STS 1242/2005, 11 de Octubre de 2005

La acusación particular formula un motivo de casación por quebrantamiento de forma, alegando que la sentencia dictada por el Tribunal a quo adolece del vicio de forma de predeterminación del fallo que contempla el art. 851.1º, inciso tercero, L.E.Cr.

Alega el motivo que la sentencia recurrida, en el último párrafo del relato de hechos probados, establece que el acusado, en el momento de cometer los hechos se encontraba afectado por un brote psicótico, secundario al consumo de sustancias estupefacientes, lo que distorsionaba gravemente su percepción de la realidad y anulaba completamente sus facultades volitivas.

Y sobre esta base, afirma que la redacción dada anteriormente, al establecer la anulación completa de las facultades volitivas, está predeterminando cuál es la parte dispositiva de la sentencia en cuanto a la apreciación de cualquier circunstancia que pudiera afectar a la responsabilidad del acusado por razón de su estado mental o psíquico, cual acontece en el fallo al fijarse la concurrencia de la eximente completa de alteración mental.

El motivo debe ser desestimado

Una constante y uniforme doctrina jurisprudencial de esta Sala Segunda ha establecido que la predeterminación del fallo requiere para su estimación la concurrencia de las siguientes condiciones: 1) que se trate de expresiones técnico-jurídicas que definan o den nombre a la esencia del tipo aplicado; 2) que tales expresiones estén reservadas, por lo general, al lenguaje profesional de los juristas, y no sean compartidas por el común de las personas; 3) que tengan valor causal respecto al fallo; y, 4) que suprimidos esos conceptos jurídicos del relato fáctico, dejen el hecho histórico sin base alguna. En este último sentido, se ha mantenido el criterio de que el juicio de valor que supone imputar al acusado un determinado ánimo o propósito, puede trasladarse al "factum" de la sentencia, aunque es ineludible, en tal caso, que en la motivación jurídica se explique y razone el porqué de esa conclusión (STS de 9 de marzo de 1.996, y, entre las más recientes, de 10 de junio de 1.999, sobre esta misma cuestión).

El vicio denunciado, precisa, pues, la utilización en el hecho probado de conceptos jurídicos -que no de juicios de valor- en relación causal con el fallo, es decir, que la descripción del hecho se sustituya por su significación jurídica. En todo caso, debe hacerse ver que el relato histórico de la sentencia debe inevitablemente predeterminar el fallo, pues si en el mismo se expone una acción u omisión subsumible en una figura delictiva, esa premisa fáctica aboca a la consecuencia con la que se concluye el silogismo judicial. Pero no es éste el sentido que hay que dar al vicio de forma que previene el art. 851.1º L.E.Cr.; lo que éste contempla -como ya se ha dicho- es la sustitución del relato por los verbos nucleares que se contienen en la definición del tipo penal, dejando el hecho probado sin una base material para completar una acción que pueda ser calificada como delictiva, de tal manera que si se suprimieran esos conceptos jurídicos de la resultancia fáctica, el hecho probado quedaría vacío de contenido incriminatorio. Este criterio doctrinal se predica no sólo de los elementos que tienen relación con el tipo penal cometido, sino también con las circunstancias eximentes o modificativas de la responsabilidad como parte fundamental del fallo que repercute en la responsabilidad criminal del acusado. De suerte que lo que la Ley prohíbe es anticipar en el "factum" la concurrencia de alguna de esas circunstancias mediante la inclusión en el mismo de expresiones de naturaleza jurídica que sustituyan a los hechos de los que, en fase posterior de subsunción, se pueda calificar jurídicamente la concurrencia de aquéllas.

Es palmario que en el caso presente, la declaración de Hechos Probados se limita a consignar un hecho concreto y objetivado referente al estado mental del acusado, como resultado del valor de las pruebas practicadas a tal fin en el juicio oral, y que esos datos fácticos son luego analizados en la motivación jurídica de la sentencia para establecer si los mismos configuran alguna de las circunstancias eximentes o semieximentes postuladas por las partes. En definitiva las expresiones que el recurrente tilda de predeterminantes no son otra cosa que la descripción de un elemento fáctico de inequívoca relevancia cual es el del estado de las capacidades del sujeto de entender lo que hacía y el grado de voluntad para hacerlo o dejar de hacerlo, como datos necesarios para efectuar la posterior subsunción, pero en ningún caso sustituyen a ésta que, por cierto, se encuentra amplia y meticulosamente desarrollada en la fundamentación jurídica de la sentencia.

El otro motivo del recurso se articula al amparo del artículo 849.2 L.E.Cr., al haber incurrido en error de hecho en la apreciación de la prueba, rechazando la aplicación de la eximente incompleta del artículo 21.1, en relación con los artículos 20.2 y 68 del Código Penal, como pretendía la acusación, y aplicando, en su lugar, la eximente completa del artículo 230.1º del citado Código. Sostiene el recurrente que la sentencia recurrida establece en su segundo fundamento de derecho que cuando se cometieron los hechos enjuiciados el acusado se hallaba afectado por un brote psicótico, secundario al consumo de estupefacientes, lo que distorsionaba gravemente su percepción de la realidad y anulaba completamente sus facultades volitivas. Sin embargo, alega que tal manifestación es errónea y está en contradicción con los documentos obrantes a los folios 44 y 60 de las actuaciones.

En desarrollo de la censura casacional, se dice que el documento obrante al folio 44, consistente en el informe del médico forense de 31 de diciembre de 2.002 se indica que el acusado puede sufrir un trastorno en el contenido del pensamiento, pero también que no se aprecian alteraciones en la percepción.

En cuanto al documento del folio 60, se trata del Informe de un especialista en medicina psiquiátrica, de 16 de enero de 2.003, en él se dice que el acusado se encuentra bien orientado en el espacio y el tiempo y su persona, con una conversación coherente, no apreciándose trastornos sensoperceptivos, ni del curso o del contenido del pensamiento.

Estos dictámenes periciales designados como los documentos que sustentan el reproche casacional acreditarían, según el recurrente, que en el momento de la comisión de los hechos las capacidades intelectivas o volitivas del acusado no estaban anuladas y sí sólo disminuidas, no siendo aplicable la eximente completa de alteración mental y sí sólo la eximente incompleta y, al no haber entendido así, la Sala sentenciadora ha incurrido en la infracción anunciada.

Es de significar, sin embargo, que el dato fáctico que se reputa de erróneo no es consecuencia de los dictámenes periciales que indican el motivo. Es necesario señalar en relación al de la médico- forense del folio 44, que en sus conclusiones ya advierte que "se trata de un individuo que probablemente sufra un trastorno psiquiátrico", por lo que explícitamente "se aconseja que sea examinado por un psiquiatra para diagnóstico ....", lo que evidencia lo dubitativo del informe y su ineptitud para acreditar de la manera irrefutable y concluyente que exige el motivo, la equivocación que se atribuye al juzgador.

El solicitado informe psiquiátrico fue elaborado por el Dr. Jesús Carlos, especialista en psiquiatría (folio 58), el 16 de enero de 2.003 y en el mismo se consigna que, además de haber sido diagnosticado el informado de politoxicomanía y "trastorno paranoide de la personalidad", "no se aprecian trastornos sensoperceptivos ni del contenido del pensamiento".

Hasta aquí los dictámenes periciales mencionados por el recurrente en apoyo de su impugnación casacional. Sin embargo, omite éste toda referencia al nuevo Informe elaborado por Dr. Jesús Carlos el 2 de agosto siguiente, tras diversas sesiones de reconocimiento del paciente (folios 52 a 56 del rollo de Sala), en el que se establecen como conclusiones diagnósticas: "- Dependencia a la cocaína, actualmente en remisión; - Dependencia a la heroína, actualmente en remisión; - Transtorno paranoide de la personalidad. Federico, en el momento de los hechos su conducta venía condicionada por su dependencia a los tóxicos y su estado psicopatológico".

También omite el recurrente las numerosas y relevantes manifestaciones efectuadas por la forense y psiquiatra mencionados y por el también médico-forense D. Manuel en el juicio oral en el momento de la práctica de la prolija prueba pericial, en la que efectuaron ampliaciones, observaciones y concreciones de sus respectivos dictámenes previos, estableciéndose la confirmación del trastorno paranoide y la aparición de un brote psicótico, ".... en fase aguda porque estaba en tratamiento con metadona y lo había dejado y había tomado cocaína y alcohol" (folios 5 a 7 del Acta del Juicio Oral), expresando los médicos-forense que "aceptan que el acusado tuvo un brote psicótico como reacción a los tóxicos, [y] que si se tiene la personalidad un poco alterada se es más propenso a los brotes sicóticos", concluyendo la Dra. Amanda que "no se puede decir que las capacidades cognitivas o volitivas estuvieran anuladas porque no estaban delante, pero sí que estaban muy disminuidas. Que el delirio podía ser muy fuerte".

Es importante subrayar que la convicción del Tribunal sentenciador sobre el estado mental del acusado no se fundamenta en los informes periciales elaborados en fase sumarial, sino en las profusas pruebas periciales practicadas en el juicio oral con la presencia de los especialistas que de manera extensa expusieron ante los jueces sus opiniones y consideraciones como expertos y que, en buena medida, modificaban sustancialmente los diagnósticos contenidos en los informes elaborados durante la instrucción del procedimiento.

Por tanto, ha sido la valoración unitaria de todos los elementos probatorios practicados en el juicio oral lo que conforma la convicción del Tribunal sentenciador en relación con el estado mental del acusado al ejecutar la acción, explicitándose en la motivación fáctica de la sentencia el resultado valorativo de la amplia y plural prueba pericial de manera tan razonada como convincente, señalando "que los tres peritos médicos que depusieron en el plenario coincidieron en afirmar que el día de autos D. Federico se hallaba en un episodio o brote psicótico con ideación delirante, habiendo reseñado en tal sentido la Doctora Amanda que ratificaba su informe obrante a los folios 146 a 148 (en el que se hacía constar que la conducta de D. Federico estuvo motivada por un trastorno que padeció de manera aguda y que coincidió con la abstinencia de metadona y el consumo de alcohol y cocaína, y que el día de autos presentaba sintomatología psicopatológica positiva) ......., que padecía un delirio, que mezclaba ideas, que tenía los ojos muy abiertos, que, en caso de haber estado en brote psicótico el día de autos, éste hubiera estado relacionado con el consumo de tóxicos y hubiera provocado que el acusado sufriera una grave distorsión de la realidad que le hubiera impedido actuar de otra manera y que no puede decir que las capacidades intelectivas o volitivas estuvieran anuladas porque no estaba delante cuando ocurrieron los hechos, pero que el delirio podía ser muy fuerte; añadiendo el Doctor Manuel que también ratificaba el precitado informe, que D. Federico sufría el día de autos un brote psicótico secundario al consumo de tóxicos, que si se tiene la personalidad alterada se es más propenso a los brotes psicóticos, que en un brote psicótico se tiene baja tolerancia a la frustración, por lo que puede ocurrir que se resista a la detención y que si hizo constar en el informe que sus capacidades intelectivas y volitivas estaban muy disminuidas, y no anuladas, fue porque no estaba en el lugar de los hechos cuando éstos se produjeron, por lo que no podía descartar totalmente que existiera alguna posibilidad, aunque lejana, de que el acusado hubiera podido contenerse; y asegurando Don Jesús Carlos que en el primer informe (folio 58) recogió que D. Federico padecía politoxicomanía y un trastorno paranoide de la personalidad (en realidad en dicho informe se limitaba a describir que el acusado había sido diagnosticado de tales dolencias) y que en el segundo informe (folios 52 al 58 del rollo), emitido tras la práctica de nuevas entrevistas y de un test de personalidad, podía asegurar que el día de autos el acusado tenía muy gravemente alteradas sus facultades y que podía hallarse en fase aguda o brote psicótico porque cuando lo detuvieron decía cosas incoherentes y porque, al parecer, había dejado el tratamiento de metadona y había tomado cocaína y alcohol".

Siendo la pericial la prueba más significativa y relevante en cuanto al estado mental del acusado y su consecuente incidencia en la imputabilidad, la convicción de los jueces a quibus al respecto se encuentra robustecida por otros datos complementarios que se consignan en los apartados 1º a 5º del fundamento jurídico Segundo de la sentencia y que la Sala de instancia ha ponderado racional y razonadamente, entre los que podemos destacar las declaraciones de la propia víctima que llevaba varios días bebiendo y fumando porros, que decía cosas incoherentes, que hacía locuras, que hablaba de cosas raras y que le decía cosas extrañas, tales como que la víctima le había engañado en todo, que ella no tenía dos hijos y que Dña. Catalina no se llamaba tal como decía.

Igualmente señala que los agentes que depusieron en el plenario aseguraron que D. Federico parecía aturdido, que tenía los ojos muy abiertos, que tenía la cara desencajada, que no entendía lo que se le decía, que parecía que no escuchaba, que no reaccionaba a las órdenes y que había que repetírselas 5 ó 6 veces, que estaba como loco, que parecía ido o fuera de sí, que en el momento de proceder a su detención se mostró muy agresivo y que después de proceder a su detención D. Federico comenzó a lamerse la sangre que le impregnaba, manifestando el acusado que tenía que beberse su sangre, que lo necesitaba, que le daba fuerzas, lo que viene a ratificar las impresiones descritas por los agentes actuantes en sus declaraciones ante el Juzgado Instructor (folios 62 a 67).

Se cita también que en las declaraciones prestadas ante el Juzgado de Instrucción D. Federico efectuó diversas manifestaciones incoherentes asegurando, entre otros extremos, que Dña. Catalina era una vampiro y que por eso quería matarla, que la quería matar como pudiera, pero que no pudo hacerlo porque la quería demasiado, que él pensaba que la quería matar, pero que no fue así, que vio que Dña. Catalina tenía unas gotas de sangre en la barriga y que D. Federico se las lamió, lo que motivó que se suspendiera dicha declaración para que el acusado fuera visitado por el médico forense, quien diagnosticó que probablemente sufriera un trastorno psiquiátrico (folios 42 al 44).

Es bien sabido que la doctrina de esta Sala admite de modo excepcional la virtualidad de la prueba pericial como fundamentación de la pretensión de modificación del apartado fáctico de una sentencia impugnada en casación, siempre y cuando: a) existiendo un solo dictamen o varios absolutamente coincidentes, y no disponiendo la Audiencia de otras pruebas sobre los mismos elementos fácticos, el Tribunal haya estimado el dictamen o dictámenes coincidentes como base única de los hechos declarados probados, pero incorporándolos a dicha declaración de un modo incompleto, fragmentario, mutilado o contradictorio, de modo que se altere relevantemente su sentido originario; b) cuando contando solamente con dicho dictamen o dictámenes coincidentes y no concurriendo otras pruebas sobre el mismo punto fáctico, el Tribunal de instancia haya llegado a conclusiones divergentes con las de los citados informes, sin expresar razones que lo justifiquen. Y es patente que tales presupuestos no concurren en el supuesto examinado.

Podemos señalar como conclusión que la valoración conjunta de la extensa y variada prueba testifical y pericial practicada en el juicio oral en condiciones de inmediación, escuchando directamente los jueces a quibus las manifestaciones de testigos y peritos, ha fundamentado la convicción de que en el momento de cometer los hechos D. Federico se encontraba afectado por un brote psicótico, secundario al consumo de sustancias estupefacientes, lo que distorsionaba gravemente su percepción de la realidad y anulaba completamente sus facultades volitivas, según se declara expesamente probado en el "factum" de la sentencia. Debemos añadir en este punto que la doctrina de esta Sala tiene establecido que lo que los jueces valoran para formar su convicción sobre los hechos acaecidos es aquéllo que ven y escuchan durante la práctica de las pruebas, no lo que con mayor o menor acierto y detalle el actuario haga constar en el Acta del Juicio. En este punto debe quedar meridianamente claro que el Tribunal sentenciador no está condicionado para redactar la declaración de hechos probados por el contenido del Acta, en la que el Secretario del Tribunal "hará constar sucintamente cuanto importante hubiese ocurrido" en el Juicio (art. 743 L.E.Cr.), sin necesidad, por lo tanto, de dejar constancia de los pormenores de lo que en la Vista acontezca. Los jueces efectuarán la valoración de las distintas pruebas practicadas a su presencia conforme a lo que aquéllos hayan percibido por sí mismos, pues justamente en esto radica la apreciación en conciencia de las pruebas practicadas en el juicio de que habla el art. 741 L.E.Cr., por más que en el Acta no quede constancia exacta y literal, completa y detallada de la práctica y desarrollo de las pruebas (lo que ni exige la ley, como hemos visto, ni resulta físicamente posible en la mayoría de los casos), pues la experiencia nos demuestra que en demasiadas ocasiones, ni en el Acta se registra la totalidad de lo manifestado, ni tampoco concuerdan exactamente lo declarado con lo que figura en el documento, lo que, por lo demás, es perfectamente comprensible dada la deficiente mecánica con que se desarrolla esta labor.

La función que corresponde a esta Sala Segunda como Tribunal de casación consiste en verificar que los elementos fácticos que figuran en la sentencia son el resultado de la actividad probatoria válida practicada en la instancia, siendo suficiente para ello comprobar que en el Acta consta que se ha practicado prueba testifical o pericial de cualquier otra clase acerca de tales extremos, pero sin que le esté permitido revisar la valoración de dichas pruebas ni sustituir el resultado valorativo alcanzado por los jueces a quibus por otro diferente so pretexto de "diseccionar" el contenido del Acta oficial para constatar la milimétrica exactitud entre el "factum" y el repetido documento (véanse SS.T.S. de 11 de junio de 1.999, 16 de mayo de 2.000 y 18 de febrero de 2.002, entre otras).

Y, desde luego, los documentos que sustentan el motivo casacional carecen manifiestamente - según hemos explicado- de aptitud para demostrar de la manera incuestionable, definitiva e irrefutable que exige esta clase de reproche, la equivocación del juzgador de instancia.

En todo caso, no parece ocioso señalar que, como ya argumentaba la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 1.995 la determinación de la capacidad de culpabilidad se lleva a cabo mediante una división de tareas entre los peritos y los jueces, en la que aquéllos determinan los aspectos biológico-psicológicos, mientras éstos valoran las consecuencias para la capacidad de comprender y de dirigir las acciones. Sin embargo, puntos de vista recientes afirman que ello sólo es correcto si lo que se pretende es formular un juicio sobre la libertad de la voluntad de un sujeto. Por el contrario, si el juicio se refiere a motivabilidad del autor por medio de normas jurídicas los conocimientos empíricos no pueden ser ignorados en la determinación de la capacidad del autor. El juicio correspondiente, por lo tanto, se debe llevar a cabo mediante un método comparativo que partirá de la comprobación del grado de relevancia de la enfermedad mental, para establecer luego si es posible afirmar en el caso una modificación profunda de la personalidad que supere los límites de la normalidad y que, a su vez, haya afectado la capacidad de obrar con sentido. Sobre estas bases la doctrina estima, en general, que en los casos de auténticas psicosis (tal es el caso de la esquizofrenia), en principio, cabe admitir la ausencia de capacidad de comprensión y de autoconducción, sobre todo cuando alcanzan una considerable intensidad. En la práctica, y sin perjuicio del tiempo transcurrido, la ciencia médica y la jurídica continúan, como se ve, dando valor, de alguna manera, a las palabras de uno de los más grandes especialistas médicos en cuestiones de capacidad de culpabilidad: "de la existencia de la perturbación producida por una enfermedad mental deducimos, calladamente, la incapacidad de actuar según la comprensión, teniendo en cuenta el grado de la perturbación". La opinión dominante sostiene, en este sentido, que la capacidad de culpabilidad se debe excluir cuando la perturbación producida por enfermedad mental tenga una intensidad considerable. Por el contrario, la inimputabilidad o incapacidad de culpabilidad no requiere una eliminación completa de la voluntad, pues si ello ocurriera, en realidad, se excluiría la acción, que -como se admite en general- requiere, en todo caso, un comportamiento voluntario.

En el caso que ahora se juzga decía la sentencia mencioanda, no existe ninguna duda sobre el estado patológico del procesado y tampoco ha tenido dudas el Tribunal a quo sobre la profundidad del mismo, pues -como se dijo- en los hechos probados ha establecido que "sus facultades volitivas estaban intensamente disminuidas" por un trastorno delirante.

En tales condiciones, es claro que el resto de voluntad que se entiende habría tenido el recurrente no permite considerar que hubiera podido realmente motivarse por el deber jurídico. En verdad, cuando la afección es tan profunda, más que de un saldo de voluntad -por lo demás dificilmente mensurable-, se hace referencia a un estado en el que el agente no ha perdido completamente la conciencia. Esta equiparación de actuaciones conscientes con actuaciones voluntarias no parece terminológicamente adecuada a las concepciones científicas hoy dominantes.

En suma: los casos de intensa perturbación producida por una esquizofrenia paranoide sumada a una ideación delirante, que afecta esencialmente los controles del comportamiento deben ser considerados según el art. 8,1º CP., dado que en tal caso el agente ya no puede ser destinatario de una norma que no lo puede motivar de una manera jurídicamente relevante.

Recordemos, finalmente, que la fórmula legal de la capacidad de culpabilidad establecida en el art. 20.1 C.P., contiene dos elementos. Uno, la alteración o anomalía psíquica, denominado en la doctrina elemento biológico o psiquiátrico, que depende totalmente de una comprobación médica. Otro, de naturaleza normativa, que se refiere a la incidencia de la alteración o anomalía en la capacidad cognoscitiva y volitiva del sujeto, sobre el cual no cabe una determinación puramente médica y que requiere una valoración jurídica razonada por parte del órgano juzgador (véase STS de 19 de septiembre de 2.000), que es lo que ha hecho en el caso presente el Tribunal a quo ponderando de las pruebas periciales -y testificales- practicadas a su presencia.

No obstante lo dicho, el pronunciamiento de la sentencia en relación con la medida de seguridad adoptada, consistente en tratamiento externo durante cinco años en un centro de deshabituación y en un centro psiquiátrico, no puede ser aceptado por los propios fundamentos que recogía la sentencia de esta Sala de 23 de enero de 2.004 al examinar un supuesto idéntico al presente, en la que confirmando la absolución del acusado por la concurrencia de la eximente de anomalía psíquica, revocaba el pronunciamiento de la sentencia recurrida y disponía que en lugar de aplicar "la medida de seguridad de sumisión a tratamiento externo .... por un período de cinco años" que acordó el Tribunal de instancia, "la aplicación como medida de seguridad el internamiento en centro psiquiátrico por tiempo máximo de veinte años .....".

Porque, en efecto, lo que resulta patente es la peligrosidad objetivada del acusado debida a la combinación de los graves trastornos mentales de aquél y de su adicción a nocivas sustancias estupefacientes, peligrosidad cuya indudable gravedad queda acreditada por la anormal y homicida conducta del acusado contra su compañera que refleja el "factum", y que se cierne como una permanente amenaza sobre la misma con el acusado en libertad y que, de otra parte, nada excluye que pueda proyectarse sobre cualquier otro miembro del grupo social en determinadas circunstancias, y cuya protección y seguridad debe ser un factor de singular relevancia a la hora de adoptar la medida cautelar en supuestos como el presente. Todo lo cual hace insuficiente la medida acordada al amparo del art. 104 C.P., siendo necesario, en aras de la protección de la comunidad, disponer el internamiento en un centro psiquiátrico por tiempo máximo de ocho años, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 97 del mencionado Código, a cuyo efecto la responsabilidad de adoptar alguna de las decisiones previstas en el citado precepto, recae esencialmente en el Tribunal sentenciador que deberá ponderar escrupulosamente su decisión.

En este extremo, el recurso se estima, debiéndose declarar de oficio las costas procesales de esta instancia casacional.

III.