I. Introducción
| Páginas | 9-13 |
| Autor | Sonia Calaza López |
I. INTRODUCCIÓN
La economía circular ha supuesto un cambio de paradigma en nuestro moder-
no sistema de producción y consumo: este modelo (sostenible) se asocia a la im-
periosa oportunidad (práctica necesidad) de compartir, reutilizar, reparar, renovar
y reciclar los materiales o productos existentes durante el mayor tiempo posible.
Este modelo de optimización de los recursos –con alargamiento de su vida útil y
minimización del coste de producción– gracias a su reutilización debiera extender-
se –indudablemente– a nuestro servicio público Justicia, dónde un gran número
de trámites procesales se reiteran en una sucesión (constante) de procesos y proce-
dimientos, sin que la legislación arbitre unas mínimas pasarelas de reutilización o
herramientas de reciclaje que fomenten la evitación de este pesado flujo procedi-
mental, encarnizamiento procesal y peregrinaje jurisdiccional.
De la misma forma que el 80 por ciento del impacto medioambiental de un
producto se decide en su fase de diseño: cuando menos, ese mismo elevado por-
centaje de impacto judicial de un proceso se define en su configuración legal. Por
consiguiente, el atasco de nuestra Justicia contenciosa no solo proviene –que tam-
bién– de la escasez de medios humanos, materiales y técnicos al servicio de la Ad-
ministración de Justicia –en definitiva: de su pobreza económica– sino también
del ingente número de expedientes, procesos y procedimientos –ahora también
de medios adecuados de resolución de controversias (en adelante: MASC)– puestos a
disposición de los ciudadanos sin unas mínimas reglas de priorización (estratégica),
reutilización y/o reciclaje procesal.
En este sentido, resulta de todo punto inconveniente que se arbitre (tal y como
sucede en la legislación actual) una pluralidad de cauces procedimentales (distin-
tos) para afrontar la intervención (en sede judicial o extrajudicial) de una misma
situación, posición y/o relación jurídica precisada de intervención estatal. Este es
el caso, por ejemplo, de la provisión de apoyos a personas con discapacidad, dónde
se parte –en la legislación– de una liviana intervención notarial –a instancia de la
persona afectada– con designación –en un mandato preventivo– del propio apoyo
(generalmente, de la autocuratela) para dar paso, cuando resulte infructuosa, insu-
ficiente o imposible de ejecutar (por diversas razones) a un expediente de la Jurisdic-
ción voluntaria, que todavía –caso de subvenir oposición– provocará la instauración
de otro proceso (esta vez) de la Jurisdicción contenciosa: y aquí no queda todo porque
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