Sentencia 115/1987, de 7 de Julio, del pleno del tribunal constitucional, en el recurso de inconstitucionalidad número 880/1985, contra La Ley Organica 7/1985, de 1 de Julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.
| Marginal | BOE-T-1987-17724 |
| Sección | I - Disposiciones Generales |
| Emisor | Tribunal Constitucional |
| Rango de Ley | Sentencia |
EL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, COMPUESTO POR DON FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE, PRESIDENTE, Y DO—A GLORIA BEGUE CANTON, DON ANGEL LATORRE SEGURA, DON FRANCISCO RUBIOLLORENTE, DON LUIS DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEON, DON ANTONIO TRUYOL SERRA, DON FERNANDO GARCIA-MON Y GONZALEZ-REGUERAL, DON CARLOS DE LA VEGA BENAYAS, DON EUGENIO DIAZ EIMIL, DON MIGUEL RODRIGUEZ-PI—ERO Y BRAVO FERRER, DON JESUS LEGUINA VILLA Y DON LUIS LOPEZ GUERRA, MAGISTRADOS, HA PRONUNCIADO
EN NOMBRE DEL REY
LA SIGUIENTE
SENTENCIA
EN EL RECURSO DE INSCONSTITUCIONALIDAD NUM. 880/85, PROMOVIDO POR EL DEFENSOR DEL PUEBLO, CONTRA LOS ARTS. 7, 8, 26 Y 34, DE LA LEY ORGANICA 7/1985, DE 1 DE JULIO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPA—A. HA SIDO PARTE EL LETRADO DEL ESTADO EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO, Y HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO DON MIGUEL RODRIGUEZ-PI—ERO Y BRAVO-FERRER, QUIEN EXPRESA EL PARECER DEL TRIBUNAL.
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ANTECEDENTES
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EL 3 DE OCTUBRE DE 1985, EL DEFENSOR DEL PUEBLO, UNA VEZ EMITIDO EL DIA 1 DE JULIO, EL PRECEPTIVO INFORME POR LA JUNTA DE COORDINACION Y REGIMEN INTERIOR DEL DEFENSOR DEL PUEBLO, INTERPUSO RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LOS ARTS. 7,8, 26 Y 34 DE LA LEY ORGANICA 7/1985, DE 1 DE JULIO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPA—A, POR ESTIMAR QUE EN ELLOS SE VULNERAN LOS ARTS. 14, 16, 17, 21, 22, 24, 25 Y 53.2, DE LA CONSTITUCION; LOS ARTS. 2, 3, 14, 18 Y 21 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS DE LAS NACIONES UNIDAS, APROBADO POR LA MISMA ORGANIZACION, EL 15 DE DICIEMBRE DE 1966, Y RATIFICADO POR ESPA—A, EL 27 DE ABRIL DE 1977; Y LOS ARTS. 5, 6, 9, 11, 13 Y 14, DE LA CONVENCION EUROPEA PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES, DE 4 DE NOVIEMBRE DE 1950, RATIFICADA POR ESPA—A, EL 10 DE OCTUBRE DE 1979.
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LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS EN LOS QUE SE BASA EL RECURSO SON DE UN DOBLE ORDEN. EN PRIMER LUGAR, SE REALIZAN UNAS CONSIDERACIONES BASICAS SOBRE LOS VALORES Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUDAMENTAN EL RECURSO, Y, EN SEGUNDO LUGAR, SE PROCEDE A UN ESTUDIO CONCRETO DE LOS VICIOS CONSTITUCIONALES EN QUE INCURRIRIAN LOS DIVERSOS ARTICULOS CONCRETOS OBJETO DEL RECURSO.
EN LAS CONSIDERACIONES BASICAS SE EXAMINAN LOS APARTADOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ART. 13 DE LA CONSTITUCION, PARA CONCLUIR QUE TODOS LOS DERECHOS Y LIBERTADES DEL TITULO I DE LA CONSTITUCION, SON APLICABLES A LOS EXTRANJEROS, SALVO LOS EXPRESAMENTE EXCLUIDOS POR EL TEXTO CONSTITUCIONAL, EN LOS TERMINOS QUE SE ESTABLEZCAN EN CADA LEY REGULADORA DE CADA UNO DE ELLOS. LA EXCLUSION SE PRODUCE, UNAS VECES DE FORMA EXPRESA, Y OTRAS DE FORMA IMPLICITA AL CIRCUNSCRIBIRSE LA TITULARIDAD DE ALGUNOS DERECHOS Y DEBERES SOLO A LOS ESPA—OLES, PERO EN TAL CASO TAMBIEN ESTA EXCLUSION DEBE SER INTERPRETADA CON CUIDADOSA PRUDENCIA, PUES A LA LUZ DEL ART. 10 DE LA CONSTITUCION, LOS EXTRANJEROS TIENEN LA PROTECCION DE LOS ACUERDOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR ESPA—A, Y POR ELLO LA DE LOS PACTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS CIVILES, Y DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, QUE SOLO PERMITEN LIMITACIONES LEGALES AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS GARANTIZADOS EN LOS MISMOS
. LA GARANTIA DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS A LOS EXTRANJEROS EN EL ART. 13 DE LA CONSTITUCION , Y, COMO HA AFIRMADO EL PROPIO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, NO SUPONE . ANTES BIEN CON LA MEJOR DOCTRINA HABRIA QUE PRESUMIR, EN PRINCIPIO, LA EQUIPARACION DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS NACIONALES Y DE LOS EXTRANJEROS, Y QUE LAS POSIBLES LIMITACIONES HABRIAN DE TENER CARACTER EXCEPCIONAL, E INTERPRETARSE RESTRICTIVAMENTE. EN CONSECUENCIA, EN AQUELLOS DERECHOS RESPECTO A LOS CUALES PUEDAN ESTABLECERSE LIMITACIONES A SU EJERCICIO POR LOS EXTRANJEROS, EL LEGISLADOR NO ES ENTERAMENTE LIBRE, TALES DERECHOS SIGUEN SIENDO CONSTITUCIONALES, Y SE HA DE RESPETAR EL CONTENIDO ESENCIAL DEL DERECHO DE QUE SE TRATE. LA RESTRICCION LEGAL DEJA DE ESTAR AMPARADA CONSTITUCIONALMENTE SI CONVIERTE AL DERECHO PROCLAMADO EN UNA PURA APARIENCIA DE LO QUE ES EN REALIDAD, SI LO DESVIRTUA DE FORMA QUE LO HACE INAPREHENSIBLE, SI LO DESNATURALIZA Y BORRA LOS PERFILES CON QUE ESTA CARACTERIZADO. -
SE SOSTIENE LA INCOSTITUCIONALIDAD DEL ART. 26.2, PARRAFO SEGUNDO, DE LA LEY ORGANICA 7/1985, DE 1 DE JULIO, POR VULNERACION DE LOS ART. 17.1, 2, 24 Y 25.3, EN RELACION CON EL ART. 13, TODOS ELLOS DE LA CONSTITUCION. TRAS DESCRIBIR EL CONTENIDO DEL NUM. 2 DEL ART. 26 QUE PERMITE LA DETENCION DEL EXTRANJERO
, DISTINGUE DOS SITUACIONES O MOMENTOS, UNO EL DE LA DETENCION GUBERNATIVA, Y OTRO, EL DEL INTERNAMIENTO DEL EXTRANJERO INTERESADO DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, CON UN LIMITE MAXIMO DE CUARENTA DIAS. . LOS DERECHOS FUNDAMENTALES SON DERECHOS SUBJETIVOS DE LA PERSONA Y CONSTITUYEN UN ELEMENTO FUNDAMENTAL Y FUNDAMENTADOR DEL ORDENAMIENTO JURIDICO DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRATICO DE DERECHO. DE AHI LA IMPORTANCIA PRIMORDIAL DE LA LIBERTAD COMO VALOR SUPERIOR DEL ORDENAMIENTO JURIDICO (ART. 1.1 DE LA CONSTITUCION), COMO FUNDAMENTACION DEL ORDEN POLITICO Y DE LA PAZ SOCIAL (ART.
10.1), Y EN SU NATURALEZA DE DERECHO FUNDAMENTAL DE LA PERSONA (ART. 14).
. EL TITULAR DE TAL DERECHO ES LA PERSONA INDIVIDUAL SIN DISTINCION DE NINGUN TIPO, NI SIQUIERA DE NACIONALIDAD, Y EL SUJETO PASIVO ES EL ESTADO. POR ELLO LA LIBERTAD, AL SER UN DERECHO INHERENTE A LA PERSONA, EN CUANTO TAL, CORRESPONDE, EN NUESTRO ORDEN JURIDICO, TANTO A LOS NACIONALES COMO A LOS EXTRANJEROS Y EL ART. 17.1 DE LA CONSTITUCION, RECONOCE A EL DERECHO A LA LIBERTAD Y A LA SEGURIDAD, COMO GENERICAMENTE HA RECONOCIDO EL PROPIO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN SU STC 107/1984, DE 23 DE NOVIEMBRE. POR OTRA PARTE, EL ART. 13 SE REMITE PARA INTEGRAR LA CONDICION O REGIMEN JURIDICO DE LOS EXTRANJEROS A LOS TRATADOS INTERNACIONALES, A LOS QUE TAMBIEN SE REMITE EL ART. 10.2 DE LA CONSTITUCION, POR ELLO ES RELEVANTE EL ART. 5.1, DE LA CONVENCION EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS, QUE PERMITE LA PROVACION DE LA LIBERTAD, EN SU LETRA F),
. EL PROPIO NUM. 1 DE ESE ART. 5, DETERMINA QUE EL PROCEDIMIENTO HA DE SER QUE SERIA EL REGIMEN JURIDICO DE LA DETENCION EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO CORRESPONDIENTE, Y EN EL CASO ESPA—OL, EL ART. 17 DE LA CONSTITUCION, CUYO NUM. 2 DISPONE QUE . LA DETENCION PRACTICADA POR LA AUTORIDAD GUBERNATIVA SEA O NO EN FUNCION DE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL, NO PUEDE DURAR MAS DE SETENTA Y DOS HORAS, CORRESPONDIENDO, PASADO ESE PLAZO, A LA AUTORIDAD JUDICIAL, LA POSIBILIDAD Y FACULTAD DE PODER RESTRINGIR, AUN MAS EL DERECHO DE LIBERTAD. POR ELLO LA DOCTRINA HABIA ENTENDIDO DEROGADO EL ART. 30.1 DEL DECRETO 552/1974, DE 14 DE FEBRERO, EN CUANTO PREVEIA LA DETENCION DE EXTRANJEROS QUE HAYAN DE SER EXPULSADOS MAS ALLA DEL PLAZO DE SETENTA Y DOS HORAS. EN BASE A LAS RAZONES ANTERIORES SE CONCLUYE RECONOCIENDO QUE, SI BIEN, LA DETENCION PREVENTIVA CAUTELAR, PREVISTA EN EL ART. 26.2 DE LA LEY ORGANICA 7/1985, RESPETA LA PREVISION CONSTITUCIONAL DEL ART. 17.2, EN CUANTO LA MISMA NO PUEDE EXCEDER DEL PLAZO DE SETENTA Y DOS HORAS, NO OCURRE ASI CON LA MEDIDA DE INTERNAMIENTO DE HASTA CUARENTA DIAS, QUE PREVE EL PRECEPTO IMPUGNADO. A ESTA CONCLUSION SE LLEGA, PRIMERO, PORQUE EL PROCEDIMIENTO DE EXPULSION ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA; EN SEGUNDO LUGAR, PORQUE EL ART. 25.3 DE LA CONSTITUCION PROHIBE A LA ADMINISTRACION CIVIL IMPONER SANCIONES QUE, DIRECTA O SUBSIDIARIAMENTE, IMPLIQUEN PRIVACION DE LIBERTAD, LO QUE SIGNIFICA QUE LA ADMINISTRACION ESTA INCAPACITADA PARA DICTAR RESOLUCIONES CON CARACTER CAUTELAR, QUE IMPLIQUEN AQUELLA PRIVACION DE LIBERTAD; EN TERCER LUGAR, PORQUE LA INTERVENCION DEL JUEZ PREVISTA EN EL PRECEPTO IMPUGNADO NO DESVIRTUA LA INDOLE ADMINISTRATIVA DEL PROCEDIMIENTO DE EXPULSION, CONFIRIENDOLE CARACTER JURISDICCIONAL, PUES TAL INTERVENCION NO TIENE EL CARACTER DE UNA ACTIVIDAD JURISDICCIONAL, DESARROLLADA EN EL MARCO DE UN PROCESO, SOBRE LA BASE DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCION, Y EJERCIDA CON TODAS LAS MEDIDAS Y GARANTIAS PROCESALES QUE SE DESPRENDEN DEL ORDEN CONSTITUCIONAL (EL ART. 26.2, PARRAFO SEGUNDO, ESTABLECE UNA UNICA RELACION ENTRE LA AUTORIDAD GUBERNATIVA Y LA AUTORIDAD JUDICIAL, DEJANDO AL MARGEN LA PERSONA AFECTADA POR LA DECISION, Y SERIA INCONGRUENTE QUE LA INTERVENCION DEL JUEZ FUERA UTILIZADA COMO JUSTIFICACION FORMAL DE UNA MEDIDA ADMINISTRATIVA PRIVATIVA DE LIBERTAD) Y, EN CUARTO LUGAR, EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA SE OTORGA POR EL ART. 24 DE LA CONSTITUCION A TODAS
CON INDEPENDENCIA DE SU NACIONALIDAD Y A LA LUZ DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL SOBRE LA INDEFENSION, Y TENIENDO EN CUENTA TAMBIEN EL ART. 14 DEL PACTO DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS, EL PRECEPTO IMPUGNADO NO HA RESPETADO EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL DEL EXTRANJERO DETENIDO. EN CONSECUENCIA, EL ART. 26.2, 2., DE LA L.O. 7/1985, INFRINGE LOS INVOCADOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES.
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SE DEFIENDE LA INSCOSTITUCIONALIDAD DEL ART. 7 DE LA L.O. 7/1985, POR VULNERACION DEL ART. 21 DE LA CONSTITUCION Y, EN CONEXION CON EL, DEL ART. 16 DE LA MISMA, ASI COMO DE LOS ARTS. 9, 11 Y 14 DEL CONVENIO EUROPEO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES, Y LOS ARTS. 2, 3, 18 Y 21 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS. EL ART. 7. DE LA LEY 7/1985, CONFIGURA UN REGIMEN LEGAL DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE REUNION PARA LOS EXTRANJEROS, RADICALMENTE DIFERENTE AL REGULADO PARA LOS ESPA—OLES, Y QUE SE CARACTERIZA POR SOMETER A AUTORIZACION PREVIA DE LA AUTORIDAD GUBERNATIVA LA CELEBRACION DE
PROMOVIDAS POR EXTRANJEROS, QUE DEBERAN TENER LA CONDICION LEGAL DE RESIDENTES. EL ORGANO GUBERNATIVO COMPETENTE .... LAS CONSECUENCIAS DE ESTE PRECEPTO, QUE VULNERA EL ART. 21 DE LA CONSTITUCION, SON, POR UN LADO, LA EXISTENCIA DE UNA DIFERENCIA RADICAL DE TRATO ENTRE NACIONALES Y EXTRANJEROS EN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE REUNION (CUYA ESENCIA ES PODER CELEBRAR REUNIONES SIN AUTORIZACION PREVIA) SOMETIDAS LAS DE LOS EXTRANJEROS AL REGIMEN DE AUTORIZACION PREVIA DE LAS REUNIONES PUBLICAS EN LOCAL CERRADO, Y DE LAS REUNIONES EN LUGARES DE TRANSITO PUBLICO. ADEMAS
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