El impacto de las políticas de empleo en la inclusión de las personas con discapacidad en la empresa ordinaria
| Autor | Eduardo Díaz Velázquez |
| Páginas | 157-173 |
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Históricamente, las personas con discapacidad han experimentado desigualdades en el acceso al mercado de trabajo, razón por la cual el empleo ha sido objetivo prioritario en las políticas dirigidas al colectivo así como en la acción ejercida por las propias asociaciones de personas con discapacidad. En nuestras sociedades el empleo se ha entendido como condición clave
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para el acceso a la ciudadanía desde un punto de vista sustantivo (Bottomore, 1998, pp. 100-101). Esa configuración del trabajo como elemento central de participación en la vida pública (Alonso, 2000, p. 168) implicaba que aquellos colectivos o personas que no accedían a un trabajo no tenían, al menos en términos simbólicos, el mismo estatus real de ciudadanía, sino que accedían a ella en condición de beneficiarios, como ciudadanos de segunda categoría o infraclase (Díaz Velázquez, 2010). Sin embargo, los derechos sociales de ciudadanía (y, por tanto, las políticas sociales) deberían actuar como mecanismo de compensación para atenuar las desigualdades producidas por el sistema económico capitalista y, en concreto, por las desigualdades que se producen en el mercado de trabajo (Marshall, 1998, p. 74). Si bien, por añadidura, esas mismas políticas públicas deberían intervenir y transformar el mercado de trabajo para hacerlo más inclusivo y accesible a aquellos colectivos con mayores dificultades de acceso al mismo.
Aunque en el pasado muchas de las políticas sociales de discapacidad se centraron más en la protección pasiva que en fomentar la autonomía personal y la actividad (Oliver, 2008), la paulatina sustitución de las políticas de protección social por las políticas de activación han fomentando la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral, entre otras actuaciones mediante medidas de acción positiva y de fomento de contratación, si bien no siempre con las mejores condiciones ni garantías posibles, pues al mismo tiempo estas políticas de activación y de inversión social han naturalizado ideológicamente la individualización de los problemas sociales (Díaz Velázquez, 2017).
Es por ello que el derecho al trabajo de las personas con discapacidad se ha convertido en prioritario, preconizándose la incorporación de las personas con discapacidad al mundo laboral en la medida en que tengan posibilidades para producir bienes o servicios de valor (Abberley, 1998, p.87).
Sin embargo, desde años antes de la crisis económica y agudizada por ésta, estamos asistiendo a una radical fractura del vínculo entre el trabajo y la ciudadanía, fruto de un nuevo modelo de capitalismo avanzado que se caracteriza por la internacionalización de la economía, la aplicación de políticas sociales y económicas neoliberales que implican recortes en los derechos sociales, reducción del gasto social y mayor regresividad de los ingresos fiscales, la tecnologi-zación y automatización de los procesos de producción o la preponderancia de la economía financiera frente a la economía real, entre otras cuestiones. Todo ello ha propiciado que las condiciones laborales del conjunto de la población trabajadora hayan empeorado significativamente y que el acceso al empleo se haya hecho cada vez más restringido (Alonso, 2000).
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Las mayores dificultades de acceso al empleo, su acceso en condiciones precarizadas y los recortes en las prestaciones sociales y económicas han agudizado la desigualdad social y la exclusión social de colectivos vulnerables como el de las personas con discapacidad. Estas transformaciones sociales (en particular, las del mercado de trabajo) implicarían una dualización social que no tiene como eje vectorial el acceso o no al empleo, sino el acceso a un empleo de calidad y el no acceso al empleo o el acceso a un empleo precario (Tezanos, 2001), dejando de ser el empleo condición suficiente para la inclusión.
Sin embargo, la apuesta por el empleo como vehículo conductor de la inclusión social de las personas con discapacidad ha sido (y sigue siendo) fundamental en las políticas sobre discapacidad a nivel nacional e internacional. Así lo expresa, por ejemplo, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo artículo 27 está dedicado al empleo. En dicho artículo se emplaza a los Estados Partes a garantizar el ejercicio del derecho al trabajo de las personas con discapacidad, adoptando las medidas pertinentes para ello, entre las que se encontrarían tanto acciones destinadas a la prohibición de la discriminación, protección de derechos y aseguramiento del ejercicio de los mismos; como medidas relacionadas con la activación y la preparación laboral, así como el fomento de su empleabilidad, de acuerdo con los principios de la inclusión activa. Estas últimas comprenderían, de acuerdo con el citado artículo 27, programas generales de orientación técnica y vocacional; servicios de colocación y formación profesional y continua; apoyo en la búsqueda, obtención y mantenimiento del empleo; promoción del autoempleo; o promoción de la adquisición de experiencia laboral.
Más allá del artículo 27 de la Convención, el capítulo VI del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (en adelante LGDPD), dedicado al derecho al trabajo, promulga en los artículos 35 y 36 la garantía del derecho al trabajo, la no discriminación directa e indirecta y la igualdad de trato. Se distinguen además dos modalidades de inserción laboral, en la empresa ordinaria y en el empleo protegido, a la que se añade el empleo autónomo. De acuerdo con el artículo 38 de la misma, la "finalidad de la política de empleo es aumentar las tasas de actividad y de ocupación e inserción laboral de las personas con discapacidad, así como mejorar la calidad del empleo y dignificar sus condiciones de trabajo, combatiendo activamente su discriminación".
No obstante, de acuerdo con el modo en que se desarrollan las políticas de empleo en nuestro país y con los resultados obtenidos con las mismas, cabría preguntarse si se está dando respuesta efectiva a la finalidad expresada en el artículo 38 de la LGDPD y de qué manera. ¿Se están aumentando
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las tasas de actividad y ocupación de las personas con discapacidad? ¿Ese aumento viene acompañado de una mejora de las condiciones laborales, de tal manera que podamos hablar de un empleo de calidad? ¿Cuál es el impacto que están teniendo las políticas de empleo dirigidas a este colectivo? En las próximas líneas trataremos de profundizar sobre algunas de estas cuestiones, analizando sobre todo la inclusión en el mercado de trabajo ordinario.
Para estudiar la situación laboral de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo ordinario y el impacto que tienen las políticas de empleo en la misma, vamos a analizar brevemente tanto la legislación y las políticas públicas orientadas al empleo de las personas con discapacidad como algunos datos estadísticos recopilados a través de diversas fuentes.
No obstante, cabe señalar que uno de los mayores problemas para analizar cuantitativamente la realidad de la población con discapacidad es cómo se entiende y operativiza el concepto de discapacidad en las fuentes. La definición de discapacidad, como constructo social y en evolución, puede variar según el contexto histórico, geográfico, cultural y social en el que nos encontremos. En la actualidad se considera que la discapacidad es resultado de la interacción entre el funcionamiento de la persona y su entorno físico y social, como se ha reflejado, con matices, en documentos internacionales de la ONU o de la OMS. Sin embargo, el problema surge al operativizar en las fuentes esa concepción de la discapacidad. Hay desde fuentes estadísticas que optan por una operativización restringida hasta algunas que consideran definiciones muy amplias de discapacidad. Estas diferentes formas de entender la discapacidad van a implicar dificultades comparativas de los datos disponibles, aunque no le restan potencial analítico para conocer la situación laboral de las personas con discapacidad y, sobre todo, del impacto de las políticas específicas de empleo, pues éstas van dirigidas a aquellas que cuentan, al menos, con certificado de discapacidad.
En este trabajo nos centraremos principalmente en fuentes que realizan una operativización restringida de la discapacidad, como las siguientes:
- La serie el Empleo de las Personas con Discapacidad (EPD) que cruza datos de la Encuesta de Población Activa con la Base Estatal de Personas con Discapacidad del IMSERSO, analizando por tanto a la población en edad activa con certificado de discapacidad, esto es, que tienen reconocido un grado de discapacidad superior o igual al 33%
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- La serie el Salario de las Personas con Discapacidad (SPD), que al igual que la anterior, cruza la información de la Encuesta de Estructura Salarial con la Base Estatal de Personas con Discapacidad, analizando por tanto a la población en edad activa con certificado de discapacidad.
- La estadística sobre contratación de personas con discapacidad y el Informe Anual del Mercado de Trabajo de las Personas con Discapacidad del SEPE, que al tratarse de un registro administrativo de contratación y demanda de empleo, cuantifica la población con discapacidad como aquella registrada como persona con discapacidad en dichos servicios...
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