Funcion pública y actores críticos. La imagen de la función pública española para el gobierno, partídos políticos, empresarios, centrales sindicales y ciudadanía

AutorJorge Crespo González
Páginas93-142

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1. Introducción

En el presente capítulo el lector encontrará diferentes posiciones y pronunciamientos que desde el Gobierno, los partidos políticos, los empresarios, las centrales sindicales y los ciudadanos se están realizando en torno a la figura de los empleados públicos, el papel que han de asumir en la prestación de los servicios y el futuro de su figura profesional. Un debate que necesariamente se encuentra vinculado a otro planteamiento, por otro lado sempiterno, escasamente resuelto e indudablemente condicionado e influenciado por los posicionamientos de ideología política y referido a lo que han de suponer los límites de actuación del Estado y de su sector público.

Realizar un tratamiento aislado de la figura del empleado público sería cuanto menos sesgado si no se toma en consideración el concepto y la extensión que los diferentes actores pretenden dar a lo público, por lo que las reflexiones que se generan a lo largo del texto en torno al empleo público se encuentran indefectiblemente acompañadas de la visión que del Estado y de lo público realiza cada uno de ellos.

El documento recoge sucintamente la importancia que los actores mencionados otorgan al ámbito de lo público y las medidas que según las apreciaciones

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por ellos vertidas son oportunas introducir para disponer de una Administración y un empleo público consecuente con las necesidades de los ciudadanos.

En primer lugar, se analiza el discurso de los partidos políticos, muy marcado por los condicionamientos que la política económica impone a cualquier pretensión de reforma que quiera llevarse a cabo sobre la Administración pública y el empleo público.

En segundo lugar, se exponen las medidas fijadas e implementadas por el Gobierno en ejercicio después de las elecciones generales de 2011 con respecto al empleo público, sumamente supeditadas por los planteamientos ideológicos que son definidos por el partido político que lo sustenta. En este apartado se realiza un examen de las acciones adoptadas por el ejecutivo y que quedan reflejadas a través de la aprobación y entrada en vigor de sucesivas disposiciones normativas con las que se dibuja el marco y la orientación que pretende darse a la política de empleo público.

En tercer lugar, en el apartado referido a la posición empresarial, se recrea un ámbito público de actuación minimalista. La externalización de servicios públicos y la búsqueda de fórmulas de colaboración público privada son algunas de las estrategias contempladas y, cuanto menos, extensamente deseadas y planteadas por este sector que encuentra en la prestación de servicios hasta ahora gestionados por el ámbito público una oportunidad de negocio.

En el epígrafe que manifiesta el posicionamiento sindical se realiza una valoración conjunta de las reflexiones que aportan los sindicatos a la esfera de lo público y que defienden una posición contraria a la reducción del sector público y la consecuente pérdida de empleo en este ámbito.

En el centro del debate se hallan los ciudadanos, receptores directos de los programas y servicios públicos, ávidos por norma general a no renunciar a la prestación pública de determinados servicios, particularmente los sociales, educativos y sanitarios. Finalmente, y con respecto a ellos, queda reflejado su estado de opinión acerca de la dimensión y funcionamiento de los servicios públicos, así como una apreciación por ellos mismos realizada de la actividad profesional de los empleados públicos en el ejercicio de sus funciones.

Cierto es que el planteamiento de una reflexión en torno a la Administración y al empleo público se ha producido de manera creciente y constante en un momento de crisis financiera y económica que posiblemente de otra forma no hubiera tenido lugar, al menos de forma tan profusa. La legitimidad de las Administraciones ante los ciudadanos depende también de su capacidad para adoptar e integrar los cambios necesarios en sus estructuras orgánicas y funcionales y de su competencia para disponer de un modelo de empleo público adecuado que permita una prestación efectiva y eficiente de servicios a la par que unos empleados públicos motivados en el ejercicio de su actividad profesional. Como bien indica Jiménez Asensio: «Las instituciones que no apuesten por unos procesos combinados de ajuste e innovación, o dicho de otro

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modo, por la renovación del empleo público, no sobrevivirán, y si lo hacen serán instituciones no competitivas que prestarán servicios caros y malos, lo que ciertamente los ciudadanos difícilmente podrán aceptar» (Jimenez Asensio, 2011: 15).

2. Visión de la función pública desde el ámbito político
2.1. El posicionamiento de los partidos y de los grupos políticos
2.1.1. Despreocupación, desinterés y tergiversación de la función pública

Tradicionalmente desde este entorno ha existido un escaso ámbito de reflexión y de profundo debate acerca del modelo de función pública que exige un Estado moderno y una sociedad civil que demanda una prestación de servicios públicos de calidad. Prueba de ello es la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, ley 30/1984 de 2 de agosto, que nació con un carácter provisional, que a pesar de ello se ha mantenido vigente en su integridad durante más de 20 años y que actualmente conserva algunos preceptos de aplicación hasta que se desarrolle de forma oportuna determinadas disposiciones de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante EBEP). Hasta el momento, la trayectoria seguida por la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública parece augurar el camino que va a continuar el EBEP. Tras más de cinco años desde su aprobación apenas se ha constatado un excesivo interés por parte de la clase política y del gobierno del Estado para la elaboración de su normativa de desarrollo1. Dejadez que también se ha hecho evidente en el marco de los Gobiernos autonómicos para el desarrollo de este en los apartados que les son propios2.

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Es preciso reconocer que abordar una reforma sustantiva del modelo de empleo público produce amplias modificaciones que afectan a los derechos y deberes de los empleados y que no todo Gobierno se encuentra en disposición o con capacidad de asumir. El coste económico y financiero que supone un cambio en las Administraciones públicas y en el modelo de empleo público, la presión corporativista que puedan ejercer determinados colectivos de personal funcionario y colectivos laborales, la presión y oposición sindical a renunciar a los derechos reconocidos en el empleo público y la falta de liderazgo político que ello pueda representar frenan y dificultan la voluntad de acometer reformas de calado en este ámbito (Arenilla, 2005).

Lo cierto es que el campo de la función pública se ha encontrado a menudo invadido por la esfera política y por cierto clientelismo político que ha aprovechado su situación de dominio y de poder para copar determinados espacios de gestión a priori reservados al ámbito profesional de los funcionarios. Los partidos políticos no han dudado en afianzar esta situación de dominio reclamando y haciendo suyos estos espacios para procurarse en su entorno más próximo una estructura de personal de confianza más acorde con sus posicionamientos (Fuentetaja, 2013: 473). Esta actitud en los partidos ha supuesto, de un lado, transmitir a la sociedad y a la opinión pública cierto desasosiego e inquietud, al ver en estos comportamientos una grave afrenta a los principios de independencia, imparcialidad y objetividad que han de regir el ejercicio profesional de las funciones públicas; de otro, la puesta en duda del carácter profesional e independiente con el que se han de comprometer los funcionarios públicos en el ejercicio de su actividad. Desgraciadamente son este tipo de actitudes políticas las que trascienden al ámbito de los ciudadanos generando rápidamente una conciencia colectiva de animadversión, al sentir la función pública como un ámbito ampliamente politizado.

Frente a ello la clase política y los partidos políticos han de asumir un papel más decidido y responsable con el que garantizar una consolidación efectiva de los principios y criterios que han de guiar la gestión profesional del empleo público. Resulta cuanto menos sorprendente atribuir a la esfera de la política partidaria cortoplacista la determinación del modelo de gestión del empleo público, más influenciada por intereses, planteamientos ideológicos y...

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