STS, 31 de Mayo de 1997

Por quebrantamiento de forma se introducen los cuatro primeros de los diez motivos del recurso. El inicial, al amparo del artículo 850.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denuncia denegación de prueba. Señala el recurrente que oportunamente pidió se practicara prueba consistente en dirigir sendos oficios al SMAC (antes IMAC), las magistraturas del Trabajo y Sindicato UGT, todos de Orense, para que remitieran certificaciones respecto al número total de empresas que celebraron elecciones sindicales, número total de actas electorales presentadas, número total de delegados elegidos y adscritos a cada sindicato, asociación o independientes, número total de actas impugnadas y anuladas, número de procesos de impugnación y número total de delegaciones correspondientes a UGT, y todo ello con referencia a las elecciones de 1.982. La finalidad de tal prueba - dice el recurrente - era establecer el contexto histórico en que tales elecciones se desarrollaron para poder obtener una reducción de la pena por aplicación del artículo 318 del anterior Código Penal.

Aun cuando el derecho a la utilización de prueba para defenderse está consagrado como fundamental en el artículo 24.2 de la Constitución, ello no puede suponer que sea absoluto e ilimitado ni que el órgano jurisdiccional esté obligado a admitir todos los medios probatorios que las partes propongan, sino solo aquellos que razonablemente estime que son pertinentes para su defensa. Y así si la prueba que se propone no puede conducir a resultados útiles es correcta la denegación y solo cuando esta sea inmotivada y recaiga sobre pruebas relevantes para los intereses de la parte proponente, de tal modo que sin ella se vea privada de elementos probatorios indispensables y, por ende, indefensa, procederá acoger la queja casacional (sentencias de 7 de Febrero de 1.992, 7 de Diciembre de 1.994 y 13 de Diciembre de 1.996).

En el presente caso el propio recurrente manifiesta que la finalidad que con la prueba que le fué denegada perseguía era suministrar al Tribunal datos sobre el contexto histórico en que los hechos de la acusación se produjeron con el fín de beneficiarse de la posibilidad de reducción de pena que el artículo 316 del anterior Código Penal contenía. Pero entre las circunstancias que ese precepto señalaba a tener encuenta para que el tribunal ejercitara esa facultad reductora de la pena, nada se dice sobre lo que ocurriera en casos contemporáneos al de la acusación. Con ello cae por su base la pertinencia y necesidad de la prueba propuesta, que no aparece como precisa para el acusado en orden a su defensa.

El motivo ha de ser desestimado.

El motivo correlativo del recurso denuncia, por la vía del artículo 851.3º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la ausencia de resolución de todos los puntos objeto de la defensa y, en concreto respecto a la posibilidad de aplicación al recurrente del artículo 318 del anterior Código Penal que fué solicitada por su defensa.

El vicio formal consistente en no resolución en la sentenica de todos los puntos que hubieran sido objeto de acusación y defensa, comunmente conocido con los nombres de incongruencia omisiva y fallo corto, exige que la omisión se haya producido en relación con un tema jurídico planteado por las partes en sus conclusiones definitivas, y no en cuestiones meramente fácticas que el juzgador, haya dejado de pronunciarse sobre ese tema y que el vicio no pueda ser subsanado en casación, lo que es admisible solo cuando existan razonamientos incompletos, pero no cuando la cuestión haya sido totalmente omitida en la sentencia de instancia. La ausencia de respuesta en la resolución a una cuestión jurídica planteada por las partes vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución (sentencias de 2 de Abril, 18 de Noviembre y 26 de Diciembre de 1.996).

Pero en el presente caso la defensa del recurrente no planteó en sus conclusiones el concreto tema de que se le aplicara lo dispuesto en el artículo 318 del precedente Código Penal, sino que se limitó a negar el carácter delictivo de los hechos que se le imputaban y a pedir su absolución. Falta, pues, el requisito primero para la existencia del vicio que denuncia y procede, por tanto, la desestimación del motivo.

Los dos siguientes motivos, tercero y cuarto, con apoyo ambos en el número 1º del artículo 851 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denuncian, respectivamente, falta de expresión clara en los hechos probados y contradicción en los mismos.

Para la existencia del primero de esos dos vicios que se denuncian se precisa que la redacción de los hechos probados adolezca de imprecisión, confusión, insuficiencia o ambigüedad, de tal modo que la narración fáctica resulte oscura o ininteligible y precisamente sobre aquellos aspectos de los hechos determinantes de la calificación jurídica que se les asigna, de tal modo que ello provoque la necesidad de anular la sentencia para que se dicte otra en la que se corrija el defecto (sentencias de 30 de Enero y 9 de Junio de 1.993). Pues bien, en la sentencia objeto de este recurso no se observa que se haya producido falta de claridad debida a las omisiones que el recurrente señala referentes a de donde procedían los impresos de las actas de constitución de mesa electoral y de escrutinio, la fecha de la falsificación y si se realizó en un solo acto o en dos, la plasmación en los documentos de las firmas y la presentación de los documentos en el IMAC de Orense. Algunas de esas precisiones obviamente no pudieron conocerse por el tribunal, pero otras sí constan como son las fechas de realización de los hechos y la evidente procedencia oficial de los impresos, y así, en los elementos recogidos en la narración de hechos, se observa claramente la expresión de los suficientes para permitir su subsunción en la figura de delito objeto de acusación y de la posterior condena.

En cuanto a la contradicción en los mismos hechos hay que recordar que para constituir el vicio denunciado debe ser gramatical y no ideológica o conceptual e interna, es decir que se produzca en el seno de la propia narración fáctica, pero no relacionándola con otras partes de la misma sentencia. Tal contradicción, que debe afectar a hechos o circunstancias esenciales y que determinen causalmente el fallo, ha de determinar una patenmte e insubsanable antítesis o irreconciliable enfrentamiento entre los términos empleados en el relato que desemboque así en conclusiones insostenibles (sentencias de 11 de Marzo, 15 de Abril y 5 de Diciembre de 1.996).

Las expresiones del relato de hechos que dice el recurrente enfrentadas e incompatibles sobre que él procedió en Julio de 1.982 a confeccionar las actas y, a continuación, que encargó a la auxiliar administrativa que las redactase y que fueron firmadas por personas no identificadas, no presentan tales antítesis gramaticales, y son perfectamente compatibles explicando la forma en que procedió el acusado a confeccionar las actas y el desconocimiento por el tribunal de quien las formulara.

Ambos motivos deben ser desestimados.

Con base en el número 2 del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se denuncia en el séptimo motivo del recurso error sufrido por el juzgador en cuanto a las fechas en que el recurrente tuvo conocimiento de que se seguía procedimiento penal contra él, lo que permitirá probar la prescripción del delito. Señala a efectos de acreditar el eror que denuncia, las citaciones libradas para que compareciera a declarar a sí como el auto de procesamiento y su notificación con especial referencia a su fechas, subrayando que solo el 9 de Septiembre de 1.987 le fué notificado el auto en que se le procesaba, no habiendo determinado las dilaciones su condición de Senador que no alcanzó hasta 1.989.

Como se ha recogido innumerables veces en la doctrina de esta Sala, se precisa para el éxito de un motivo de casación que denuncia error sufrido por el juzgador en la apreciación de la prueba que exista un error en los hechos de la sentencia de instancnia que tenga virtualidad para alterar alguno de los pronunciamientos del fallo, y que ese error se acredite mediante prueba documental y no de otra clase (salvo algunos cassos excepcionales de prueba pericial) que conste en los autos y que, a su vez, los hechos que el documento pueda acreditar no aparezcan probados por otros medios probatorios cuya resultancia haya preferido acoger el juzgador antes que lo que de los documentos se desprenda (sentencias de 20 de Febrero y 12 de Marzo de 1.992 y 26 de Diciembre de 1.996). Además el error debe acreditarse por el contenido del documento sin necesidad de complementarlo con otros medios de prueba o recurriendo a o a razonamientos complementarios (sentenicas de 11 de Octubre de 1.994).

No se demuestra en este caso que el juzgador estableciera en los hechos probados o en los fundamentos jurídicos de la resolución, con valor fácticos cosa distinta de lo que el recurrente señala pues se recoge sin equivocación las fechas en que se acordó su procesamiento y se le notificó al fín tal resolución, así como referencia a las previas desatenciones que a diversas citaciones judiciales observó.

El motivo ha de ser desestimado.

El motivo introducido en quinto lugar en el recurso, por infracción de Ley, amparándose en el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denuncia infracción, por su no aplicación al caso, de los artículos 112.6º, 113 y 114 del Código Penal anteriormente vigente. Estima el recurrente que, cometidos los hechos objeto del proceso en Julio de 1.982, no se le comunicó su procesamiento por esa causa hasta el 9 de Septiembre de 1.987 y por ello había ya entonces prescrito el delito.

En la jurisprudencia se ha señalado que la expresión "dirigir el procedimiento contra el culpable" ha de entenderse que comprende los actos procesales encaminados a descubrir el delito y la identidad de los culpables, excluyendo de ese ámbito los actos procesales de mero trámite (sentencias de 14 de Septiembre de 1.990 y 6 de Julio de 1.994). En el caso presente no solo se procedió a la averiguación de los hechos desde que, en Marzo de 1.985 se presentó querella criminal que fué admitida a trámite, sino que ya antes de que transcurriera el plazo de cinco años, para la prescripción de delito que no tenga plazo más largo, como se expresaba en el artículo 113 del anterior Código Penal, el 29 de mayo de 1.987, se dictó auto de procesamiento contra el actual recurrente, con lo que como señalaba también el artículo 114 del Código Penal entonces vigente, se interrumpió indudablemente el plazo de prescripción, sin que pueda admitirse la interpretación de que el plazo se interrumpiera solo cuando el procesado llegó a conocer el auto en que se acordaba seguir el procedimiento contra él, sino, como decía el precedente artículo 114, y ahora repite el artículo 132 .2 del nuevo Código, el procedimiento se dirigiera contra él.

El motivo ha de ser desestimado.

El motivo correlativo del recurso denuncia, al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, violación del derecho fundamental a la presunción de inocencia consagrado en el artículo 24.2 de la Cosntitución. Señala el recurrente que ha sido condenado tan solo sobre la base de unas declaraciones ambiguas y llenas de dudas de una testigo, que fué empleada administrativa en su secretaría.

No es función de este tribunal de casación cuando se alega infracción del derecho a la presunción de inocencia realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas ante el juzgador de instancia, al que corresponde en exclusiva la función de valorarla. Pero sí procede en esta vía de casación, según abundante jurisprudencia de esta Sala, comprobar que el tribunal sentenciador contó con suficiente prueba de cargo, correcta y legítimamente obtenida sin violar derechos ni libertades fundamentales y en condicionese de inmediación y contradicción, y que la valoró de acuerdo con criterios de lógica y experiencia, actividad esta reflejada razonadamente en la preceptiva motivación de la sentencia. Así ha ocurrido en este caso en que el tribunal no solo contó con las manifestaciones de la empleada que dijo haber cumplido órdenes del recurrente sino también con el contenido de las actas que no se ajustaban a la realidad de lo ocurrido, las manifestaciones de los acusados y las de un testigo que ha afirmado como el otro imputado ocasionalmente recordaba en la empresa su condición de delagado sindical, elementos probatorios a que se refiere la sentencia en su primer fundamento jurídico y que, con su interrelación, muestran un cuadro que no aparece como ilógico o arbitrario estimar como lo realmente sucedido. No se puede, pues, decir que el tribunal sentenciador careció de base probatoria de cargo para dictar su fallo condenatorio y, por tanto, es procedente desestimar el motivo.

El motivo que se introduce en octavo lugar en el recurso con apoyo en el artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denuncia error de hecho sufrido por el juzgador en la apreciación de la prueba. Dice el recurrente que no se ha recogido en el relato fáctico que las actas tachadas de falsas llegaron por correo al Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación de Orense, lo que, unido a que no se ha probado quién fuera el autor de las firmas, determinaba que se pudiera establecer no haber sido él su autor.

Recuérdese aquí lo antes dicho sobre la doctrina de esta Sala que interpreta y precisa los requisitos necesarios para el éxito de un motivo que denuncia error sufrido por el juzgador en la apreciación de la prueba. Entre esos requisitos está el que el error se acredite por medio de prueba documental y aquí no se recurre a prueba de tal clase sino a testifical para probar el supuesto error. Pero, además, el que firmara o no el recurrente las actas de contenido falso no es cuestión que pudiera alterar los pronunciamientos del fallo que le condenó. No es el hecho de la firma de los documentos el que sirve para incriminarle, - y paladinamente dice la sentencia no saberse por el tribunal quién estampó las firmas, - sino la redacción de documentos mendaces, indenpendientemente de quien contribuyera, además, con la estampación en ellos de firmas.

El motivo ha de ser desestimado.

El noveno motivo del recurso, también por infracción de Ley y apoyo igualmente en el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se utiliza para denunciar infracción del artículo 303 del anterior Código Penal, indebidamente aplicado en opinión del recurrente, ya que los documentos en cuestión no eran oficiales y solo adquirieron ese carácter al llegar al IMAC y, para la validez del proceso electoral, faltó además la constancia de existir un previo acuerdo de los trabajadores de la empresa para iniciar tal proceso electoral.

No puede acogerse el criterio que en el motivo se mantiene. Los documentos que se referían a la constitución de una mesa electoral y el acta de resultados de una supuesta elección sindical tienen un evidente carácter de documentos oficiales, como referidos a los que son propios de la normalidad de la vida jurídica en el ámbito laboral y sindical. No cabe duda alguna de que en el caso concurren los requisitos precisos para la existencia de un delito de falsificación de documento oficial: mutación de la verdad sobre elementos esenciales de un documento con el proósito de crear uno que pase por verdadero y tenga efectos de auténtico en el tráfico jurídico, realizado por un sujeto activo animado de un dolo falsario, esto es que tiene conciencia y voluntad de cambiar la realidad haciendo aparecer veraz lo que no lo es (sentencias de 15 de Enero y 4 de Julio de 1.994). Fue correctamente aplicado al caso el artículo 303 del precedente Código Penal y, en consencuencia, procede la desestimación del motivo.

El último motivo del recurso, el décimo se introduce al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para alegar infracción de Ley consistente en no haberse tenido encuenta las circunstancias concurrentes en el caso para aplicar el artículo 318 del Código Penal vigente al ocurrir los hechos.

Recuerda al respecto el recurrente que no tuvo ánimo de lucro, que los documentos carecieron de efectividad jurídica, las circunstancias históricas concurrentes cuando se produjeron y la larga duración del procedimiento.

La facultad que al tribunal concedía el precedente artìculo 318 cuando no se hace uso de ella no es revisable en casación, y sí solo cuando se utiliza desdeñando la aplicación de los criterios que para su utilización enumeraba dicho artículo (sentencias de 19 de Abril de 1.990 y 28 de Abril de 1.992). No cabe pues aquí entrar a resolver sobre la concurrencia o no de unos presupuestos que era solo facultad del tribunal sentenciador evaluar.

El motivo ha de ser desestimado.

Recurso de Cornelio:

De los dos motivos que se esgrimen en este recurso el primero denuncia, con base en el número 2º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, error en la apreciación de la prueba. Dice el recurrente que el error sufrido por el juzgador de instancia consiste en decir que fué él quien el 4 de Marzo de 1.983 presentó ante la Magistratura del Trabajo de Orense escrito solicitando la declaración de despido nulo o improcedente, porque la realidad fué el letrado D. Rafael GOMEZ PARDO.

En efecto fué ese letrado quien compareció ante la jurisdicción laboral y a quien en la subsiguiente sentencia se le tuvo por demandante, pero añadiendose que en representación de Cornelio, quien pocos días después de dictarse esa resolución, comparece de nuevo ante la Magistratura del Trabajo de Orense denominándose demandante en los mismos autos e instando la ejecución de la sentencia que le había sido favorable.

Como ya se ha dicho anteriormente en esta resolución es preciso que, en el caso de sufrirse error por el juzgador, tal error recaiga sobre aspectos de los hechos que tengan virtualidad para alterar alguno de los pronunciamientos del fallo. Es patente que no es este el caso, porque siempre se ha entendido, por el tribunal de instancia, que quien promovió el proceso para la declaración de nulidad o improcedencia de su despido fué al recurrente y no hay error alguno en haberlo así expresado en la sentencia.

El motivo ha de ser desestimado.

El otro motivo de este recurso, por infracción de Ley, con apoyo en el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denuncia indebida aplicación del artículo 14 del Código Penal entonces vigente. Afirma el recurrente que no fué autor del delito, estando acreditado su total desconocimiento de la falsedad documental.

No puede apartarse y diferir del contenido de los hechos probados quien utiliza un motivo casacional por infracción de Ley que, como es bien sabido, obliga al respeto del relato de hechos de la sentencia. Y, en este caso, entre los hechos probados se dice expresamente que "entregó a su abogado la confeccionada documentación de su elección .... sabiendo que su contennido no era cierto. Como esa documentación se presentó en el proceso laboral que luego se siguió, es patente que fué el recurrente quien fué autor del delito de presentación en juicio de un documento falso, por ser quien tuvo la ideación y el propósito de tal actividad delictuosa. No se ha aplicado indebidamente el artículo 14 del anterior Código Penal que definía quien era autor de delito.

El motivo ha de ser desestimado.III.