STS 96/2000, 10 de Febrero de 2000

PonenteSIERRA GIL DE LA CUESTA, IGNACIO
ECLIES:TS:2000:953
Número de Recurso483/1995
Procedimiento01
Número de Resolución96/2000
Fecha de Resolución10 de Febrero de 2000
EmisorTribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados al margen indicados, el recurso de casación interpuesto por la mercantil "PORT CRISTAL, S.A.", representado por el Procurador de los Tribunales D. Enrique S.T., contra la sentencia dictada en grado de apelación con fecha 7 de diciembre de 1.994 por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Tarragona, dimanante del juicio de menor cuantía seguido en el Juzgado de Primera Instancia número Cinco de los de Reus. Es parte recurrida en el presente recurso LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS DE LOS EDIFICIOS OPTIMIST, CATAMARAN, GOLETA Y

  1. FASE DE APARCAMIENTOS DE LA URBANIZACION PLAYA CRISTAL DE MIAMI-PLAYA, representadas por el Procurador de los Tribunales D. José L.F. Recuero.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia Número 5 de los de Reus, conoció el juicio de menor cuantía número 300/92, seguido a instancia de las Comunidades de Propietarios de los Edificios Optimis, Catamaran, Goleta y 1ª fase de aparcamientos del conjunto residencial "Port-Cristal" de Montroig, contra la entidad mercantil "Port Cristal, S.A.", D. Carlos A.S., D. Cesar R.S. de D. y a sus herederos o herencia yacente.

Por el Procurador Sr. G. V., en nombre y representación de las Comunidades de Propietarios de los Edificios Optimis, Catamaran, Goleta y 1ª fase de aparcamientos del conjunto residencial "Port-Cristal" de Montroig, se formuló demanda en base a cuantos hechos y fundamentos de derecho estimó de aplicación, para terminar suplicando al Juzgado:

"...dictar Sentencia por la que: a) Se declare que la entidad mercantil PORT CRISTAL, S.A. resulta estar obligada al cumplimiento de las obligaciones que se delimitan en las Escrituras de Declaración de Obra Nueva, correspondientes a los expresados edificios "OPTIMIS", "CATAMARAN",

"GOLETA" y "Primera Fase de Aparcamientos", como integrantes del Conjunto Urbanístico denominado PORT CRISTAL, según el Proyecto de Construcción redactado en su día por los Arquitectos D. Carlos M. D.G., y otros, debiendo dar la citada Sociedad PORT CRISTAL, S.A. terminación plena y satisfactoria de las obras que constituyan la totalidad del Conjunto Urbanístico en todos sus elementos proyectados, zonas comunes y delimitación de sus perímetros por cerramiento del mismo.- b) Se declare que la entidad mercantil PORT CRISTAL, S.A. resulta estar obligada a dar término a las obras de construcción del tramo de Paseo Marítimo que constituye lindero del Conjunto Urbanístico PORT CRISTAL por su frente al mar, a cuya construcción obtuvo Licencia de Obras condicionada por el Ayuntamiento de Mont Roig.- c) Se declare a la entidad mercantil PORT CRISTAL, S.A. obligada a dar término a las obras que correspondan para la dotación de vertidos del Conjunto Urbanístico conectados a la Estación Depuradora, o, en su caso y si ésta resultase insuficiente, la construcción de una nueva Estación Depuradora a la que efectuar la conexión, según figura en las Escrituras de Declaración de Obra Nueva de los edificios de constante referencia y Licencia de Obras concedida por el Ayuntamiento de Mont Roig condicionada a estas concretas obras.- d) Se declare a la entidad mercantil PORT CRISTAL, S.A. obligada a determinar, sin mayor dilacción, la continuación de las obras de edificación de los restantes bloques de edificios, hasta completar el total de los diez previstos para el Conjunto Urbanístico, o en su caso, desistir de llevar a efecto los restantes programados, viniendo en tal caso obligada a redistribuir las cuotas de participación en los elementos comunes del Conjunto Urbanístico que actualmente están determinadas en la proporción 1/10 para cada edificio, sin que el desistimiento de PORT CRISTAL, S.A. de culminar los diez edificios proyectados constituya merma alguna de sus obligaciones de dar terminación a las obras correspondientes a los elementos comunes con que ha de quedar dotado el Conjunto Urbanístico, tal y como se describe en los documentos notariales que declaran las obras nuevas, Licencia de Construcción otorgada por el Ayuntamiento de Mont Roig Proyectos de Edificación y Escrituras de compraventa de las distintas unidades registrales individualizadas.- e) Se condene a la entidad mercantil PORT CRISTAL, S.A. al pago de los daños y perjuicios causados a mis mandantes, que deberán ser cuantificados en ejecución de esta Sentencia, entendiéndose como tales todos los producidos al haber incumplido la citada entidad sus obligaciones contractuales hasta dar terminación a las citadas obras de construcción de los elementos comunes del Conjunto Urbanístico, Paseo Marítimo, conexión de vertidos a la Estación Depuradora y cerramiento con delimitación de los perímetros del Conjunto Urbanístico, en especial por su frente al Mar.- f) Se declare a D. Carlos A.S. y D. Cesar R.S. de D. (sus herederos o, en su caso, herencia yacente) responsables susbsidiarios para el eventual supuesto de no poder cumplirse por la Sociedad Promotora PORT CRISTAL, S.A. las obligaciones que en esta Sentencia se declaren, tanto las declaradas en los apartados a) al d) de este suplico, como la de condena al pago de daños y perjuicios del apartado e) anterior a éste.- g) Se condene a la sociedad mercantil PORT CRISTAL, S.A. y, subsidiariamente a D. Carlos A.S. y D. Cesar R.S. de D. a dar cumplimiento, en ejecución de esta sentencia, a las obligaciones que en la misma se declaran, declarándose expresamente que, caso de no hacerlo, se ordenará la ejecución a su costa.- h) Se condene expresamente a los demandados al pago de las costas de este juicio.".

Admitida a trámite la demanda, por la representación procesal de la parte demandada D. Carlos A.S., se contestó la misma, en la que terminaba suplicando al Juzgado, tras los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación: "...dictar Sentencia desestimando íntegramente la demanda y absolviendo de ella a mi principal por los motivos expresados a lo largo del presente escrito, con imposición de las costas a los actores por preceptivo mandato legal". Igualmente por la representación procesal de Dª María Rosa R.P., en calidad de heredera de D. César R.S. de D., se contestó la demanda, en la que terminaba suplicando al Juzgado: "...dictar Sentencia desestimándola íntegramente, acogiendo las excepciones perentoria y dilatorias planteadas por esta parte y absolviendo en todo caso a mi principal, con expresa imposición de las costas a las actoras por expreso mandato legal". Por la representación procesal de la Compañía Mercantil "Port Cristal, S.A.", se contestó la demanda, en la que terminaba suplicando: "...dictar Sentencia desestimando íntegramente la demanda por las razones procesales y materiales anteriormente expuesta y absolviendo en todo caso a mi principal de sus pretensiones, con expresa imposición de las costas del procedimiento a las actoras".

Con fecha 18 de marzo de 1.994, el Juzgado dictó sentencia cuyo fallo dice: "Que estimando en parte la demanda formulada por las Comunidades de propietarios Optimis Catamaran, Goleta y Primera fase de Aparcamientos", todas ellas correspondientes al Conjunto Residencial denominado "Port Cristal" ubicado en Playa Cristal de Miami-Playa (Montroig), representadas por el Procurador D. Rafael G. V. y dirigidas por la Letrado Dª Esther G.V., contra la entidad mercantil Port Cristal S.A., D. Carlos A.S. y D. Cesar R.S. de D., sus herederos o herencia yacente, en cuya representación compareció Dª Mª Rosa R.P., todos ellos representados por el Procurador D. Juan H.M. 1º) Debo declarar y declaro que la en tidad mercantil Port Cristal S.A. resulta obligada, en virtud del contenido de las escrituras de obra nueva y propiedad horizontal de los edificios Optimis, Catamaran, Goleta y Primera Fase de Aparcamientos, integrantes del conjunto Urbanístico Porto Cristal, y contratos de compraventa suscritos con sus propietarios, y conforme a lo señalado en el fundamento jurídico quinto de esta sentencia a: A) Terminar plena y satisfactoriamente las obras que constituyen la totalidad del conjunto Urbanístico, reducido en la actualidad a lo ya construido, en todos sus elementos proyectados, zonas comunes y delimitación de sus perímetros por cerramiento del mismo.- B) Terminar las obras de construcción del tramo de Paseo Marítimo que constituye lindero del Conjunto Urbanístico Port Cristal por su frente al mar, reducido a los edificios ya construidos, conforme la licencia de obras obtenida del Ayuntamiento de Montroig.- C) Terminar las obras para la dotación de vertidos del Conjunto Urbanístico, hoy reducido a lo edificado, conectándolo a la estación depuradora ya existente, que resulta suficiente para ello, conforme a la licencia de obras condicionada obtenida del Ayuntamiento de Montroig.- D) Tenerla por desistida de llevar a efecto las obras de edificación de los restantes bloques de edificios proyectados, viniendo obligada a redistribuir las cuotas de participación en los elementos comunes del Conjunto Urbanístico que actualmente están determinadas en la proporción 1/10 para cada edificio, sin que ello constituya merma alguna de sus obligaciones antes enunciada.- Condenando a la citada sociedad Port Cristal S.A. a dar cumplimiento, en ejecución de sentencia, a las obligaciones declaradas en los anteriores puntos, bajo apercibimiento en caso de no verificarse, de ejecutarse a su costa.- 2º) Debo condenar y condeno a la entidad mercantil Port Cristal S.A., al pago a las Comunidades actoras, de los daños y perjuicios causados con su incumplimiento, con las bases establecidas en el fundamento jurídico séptimo de esta sentencia, y que se determinará en cuanto a su cuantificación en ejecución de sentencia.- 3º) Debo absolver y absuelvo a los condenados D. Carlos A.S. y D. Cesar R.S.

de D., y a sus herederos o herencia yacente en su caso, de las pretensiones contra ellos deducidas en la demanda base de este pleito.-

4º) No se hace especial declaración sobre las costas procesales devengadas en este procedimiento, en los términos recogidos en el fundamento jurídico décimo de esta sentencia.".

SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación de la mercantil demandada "PORT CRISTAL, S.A.", que fue admitida y sustanciada la alzada por la Audiencia Provincial de Tarragona, dictándose sentencia por la Sección Primera, con fecha 7 de diciembre de 1.994 y cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que debemos declarar y declaramos NO HABER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la entidad POR CRISTAL S.A. contra la sentencia dictada el 18 de marzo de 1994, por el Juzgado de Reus nº 5 cuya resolución confirmamos íntegramente, con expresa imposición al apelante de las costas del recurso. Devuélvanse los autos a dicho Juzgado, con certificación de la presente resolución, a los efectos, interesándole acuse de recibo."

TERCERO.- Por el Procurador Sr. S.T., en nombre y representación de "Port Cristal, S.A.", se presentó escrito de formalización del recurso de casación ante este Tribunal Supremo, con apoyo procesal en los siguientes motivos: Primero: "Por la vía del ordinal 3º del artículo 1.692 de la L.E.C. por infracción de la doctrina jurisprudencial del litisconsorcio pasivo necesario recogida en sentencias que cita". Segundo: "Por la vía del nº 1º del art. 1692 de la L.E.C. por infracción de los artículos 51, 53 y 74 de la Ley de Enjuiciamiento civil; el art. 9, apartados 1, 2, 4 y 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los arts. 1 y 3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; e infracción de jurisprudencia de cita."

CUARTO.- Admitido a trámite el recurso y evacuado el traslado conferido, por la representación procesal del recurrido, no se impugnó el mismo.

QUINTO.- No habiéndose solicitado por ambas partes la celebración de vista pública, por la Sala se acordó señalar para la votación y fallo del presente recurso el día veintisiete de enero del año dos mil, a las 10'30 horas, en el que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El primer motivo del actual recurso de casación lo fundamenta la parte recurrente en el artículo 1.692-4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, puesto que en la sentencia recurrida, sigue diciendo dicha parte, se ha infringido la doctrina jurisprudencial del litisconsorcio pasivo necesario, citando varias sentencias como base de su afirmación.

Este motivo debe ser desestimado.

Si desde luego es cierto que la figura de creación jurisprudencial del litisconsorcio pasivo necesario tiende a evitar, por una vertiente, que puedan resultar afectados directamente por una resolución judicial quienes no fueron oídos en juicio y, a impedir, por otra, la posibilidad de sentencias contradictorias, no es menos cierto que únicamente ha de entrar en juego y producir sus efectos con respecto a aquellas personas que verdaderamente hubieran tenido intervención en la relación contractual o jurídica objeto del litigio, o, dicho con otras palabras, que la justificación más importante de dicha figura jurisprudencial ha de buscarse en la situación jurídico-material controvertida en el pleito, con prevención de todos los interesados en ella, únicos que pueden ser estimados como litisconsorcios pasivos necesarios, pues los que no fueron partes en el contrato carecen de interés legítimo sobre las obligaciones que constituyen su objeto, puesto que nada tienen que defender y, consiguientemente no hay razón alguna para llamarlos obligatoriamente al proceso, en el que no puede recaer pronunciamiento condenatorio que les afecte de modo directo, para lo que habría de seguirse nuevo litigio y con diferentes partes (S.S. de 8d e julio de 1.988, 6 de marzo y 24 de abril de 1.990, 22 de abril de 1.991, 9 de junio de 1.992, 30 de enero de 1.993,

14 de julio de 1.994 y 22 de junio de 1.996, entre otras muchas más).

Pues bien la expresada doctrina jurisprudencial que en nada contradice a la alegada por la parte recurrente, sino, que incluso, la confirma y mantiene, desde el instante mismo que dicha parte, ahora recurrente, trata de hacer entrar en juego como parte afectada al Ayuntamiento de M. del C., por el simple dato constituido por lo plasmado en el núcleo contractual que liga a las partes, como es el terminar las obras de construcción de un tramo de Paseo Marítimo según la condición impuesta por dicho Ayuntamiento en la concesión de la preceptiva licencia de obras, así como la de terminar las obras de dotación de vertidos según, también, licencia municipal; lo que indica claramente que dicho Ayuntamiento de M. del C. no puede estimársele como parte del contrato a ntedicho, sino como otorgante de unas licencias para construir, actuación lógica y normal para toda obra a realizar en un municipio, con lo que la pretensión de estimar como parte afectada en el cumplimiento contractual a dicho Ayuntamiento, como pretende la parte recurrente para fundamentar este motivo, debe decaer absolutamente.

SEGUNDO.- El segundo motivo lo residencia la parte recurrente en el artículo 1.692-1, puesto que la sentencia recurrida, sigue afirmando dicha parte, ha incurrido en incompetencia de jurisdicción por "exceso" al entrar a conocer de cuestiones cuya competencia reside en la Jurisdicción contencioso-administrativa, con lo que se han infringido los artículos 51,

53 y 74 de dicha Ley procesal, el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y los artículos 1 y 3 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, así como la doctrina jurisprudencial que los interpreta, citando varias sentencias en ese sentido.

Este motivo debe sufrir la misma suerte desestimatoria que su antecesor.

En principio la desestimación del motivo fundamentado en la falta de litisconsorcio pasivo necesario, lleva colateralmente a determinar que la jurisdicción contencioso-administrativa no tiene papel alguno que jugar en la presente "litis", desde el instante mismo que al Ayuntamiento de M. del C. no se le puede estimar como parte de la relación contractual objeto de la cuestión debatida. Ya que la existencia de unas licencias municipales de obras son unos requisitos del contrato, lógicas y necesarias, se vuelve a repetir, dentro de la mecánica de un arrendamiento de obras, de estas características.

Por otra parte hay que tener en cuenta lo determinado en la sentencia de esta Sala de 19 de octubre de 1.996, cuando afirma que el número 1 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es aplicable cuando el órgano jurisdiccional que enjuicia el litigio se desorbita o extralimita su función respecto al alcance concreto en que ha de ejercer su misión aplicatoria del derecho. Y ahora, se puede afirmar que esta Sala y las instancias no se han extralimitado al rechazar el motivo y al entender de la cuestión, respectivamente.

Pero además, y relacionado íntimamente con la cuestión plantada en el actual motivo, hay que traer a colación lo manifestado en la sentencia de esta Sala, de fecha 18 de febrero de 1.997 cuando dice que: "Esta Sala toma asimismo, paralelamente, en consideración la doctrina que ha consolidado respecto de la evitación de la expresivamente denominada "peregrinación de jurisdicciones", principio procesal que, no obstante, la relativa frecuencia en cuanto a su invocación, todavía no ha terminado de explicitarse con todas las razones que lo justifican, ni en toda su transcendencia aplicativa. Esta doctrina puesta ya de relieve en sentencias de 5 de julio de 1983, 1 de julio de 1986 y 28 de marzo de 1990, entre otras muchas, ha recibido algunas críticas doctrinales por su carácter aparentemente "justiciero", aunque sus argumentos implícitos revelan, por contra, un adecuado sentido del valor "justicia", insito en nuestra Constitución (artículo 1º-2), según una hermenéutica del ordenamiento jurídico de naturaleza sistemática que ha de apurar las vías interpretativas de las leyes, para encontrar soluciones que hagan prevalecer los preceptos constitucionales. Destaca, en este orden la citada sentencia de 5 de julio de 1983, tras señalar en concreto, con referencia al "peregrinaje de jurisdicción", la trascendencia relativa del orden jurisdiccional que conozca, "después de la judicialización de la jurisdicción contencioso-administrativa, que la dudosa cuestión competencial ha de bascular del lado de la jurisdicción civil, matriz de las especializadas, y, de suyo, atractiva, ofreciendo así una solución razonable que, por otra parte y muy principalmente, encuentra inconmovible apoyatura, que importa subrayar con el debido énfasis, en la calificada por conocidísima doctrina como "vinculación más fuerte" refiriéndose, naturalmente, a la Constitución promulgada el 27 de diciembre de 1978, a cuyo orden de valores se encuentran, directamente, vinculados, al mismo tiempo que los ciudadanos, las Autoridades y Tribunales de todo orden, los cuales, en su misión de aplicar, incluso las disposiciones de rango legal, han de hacer siempre un juicio de constitucionalidad, negando validez, según el sentir general de la doctrina, a toda norma que contradiga el cuadro de valores básicos, constitucionalmente establecidos y dejando de aplicar -virtualidad también negativa- en las concretas controversias que, ante ellos se susciten, tanto las claramente inconstitucionales, como las que, por las especiales circunstancias del caso, manifiestamente restrinjan el derecho a obtener la tutela efectiva de los derechos e intereses legítimos o produzcan, prácticamente, un estado de indefensión contrario al derecho fundamental consagrado por el artículo 24 del texto constitucional, tal y como sucedería en este caso en el que, si algo está claro, es que la declaración de incompetencia del Tribunal civil, a los nueve años largos (en el presente caso son casi los mismos) de plantearse la cuestión, obviamente significaría embarcarlos en una nueva búsqueda de Juez competente, para entablar un nuevo proceso en el que, a lo largo de todas sus instancias y vicisitudes, tratar de obtener la satisfacción de un legítimo interés indemnizatorio, que tuvo su origen en la lesión de otro derecho constitucionalmente declarado fundamental (artículo 15 de la Constitución Española)". Por su parte, la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 1995, -también citada en otro lugar- dispone, que "no obstante las dificultades que en la práctica vienen existiendo en punto a la adscripción en casos semejantes al de autos a uno u otro orden jurisdiccional, el civil o el contencioso-administrativo, como se acredita, por vía de ejemplo, con las sentencias de la Sala Tercera de este Tribunal de fecha 25 de abril de 1989 y 3 de enero de 1990, en el caso que nos ocupa procede conceder preferencia a la jurisdicción civil, atendiendo, especialmente, a la "vis atractiva" que se le reconoce en el artículo 9-2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y a un elemental principio de economía procesal, para evitar el "peregrinaje jurídico-judicial" que de otra forma se produciría, en expresión de la sentencia de esta Sala, de fecha 25 de octubre de 1989".

TERCERO.- En materia de costas procesales y en esta clase de recursos se seguirá la teoría del vencimiento a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.715-3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; por lo que las mismas en el presente caso se impondrán a la parte recurrente, que a su vez perderá el depósito, por ella, constituido.

.

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la firma "PORT CRISTAL, S.A." frente a la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Tarragona, de fecha 7 de diciembre de 1.994; todo ello imponiendo el pago de las costas de este recurso a dicha parte recurrente, debiéndose dar al depósito constituido el destino legal. Expídase la correspondiente certificación a la referida Audiencia Provincial con remisión de los autos y rollo de Sala en su día enviados.

  1. Sierra Gil de la Cuesta.- P. González Poveda.- J. de Asís Garrote.- Firmado.- Rubricado.

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