La impracticabilidad norteamericana
| Autor | Manuel García Caracuel |
| Cargo del Autor | Doctor en Derecho. Abogado |
| Páginas | 107-178 |
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Fiel a su origen anglosajón, el common law estadounidense parte asimismo de la doctrine ofabsolute contraéis como pieza clave de su Derecho de contratos, pero cabe afirmar que es menos rígido, más flexible y más atemperado que el Derecho inglés.
El common law inglés desembarcó también en las colonias británicas norteamericanas de los siglos XVII y XVIII, sin embargo, como ocurrió también con la propia sociedad norteamericana, fue posteriormente adquiriendo sus propios matices, gracias a incorporaciones de otros sistemas de civil law, como el francés y el alemán. De este modo, la rigidez de la sanctity ofthe contract inglesa fue paulatinamente puliéndose por la doctrina y la jurisprudencia, en la búsqueda de soluciones ajustadas a cada caso.
La unión de los Estados de América y la independencia de su metrópoli en 1776 no sólo supusieron el nacimiento de una nueva nación, y una nueva sociedad, distinta de la inglesa, forjada a partir del célebre crisol de culturas, sino que dio lugar también al inicio de una propia American legal tradition, desgajada del viejo common law inglés, en la que jurisprudencia y doctrina han tenido y tienen, ambas, un papel decisivo192. El Derecho estadounidense es también el autor de una peculiar forma de moderna codificación, que ha dado lugar a dos instrumentos normativos concretos: los Restatements y el Uniform Commercial Code. Los Restatements son meras compilaciones de reglas jurisprudenciales sistematizadas, llevadas a cabo por el American Law Institute, institución de carácter privado formada por juristas académicos y prácticos, principalmente jueces y abogados. En 1932 apareció el primer Restatement
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on Contraéis, revisado y modificado en 1981193. Su origen es netamente extraoficial y no tiene carácter de ley promulgada, pero goza de una amplísima aceptación y reputación en el mundo jurídico, pues se trata de una síntesis de las doctrines aplicadas por los tribunales194. El Uniform Commercial Code por el contrario, a pesar de que también tiene origen doctrinal y jurisprudencial, sí está revestido de carácter oficial, ya que ha sido adoptado y promulgado como ley -enacted- por cada uno de los Estados de la Unión.
La mentalidad jurídica estadounidense, por la vía del sistema casuístico propio de su Derecho privado, ha atribuido al juez, en tanto que rule maker, una función relevante en su constante búsqueda de mecanismos que le permitan alcanzar la solución más equitativa y adecuada al caso concreto en la gestión del riesgo en los contratos desequilibrados por eventos sobrevenidos. Por su parte la doctrina, en tanto que academia tradicionalmente hermanada con lapráctica del Derecho, ha sido germen y origen de la antes citada peculiar forma de codificación, en su esfuerzo por la sistematización de todo el acervo jurisprudencial195.
El modelo estadounidense de solución del conflicto entre el principio acta sunt servanda y la liberación del deudor por imposibilidad o extrema dificultad es menos rígido que el inglés196. A diferencia de éste, en el que los jueces reiteran constantemente su falta de autorización para modificar el contrato, como documento sagrado emanado de la soberana voluntad de las partes tanto en sus especificaciones como en sus omisiones, el common law estadounidense ha suavizado el principio, lo ha atemperado, y ha centrado sus esfuerzos en la obtención de la solución más apropiada al caso concreto, mediante el uso de las diversas teorías (doctrines) que ha ido desarrollando y poniendo a disposición del intérprete.
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Las doctrines que permiten al juez afrontar el problema de la alteración sobrevenida de las circunstancias contractuales son la impossibility, la commercial impracticability y lafrustration ofpurpose.
La impossibility libera al deudor de su obligación cuando la prestación devenga absolutamente imposible, el evento causante de tal imposibilidad no le sea imputable, y así lo acredite cumplidamente. En otras palabras, siempre que exista un incumplimiento -entendido éste como ausencia de ejecución de la prestación en la forma pactada- se presumirá la culpa del deudor, y será éste quien, para excusarse por impossibility, deba probar que el incumplimiento ha devenido absolutamente imposible, merced a un hecho sobrevenido que no le es imputable ni expresa ni implícitamente en función de la distribución de riesgos plasmada en el contrato.
La imposibilidad debe ser absoluta, en términos taxativos, aunque puede ser material o jurídica. Tradicionalmente, la imposibilidad material se reservaba para supuestos clásicos como la muerte del que debía ejecutar la prestación personalísima, o la destrucción completa del objeto de la prestación. La imposibilidad jurídica era casi siempre asimilada a los supuestos de intervención de la auctoritas estatal, mediante acto de ley o acto gubernativo, que al cambiar la normativa legal o reglamentaria, tornaba la prestación en ilícita.
Esta teoría nace como una variación de la anterior. El deudor quedará también liberado de su obligación cuando la prestación sea todavía susceptible de ejecución, es decir, no sea material o jurídicamente imposible, pero sí sea económicamente inviable, impracticable. Supone unaflexibilización de ladoctrine of impossibility, de origen jurisprudencial, merced al encargo que la ley hace al juez estadounidense de buscar la solución más justa al contrato. En dicho proceso, el juez puede alcanzarla conclusión de que, si bien la obligación puede ser todavía cumplida materialmente y lícitamente, el coste de su ejecución es tan desmesurado que rompe la justicia contractual. En palabras de Sánchez Lorenzo, existe impracticability cuando una circunstancia sobrevenida altera el equilibrio económico del contrato de forma absoluta o dramática, en el bien entendido de que no basta un mero encarecimiento de la prestación sino que es
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necesaria una disfunción absoluta de la economía del contrato que supere sin dejar lugar a dudas el alea razonablemente exigible197.
Mientras que la impossibility parte de un criterio puramente objetivo, la impracticability se rige por un criterio subjetivo. Requiere una operación hermenéutica del intérprete, que analice si el hecho acaecido altera la prestación de tal modo que llega a convertirla en una operación inviable económicamente, pese a ser teóricamente ejecutable.
El foco se desplaza de lo cualitativo a lo cuantitativo: ¿cuánto cuesta cumplir? Y no es suficiente un mero incremento del coste para considerar alterado el equilibrio: ¿el incremento de coste puede entenderse tácitamente asumido por el deudor en el esquema contractual de asignación de riesgos? Pero el intérprete debe ir más allá en su indagación hasta hacerse la pregunta definitiva: ¿las nuevas circunstancias han alterado tan sustancialmente el contrato (yitally altered) que lo han convertido en algo totalmente distinto a lo querido por las partes? Para la apreciación de la existencia de impracticability, la nueva prestación, resultante del cambio en las circunstancias...
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