La reformatio in peius

AutorManuel Richard González
  1. introducción

    La «reformatio in peius» ha tenido una relación directa con la evolución y, especialmente, con el ámbito del recurso de apelación. En este sentido, la prohibición de la reformatio in peius se constituía como una consecuencia del sistema de personalidad del recurso, vigente durante el período clásico en Roma y opuesto al de la comunidad del recurso y el de la adhesión a la apelación[101].

    En el derecho castellano, sin embargo, la prohibición de reforma peyorativa se ha enmarcado tradicionalmente en las reglas de la congruencia procesal, que siempre ha estado muy arraigada en las normas reguladoras de nuestro proceso, que determinan que la revisión de la sentencia sólo puede hacerse sobre la base de lo alegado contra ella y, en definitiva, de lo impugnado por las partes[102].

    Sin embargo, no existe precepto expreso en la LEC que establezca la prohibición de la «reformatio in peius»[103], configurándose como una construcción jurisprudencial, fundamentada en el principio dispositivo y de rogación, manifestación de la congruencia procesal, y que se define como aquel efecto por el cual la sentencia no puede ser modificada en perjuicio del apelante único[104].

  2. El efecto de la «reformatio in peius» sobre el ámbito de conocimiento del Tribunal «ad quem».

    La «reformatio in peius» es una clase o especialidad de incongruencia que se manifiesta como una prohibición o límite respecto del ámbito de conocimiento del Tribunal de segunda instancia que le impide agravar la posición jurídica del apelante por mor de su propio recurso[105].

    En consecuencia, podemos definir «la reformatio in peius» como un supuesto de incongruencia que se define y delimita con relación a una situación típica caracterizada del siguiente modo:

  3. La posición procesal de recurrente es ocupada únicamente por una de las partes[106], lo que excluye la operatividad de este principio prohibitivo cuando la adversa recurra, ya sea en forma principal o vía adhesiva[107].

  4. El apelante único recurre una sentencia que le causa un gravamen parcial.

    Según como se mire es un vencedor o un derrotado parcial[108].

    En la situación expuesta queda limitado el ámbito de conocimiento del Tribunal «ad quem», por cuanto el órgano de alzada ésta obligado a pronunciarse con relación a la pretensión impugnatoria del apelante que, obviamente, recurre los pronunciamientos que le causan un perjuicio, pero no aquellos que le benefician[109].

    Así, apelada también la sentencia en modo principal por la contraparte, o bien adherido el apelado a la apelación abierta por su contrario, no rige la prohibición en todos aquellos extremos impugnados por el adherido, por cuanto el recurso de contrario, principal o adhesivo, enerva la prohibición de la reformatio in peius[110].

    La «reformatio in peius», o agravación de la posición procesal del recurrente único, se predica de la comparación entre la sentencia de primera y segunda instancia en su parte dispositiva, y se puede producir cualitativa o cuantitativamente. Es decir, imponiendo nuevas prestaciones o aumentando el importe de las determinadas en la sentencia objeto del recurso[111].

    No se producirá reforma peyorativa cuando el Tribunal «ad quem» se pronuncie:respecto a la aclaración de algún punto del fallo; la fijación de cantidad líquida de la prestación, que no se hubiere determinado en la sentencia apelada; la agregación de cualquier extremo accesorio conducente a facilitar la efectividad de la sentencia en su trámite de ejecución que sea consecuencia lógica y natural de los pronunciamientos principales. O, finalmente, con relación a la reserva de acciones a una de las partes, por no constiuir declaración de derechos, ni conceder ni quitar alguno.

    Mas dudosa se presenta la cuestión respecto a si está legitimado el Tribunal «ad quem»para modificar, en perjuicio del recurrente, la sentencia de instancia únicamente recurrida por el apelante, cuando considere que concurren defectos o vicios procesales que deba acoger de oficio. A nuestro parecer, habrá que acudir a criterios «ad casum», sin embargo, no parece que sea procesalmente correcto que el Tribunal «ad quem» se pronuncie respecto a cuestiones de oficio que puedan perjudicar al apelante único cuando la apelación depende únicamente de lo impugnado por éste, de forma tal que puede ver penalizada su posición por mor de su propio recurso, que es precisamente lo que trata de evitar el principio prohibitivo de la «reformatio in peius»[112].

  5. El fundamento jurídico de la reformatio in peius

    Existiendo unanimidad doctrinal con relación a los límites y efectos procesales del principio prohibitivo de la reforma peyorativa, no existe consenso respecto a cuál sea su fundamento jurídico; cuestión que requiere ser aclarada, por cuanto es de interés respecto los problemas de congruencia procesal en segunda instancia. Sobre este particular, la doctrina que ha tratado la institución se ha pronunciado aduciendo diversos argumentos y justificaciones que, en general, desde un punto de vista finalista consideran que el fundamento principal de la prohibición recae en la salvaguarda del derecho de acceso a los recursos, o en los fines del proceso. Sin embargo, a nuestro parecer, el fundamento de la prohibición de la «reformatio» es puramente procesal, al margen de cualquier teoría finalista que consideramos carece de interés para el correcto entendimiento de la institución.

    1- Exposición y crítica de las teorías basadas en las finalidades del proceso

    Algunos autores consideran que la prohibición de la reformatio in peius encuentra su fundamento en los fines que el ordenamiento atribuye al sistema de recursos y, en especial, a la impugnación de las sentencias definitivas. De este modo, la reformatio in peius queda condicionada por los principios generales en los que se fundamenta el sistema de recursos [113].

    Desde esta perspectiva la prohibición de «reformatio in peius» se constituye, en un principio basado en la naturaleza y finalidades de la segunda instancia; o, también, en un criterio de política legislativa que manifesta una cierta opción con relación al alcance y ámbito de la segunda instancia en nuestro proceso civil[114].

    En consecuencia, sería perfectamente posible que el meritado principio prohibitivo cediera o se modificase de forma que, con independencia de las apelaciónes efectivas de las partes, la apelación devolviera el proceso en su totalidad al Tribunal superior. De esta forma, el Tribunal de alzada podría realizar todas las declaraciones que tuviera por conveniente, para garantizar la corrección del fallo y, en su caso, empeorar la posición del apelante por razones de estricta justicia[115].

    Se ha criticado, desde este punto de vista, la institución de la reformatio in peius por considerar que su aplicación pervierte las finalidades del proceso en el que, según este argumento, debe primar la búsqueda de la justicia en el marco del ordenamiento jurídico. En este sentido, el principio prohibitivo de la «reformatio in peius» no dejaría de ser un residuo del antiguo y caduco concepto del proceso civil como contienda privada y de interés particular, basado en la vigencia del principio dispositivo, que hoy sería anacrónico y que bien pudiera ceder ante el principio de oficialidad[116].

    Desde otro punto de vista, pero siguiendo también en cierta manera las teorías finalistas, el TC ha declarado que la reforma peyorativa del recurrente único conduce por definición a su indefensión, constituyendo la prohibición de la «reformatio in peius» una garantía del derecho de acceso a los recursos[117].

    Por nuestra parte, no compartimos en absoluto las expresadas consideraciones críticas de la institución de la reformatio in peius. Más bien pensamos, que esas concepciones procesales revelan una aversión a los intereses de parte como algo contrapuesto al fin social, confrontación que nos parece falsa, ya que la única manera de buscar y conseguir paz social, en lo jurídico, es reforzando precisamente los intereses de parte a través de la plena vigencia del principio dispositivo en el ámbito del proceso civil[118].

    Respecto a la doctrina del TC consideramos que ciertos aspectos relativos a la prohibición de «reformatio in peius» tienen relevancia constitucional, especialmente con relación a la tutela judicial efectiva. Sin embargo, al menos en el proceso civil, la citada garantía no supone, en realidad, una garantía efectiva del derecho de acceso a los recursos. Tampoco es relevante en esta cuestión, por las razones que ahora se exponen, el concepto de indefensión[119].

    En primer lugar, porque las partes son libres de impugnar las sentencias judiciales, quedando condicionada su posición procesal a las reglas de derecho relativas al recurso de apelación en nuestro ordenamiento jurídico, no a ningún clase de garantía constitucional de su posición procesal, que por otra parte queda totalmente mediatizada a la eventualidad que la contraparte apele o se adhiera al recurso[120].

    En segundo lugar, con relación a la doctrina relativa a la efectiva audiencia del recurrente y la indefension, no existe una relación directa entre la reformatio in peius y el derecho de audiencia del recurrente único. Nótese, que cuando la decisión del Tribunal «ad quem» se exceda en su juicio, y conozca de aquellos pronunciamientos que beneficiando al apelante único no habían sido impugnados, pero en la segunda instancia se hubiere debatido contradictoriamente sobre los pronunciamientos consentidos, la sentencia incurrira en incongruencia en su forma de reforma peyorativa. Sin embargo, no se habrá producido vulneración del principio de audiencia del apelante único.

    En conclusión, la prohibición de la «reformatio in peius» no se predica de la vulneración o no de derechos fundamentales, sino que trae causa directamente de los principios rectores del proceso civil, que si bien tienen reflejo directo en el art. 24 CE quedan definidos perfectamente en las normas de la LEC relativas a la congruencia procesal...

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