¿Hacia la recuperación del diálogo social?
| Autor | Helena Ysàs Molinero |
| Cargo del Autor | Profesora Agregada interina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universitat Autònoma de Barcelona |
| Páginas | 105-113 |
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No cabe duda de que la crisis económica o, más exactamente, las políticas que se han aplicado a partir de su estallido han dejado graves consecuencias, entre las que destaca una importante deconstrucción
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del sistema de negociación colectiva o la degradación de valores intangibles como pueda ser el del diálogo social, con todas las consecuencias que ello conlleva en cuanto a la puesta en riesgo de la capacidad de los sindicatos para garantizar la calidad en las condiciones de trabajo y de vida.
Los devastadores efectos de los años de crisis sobre el diálogo social son bien visibles, como también lo es que en los últimos meses se han producido los primeros signos que podrían presagiar algún tipo de avance en la materia -sin perder de vista que el diálogo social se ha empezado a retomar bajo la presión de las políticas neoliberales ejecutadas durante los años de crisis16-. En este sentido deben destacarse especialmente dos acuerdos alcanzados por los interlocutores sociales. Uno de ellos es de carácter tripartito, suscrito por el Gobierno, los sindicatos CCOO y UGT y las asociaciones empresariales CEOE y CEPYME, y tiene por objetivo fijar compromisos por parte del Gobierno y establecer una lista de materias a negociar. El otro tiene naturaleza bipartita, e incluye un pacto salarial pero también las orientaciones a la negociación colectiva, en la línea de los últimos acuerdos para la negociación colectiva pero probablemente yendo un paso más allá. También debe destacarse la evolución del diálogo social en las Comunidades Autónomas, con resultados eso sí muy dispares.
La firma del Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento económico y el empleo, de 29 de julio de 2014, pasó relativamente inadvertida. Una lectura rápida y con una mirada quizás un tanto ingenua al texto llevaría a la conclusión de que se trata de un acuerdo con un contenido muy notable. Se compone de un total de 21 páginas en las que se intercalan algunos compromisos de actuación del Gobierno con un buen número de compromisos de negociación con los interlocutores sociales en materias relevantes.
Una lectura más detenida del Acuerdo permite identificar, por una parte, un buen número de declaraciones de intenciones, vagas e imprecisas e incluso algunas un tanto vacías de contenido. En algunos casos el texto se pronuncia sobre cuestiones sobre las que poca incidencia pueden tener los firmantes, especialmente con planteamientos tan
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imprecisos. A título de ejemplo, se afirma "compartir la necesidad de impulsar ante las renovadas instituciones europeas la adopción de fórmulas y soluciones que hagan compatible el proceso de consolidación fiscal con políticas de crecimiento". En este mismo sentido, el Gobierno también se compromete a impulsar la concertación social en la UE.
Por otra parte, se pueden identificar compromisos poco concretos, como puede ser el de impulsar el diálogo y la participación con los interlocutores sociales en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Reformas o impulsar una mayor relación entre las políticas activas de empleo y el sistema de protección por desempleo para reducir el tiempo en que una persona está en desempleo. Algunos compromisos son por reiterados e incumplidos -los mismos o similares- poco creíbles. Poca es la confianza que merece el compromiso del Gobierno de trazar de forma eficaz un perfil de necesidades del demandante de empleo y un itinerario de inserción a través de una oferta formativa adecuada para cada candidato y/o el reconocimiento de la experiencia laboral como medida, entre otras, para reducir el desempleo. En el mismo sentido, los compromisos de modernización de los servicios públicos de empleo, con afirmaciones como "acordamos reforzar las labores de orientación e intermediación de los servicios públicos de empleo" no son lo suficientemente concretas.
Por otra parte, el Acuerdo incluye numerosos compromisos de negociación que, 18 meses después de su firma, no se han cumplido. Es el caso del Plan de Acción contra la dualidad en la contratación, que se debía aprobar antes de que finalizara el año 2015 y del que no se tiene noticia. En el caso del Plan Especial para la Igualdad de Mujeres y Hombres en el Ámbito Laboral y contra la Discriminación Salarial, la última información que se ha podido localizar indicaba, en fecha de septiembre de 2015, su próxima aprobación, aunque todo indica que no se ha producido, a pesar de la existencia de una mesa de diálogo social tripartito de la que formarían parte la Dirección General de Igualdad de Oportunidades y la Dirección General de Empleo junto con los interlocutores sociales. Igualmente el compromiso de suscribir los V Acuerdos de Formación Profesional para el empleo no se ha cumplido, aunque sí se aprobó la Ley...
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