El impacto de la crisis económica en las instituciones españolas y europeas
| Autor | Miguel Sánchez Morón |
| Cargo | Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá de Henares |
| Páginas | 106-107 |
DA, no 1 enero-diciembre 2014, ISSN: 1989-8983
Nueva Época
El impacto de la crisis económica en las instituciones españolas y europeas
Miguel Sánchez Morón
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá de Henares
miguel.sanchez@uah.es
Las ponencias que se han presentado en este seminario han expuesto ya, con profundidad y claridad, un
análisis de la cuestión y muchas ideas sugerentes. Me limitaré a añadir una breve opinión no tanto nueva o distin-
ta de las expresadas, sino más bien complementaria. Es solo una reflexión sobre las instituciones españolas y su
reforma, no sobre las europeas.
Me parece necesario subrayar que el proceso de integración europea, que de hecho se ha acelerado con la
crisis económica, y las sucesivas decisiones y acuerdos que se han adoptado en el ámbito europeo, incluyendo el
MEDE y el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, exigen en nuestro caso adoptar una serie de refor-
mas estructurales de calado, también en el ámbito de las Administraciones Públicas. Esa exigencia ha quedado
refrendada en el plano constitucional por la introducción de los principios de estabilidad presupuestaria y soste-
nibilidad financiera en el nuevo art. 135, que vienen a anclar (adicionalmente) nuestra Constitución a los principios
en que se basa la Unión Económica y Monetaria. En relación con ello y de manera más amplia, podríamos decir
que hoy en día la “Constitución económica”, en sentido real, es la que se encuentra en los Tratados constitutivos
de la Unión Europea, conforme a los cuales es necesario reinterpretar todas las cláusulas de nuestra propia Cons-
titución, dada la primacía del Derecho europeo. Y esa Constitución económica europea se funda en la libertad
económica y en el principio de concurrencia, que no es incompatible con los valores sociales, recogidos en el texto
de los Tratados, ni tampoco con el mantenimiento de un sistema desarrollado de servicios públicos, siempre que
éstos sean sostenibles económicamente.
Sin embargo, ni nuestra sociedad ni nuestra clase política han acabado de asumir o de asimilar esta nueva rea-
lidad “constitucional” –a diferencia de lo ocurrido en países del centro y del norte de Europa- y de ello se resiente
el programa de reformas estructurales necesarias. Es lógico que los ciudadanos reaccionen frente a la supresión
o recorte de los servicios y prestaciones que creíamos adquiridos para siempre y que muchos lo rechacen y pro-
testen. Pero se debería haber explicado y haber entendido mejor que los servicios públicos del futuro serán soste-
nibles económicamente o no serán y que para eso habrá que generar los recursos suficientes –sobre todo por el
sector privado-, habrá que ganar en eficiencia y eficacia administrativa y habrá que resolver los problemas institu-
cionales que dificultan el recorte del déficit y de la deuda pública y el cumplimiento de las demás obligaciones que
impone el Derecho europeo. Como eso no se ha asimilado socialmente, predomina la idea de que cualquier ajuste
o rechazo es un nuevo atentado al tradicional “Estado del Bienestar”, que seguimos creyendo eterno, lo que favo-
rece la oposición frente a las reformas y la defensa a ultranza de los intereses corporativos en cada caso afectados.
A su vez, los partidos de uno y otro color y sus dirigentes –que cuando llegan al Gobierno no tienen más reme-
dio que aplicar la política económica y las “recomendaciones” de Bruselas- lejos de hacer pedagogía de la nueva
situación, procuran no enfrentarse a la marea de rechazo social (o lo hacen de manera tímida y autoexculpatoria)
y, si están en la oposición, se sirven de ella y de los recortes inevitables para desgastar al adversario, sin entrar en
un debate sincero. Eso sí, si las reformas les tocan de lleno, como por ejemplo las que implican reducir “el coste de
la política”, suele producirse una conjunción de intereses, para limitarlas a lo mínimo imprescindible o a lo aparen-
te. El proceso de elaboración y el contenido final de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local es un buen ejemplo de lo que quiero decir.
Así las cosas, las reformas que son necesarias para adaptarse a la nueva situación –económica y constitu-
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