STS, 28 de Febrero de 1998

Los dos motivos iniciales del recurso deben ser analizados de manera conjunta, no sólo por tener la misma residenciación procesal en el artículo 849-2º de la Ley de Enjuiciamiento criminal ambos, sino porque alegan como documentos demostrativos del supuesto error los mismos documentos obrantes en autos consistentes en el proyecto de ejecución de reforma del DIRECCION000elaborado por los arquitectos D. Federicoy D. Ricardo, nada decía sobre la situación critica en que se encontraba el edificio ni hicieron advertencia alguna sobre la debilidad estructural del mismo y en consecuencia, mal podían advertir los riesgos personas ajenas a la dirección técnica de la obra.

Así formulado, el motivo tiene que ser desestimado. La declaración de hechos probados de la sentencia de instancia, incólume ahora con arreglo a lo establecido por el artículo 884-3º de la LECrim., ha de ser absolutamente respetado en la vía impugnativa elegida por el recurrente; y partiendo de ahí hay que señalar que de los resultados del dictamen pericial tuvo perfecto conocimiento el acusado, coincidiendo todos en la necesidad de proceder al refuerzo de los pilares del edificio dada la baja resistencia de los mismos, destacando el fundamento jurídico noveno a través de la prueba testifical del Sr. RodrigoSr. Sebastiánque antes de iniciarse las obras del desmantelamiento el acusado era conocedor de este extremo y de la necesidad de concluir los estudios iniciales antes de acometer una obra de la envergadura de la que se inició el 10 de diciembre de 1991.

No será ocioso ni descentrado, a fin de evitar en éste y en los posteriores fundamentos de esta sentencia repeticiones innecesarias, recordar la doctrina general de esta Sala en orden al concepto de documento en que se ha de basar la alegación fundada en el precepto procesal indicado.

Y así en la actualidad el concepto de documento viene definido por la jurisprudencia de esta Sala que en reiterada serie de SS. viene estimando que el concepto se integra por las notas siguientes: que se trate de un documento en sentido estricto, entendiendo por tal el escrito, en sentido tradicional, o aquella otra cosa que, sin serlo, pueda asimilarse al mismo, por ejemplo, un diskette, un documento de ordenador, un vídeo, una película, etc., con un criterio moderno de interacción de las nuevas realidades tecnológicas, en el sentido en que la palabra documento figura en algunos diccionarios como «cualquier cosa que sirve para ilustrar o comprobar algo>> (obsérvese que se trata de una interpretación ajustada a la realidad sociológica, puesto que, al no haber sido objeto de interpretación contextual y auténtica, puede el aplicador del derecho tener en cuenta la evolución social), siempre que el llamado "documento" tenga un soporte material, que es lo que sin duda exige la norma penal. (Por todas, SS.TS. 1.114/94, de 3 de junio, 1.763/1994, de 11 de octubre y 711/1996, de 19 de octubre). En la actualidad dicha fórmula jurisprudencial tiene adecuada correspondencia en la norma contenida en el artículo 26 del nuevo Código penal, según el cual «A los efectos de este Código se considera documento todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica.>>.

Con arreglo a la nueva fórmula legal, la interpretación literal del artículo 26 del Código penal de 1995 resulta insatisfactoria, y por ello, se impone hallar otra. Así puede concluirse que documento a efectos penales es el resultado de combinar un soporte material y datos, hechos o narraciones; caracterizándose aquélla por las notas siguientes:

1. En primer término, el documento, al ser una materialización, debe de constar en un soporte indeleble.

   Por ello, se suele considerar el documento escrito como el documento por antonomasia. Ahora bien, hoy no se ven razones que impidan conferir tal condición a documentos diversos del documento escrito: la referencia a la legislación civil (arts. 1.216 ss. CC y 596 LEC) se puede explicar históricamente (el modelo francés), pero parece insuficiente. De ahí que, siguiendo las brechas abiertas por la doctrina y la jurisprudencia, el artículo 26 cierre una polémica en el sentido más correcto.

   Por lo tanto, si el documento tiene que constituirse mediante una declaración humana de forma razonablemente perdurable, pues de lo contrario no podría entrar en el tráfico jurídico y su finalidad probatoria no llegaría a conseguirse, no se ve obstáculo para reservar sólo al papel la posibilidad de ser soporte físico de la corporeización de dicha declaración. Cualquier otro soporte de idéntica vocación indeleble puede ser susceptible de considerarse documento y, por tanto, ser objeto de falsificación; así, una grabación en vídeo, o cinematográfica o sonora (disco o cinta magnetofónica). Lo que sucederá es que algunos de estos soportes, en ocasiones, pueden ser poco fiables Su susceptibilidad de manipulación, (sin que se advierta la misma) puede ser grande. Ahora bien, si en el caso concreto esa posibilidad no se ha podido dar, no existe obstáculo para admitir un documento así materializado. Hoy día, empero, la pretendida fiabilidad del papel ha desaparecido y todos los documentos son igualmente vulnerables, por lo que ese pretendido requisito no puede ser conditio sine qua non para dejar de admitir lo que es de uso común en el tráfico jurídico.

2. Otra nota es que tenga procedencia humana. Se trata de que el contenido del documento resulte atribuible a una persona. En principio, es indiferente si se trata de una manifestación de voluntad (un testamento, por ejemplo) o una declaración de conocimiento (un acta de una sesión del Consejo de Administración, un certificado médico...), mientras su autor sea un ser humano. Ello tendrá como consecuencia necesaria que se haya de establecer un autor determinado o, cuando menos, determinable. El autor de la declaración (no de los intervinientes o afectados, pues éstos quedan incluidos o referidos en el contenido del documento) ha de ser determinable, sin más problemas que los derivados de la comprensión ordinaria, aunque sea necesario el auxilio de medios técnicos de público acceso. Queda así, de entrada, excluido el documento anónimo; es decir, el que no se puede atribuir con seguridad a nadie por no constar expresamente su autor. Sin embargo, dado que el autor es determinable y no determinado, no será anónimo el documento cuando de éste pueda derivarse cuál es el autor; pero la deducción ha de serlo por el sentido, no por mediar mecanismos diversos (prueba grafológica, huellas dactilares...) de acceso no generalizado ni generalizable. El artículo 26 alude a datos, hechos o narraciones. El dato, el hecho o la narración deben reconducirse a su procedencia humana. Lo contrario sería equiparar una narración que, evidentemente, sólo puede proceder de un ser humano, a datos o hechos que pueden ser, teóricamente al menos, porciones inermes de realidad.

3. También el contenido de la declaración debe ser comprensible de acuerdo a los usos sociales, es decir, significativa en sí misma. Así, un documento extranjero, que surta efectos en España, es documento y su falsedad punible, pues sólo es necesaria, en ocasiones, su traducción; en cambio, un escrito en clave, encriptado, no es un documento a estos efectos, pues se pretende con su confección todo lo contrario; que no signifique nada para quien no esté en posesión de la correspondiente clave; es más; no se desea su ingreso en el tráfico jurídico. Además, se ha de actualizar la nota de la significación. Análogamente a lo que sucede con determinadas abreviaturas convencionales -claves en cuya posesión están todos- o a los documentos extranjeros -para entenderlo habrá que o estudiar esos idiomas o acudir a un traductor- habrá que colegir que son documentos todas aquellas declaraciones de voluntad o de conocimiento que se confeccionen por procedimientos electrónicos o lógicos y que para su entendimiento y/o transmisión y/o transformación son necesarios instrumentos o medios que también están a disposición de cualquiera: ordenadores, faxes, etc.

4. También se requiere la entrada en el tráfico jurídico. Si el documento no entra (o no está concebido para entrar: documento encriptado) o, aun entrando, le faltan caracteristicas esenciales (procedencia humana, autor determinable) o no significa nada (sopa de letras) y no estaremos ante un documento en el sentido de objeto de protección jurídico-penal. Ello no impide que cualquier objeto pueda integrarse en otro documento, formando así un complejo, cuya alteración entonces sí será la de un documento.

5. Por último, el documento válido es el documento original y no tienen tal carácter las copias ni fotocopias. Sin embargo, esta afirmación es cada vez más relativa al aumentar el tráfico jurídico y, por tanto, el número de documentos. Así, ya de antiguo a algunos documentos no originales se les reconoce ex lege valor documental bajo ciertas condiciones; tal es el caso de, por ejemplo, la copia de una demanda -art. 525 LECrim.- o la copia autenticada por un sujeto provisto de fe pública (secretarios judiciales, notarios, corredores de comercio...) La práctica forense ha ido imponiendo la aceptación de fotocopias como documentos válidos salvo que se requiera expresamente el cotejo (art. 597 LECrim.); lo mismo sucede con las traducciones privadas de los documentos extranjeros (art. 601 LECrim.).

   Ahora bien, esa aceptación más bien tácita no le confiere a la fotocopia sin más y automáticamente carácter de documento y su falsedad constituir la de un documento. Una fotocopia simple carece de toda fuerza de convicción para servir de medio de prueba de un hecho jurídico, pues es un medio inadecuado al no ser un original documental.

   A partir de tal concepto, no son documentos, aunque se hallen documentadas en la causa bajo fe pública judicial, las pruebas de otra naturaleza, como la testifical (SS.TS.,entre muchas, 29 de noviembre de 1985, 14 de septiembre de 1989, 373/1994, de 25 de febrero, 703/1994, de 27 de marzo, 190/1996, de 4 de marzo, 511/1996, de 5 de julio y 595/1997, de 30 de abril), ni la pericial, salvo los supuestos excepcionales en que se trate de un dictamen único o varios coincidentes de modo absoluto, y que el juzgador haya incorporado su contenido a la narración histórica de modo fragmentario o en absoluta contradicción con las reglas de la lógica y la racionalidad (SS.TS., entre muchas 1.050/1993, de 13 de mayo, 2.691/1993, de 30 de diciembre, 190/1996, de 4 de marzo, y 323/1996, de 22 de abril), así como las actas del juicio oral (SS.TS., por todas 61/1995, de 28 de enero). En estos casos, la improsperabilidad del motivo vendría determinada por la aplicación del artículo 884-6º de la Ley de Enjuiciamiento criminal.

Por otra parte, junto a este previo conocimiento de la grave debilidad estructural del hotel que comportaba indudables riesgos, este recurrente, sin esperar a que se hiciese el estudio definitivo técnico, careciendo de licencia administrativa para las referidas obras y sin dirección técnica superior de arquitecto, autorizó y ordenó el desmantelamiento de la totalidad del hotel con el fin de realizar la reforma del mismo; como pone de relieve el fundamento jurídico noveno de la sentencia sometida a recurso.

Para desestimar el motivo hay que tener en cuenta también que en el sexto de los hechos declarados probados por la instancia se señala que el motivo del derrumbamiento fue el fallo o rotura de uno de los pilares, provocándose el mismo debido a las causas siguientes: a) la precaria estructura ya referida; b) la retirada indiscriminada de tabiques que constituían parte integrante de la estructura del inmueble y c) el peso de los escombros y vibraciones de la obra. Por ello, y en base a la prueba practicada, la sentencia de instancia ha ido determinando y relacionando los presupuestos bajo los que el grave resultado producido es objetivamente atribuible al recurrente, pues la ocurrencia de los hechos hubiera podido evitarse fácilmente mediante una conducta prudente consistente en tomar medidas acordes con la debilidad estructural del hotel, que como (se desprende de los hechos probados), el acusado debió tomar no como técnico, sino como propietario de la empresa y conocedor, según se señaló anteriormente, del riesgo.

Esta misma desestimación conlleva de modo automático la del motivo segundo de este recurso, en tanto su desarrollo viene a ser reproducción del motivo que le antecede, por lo que para su desestimación basta con la remisión a la motivación de la indicada desestimación.

Los motivos tercero y cuarto deben ser asimismo examinados en forma conjunta, pues no sólo tienen el mismo fundamento normativo-procesal que los dos anteriores, sino que las razones para su desestimación son idénticas; ya que en el motivo tercero se articula un motivo correlativo en el que se señala como documento las conclusiones del informe redactado por el Gabinete Técnico Provincial del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo que afirma que el hecho fue casual e imprevisible. El recurrente pretende que dicho error derivado de el informe referido tiene carcter vinculante al valorarse la prueba, en tanto se trata del informe de un organismo de la Administración ajeno al de la Administración de justicia.

El motivo cuarto señala como documento demostrativo del supuesto error probatorio el informe de fecha 30 de diciembre de 1991 emitido por el ingeniero don Carlos Francisco. Ambos motivos deben ser también conjuntamente desestimados habida cuenta de su carácter no documental aplicando la doctrina que en orden al documento se contiene en el primer fundamento de esta resolución y a los supuestos excepcionales en que la prueba pericial debe considerarse documento, que no es el presente. A mayor abundamiento, el documento referido en el motivo tercero ni siquiera se sometió al imprescindible contradicción de las partes en el acto del plenario o juicio oral. En cuanto al motivo cuarto, además de las razones ya señaladas, es recogido dicho informe de forma textual en la declaración de hechos probados de la sentencia y de su contenido, junto con el resto de las pruebas, extrae el tribunal de instancia la inferencia de que se estaba poniendo en conocimiento de los interesados las deficiencias estructurales del inmueble. Por ello, no existe ningún error de hecho ni contradicción alguna entre tal informe y la inferencia de la Sala.

Procesalmente residenciado en el repetido art. 849-2º se articula un motivo correlativo, señalándose como documentos acreditativos del supuesto error los partes de trabajo presentados por la empresa constructora de las obras, acreditativo de que el número de horas destinadas a derribar tabiques fue el de trescientas cuarenta y cinco.

Es obvio que tales partes no acreditan la existencia de error de hecho alguno, y desconocen el básico requisito de la esencialidad del error y trascendencia para la subsunción. Es obvio que el error ha de ser trascendente o con valor causal para la subsunción, como también de manera muy reiterada señala la jurisprudencia de esta Sala (SS.TS., entre muchas, 776/1992, de 6 de abril, 2.681/1992, de 12 de diciembre, 236/1993, de 12 de febrero, 570/1993, de 16 de mayo, 1.696/1994, de 4 de octubre, 2.124/1994, de 5 de diciembre, 162/1995, de 24 de abril); por lo que no cabe la estimación de un motivo orientado en este sentido si se refiere la mutación a extremos accesorios o irrelevantes; lo que es consecuencia de la doctrina del Tribunal Constitucional en orden a la irrelevancia de los errores secundarios en la motivación; y así como señalala la STC 44/87 de 9 de abril «carecería así de sentido la concesión de un amparo que se limitara a anular una parte de la motivación de la sentencia y mantuviera en su integridad el fallo. Pero también carecería de sentido anular totalmente una sentencia, incluído el fallo, con el único objeto de que el órgano judicial dictara una nueva sentencia en la que confirmara el fallo, pero corrigiera posibles desaciertos en la redacción de su fundamentación>>; y en la más reciente STC. 124/1993, de 19 de abril, que «los errores cometidos en la fundamentación jurídica de las resoluciones judiciales sólo tienen trascendencia constitucional en cuanto sean determinantes de la decisión adoptada, esto es, cuando constituyan el soporte único o básico de la resolución, de modo que, constatada su existencia, la fundamentación jurídica pierda el sentido y alcance que la justificaba y no pueda conocerse cuál hubiese sido el sentido de la resolución de no haberse incurrido en el mismo>>; doctrina también coincidente con la reiterada de esta Sala, representada entre muchísimas por la reciente S.TS. 688/1996, de 15 de octubre.

En la misma sede procesal que los cinco anteriores se articula un motivo correlativo; invocando como documento un comunicado de la policia local del Ayuntamiento de Santander.

Procede la desestimación del motivo, como en su día pudo y aún debió haberse inadmitido por aplicación del artículo 884.6º de la LECrim., en tanto que el citado oficio de comunicación contiene una mera manifestación subjetiva del encargado del aparcamiento; por lo que es obvio que no es constitutivo de documento en el sentido asignado por la norma procesal citada.

El motivo séptimo de este recurso tiene sede procesal en el artículo 849-1º de la LECrim. y alega la vulneración, por aplicación indebida, de precepto penal constituido por el art. 565 del CP de 1973. En su desarrollo el recurrente niega la existencia de negligencia alguna en el Presidente del Consejo de Administración de la empresa propietaria del edificio en base a dos argumentos: no era un técnico y contó con asistencia técnica, informes técnicos y con una empresa construtura que intervinieron en la obra, lo que le libera de cualquier responsabilidad.

Como recuerda la STS 492/1997, de 15 de abril, en la valoración de todos los comportamientos culposos o imprudentes se ha de partir de la estructura señalada por la más autorizada doctrina científica española: 1) La parte objetiva del tipo supone la infracción de la norma de cuidado (desvalor de la acción) y la resultancia de la parte objetiva de un hecho previsto en un tipo doloso (desvalor del resultado). 2) La parte subjetiva del tipo requiere el elemento positivo de haber querido la conducta descuidada, ya sea con conocimiento del peligro que en general entraña (culpa consciente) o sin él (culpa inconsciente), y el elemento negativo de no haber querido el autor cometer el hecho resultante

A su vez el desvalor o disvalor de la acción supone que la infracción de esa norma que impone el deber de cuidado se descomponga en dos: a) El deber de cuidado interno obliga a advertir la presencia del peligro en su gravedad aproximada, como presupuesto de toda acción prudente. Precisamente por la existencia de este deber de advertir el peligro puede castigarse la culpa inconsciente, que supone la imprudente falta de previsión del peligro del resultado: en ella se castiga la infracción de la norma de cuidado que obliga a advertir el riesgo. b) El deber de cuidado externo consiste en el deber de comportarse externamente conforme a la norma de cuidado previamente advertida. Puesto que presupone haberla advertido, sólo puede imputarse subjetivamente en la culpa consciente. De ahí que, ante conductas igualmente peligrosas, la culpa consciente sea más grave que la insconsciente.

Por otra parte, hay que partir de la existencia de una imputación objetiva del resultado. ´Con arreglo a ella, sólo se produce la irrelevancia causal de la imprudencia cuando el resultado producido habría sido exactamente el mismo. Y esta doctrina ha sido acogida por la doctrina jurisprudencial de esta Sala (Entre otras, SS.TS. de 12 de junio de 1989, 17 de julio de 1990, 29 de octubre de 1992, 1.544/1994, de 18 de julio, 813/1995, de 26 de junio, y las muy recientes, 312/1996, de 20 de abril, 1.122/1996, de 30 de diciembre, 62/1997, de 20 de enero, y 302/1997, de 11 de marzo), según la cual en el plano que se pudiera denominar "ontológico" se atiende a la equivalencia de las condiciones y en el plano "normativo" esta imputación objetiva, que actúa como correctivo de las teorías naturalistas de la causalidad, toma en cuenta el riesgo creado (el peligro jurídicamente desaprobado) y el fin de protección de la norma. Un nexo causal sólo será típico cuando el resultado sea la realización de un riesgo o peligro desaprobado para la acción.

El motivo correlativo se formula en base procesal del citado art. 849.1º de la LECrim. por cuanto dados los hechos declarados probados se ha infringido el artículo 22 parrafo primero del CP de 1973. En su desarrollo parte el recurrente de que al no existir responsabilidad penal en la persona que representa una empresa no puede estimarse una responsabilidad civil subsidiaria.

El motivo debe ser desestimado. Como se desprende de los anteriores fundamentos el coacusado recurrente no puede ser considerado responsable civil subsidiario en tanto en cuanto, según se señaló, tiene la consideración de coautor del tipo culposo objeto de condena; por lo que el motivo se debe desestimar, como en su momento pudo y aun debió ser inadmitido como carente de todo fundamento en aplicación de la norma contenida en el artículo 885.1º de la LECrim.

2. RECURSO DEL ACUSADO Jaime

El motivo primero de este recurso tiene sede procesal en el artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento criminal y alega la vulneración, por aplicación indebida, del artículo 565 del CP de 1973. En su desarrollo parte el recurrente de la inexistencia de responsabilidad en el acusado al faltar la adecuación entre la conducta que se imputa al aparejador y el resultado producido de derrumbe del edificio ya que éste era objetivamente imprevisible.

El motivo debe ser desestimado. Es evidente que en los delitos imprudentes no basta con que la acción, o la omisión, que infringe la norma de cuidado sea causal respecto del resultado para que se pueda efectuar el juicio de imputación, sino que se exige constatar la existencia de una relación de adecuación entre la conducta y el resultado, en el sentido de que éste sea previsible como consecuencia típica de la conducta. Así pues, la cuestión a abordar a partir de los hechos probados de la sentencia recurrida y sus complementarios fundamentos jurídicos es determinar si junto a la negligente conducta del Arquitecto Técnico se puede acreditar que el resultado era previsible y evitable porque era el que la norma infringida con su conducta pretendía evitar. Con base en la narración histórica de los hechos, nos hallamos ante un profesional contratado por UCISA a quien se le encomienda la dirección de la obra y la coordinación de las empresas que trabajaban en el "DIRECCION000". El acusado -arquitecto técnico- acudía todos los días a la obra, dando órdenes para su ejecución, al capataz de Ascon, Sr. Fermín, y era conocedor del informe inconcluso que ya, como en ocasiones anteriores, reflejaba la resistencia tan baja en los pilares del edificio y necesidad de refuerzo. Sabía que las obras que se realizaban excedían de las previstas en el proyecto inicial aprobado por el Ayuntamiento, proyecto que en su condición de arquitecto técnico debe interpretar, sabiendo que lo ejecutado excedía de lo proyectado. Que no existía dirección técnica superior se deduce por lógica y no sólo por inexistencia de los requisitos formales de acta de replanteo ni libro de órdenes, no se correspondía el proyecto con la envergadura de la obra ni recibió dirección o recomendación alguna de titulado superior.

Se funda el segundo y último motivo de este recurso en el artículo 849-1º de la Ley de E c y alega la vulneración de los preceptos penales sustantivos constituidos por los artículos 41-2º y 42-2º, en relación con el art 47, del Código penal de 1944/1973. Este motivo debe ser también desestimado. El fallo de la sentencia condena a Jaimejunto con la pena de prisión y como accesoria a la pena de suspensión de empleo público, profesión u oficio. Argumenta el recurrente que no se ha concretado por omisión en la fundamentación a que clase de empleo, profesión u oficio se refiere.

Es cierto que no ha especificado el fallo la naturaleza de la profesión o del oficio que se suspende al reo, sin embargo a tenor de los hechos y de la evidente relación directa de la profesión en el delito culposo cometido, sobre la que incide la combatida en el factum y en la fundamentación de derecho, que no produce vulneración ni infracción legal, pudiendo esta Sala determinar tal cuestión; y en cumplimiento de ello, es obvio que la pena accesoria impuesta tiene relación y trae causa con la profesión de arquitecto técnico del ahora recurrente, por lo que debe también añadirese o especificarse que se refiere la suspensión de oficio al tiempo establecido para esta pena accesoria restrictiva de derechos.

Consecuentemente, también este motivo y el recurso que se examina deben ser desestimados.

3. RECURSO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR Dº María del Pilar

El motivo único de este recurso se articula por infración de ley en sede procesal del artículo 849-1º de la Ley de Enjuiciamiento c y alega la vulneración por falta de aplicación de los artículos 24 y 25 de la Constitución.

Este motivo único debe ser desestimado porque a pesar de la formulación del mismo, su desarrollo se centra en considerar que existe error en la aplicación de la pena respecto al acusado Juan Pablo. No obstante, la pena está correctamente fijada dentro de las facultades discrecionales concedidas a los tribunales de instancia, por lo que no procede ser revisada en esta sede extraordinaria del recurso de casación.III.