III. Economía circular de la justicia: nuevos derechos procesales y ajustes procedimentales necesarios
| Páginas | 29-47 |
| Autor | Sonia Calaza López |
III. ECONOMÍA CIRCULAR DE LA JUSTICIA:
NUEVOS DERECHOS PROCESALES Y AJUSTES
PROCEDIMENTALES NECESARIOS
La construcción –o “conquista” (como prefieren alguna/os)– de nuevos dere-
chos parece razonable cuando la realidad social presenta una sobrevenida transfor-
mación precisada de (concreta) protección jurídica. La legislación sustantiva –en
general– y la procesal –en particular– ha de edificarse, no sólo sobre una sólida ci-
mentación jurídica –acorde a los principios, reglas y valores vertebradores de cada
institución– sino también con la utilización de materiales resistentes que favorez-
can la fortaleza de su arquitectura (en nuestro caso) procedimental; y con ello, la
protección de quiénes se embarcan (nos embarcamos) en la nave de la Justicia,
cuyo trayecto resulta –muchas veces–: ¡tan imprevisible!
Pero la incógnita que debe plantearse a renglón seguido de la detallada expo-
sición del contenido de la LO de defensa en una obra (como ésta) que aspira a
alcanzar la economía circular de la Justicia es la siguiente: ¿Tenemos nuevos dere-
chos procesales y cuáles? Más allá de los transversales; entre otros: derecho al olvido
(judicial), a la digitalización de las actuaciones y comunicaciones procesales o a los (ya
veremos: muy escasos) ajustes necesarios para las personas con discapacidad en el mar-
co de nuestros procesos.
Si he de destacar dos derechos, uno de nueva creación y el otro en (¿plena?) re-
construcción: citaría el novedoso derecho al entorno virtual y los consagrados dere-
chos de acción y defensa con un abordaje digital en imprescindible coexistencia con
la inserción de (sofisticadas) técnicas de IA en nuestro ecosistema Justicia16, tanto
judicial17 como extrajudicial18.
16 Vid., BARJA DE QUIROGA, J. y CALAZA LÓPEZ, S., “Justicia digital & Justicia
inteligente: De la imbatibilidad del dato a la incertidumbre del juicio”, en Derecho penal económico,
Legal Tech y Teoría del delito, Dirs. Eduardo Demetrio & Agatha María Sanz, Hermida; Coords. Mónica
de la Cuerda Martín & Faustino García de la Torre García, Ed. Tirant lo blanch, Valencia, 2024.
17 Vid., JEREZ DELGADO, C., “Inteligencia artificial y defensa de los consumidores”, en
Derecho e Inteligencia Artificial: El jurista ante los retos de la era digital, coord. por Inmaculada Herbosa
Martínez, David Fernández de Retana Gorostizagoiza, Ed. Aranzadi, 2023.
18 QUICIOS MOLINA, S., “La adaptación del Derecho civil a la inteligencia artificial”,
Cuadernos de derecho privado: CDP Nº. 7, 2023.
30 Sonia Calaza López
El primero, el derecho al entorno virtual19 no es un derecho, en propiedad,
procesal. Puede verse (en expectativa) tan abatido en el marco procesal que podría
enmarcarse en un hábitat jurisdiccional (tan sólo podrá ser invadido tras resolu-
ción judicial motivada); pero en verdad es una proyección más (como la misma
protección de datos) del derecho a la intimidad, en un entorno –ahora: eso sí–
exclusivamente tecnológico: Se trata de proteger ese rastro, de esa huella, de esa
señal que –consciente o inconscientemente– toda/os vamos dejando en la web con
nuestras preferencias, nuestras compras, nuestras lecturas, etc.; esas “señales” que,
individualmente consideradas, no presentan un gran valor; pero una vez interrela-
cionadas generan un perfil nuestro, que nos desnuda ante la sociedad si llega a ser
utilizado en un proceso judicial.
Este derecho al entorno virtual es –claramente– un derecho de nueva creación
jurisprudencial, al que la doctrina ha prestado escasa atención y el legislador, nula
dedicación. No hay un solo texto normativo que defina el concepto, los contornos
y los límites de este relevante derecho en un momento en el que nuestra (frágil)
intimidad es esencialmente digital.
Sin embargo, el segundo derecho –acción & defensa– (tal y como se ha ex-
puesto en el capítulo anterior) ya ha sido regulado. Pero mi reto ahora no pasa por
afrontar una analítica descriptiva de ambos tipos de derechos –en clave moder-
na– (cuestión muy ya analizada en la jurisprudencia de nuestro TS) sino bucear
entre los preceptos de la vigente legislación del derecho de defensa: la Ley Orgánica
5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa, para responder a la pregun-
ta siguiente: En ella, ¿se construyen, realmente, nuevos derechos procesales o estamos
ante la simple evocación de las garantías de siempre? Y estes es, realmente, el reto
de este segundo capítulo de una obra destinada a la consecución de la economía
circular de la Justicia.
La aspiración (última) de quiénes nos ocupamos del estudio de la Justicia, tanto
desde dentro –con análisis pormenorizado de todos y cada uno de sus procesos– como
desde fuera –con exploración científica de tan elevado valor como la Justicia– (íntima-
mente conectado, además, con otros grandes conceptos de la humanidad como: la
verdad, la vida o la misma libertad) es clara: tratamos de ofrecer –a los profesiona-
les de la Justicia, a los justiciables; en fin: a la sociedad en general–, desde nuestras
particulares investigaciones científicas, una serie de herramientas –un kit procesal–
que permitan pacificar las relaciones (jurídicas) lesionadas:
(i) Con soluciones amparadas en el valor Justicia
19 CALAZA LÓPEZ, S., “Protección judicial del derecho a la intimidad informática en su
doble dimensión de derecho a la autodeterminación informativa y derecho al entorno virtual”, en Nuevos
postulados de la cooperación judicial en la Unión Europea, “Libro Homenaje a la Profª. Isabel González
Cano”, bajo la dirección del Prof. Moreno Catena, V., Ed. Tirant lo blanch, Valencia, 2021.
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