Hacia un Sistema Español de Inteligencia para la seguridad económica y la competitividad
| Autor | Rubén Arcos |
| Páginas | 104-128 |
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La Inteligencia constituye la primera línea de la defensa y la seguridad de un Estado en tanto que su misión esencial reside en aportar un conocimiento especializado a los decisores que permita anticipar, prevenir y neutralizar las amenazas manifiestas y latentes para su seguridad, así como detectar oportunidades en el entorno, contribuyendo de manera decisiva a la promoción de sus intereses. Como consecuencia lógica de los cambios políticos, económicos o tecnológicos acontecidos en el contexto internacional durante las últimas décadas, hemos asistido a la emergencia de un nuevo concepto de seguridad mucho más complejo y multifacético, que integra, entre otras, a la economía como una dimensión de la seguridad de primer orden.2
El objetivo de este artículo es realizar una aproximación a los sistemas de inteligencia económica y a las iniciativas desarrolladas en este ámbito en algunos países e indagar, así mismo, en las acciones que se han venido realizando en España hasta el momento en el que se plantea la creación de un Sistema de Inteligencia Económica, en el marco de la Estrategia Española de Seguridad (2011), y se propone la creación de un Sistema Nacional de Inteligencia Competitiva.
En los años noventa, el debate sobre la inteligencia económica y el alcance de sus funciones ocupó un lugar destacado entre responsables de los servicios de inteligencia occidentales, decisores, miembros de la comunidad empresarial y académicos, en el marco de un proceso más amplio de revisión y reformas para adaptar los sistemas nacionales de seguridad e inteligencia a las amenazas, riesgos y desafíos de la era post-guerra fría. En Estados Unidos, la Estrategia de Seguridad Nacional del Presidente Clinton situaba al bienestar económico en la primera línea de requerimientos de seguridad junto a la
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defensa física, señalando que la adquisición y análisis de inteligencia económica jugaría un papel cada vez más importante, ayudando a los responsables políticos a entender las tendencias económicas e identificar las amenazas para las empresas procedentes de servicios de inteligencia extranjeros y de prácticas comerciales desleales, así como a identificar oportunidades para promover los intereses nacionales3.
La elaboración de inteligencia económica por los servicios de inteligencia y su difusión a los decisores gubernamentales no es algo nuevo. Sin necesidad de remontarnos más allá del siglo pasado, un simple vistazo a la documentación desclasificada sobre la CIA, por ejemplo, ilustra las competencias que desde su creación ha tenido en materia de inteligencia económica. De la misma forma, el trabajo de historiadores como Gill Bennett (2007) para el caso de la inteligencia británica, revelan como en la segunda mitad de los años veinte se creaba en el seno del SIS/MI6 una sección económica. La propia Intelligence Services Act de 1994 hace referencia expresa el ejercicio de funciones del Servicio Secreto en interés del bienestar económico del Reino Unido.
Hoy en día, tampoco es ninguna novedad afirmar que en nuestra compleja era de geoeconomía y globalización, sobreabundante en datos e información al mismo tiempo que plena de incertidumbre, sometida a cambios acelerados y caracterizada por una elevada competencia, la Inteligencia se erige como una de las capacidades decisivas a desarrollar por Estados y empresas para afrontar y adaptarse con éxito a ese entorno complejo y dinámico. La revolución de la información y de las comunicaciones y la aceleración en el proceso de liberalización de los mercados mundiales, entre otros factores, han generado un complejo entramado de dinámicas de interrelación e interdependencia mundiales. Nuestro bienestar económico depende cada vez más de nuestra capacidad de anticipación a los cambios y prevención de amenazas y ello no es posible sin un conocimiento que nos permita formular, ejecutar y rediseñar las estrategias más adecuadas para asegurarlo.
El debate sobre la inteligencia económica en los años noventa sirvió para aclarar el papel de los servicios de inteligencia de las democracias occidentales
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en la materia. Es decir, la capacidad de adquisición clandestina de datos e información por parte de los servicios de inteligencia no debe interpretarse en el sentido de facilitar inteligencia secreta sobre los actores económicos a las comunidad empresarial, sino en el sentido más defensivo de protección frente a las actividades de servicios extranjeros y de actores no estatales contra intereses económicos y empresariales mediante contrainteligencia, así como proporcionar al gobierno la inteligencia necesaria para que comprenda las fuerzas que operan en el ámbito económico, cómo éstas influyen y son influidas por acontecimientos políticos y sociales, y cómo todas estas interacciones influyen en las amenazas, oportunidades y prioridades en otras naciones. Informes como el de la Task Force del Twentieth Century Fund (1996) contribuyeron a precisar que los responsables políticos requieren de un conocimiento en profundidad sobre cuestiones de carácter económico cuya elaboración puede y debe apoyarse en la información disponible procedente del sector privado, de otros departamentos de la administración o de organizaciones internacionales, siendo responsabilidad de la Comunidad de Inteligencia llegar donde otros no lo hacen cubriendo los vacíos mediante sus capacidades específicas y «conectando los puntos» en cuestiones tales como negociaciones comerciales, movimiento de recursos y tecnología aplicables en la fabricación de armas de destrucción masiva, detección de presiones especulativas en los mercados financieros sobre las divisas, prácticas comerciales desleales en licitaciones internacionales o valoraciones sobre el suministro de recursos esenciales para los intereses económicos nacionales, entre otros asuntos4.
Así mismo, la sesión pública en 1993 del Comité de Inteligencia del Senado Estadounidense sobre Inteligencia Económica contribuyó tanto a poner de manifiesto las actividades de difusión de información útil y oportuna a las empresas por parte de los Departamentos de Estado y de Comercio, como a aclarar, igualmente, que el papel de la Comunidad de Inteligencia en la materia en relación con las empresas no era proporcionar información tecnológica, económica o de mercado a éstas sobre sus competidoras extranjeras, sino en avisarlas de actividades de inteligencia ofensivas por parte de otros servicios o, como señalara el presidente de dicho comité parafra-
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seando a Robert Gates, que su agencia se debía a Estados Unidos pero que no realizaría espionaje para la General Motors5.
También en Francia, en los años noventa, la intelligence économique adquiere un fuerte protagonismo a raíz del informe del grupo de trabajo, presidido por Henri Martre: «Intelligence économique et stratégie des entrepri-ses», con notables diferencias conceptuales en relación al término norteamericano economic intelligence, pero poniendo igualmente en valor y destacando la importancia creciente de la información económica, en sentido amplio, y su gestión por los actores económicos, (Estados y empresas) en el contexto de mundialización de los mercados y de competencia global. Trabajos anteriores a la publicación de aquel informe como el de Christian Harbulot (1992), miembro también del grupo de trabajo francés, pusieron en circulación el concepto como un proceso de «búsqueda e interpretación sistemática de la información accesible a todos, con el objetivo de conocer las intenciones y capacidades de los actores económicos»6 y sirvieron para dar a conocer los diferentes Sistemas nacionales de Inteligencia Económica y Competitiva.
En el caso de España, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) viene desarrollando una importante labor de concienciación en el ámbito de la empresa, con el objetivo de que los actores empresariales incorporen la inteli-
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gencia competitiva (IC) como una práctica de gestión indispensable para la toma de decisiones en tiempo oportuno, favoreciendo su adaptación a un entorno hipercompetitivo.
Ante la proliferación de terminología, del campo semántico asociado a esta actividad y la disparidad de conceptos y matices que entraña el término inteligencia económica, dependiendo del ámbito geográfico en el que se emplea, en España se ha considerado conveniente reservarlo para la inteligencia que elaboran los servicios de inteligencia sobre cuestiones económicas para el Estado, siendo la IC aquella que permite a la empresa adquirir conocimiento sobre su entorno.
Subrayando lo anterior, se ha definido la IC como una disciplina consistente en «un proceso sistemático, estructurado, legal y ético por el que se recoge y analiza información que, una vez convertida en inteligencia, se difunde a los responsables de la decisión para facilitar la misma, de forma que se mejora la competitividad de la empresa, su poder de influencia y su capacidad de defender sus activos materiales e inmateriales» (Equipo de inteligencia económica del CNI, 2010: 21). En realidad, la interpretación y la comunicación son también actividades necesarias en el proceso de producción de inteligencia, además de la adquisición y del análisis, pero es bastante común simplificar en la descripción del proceso de elaboración. De igual forma, ha sido habitual para actores empresariales, por diferentes motivos y lógicas, evitar la utilización del término inteligencia, pudiéndose incluso, según algunos autores, enmascarar su práctica...
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