De las implicaciones de la caducidad y la prescripción de la acción disciplinaria a la luz de la Ley 1952 de 2019 y su norma modificatoria Ley 2094 de 2021
| Autor | Vladimir Arteaga Tovar |
| Cargo del Autor | Abogado, especialista en Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Javeriana |
| Páginas | 457-482 |
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FUNDAMENTOS DE DERECHO DISCIPLINARIO
INVESTIGACIÓN SOBRE LOS RETOS Y DESAFÍOS DE UN MUNDO GLOBALIZADO
Antes de descender al propósito de este artículo, conviene dejar estable-
cidos y someramente reseñados, los conceptos y diferencias que ostentan las
instituciones jurídicas citadas en precedencia, bajo la anterior premisa, se dirá
respecto de la figura de la caducidad que consiste la extinción del derecho a
accionar jurídica y procesalmente por cualquier causa, el diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española, la define como la: «Extinción de una facultad
o de una acción por el mero transcurso de un plazo configurado por la ley como
carga para el ejercicio de aquellas.»
La Corte Constitucional en la Sentencia C-401 de 2010, señaló respecto de
la caducidad lo sigu iente:
1 Abogado, especialista en Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Javeriana,
con más de quince años de experiencia en el Derecho Administrativo y específicamente
en temas del derecho Disciplinario, sancionatorio y responsabilidad fiscal, perteneció
a la Rama Judicial y a la Procuraduría General de la Nación desempeñándose como
Procurador Primero Distrital de Bogotá, Procurador Regional de Boyacá y Meta y Pro-
curador Provincial de Girardot entre otros cargos, ha sido también asesor y contratista
para asuntos disciplinarios en la Aeronáutica Civil, Personerías de Bogotá y Montería,
IDEAM, Secretaria de Educación del Distrito de Bogotá y el Instituto Nacional de Me-
dicina Legal. También ha sido profesor universitario para la Universidad Santo Tomas
sede Bogotá y Villavicencio y la Universidad Industrial de Santander IUS.
CAPÍTULO XVI
De las implicaciones de la caducidad y
la prescripción de la acción disciplinaria
a la luz de la ley 1952 de 2019 y su
norma modificatoria ley 2094 de 2021
Vladimir Arteaga Tovar1
VLADIMIR ARTEAGA TOVAR
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RICARDO HERNÁN MEDINA RICO WILLIAM JAVIER SALAZAR MEDINA COORDINADORES
“La caducidad es una institución jurídico procesal a través de l a cual, el
legislador, en uso de su potestad de config uración normativa, limita en el
tiempo el derecho que tiene toda persona de ac ceder a la jurisdicción con
el fin de obtener pronta y cumplida justicia, y su fundamento se haya en
la necesidad que tiene el conglomerado soci al “(…) de obtener seguridad
jurídica, para evit ar la paralización del tráfico jurídico”.
Ello sucede de esta forma justamente por el desuso de la misma en de-
terminado periodo de tiempo, verbigracia cuando el interesado deja transcurrir
los plazos fijados por la ley en forma objetiva sin presentar la demanda que le
corresponde dado el derecho que pretende reclamar, allí es evidente que su de-
recho fenece de forma inexorable, lo que implica que le sea imposible revivir
dicho periodo.
En este orden de la circunstancia destacada previamente, se puede in-
ferir que el cumplimiento de la carga procesal impuesta esto es; el término
legal previsto para cada situación en particular refleja una garantía para la
seguridad jurídica y el interés general, de tal forma que la caducidad repre-
senta un límite temporal, dentro del cual el interesado debe reclamar deter-
minado derecho o pretensión; y al no hacerlo oportunamente perderá dicha
posibilidad.
Traduce lo anterior que la actitud desinteresada de quien estuvo legitima-
do en la causa para promover determinada acción o trámite jurídico, en modo
alguno puede ser objeto de protección, habida consideración que quien ejerce
sus derechos en los términos legales no perderá dicha oportunidad en virtud
de la figura indicada. En la sentencia C-832 de 2001 la H. Corte Constitucional
con ponencia del Magistrado Rodrigo Escobar Gil citó sobre la caducidad lo
siguiente:
“La caducidad es una institución jurídico procesal a través del cual, el
legislador, en uso d e su potestad de configuración normat iva, limita en
el tiempo el derecho que t iene toda persona de a cceder a la jurisdic-
ción con el fin de obtener pront a y cumplida justicia . Su fundamento
se haya en la necesida d por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráf ico jurídico. En
esta medida , la caducidad no concede dere chos subjetivos, sino que por
el contrario apunta a la prote cción de un interés general. La ca ducidad
impide el ejercicio de la acción, por lo cual, cu ando se ha configura do
no puede iniciarse válidament e el proceso. Esta es una figura de orden
público lo que explica su c arácter irrenunciabl e, y la posibilidad de
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