El impacto de una pandemia en la Justicia
| Autor | Pablo Abascal Monedero, María Elena Nieto-Cabrera |
| Páginas | 170-193 |
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Pablo Abascal Monedero27
María Elena Nieto-Cabrera28
I.
A principios del año 2020, surge una gran crisis sanitaria, que obliga a un confinamiento debido al virus
covid-19, que está provocando sufrimiento, contagios y muerte de forma crítica y alarmante, y que se
desconocen desde cómo se producen y cuál es el desenlace que puede tener.
La crisis pandémica ha desencadenado problemas de confinamiento con gran repercusión personal,
familiar, salud, medica, laboral, económica, etc. a todos los niveles profesionales y sociales.
Indica Vélez del Toro (2020) que;
“L
a llamada justicia telemática no se ha implementado hasta la crisis en la que nos
encontramos inmersos como consecuencia de la pandemia originada por el COVID-19, a pesar
de que se hubiese puesto en práctica la plataforma digital de comunicaciones puesto en
marcha por el Ministerio de Justicia bajo la denominación de Lex Net cuyo cometido se
circunscribe a enviar y recepcionar escritos y resoluciones judiciales de modo telemático”.
(Vélez Toro, 2020:230).
Desde la Declaración del Estado del Alarma por la pandemia del Covid 19, ha habido una avalancha de
suspensiones y aplazamientos de juicios y comparecencias. La situación de estado de alarma ha dado
lugar a pronunciamientos por el Consejo General del Poder Judicial como por la Fiscalía General del
Estado.
27 Dr. Derecho. Pfr. de la Universidad Internacional de La Rioja Abogado.
28 Grado RRLL
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La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial aprobó el 11 de Marzo del 2020 una
instrucción de actuaciones judiciales que tenía por objeto garantizar el servicio público judicial, adaptado
a las recomendaciones de las autoridades sanitarias en relación con la epidemia de coronavirus covid-19.
La instrucción constaba de dos partes, una informativa con las recomendaciones de protección individual
y colectiva frente a la enfermedad y otra que establece directrices en relación con la actuación judicial en
función de distintos escenarios: (1) uno general para todo el territorio nacional y (2) otro para los
territorios en los que se hayan establecido medidas especialmente intensas para limitar la propagación y
el contagio de la enfermedad.
Bajo la dirección de la Comisión Permanente, se constituyó una Comisión de Coordinación y Seguimiento
que está integrada por el Secretario General, el Gabinete de la Presidencia, el Gabinete Técnico, el
Servicio de Inspección, la Oficina de Comunicación, el Servicio de Personal Judicial y la Sección de
Prevención de Riesgos de la Carrera Judicial.
Los objetivos que se perseguían con las instrucciones eran:
• Minimizar los contactos interpersonales que puedan favorecer la transmisión del coronavirus en
dependencias judiciales o con ocasión de la prestación del servicio público judicial
• Ajustar la prestación de este servicio a las indicaciones emanadas de las autoridades sanitarias,
promoviendo la coordinación de las distintas instancias con competencias en el ámbito de la
Administración de Justicia
• Evitar actuaciones unilaterales y descoordinadas.
Se contemplaban en la disposición del Consejo General del Poder Judicial dos escenarios
Escenario 1
Las medidas a adoptar en el escenario 1 o escenario general es decir en todo el territorio nacional que
incluían:
• La realización de los señalamientos con tiempo suficiente entre ellos para que no haya una gran
afluencia de partes y de profesionales esperando la celebración de vistas en un espacio común;
• Si a cualquiera de los que hubieren de acudir a una vista le resultare imposible asistir a ella en
el día señalado, por enfermedad u otro motivo de análoga entidad, se tendrá en cuenta lo previsto
de los procedimientos y actuaciones urgentes, siempre que sea posible.
• Si alguno de los asistentes a la vista o juicio mostrase sintomatología, se le invitará a abandonar
la sala, facilitándole mascarilla y guantes, si se cuenta con medios para ello, y, en su caso, se
suspenderá el acto
• Se evitarán los señalamientos de juicios, vistas y otras actuaciones procesales que impliquen la
participación de personas de alto riesgo (enfermos, personas mayores, etc.).
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