Sobre los efectos de una declaración de inconstitucionalidad en la norma objeto de control; sobre la posibilidad de cuestionar una norma derogada; y sobre el alcance de la Disposición Derogatoria Tercera de la Constitución

AutorJuan Manuel López Ulla
Páginas179-204

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Nos referiremos, en primer lugar, a los efectos que en una Cuestión de Inconstitucionalidad tendría la declaración de inconstitucionalidad de la norma objeto de control, pero en otro proceso distinto, A continuación subrayaremos la posibilidad de cuestionar normas que no estén en vigor (derogadas o modificadas). Y por último, dejaremos constancia de varias resoluciones en las que el TC ha señalado la idoneidad de esta vía de control para cuestionar una ley preconstitucional cuando el juez no esté seguro de su compatibilidad con la Constitución. Al respecto hemos tratado de demostrar que en muchas ocasiones los jueces han utilizado la CIpara remitir al TC normas de cuya oposición con la Constitución estaban convencidos, en vez de aplicar la Disposición Derogatoria Tercera.

Sobre el alcance de la cosa juzgada de una Sentencia de Inconstitucionalidad

Conforme al art. 164.1 CE, las Sentencias del TC, además de tener valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación en el BOE, tienen plenos efectos frente a todos cuando declaren la inconstitucionalidad de una ley o norma con fuerza de ley. Por su parte, el art. 38.1 LOTC establece que las sentencias dictadas en procedimientos de inconstitucionalidad vinculan a todos los Poderes Públicos, produciendo sus efectos generales desde su publicación en el Diario Oficial.

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Por consiguiente, una vez declarada la inconstitucionalidady nulidad de determinados preceptos de una ley, éstos ya no podrán ser objeto ni de un RI ni de una CI:

ATC núm. 85/1981:

"Con independencia de la omisión puesta de relieve por el MF, al no haberse unido testimonio de los autos principales, resulta patente que es la disposición adicional quinta, la norma cuestionada, sobre la que ya se ha pronunciado el TC en STC de 2 de julio de 1981 (CI núm. 223/1980, STC núm. 22/1981), precisamente en función de los art. 14,35 y 53 de la Constitución. Por tanto, teniendo en cuenta que el art. 38 de la LOTC atribuye a las sentencias recaídas en procedimientos de inconstitucionalidad eficacia erga omnes, la virtualidad de cosa juzgada material alcanza a la presente cuestión, atendiendo a sus límites subjetivos y objetivos, determinando, en consecuencia, su inadmisión".

El ATC núm. 264/1983, de 7 de junio, inadmite la CI núm. 409/1982, que fue propuesta por auto de 29 de septiembre de 1982. En ella se cuestionaba el art. 170 de la Ley de Procedimiento Laboral, de 13 de junio de 1980, por supuesta infracción del art. 14 de la Constitución. Recibidas las actuaciones, el TC dictó providencia de 21 de diciembre de 1982 en la que se tuvo por formulada la CI sin decidir, en aquel momento, trámite alguno a la espera de que el TC resolviera otra CI que había sido planteada por el mismo órgano y con el mismo contenido (la CI núm. 222/1982). Dicha CI fue resuelta por Sentencia 3/1983, de 25 de enero, que estimó la inconstitucionalidad denunciada, razón por la que el ATC núm. 264/1983 se acuerda estar a lo declarado en aquella sentencia y no continuar el procedimiento de la CI. Concretamente el FJ. 2 señala:

"La cuestión planteada no requiere ser resuelta de nuevo en el fondo por este Tribunal Constitucional, al resultar innecesario volver a decidir sobre el propio tema (...), toda vez que la Sentencia de este Tribunal de 25 de enero de 1983, recaída en la CI núm. 222/1982, en asunto gemelo al actual, tanto por su procedencia como por su contenido, ya decidió claramente que la consignación del 20 por ciento era inconstitucional por no estar justificada por un derecho o libertad fundamental y por contrariar el art. 24.1 de la CE, declarando la nulidad de las normas que la imponían (...). Por lo que, teniendo en cuenta el valor de la cosa juzgada que se atribuye a las sentencias recaídas en procedimientos de inconstitucionalidad (...), es evidente que resulta innecesaria la nueva resolución de la cuestión de ser de entera aplicabilidad a ella lo resuelto en la indicadaPage 181 anteriormente, por lo que ha de declararse la falta sobrevenida de contenido por ser objeto de una nueva sentencia (...)".

La STC núm. 150/1985 resolvió una CI que se había planteado por Auto de 9 de febrero de 1984. Impugnaba el art. 709 del CJM en relación con los arts. 707.3 y 710, del mismo cuerpo legal. Tanto el primero como el último, con las particularidades que se exponen a continuación, habían sido declarados inconstitucionales por la STC núm. 54/1983, de 21 de junio, esto es, con anterioridad al planteamiento de la CI; declaración que a su vez, y sin que ello se hiciera explícito en el fallo, determinada la inaplicación del art. 707.3, pues éste sólo podía ser utilizado en conexión con el 709. Por todo ello la STC núm. 150/1985 resolvió con una Sentencia desestimatoria, FJ. 2:

"Pues bien, partiendo de tales preceptos, no puede caber duda de que una vez declarada por el TC la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de determinados preceptos de una ley, no puede plantearse de nuevo otra cuestión acerca de su inconstitucionalidad, porque tal cuestión ha sido ya decidida con valor de cosa juzgada y con efectos erga omnes, en los términos vistos.

Por ello ha de llegarse a la conclusión de que la presente cuestión no puede ser estimada en cuanto se refiere a los arts. 709 y 710 del CJM. Respecto del 710 porque la inconstitucionalidad del mismo en su totalidad, y su consiguiente nulidad, ha sido declarada ya por el Tribunal, y en relación al 709, porque precisamente su inconstitucionalidad ha sido declarada con el alcance con el que podríamos declararla ahora, caso de no existir la decisión anterior, dado que la cuestión se refiere precisamente a un caso de alimentos.

Por otra parte, es absolutamente irrelevante que en aquél caso la cuestión se planteara por la conexión del 709 y el 707, regla 2-, del Código de Justicia Militar (CJM), y ahora se plantee por la conexión del 709 con la regla 3- del artículo 707, y ello, porque el Tribunal declaró la inconstitucionalidad del art. 709 del Código en cuanto incluye a los alimentos, por lo que es claro que no podrá ser aplicado en ningún caso, en materia de alimentos, el mandato contenido en el mismo (...)".

En el FJ. 3, a instancia del AE, el TC declara que la regla tercera del art. 707 había devenido inaplicable tras la STC núm. 54/1983. Y el FJ. 4 señala las razones por las que se va a desestimar la CI: los arts. 709 -sólo en cuanto a los alimentos-y 710 del CJM ya habían sido declarados inconstitucionales, y como consecuencia la regla 3Q del art. 707 había devenido inaplicable.

Un caso similar, aunque no idéntico fue el de la CI resuelta por la STC núm. 151/1985, en la que también se impugnó el art. 710 del CJM. El TC, al igual quePage 182 hizo en la STC núm. 150/1985, se remite a la declaración de inconstitucionalidad realizada en la STC núm. 54/1983.

STC núm. 169/1985: tras el auto de planteamiento, la norma cuestionada es declarada inconstitucional en otro procedimiento distinto (STC núm. 151/1985), por lo que el TC tiene que recordar los efectos que, según los arts. 164.1 CE y 38.1 LOTC, tienen las sentencias de inconstitucionalidad:

"Aplicando estas normas al presente caso, resulta que el precepto cuya constitucionalidad se cuestiona (...) ha sido ya declarado nulo por la citada sentencia de este Tribunal, dictada en una CI, declaración que produce efectos erga omnes, por cuanto ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado. Ello supone que tal precepto ha sido expulsado de nuestro ordenamiento jurídico, y no cabe, por tanto, que lo apliquen los Tribunales de justicia ni en los supuestos aquí planteados ni en ningún otro, lo que lleva a este Tribunal no pueda pronunciarse sobre las cuestiones promovidas por el Juez (...)".

En un sentido similar se pronunció la STC núm. 170/1985, FJ. 2:

"este proceso constitucional ha quedado sin objeto (...), ya que al desaparecer por su ya declarada nulidad el objeto del litigio no tiene sentido que continúe el debate procesal sobre algo que jurídicamente ya no existe. Sobrevenida la inconstitucionalidad de la norma objeto de esta cuestión, el presente proceso sobre el art. 709.2 del CJM pierde su objeto y ha de concluir por ello mismo".

En el mismo sentido la STC núm. 171/1985, FJ. 2, que viene a ser un calco de su predecesora -STC núm. 170/1985-, a propósito de la constitucionalidad del art. 709.2 CJM, precepto que ya había sido declarado inconstitucional, como se ocupa de recordar.

ATC núm. 894/1985: inadmitió una CI que había sido elevada al TC por Auto de 25 de octubre de 1985. En él se cuestionaban los arts. 709.2 y 710, del Código de Justicia Militar. El TC resolvió señalando que:

"Por Sentencia núm. 151/1985, de 5 de noviembre, en CI núm. 367/1984, este Tribunal decidió estimar la cuestión promovida por el Juez (...) «y en consecuencia declarar inconstitucional y por tanto nulo el art 709, regla 2a del CJM». Según lo dispuesto en el art. 164 de nuestra Constitución y en el art. 38.1 de la LOTC la Sentencia citada «tiene plenos efectos frente a todos», efectos generales que se producen desde la fecha de publicación en el BOE, fecha que en relación con la Sentencia 151/1985 es la del día 26 de noviembre de 1985 (...).

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Desde entonces, pues, la regla o párrafo segundo del art. 709 del CJM ha quedado expulsado del ordenamiento jurídico como consecuencia de su nulidad por inconstitucionalidad. Lo mismo ha de decirse respecto del art. 710 del CJM, habida...

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