Causas de inadmisibilidad de Cuestiones de Inconstitucionalidad

AutorJuan Manuel López Ulla
Páginas325-340

Page 325

Recogemos a continuación las causas que han motivado el rechazo de una CI en trámite de admisión:

La CI no tiene por objeto una norma con rango legal

ATC núm. 214/1982: no se admite a trámite porque falta el juicio de relevancia y porque el objeto de la CI no es una norma con rango de ley, sino un Reglamento (en concreto es una norma que pertenece al Código de la Circulación, cuerpo normativo aprobado por un Decreto de la Presidencia del Gobierno, de 25 de septiembre de 1934, modificado por un Decreto de 26 de diciembre de 1968).

ATC núm. 60/1991: el auto de planteamiento cuestiona el art. 12 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial; 52.11, III y IV del Código de Circulación, cuerpo normativo promulgado por un Decreto de la Presidencia del Gobierno del año 1934, modificado en 1968 y los arts. 1,2, y 8 de la Orden de 29 de julio de 1981 sobre investigación del grado de impregnación alcohólica de los usuarios de las vías públicas. Esto es, junto a normas de rango legal el órgano judicial también cuestiona normas de carácter reglamentario. Como era de esperar, mediante este Auto el TC rechaza controlar éstas últimas quedando el objeto de la CI circunscrito al art. 12 de la Ley de Tráfico (FJ. 1). En el mismo sentido el ATC núm. 92/1991.

ATC núm. 313/1991: el Pleno del TC acuerda inadmitir la CI por haber cuestionado un artículo de un Convenio Colectivo estatal.

ATC núm. 343/1991: el Pleno acuerda inadmitir la CI debido a la falta de fuerza o rango de Ley de la disposición cuestionada (Decreto 3.248/1969, de 4 de diciembre, que aprueba el Reglamento de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y de su Junta Central).

Page 326

ATC núm. 312/1992: inadmite entre otros motivos porque no se puede utilizar la CI para cuestionar una interpretación que el Tribunal Supremo hubiera podido realizar de un determinado precepto.

ATC núm. 302/1994: uno de los motivos de inadmisión es que las dudas de constitucionalidad se suscitan respecto de un Real Decreto.

ATC núm. 62/1997, FJ. 2: se inadmite porque la duda recae sobre la aplicación que un órgano judicial distinto al proponente ha realizado de un determinado precepto legal.

ATC núm. 235/1997: se inadmite porque no se cuestiona la constitucionalidad de un precepto legal, sino, más exactamente, el entendimiento que de él ha hecho el juzgado proponenente.

La norma cuestionada no es aplicable al caso

AATC núms. 239/1982; 470/1988; 246/1993; 210/1995; 308/1995; 104/997.

La CI es irrelevante o se ha elevado sin el preceptivo juicio de relevancia

AATC núms. 214/1982; 250/1982, 69/1983.

ATC núm. 17/1983: falta la justificación de la medida en que la decisión del proceso depende de la validez de la norma legal cuestionada. El TC señala que el órgano judicial se limita a decir que se somete dicha cuestión al supremo intérprete de la CE «por ser esta legislación el fundamento obstativo a la pretensión actora». Esta sucinta argumentación no reúne los requisitos necesarios del «juicio de relevancia» que la LOTC impone al Juez o Tribunal a quo, en tanto que el órgano judicial de reenvío está obligado a exponer "«el esquema argumental en razón del cual el contenido de su fallo depende precisamente de la validez de la norma cuya constitucionalidad cuestiona, pues sólo a la luz de esta exposición podrá este Tribunal juzgar sobre la legitimidad del planteamiento que, en cuanto puede llevar a una decisión tan grave y trascendente como es la de anular una norma que emana de la voluntad popular a través de sus representantes sólo es admisible en la medida en que la respuesta que de nosotros se solicita resulte imprescindible para fundamentar el fallo» (STC 1 de junio de 1981, núm. 231/1980, FJ. 1, infine)". En el mismo sentido, AATC núms. 18/1983, y 19/1983.

ATC núm. 316/1984: se inadmite la CI porque falta el juicio de relevancia y porque no se han concretado los preceptos constitucionales que se estimanPage 327 conculcados. Así lo señala su FJ. 1: el art. 35 de la LOTC impone al órgano judicial que decida plantear una CI, la exigencia de determinar:

"(...) en qué medida la norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la CE, con expresa mención asimismo del precepto de aquella que se supongan infringidos". ATC núm. 664/1985: inadmite porque falta el juicio de relevancia:

"(...) el Auto por el que se plantea la presente cuestión se extiende en consideraciones sobre la Ley 37/1984 (especialmente su art. 4) y los preceptos constitucionales que presuntamente infringe, pero no se indica en qué medida la decisión del proceso en curso ante la Audiencia depende de la adecuación de la citada Ley a la Constitución. Cualquiera que fuese el sentido de nuestra decisión, tanto si la ley se declarase aplicable como si se anulase, el resultado para los solicitantes sería el mismo, opuesto a la satisfacción de su demanda. En estas condiciones la CI deja de responder a la finalidad de medio de control concreto de la constitucionalidad de las leyes que el ordenamiento constitucional le asigna, para convertirse en medio de control abstracto de ésta, con olvido de las correspondientes condiciones de legitimación establecidas para él en los arts. 162.1 a) de la CE y 32 de la LOTC" (FJ. 2).

ATC núm. 946/1985, FJ. 1:

"Debe existir una correlación lógica y directa entre la eventual anulación de la norma legal cuya constitucionalidad se cuestiona, y la satisfacción de las pretensiones obj eto del petitum de las partes en el proceso ordinario, correlación que el órgano judicial llamado a resolver dicho proceso debe poner de relieve de manera razonada ante este Tribunal, pues en caso contrario sería imposible determinar si la cuestión planteada se ajusta a sus límites constitucionales, porque el planteamiento de la cuestión no estaría condicionada por la norma (Sentencia 14/1981, FJ. 1)".

ATC núm. 493/1986: inadmite una CI porque el órgano judicial no fundamenta la conexión entre la ley cuestionada y la norma reglamentaria recurrida en el proceso contencioso administrativo. También se fundamenta la inadmisión en que el auto de planteamiento no concreta cuáles son los preceptos legales que han de ser enjuiciados (el órgano judicial alude genéricamente al Título II de la Ley).

ATC núm. 994/1986: inadmite por considerar que la CI es irrelevante para la decisión del proceso principal. Además, el órgano judicial no fundamentó laPage 328 relevancia, sino que se limitó a transcribir en el auto de planteamiento la motivación ofrecida por la Administración como fundamento de su resolución denegatoria. En el mismo sentido AATC núms. 138/1987; 470/1988; 1.316/1988; 185/1990; 60/1991; 92/1991; 287/1991.

ATC núm. 9/1992, FJ. 2: el órgano judicial señala, no sólo que sobre el párrafo primero del art. 11 de la LEC el órgano judicial no ha justificado la relevancia de la CI, sino que dicho precepto no es relevante para la resolución del caso principal.

ATC núm. 312/1992: inadmite la CI por ser irrelevante:

"(...) lo planteado no presenta la más mínima relevancia para la resolución del proceso".

ATC núm. 108/1993: falta el juicio de relevancia.

ATC núm. 158/1993: se inadmite porque no se ha motivado ni la relevancia ni la duda de constitucionalidad.

ATC núm. 246/1993: el Pleno acuerda la inadmisión a trámite de la CI porque:

"(...) ni la regla en realidad cuestionada resulta aplicable en el proceso a quo ni, caso de que pudiera reconocerse su aplicabilidad, sería relevante el pronunciamiento sobre su constitucionalidad para la resolución de aquel proceso".

ATC núm. 63/1996: se inadmite la CI por ser irrelevante y notoriamente infundada.

ATC núm. 111/1996: se inadmite porque falta el juicio de relevancia y también porque la tacha de inconstitucionalidad que se realiza es notoriamente infundada.

ATC núm. 112/1996: se inadmite porque falta el juicio de relevancia, y porque la CI es notoriamente infundada.

ATC núm. 142/1996: se advierten los mismos defectos señalados en el ATC núm. 111/1996.

AATC núms. 161 y 162/1996: falta el juicio de relevancia.

ATC núm. 313/1996: se estima un recurso de súplica contra la providencia de admisión de la CI porque, una vez elevado el auto de planteamiento y antes de que el TC la admitiera a trámite, el órgano promotor de la duda dictó sentencia en el juicio a quo.

ATC núm. 56/1997: se inadmite porque la CI no es relevante (FJ. 2) y porque el trámite judicial de audiencia ha sido defectuoso (FJ. 1).

Page 329

ATC núm 273/1997: estima un recurso de súplica contra la providencia que admitió a trámite la CIr por considerar que ésta no fue acompañada del preceptivo juicio de relevancia.

Defectos en el trámite judicial de audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal

ATC núm. 250/1982: la Sección Primera inadmite además de porque falta el juicio de relevancia (FJ. 2), porque tampoco se ha tenido en cuenta el requisito del art. 35 LOTC que exige la audiencia previa al MF (FJ. 3).

ATC núm. 875/1985: inadmisión por falta del trámite judicial de audiencia previo al planteamiento de la CI, ya que...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR