nuevo el asunto al TJ, quien puede imponer multas hasta que la ayuda se recupere totalmente.

Esto debe recordarnos a un asunto de total actualidad, que puede tener las mismas consecuencias a pesar de tratarse de ámbitos distintos. Estamos hablando de la controvertida transposición de la Directiva de Servicios, y las diversas legislaciones autonómicas sobre comercio minorista, cuyos detalles se están empezando a conocer en algunos casos. La situación es la misma, una Administración Regional incumple, el Estado paga.

Por eso ya se avanzó hace tiempo que se idearía un mecanismo con base legal para solucionar este problema. Lo anunció el ex ministro Pedro Solbes. Y ya se ha materializado. Por duplicado. En el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, cuyo texto se ha publicado recientemente, la Disposición Adicional Primera pretende trasladar a las Administraciones que incumplan las normas de Derecho comunitario las responsabilidades, principalmente financieras, que...

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