Gobierno abierto: una mirada desde los derechos sociales fundamentales
| Autor | Marco Aurelio González Maldonado |
| Páginas | 223-260 |
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La idea del gobierno abierto se desarrolla con fuerte impulso de los Gobiernos nacionales, con lo cual quieren equilibrar la balanza ante la necesidad de legitimación frente a sus gobernados, debido al descrédito de los gobernantes y a la necesidad de proveer mejores servicios públicos en ejercicio de la función pública. Al mismo tiempo, la sociedad exige más transparencia y acceso a la información pública, en una especie de empoderamiento y asunción de su poder soberano, también por los mismos motivos antes expuestos: el deseo de recibir mejores servicios y la necesidad de que la limitación de sus derechos (para garantizar la convivencia pacífica) y los pagos de sus tributos se vean recompensados con la atención del interés general.
Ello no trasluce sino el descontento ciudadano (o desafección, en términos politológicos) y su contracara, la necesidad de ofrecer una moneda de cambio
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por parte de la clase dirigencial-política. A pesar de la profusa producción doctrinaria sobre el asunto, la realidad parece vivir en torno a la construcción de ese entendimiento que impide vislumbrar la real finalidad de la transparencia. Esta no tiene una finalidad en sí misma, ya que debe complementarse con una facilidad en el acceso a los datos públicos y una comprensión sobre la forma de utilizarlos, lo que conlleva un rol activo de las instituciones públicas para lograr el involucramiento de los ciudadanos en los asuntos generales y en la marcha de las políticas públicas.
No basta con decir que se es transparente y se publican los datos. Estos deben proveerse de manera legible, fácil y pensando siempre en la forma en que estos puedan comprenderse, de manera tal que provoque aquel involucramiento; para cuyo efecto se requiere una toma de conciencia, primero, y un rol activo, consecuente, en procura de que esos datos sean útiles y utilizados por la sociedad.
Además, la real intención de la transparencia y el acceso a la información va más allá de eso, procura la colaboración de la ciudadanía para satisfacer el interés público. Esa colaboración implica, a su vez, la necesidad de comprender el real alcance de todo eso: que los gobernantes y funcionarios públicos asuman la necesidad y el derecho de los ciudadanos a esta coparticipación, así como que, por fin, se comprometan con el servicio público y ese interés general pocas veces aterrizado, aunque muchas veces mencionado (aunque la mayoría de las veces con fines que lo desnaturalizan).
La idea del presente trabajo es colaborar con la difusión del alcance que debe tener la frase «gobierno abierto» y confrontarla con la realidad para exponerla en su real dimensión, lo cual permitirá comprender la imbricación de todo este desarrollo en los derechos sociales «fundamentales».
La invocación de la transparencia debiera entenderse como una exigencia inherente de la función pública y no como una peculiaridad de solo aquellos actos de Gobierno que «se consideran» públicos, argumento recurrente para justificar la restricción u ocultamiento de ciertas informaciones a la ciudadanía o a los particulares recurrentes; excepción que debe realizarse respecto de aquellas informaciones sensibles, verdaderamente motivadas y fundadas en una razón plausible y explícita.
Pero no puede tolerarse ya una restricción porque la finalidad de las decisiones o virtualidad de los documentos pueden «malinterpretarse». La democracia es justamente eso, el espacio donde todos tienen derecho a manifestar sus opiniones. «Quien nada debe, nada teme», reza un conocido proverbio, pero es más elocuente el recordar que la función pública es un apostolado o que debiera tener un carácter vicarial que exige honrar una confianza delegada solo, única y exclusivamente, para precautelar la armonía social y el respeto de los derechos fundamentales, cuyos matices serán aquí estudiados.
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La exposición pública, el debate de las decisiones públicas y la justificación de estas es algo que pertenece al ámbito público, por lo que a este es inherente la necesaria transparencia y justificación de las razones que motivan las acciones en el ejercicio de la función estatal. Esta es la causa, precisamente, de la exigencia procesal regulada en muchos países donde se determina la prueba de verdad respecto de los funcionarios públicos, de modo que estos se vean obligados a probar la veracidad de sus aseveraciones y la legalidad de sus actuaciones, cuando estas sean controvertidas.
Como fácilmente se puede apreciar, todo ello conlleva un cambio en el entendimiento de aquello que debe estar a disposición de las personas interesadas y de quienes pudiera interesar, cristalizándolo hacia la comprensión de que todo cuanto se hace (en ejercicio de una función pública) debe estar orientado a legitimar la actividad que se desarrolla y demostrar que es la mejor decisión (como objetivo) o, cuanto menos, que es una decisión razonable, para generar la confianza que le permita continuar en el cargo y provocar la colaboración y/o participación ciudadana en la ejecución de las políticas públicas.
La legitimatio ad causam debiera ser la única meta frente a la presencia del clientelismo y a los mecanismos de acceso al poder por parte de personas que buscan solo la protección y/o satisfacción de intereses personales, lastimosamente presente en la realidad mundial. Solo la conducta ejemplar y la concienciación permitirá el cambio del status quo, para cuyo efecto se precisa de gente comprometida, honesta y patriótica; frente a la proliferación de los malos ejemplos que «venden» noticias y que nublan nuestro entendimiento para conducirnos (o querer llevarnos) por el camino más fácil, cómodo y beneficioso de la corrupción, la arrogancia y/o la condescendencia; pero al mismo tiempo perjudicial para las generaciones futuras, el interés general y la satisfacción de todas las construcciones sobre las que se cimenta una sociedad «organizada».
Teoría y praxis son dos conceptos tan disociados que llegamos a confundir lo que a cada cual incumbe. En esa vorágine se alza el «gobierno abierto» para recordar los valores de nuestros cimientos y la finalidad de las cosas, haciendo un recorrido hasta justificar (e implorar) la necesidad de un comportamiento ético y proactivo por parte de todo que aquel que ejerce una función pública e, incluso, por quienes desarrollan alguna actividad con impacto social. Esto, debido a que la toma de conciencia no reposa exclusivamente en el funcionario estatal, sino también en el ciudadano que debe comprender que la ciudadanía se construye entre todos y que mejores gobiernos vendrán solo con un mayor involucramiento de la ciudadanía en los asuntos públicos; ya sea pidiendo, proponiendo, reclamando, preguntando, exigiendo u ofreciendo ayuda e ideas para mejorar o discutir las concepciones, proyectos y ejecuciones de las políticas públicas.
Es experiencia común que las autoridades solo empiezan a cuidarse cuando advierten la repercusión mediática de sus actuaciones, porque los medios ma-
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sivos de comunicación y las redes sociales provocan, presionan y exponen vox populi lo que es un secreto a voces: el uso del aparato estatal para mantener el prebendarismo que mantenga el status quo. Solo cuando la ciudadanía llega al hartazgo y se manifiesta se da cuenta de su verdadero poder.
Un ejemplo de todo esto se dio en Paraguay, cuando en el año 2015, producto de las sucesivas publicaciones sobre el despilfarro y clientelismo en la Universidad Nacional de Asunción, acaso la más prestigiosa y resguardo de la esperanza nacional, se desnudaron casos increíbles de la forma de acceder a los cargos y la utilización de los rubros «docentes» en quienes ni siquiera habían culminado una carrera universitaria; a raíz de lo cual se sucedieron manifestaciones estudiantiles que tomaron las facultades y que culminaron con la renuncia de un rector y 6 decanos, junto con algunos vicedecanos1.
Vivimos nuevos tiempos, las redes sociales pueden mucho (Grecia es otro claro ejemplo)2y las autoridades lo saben. El arma que usan para congraciarse (la transparencia) les sale caro, pero no hay de otra. Aunque por medios informales (grabaciones, videos, cámaras ocultas) ¡los hechos son revelados y la paciencia está agotada! Para legitimar el ejercicio del poder hay demostrar calidad de gestión. Ojalá que todos entiendan esto, porque, debemos reconocer, el poder de los medios sociales llega hasta donde los medios tienen poder. Sobre todo en América Latina, existen muchas zonas grises (ausencia de Estado) y el acceso a los medios es todavía precario, o el nivel de analfabetismo y precariedad hace que las prioridades de los ciudadanos sean otras. De ahí que el mayor reto de la transparencia, participación y colaboración esté en los Gobiernos locales (municipios/distritos).
Aun cuando la transparencia sea una gran arma para luchar con todo eso, la cosa no termina allí; su finalidad va aún más allá: busca (o debiera buscar) que el acceso a los datos despierte el interés ciudadano, que este asuma su rol, que se dé cuenta de que «ciudadanía» solo se construye entre todos; que a partir de ese interés se inmiscuya y proponga iniciativas, críticas y...
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