Hombres y ciudadanos
| Autor | Juan Jesús Aguirre De La Hoz |
| Cargo | Universidad de Valencia |
| Páginas | 129-147 |
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La ciudadanía, que durante décadas fue un término poco problemático y casi desterrado del vocabulario político, ha venido en nuestro presente a constituir un mito, siempre en trance de autorrealizacion, y la sede privilegiada de un debate en el que convergen parte de las discusiones que hoy dan cuenta de los modos de entender lo político, y no sólo lo político, sino que la ciudadanía ha concitado el interés de sociólogos, antropólogos, juristas y filósofos. De aquella posición marginal ha venido a constituirse en el núcleo de múltiples intereses, ha sido analizada desde perspectivas metodológicas y disciplinares muy distintas y, en definitiva, ha suscitado vivas polémicas a través de las cuales se ha delatado el alto grado de malestar y problematicidad constitutiva de nuestra realidad actual, de modo que el debate que gira en torno a la ciudadanía ha venido a instaurarse en un acicate crítico que ha puesto en cuestión los cimientos de nuestros sistemas sociales e institucionales, ha inducido la reconsideración de la legitimidad de nuestras formas de Estado e incluso sus propios fundamentos normativos.
El interés actualmente volcado sobre la noción de ciudadanía, el desvelamiento de su problematicidad, la convergencia de perspectivas de análisis tan diversos, sugiere una primera reflexión, aquella que debiera explicar este interés, el por qué la ciudadanía ha venido a convertirse en un prisma donde todo pareciera reflejarse, una especie de aleph. En efecto, la ciudadanía constituye una noción que se erige en un epicentro, un lugar privilegiado que se relaciona, cuando no es el mismo soporte, con otras nociones básicas para nuestras concepciones políticas, jurídicas o sociales: pluralismo político, multiculturalismo, democracia radical, contrato social, ingreso ciudadano, etc.
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Resulta ponderada la explicación según la cual el interés despertado por la noción de ciudadanía se justificaría, en el plano teórico, como una consecuencia del propio proceso de la argumentación política, el cual habría venido a incidir en aspectos medulares de la filosofía política de los años setenta y ochenta, ya que dicha noción integraría tanto «las exigencias de justicia como de pertenencia comunitaria», cuestiones que han centrado el debate de comunitaristas y liberales, al concitar esta noción tanto la problemática que gravita en torno a los derechos individuales como respecto de la de vínculo que une a esos individuos a una comunidad particular1.
Dentro de la tradición liberal, uno de sus más insignes representantes, John Rawls, propone una noción de ciudadanía asentada constitucionalmente, en la cual el elemento definitorio sería la idea de justicia, la cual se sustentaría en sus elementos integrantes: la libertad y la igualdad. Se trata de una idea de justicia en la que los bienes primarios deberían ser distribuidos igualitariamente entre todos los ciudadanos, de modo que en el seno de la ciudadadanía cada persona, individualmente considerada, pudiera concebir, revisar y perseguir racionalmente su genuina definición del bien. Los comunitaristas, por su parte, objetan a este planteamiento la ausencia de alguna noción de bien común, así como la imprevisión respecto de los posibles vínculos comunitarios a partir de los cuales pudiera constituirse el sujeto colectivo capaz de controlar y administrar el espacio público-político. Si lo que se pretende es alumbrar una nueva noción de la ciudadanía que sea la expresión de una concepción democrática radical y plural, tal y como ha propuesto por ejemplo Chantal Mouffe2, se debería superar tanto la noción ciudadana de la tradición liberal como la del comunitarismo, pero sin renunciar enteramente a ciertos contenidos y concepciones de ambas tradiciones. Se debería, sobre todo, renunciar a un debate, no siempre hecho de auténtico diálogo, que pudiera resultar estéril e incluso lastrar una noción de la ciudadanía que pudiera ser la respuesta a los retos de la condición moderna.
En efecto, todo pretensión de redefinir la ciudadanía que exprese la superación de este debate no puede prescindir de los logros fundamentales que provienen de la tradición democrática-liberal, en particular lo referido a la defensa del pluralismo, el respeto por la libertad individual, la comprensión de un estatatismo laico, cuestiones todas ellas que requieren una separación y diferenciación entre el ámbito público y el privado, entre la política y la moral. Como concluye Mouffe, no parece ni concebible ni deseable una articulación de la ciudadanía y de la política, en un sentido moderno, que estuviera cen-Page 131trada exclusivamente en una idea sustancial de bien común, como tampoco exclusivamente sobre el presupuesto básico de la libertad de los individuos, de modo que una noción ciudadana constituida sobre un espacio público que atiende prioritariamente el bien común, no tiene por que renunciar a la libertad individual3.
Sin embargo, todo parece indicar cómo en los medios académicos e intelectuales, fundamentalmente como consecuencia de las distorsiones y cambios profundos que está provocando el proceso de mundialización, la ciudadanía empieza a contemplarse desde otras perspectivas, lo que implica un desplazamiento desde la centralidad del debate comunitarismo-liberalismo hacia «el problema de la integración normativa de las sociedades complejas, el pluralismo y el multiculturalismo»4, como tentativas más realistas que puedan dar respuesta al acuciante problema de la redefinición de la ciudadanía en un mundo en el que se están produciendo cambios tan radicales.
Otro punto de vista, que daría cuenta del creciente interés conceptual y práctico de la idea de ciudadanía, es aquel que afirmaría las dos funciones básicas de la política moderna: las provisiones (mercancías de todo género) y los derechos. Si la década de los ochenta supuso un importante incremento de las provisiones (sobre todo debido al impresionante incremento de la productividad empresarial), por el contrario esa década representó un grave peligro en lo referido a los logros jurídicos propios de los Estados del bienestar, lo que se hizo patente, entre otras manifestaciones, por medio de la creciente depauperación de las garantías jurídicas de los ciudadanos, cuando no de un claro recorte de los derechos mismos, en particular los de carácter social cuando afectaban a determinadas capas de las poblaciones. En ese caso el renacer del interés por la ciudadanía debería ser entendido como una estrategia tendente a reponer los derechos, particularmente los de carácter social, que habrían sido gravemente erosionados como consecuencia de una generalización de las prácticas económicas liberales. Desde esta perspectiva, la ciudadanía es entendida como una tentativa de devolver a la política la función de aunar provisiones y derechos, lo cual supone llamar la atención sobre la pérdida de la función arbitral del Estado (en su función distributiva, particularmente) y de su repliegue en favor de los intereses económico-financieros transnacionales, situaciones que han intensificado las demandas ciudadanas dirigidas a hacer valer los derechos humanos de carácter económico.
En definitiva, el interés por la cuestión de la ciudadanía procedería de la convergencia del proceso moderno de la argumentación política exacerbado por los cambios, con frecuencia, drásticos y dramáticos en el ámbito social y político. En efecto, no puede dejarse de tener enPage 132 cuenta que la ciudadanía como concepto capital de nuestros sistemas jurídico-políticos y como baluarte en el que se asientan muchas de nuestras prácticas sociales, se ha visto afectada por las circunstancias cambiantes que la han cuestionado y afectado de modo profundo, hasta el punto de que se insiste en la redefinición de la noción que habíamos manejado hasta este momento, una redefinición que parece querer ir más lejos de lo que hasta ahora eran meras diferencias en su comprensión, expresadas, como he expuesto antes, por medio de debates y enfrentamientos intelectuales, con frecuencia sin repercusiones en la modificación de la realidad. Así pues, este interés debe relacionarse con el hecho de que siendo la ciudadanía antes un proceso que una noción consolidada de modo irreversible, no debe extrañarnos que habiendo cambiado aquellas circunstancias que dieron estabilidad a la noción, repercutan sobre ella poniéndola en cuestión, de modo que el más intenso problema que soporta la idea de ciudadanía se relaciona con el hecho de que el molde jurídico-político que la define ya no es capaz de contener e integrar las nuevas situaciones, las nuevas demandas y en definitiva se delata su insuficiencia para contener y expresar buena parte de las pretensiones democráticas actuales. En cualquier caso, algo parece contener la cuestión de la ciudadanía que delata debilidades argumentativas, promesas incumplidas, contradicciones insostenibles, como si la cuestión misma representara el talón de Aquiles de nuestros sistemas de convivencia.
La ambigüedad del término ciudadanía y sus múltiples enfoques interpretativos pueden aconsejar una revisión histórica que ayude a comprender su significado como proceso de conformación, antes que como noción sustantiva o esencialista. Lo cierto es que, con frecuencia, las descripciones históricas, bien intencionadas en cuanto a que contribuyen a una comprensión de la ciudadanía como proceso histórico, cuyo conocimiento ayuda de modo decisivo a entender su problemática actual, pero en ocasiones, esas descripciones históricas del proceso constitutivo y evolutivo de la ciudadanía silencian todo lo referido a los sujetos que sufren o promueven los cambios de concepción, los intereses puestos en juego o los componentes ideológicos que auspician o pretenden legitimar determinadas tomas de postura, lo que de ser de otro modo ahuyentaría el fantasma de los porque sí, las tentaciones naturalistas o cualquier forma de determinismo, por los que los procesos constitutivos...
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