Gobierno ambiental por consentimiento, participación y evaluación de impacto
| Autor | Gonzalo Aguilar Cavallo |
| Cargo del Autor | Abogado (Chile), Doctor en Derecho (España) |
| Páginas | 157-219 |
GOBIERNO AMBIENTAL POR CONSENTIMIENTO,
PARTICIPACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTO
Gonzalo Aguilar Cavallo1
1. INTRODUCCIÓN
La protección del medio ambiente2 y el desarrollo les imponen al indivi-
duo, las comunidades y pueblos importantes desafíos en los albores del siglo
XXI. Estos desafíos han sido asumidos encomiablemente en sociedades de-
sarrolladas, pero resta ver cómo se comportarán aquellas comunidades que
se encuentran en vías de desarrollo, tales como la latinoamericana.
Tradicionalmente se ha entendido que el derecho a un medio ambiente
sano se encuentra respaldado por tres derechos procedimentales, a saber,
acceso a la información, participación y acceso a la justicia. Nuestra visión
implica que todos estos derechos humanos son, a la vez, substanciales y tam-
bién tienen una faceta procedimental. Esta triada de derechos encuentra
en la evaluación de impacto ambiental (en adelante, la EIA) una manifes-
tación concreta. En consecuencia, la evaluación de impacto ambiental asu-
me a su vez una dimensión substancial así como procedimental. Aparece
como trascendente mostrar que todos estos derechos, y, por tanto, la EIA,
tienen su origen y fundamento en principios básicos del constitucionalismo
contemporáneo, tales como soberanía, democracia, autodeterminación, go-
bierno por consentimiento, Estado de derecho y goce efectivo de derechos
humanos. En este sentido, vale la pena recordar lo que Hassner denomina
1 Abogado (Chile), Doctor en Derecho (España), Magister en Relaciones Internacionales (Espa-
ña), Master en Derechos Humanos y Derecho Humanitario (Francia). Postdoctorado en el Max Planck
Institute for Comparative Public Law and International Law (Heidelberg, Alemania). Profesor de Dere-
cho Constitucional, Internacional, Ambiental y Derechos Humanos, Centro de Estudios Constitucionales
de Chile, Universidad de Talca (Santiago, Chile). Director del Magister en Derecho Constitucional del
Centro de Estudios Constitucionales de Chile (Santiago, Chile). gaguilarch@hotmail.com
2 En este trabajo entenderemos por medio ambiente las condiciones químicas, físicas y bioló-
gicas que rodean a un organismo, el cual se compone del medio abiótico, físico y químico y del medio
biótico.” Jordano Fraga, Jesús: La protección del derecho a un medio ambiente adecuado. Barcelona, Bosch
Editor, 1995, p. 76.
158 Gonzalo Aguilar Cavallo
el “triangulo de oro”, donde “los derechos humanos son indisociables del
estado de derecho y de la democracia. En efecto, los derechos humanos no
son más que un código abstracto si ellos no son aplicados en un derecho
particular. Entonces lo que cuenta es la calidad del estado de derecho, en
el sentido de las instituciones judiciales y jurídicas a las cuales el ciudadano
es confrontado en su vida de todos los días. Pero el estado de derecho no
puede existir hoy en día en regímenes políticos que no son democráticos. La
referencia al estado de derecho es entonces también a su turno incompleta
e insuficiente si ella no es aplicada en un marco democrático”3.
De esta manera, las preguntas que surgen a partir de los procesos de EIA
son múltiples. Por ejemplo, ¿Cuáles son las condiciones que impone un or-
den global a la democracia? ¿Es suficiente contentarse con una democracia
formal? ¿Es suficiente una democracia participativa, con individuos o gru-
pos que participan sin un poder real en la toma de decisiones? ¿Cuáles son
las exigencias que impone el nuevo orden global a la democracia y los pro-
cesos democráticos (entendidos como ejercicio del poder público y proce-
so de toma de decisiones en virtud de ese poder público)? ¿Cuáles son los
condicionamientos que impone a la democracia el derecho humano a la
participación? ¿Cuál es el sentido y alcance del derecho a la participación
(compuesto por un subconjunto múltiple de derechos) en una democra-
cia real? En este contexto, cabe hacer dos observaciones. Primero, en la so-
ciedad democrática contemporánea, la última palabra la tiene el pueblo,
quienes detentan el poder real y original. Y, segundo, esta última palabra no
es ilimitada ni absoluta, sino que, muy por el contrario, este poder decidor
final tiene como límite infranqueable los derechos humanos, interpretando
este concepto en el sentido pro homine, id est, en el sentido más expansivo y
amplio que pueda proteger y beneficiar a los individuos y pueblos. Por tan-
to, en el caso de Chile, este límite infranqueable de los derechos humanos
incluye, no sólo, aquellos exiguos derechos incorporados en la Constitución
sino también aquellos derechos que la comunidad internacional ha reco-
nocido, así como aquellos nuevos derechos que pueda, en el futuro, expli-
citar y reconocer. Esta apertura permanente al reconocimiento de nuevos
derechos se explica por el entendimiento de que el fin último de toda co-
munidad humana, vinculada por un sistema de valores, es la mayor y mejor
protección de la dignidad y de la integralidad del ser humano.
Este trabajo aborda el análisis de la evaluación de impacto ambiental en
el contexto de los proyectos de inversión o desarrollo. Y, en este ámbito, se
enfoca particularmente a la siguiente pregunta: ¿Cómo se especifica el dere-
cho humano a la participación en el contexto de una comunidad soberana?
¿Cuál es el sentido y alcance de este derecho en una sociedad realmente
democrática? A medida que transcurre el siglo XXI, que avanza la globaliza-
ción y progresa el desarrollo tecnológico y económico, cada vez son mayores
3 Hassner, Pierre: «La renaissance de l’espoir démocratique», in Esprit, num. 373, Mars-avril
2011, pp. 11-17, especialmente, p. 15.
Gobierno ambiental por consentimiento, participación y evaluación de impacto 159
los desafíos que se plantea a la comunidad para preservar un medio ambien-
te en condiciones de calidad digna de vida y saludable. El interés creciente
de la comunidad por la protección del medio ambiente y la preservación de
la naturaleza ha enverdecido el ejercicio de la soberanía y la práctica de la
democracia. En este sentido, el eje central de este trabajo se articula en la
pregunta ¿cuál es la relación entre la evaluación de impacto ambiental, el
ejercicio de la soberanía por la comunidad, la democracia, los derechos hu-
manos y el derecho a la participación?
En este estudio abordaremos, en una primera parte, el examen de lo
que se podría denominar la soberanía ambiental, y a partir de ella, todas
las tensiones e interacciones entre el gobierno por consentimiento propio
y la protección y preservación del medio ambiente y, por extensión, de la
calidad de vida digna de las personas. En una segunda parte, analizaremos
la democracia ambiental y dentro de ella, los conflictos de gobernabilidad
ambiental, la relevancia de la participación pública, y la relación inmanente
entre la evaluación de impacto ambiental, derechos humanos y el derecho a
la participación.
2. SOBERANÍA AMBIENTAL: LAS TENSIONES E INTERACCIONES
ENTRE GOBIERNO POR CONSENTIMIENTO Y MEDIO AMBIEN-
TE
Hoy en día, hablar del medio ambiente y de su protección implica nece-
sariamente referirse al Estado como creación institucional, a la población
de dicho Estado, a la soberanía, a sus titulares y a las modalidades de su
ejercicio. Tradicionalmente se ha entendido que el gobierno por el consen-
timiento de los gobernados corresponde a la soberanía popular. Responde
a la idea que el poder estatal, político, legislativo y ejecutivo, tiene su origen,
es controlado y reside, en último término, en el pueblo. Desde la perspec-
tiva clásica, la soberanía popular se manifiesta en el reconocimiento y ejer-
cicio de los denominados derechos políticos. Pero contemporáneamente,
la soberanía popular, desde el punto de vista medioambiental, excede con
mucho la visión tradicional de los derechos políticos. Y las explicaciones de
esto último, como lo sugiere Sarlet y Almagro, podrían ser encontradas en
las transformaciones que ha experimentado el Estado producto de la mun-
dialización desde la segunda mitad del siglo XX4. En este contexto, “[e]l Es-
tado ya no es una entidad opaca; es un espacio penetrado por todas partes,
que debe justificar sin cese su soberanía, probar que es apto para cumplir su
4 “Las demandas participativas de la ciudadanía en las diversas esferas de la sociedad pos-mo-
derna –política, económica, social, cultural– han tenido reflejo en la esfera constitucional mediante
la ampliación del contenido de los derechos políticos.” Sarlet, Ingo W. y Almagro Castro, David: “Los
derechos políticos en España y Brasil: Una aproximación en perspectiva comparada”, in Estudios Consti-
tucionales, Año 11, N°1 (2013), pp. 381-424, especialmente, p. 385.
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