La Función Pública autonómica en el proceso de modernización del sector público

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Artículo publicado en la Revista Vasca de Administración Pública, núm. 45-II, mayo 1996.

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I Introducción

Antes de entrar en el interesante tema que plantea el título de esta breve intervención es preciso hacer un somero repaso de algunas cuestiones que han marcado de forma indeleble el proceso de formación y composición de las Administraciones autonómicas, proceso que no puede ser extrapolado del contexto histórico y global de transformación que supone el nacimiento de la nueva organización territorial española, ni tampoco de los procesos modernizadores emprendidos en otros países europeos.

En este sentido, hoy la Administración Pública se encuentra frente a un reto por su propia supervivencia, en cuanto que lo que hoy prima no es ya la idea de una Administración en permanente estado de introspección y aislamiento, creada «por y para los funcionarios», sino la idea de unas organizaciones públicas con un predominante componente servicial, creadas y concebidas para dar sa-

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tisfacción a las demandas de unos ciudadanos cada vez más informados y, valga la expresión, menos «administrados», en el sentido tradicional del término.

Para las Administraciones españolas, y nos referimos a sus tres vertientes territoriales -estatal, autonómica y local-, es éste un buen momento para tratar de completar una reflexión, sin duda ya iniciada pero ciertamente dispersa, en torno a un proceso de renovación que pasa, forzosamente, por el alum-bramiento de planteamientos comunes.

En una ocasión me referí, con cierto pesimismo, a que la Administración Pública no había ocupado un lugar destacado en la agenda política de los diversos gobiernos autonómicos y, sin embargo, hoy se advierte cómo esa preocupación existe, y de ello dan fe los diversos procesos de renovación emprendidos por varios de ellos. Es el caso de Galicia, Valencia, La Rioja, la Comunidad de Madrid o, en lo que a mis responsabilidades se refiere, la propia Comunidad Autónoma de Aragón.

En todos ellos y también en la Administración del Estado se advierte un especial énfasis en convertir a los recursos humanos que sirven a los fines de la Administración en motor de esa modernización, pero hay que hacer una especial reflexión sobre esta cuestión.

II Los recursos humanos y la modernización de la administración

Prescindiendo de trasnochados planteamientos exclusivamente tecnocráticos, hoy la ciencia de la Administración y los programas políticos coinciden en que la modernización de la Administración Pública, entendida ésta en sentido amplio, no se concibe sin dos elementos: el respaldo claro y definitivo de los equipos políticos de gobierno y el compromiso real ante el cambio de los efectivos que componen las organizaciones públicas, sobre todo de sus estratos directivos. Así, la superación cualitativa del modelo burocrático weberiano ha de venir de la mano de una adecuada gestión del cambio, entendida ésta como el proceso por el cual se intentan introducir como valores a compartir entre los empleados públicos la eficacia y la eficiencia.

En efecto, si repasamos brevemente las iniciativas habidas en este campo desde el inicio de los años ochenta en nuestro entorno europeo es claro que ninguna ha prescindido del elemento humano de las organizaciones, independientemente de la ideología política que subyace a cada una de ellas.

Así, en un primer momento los procesos de modernización son impulsados por gobiernos conservadores cuyo objetivo es la superación de un Estado del bienestar agotado por sus nefastas consecuencias económicas; es el caso del thatcherismo en el Reino Unido o la doctrina Reagan en Estados Unidos. Sólo más tarde los equipos políticos del espectro socialista pondrán en marcha iniciativas que hacen hincapié en la necesidad de conservar la responsabilidad política frente al Estado del bienestar y hacerla compatible con una mejora

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de los mecanismos de control, eficacia y servicio al ciudadano. Es el caso de Suecia o Francia a mediados de los ochenta y de España en momentos posteriores.

En el Reino Unido, la creación de la Unidad de Eficiencia no sólo tuvo como objetivo un menor peso del sector público en la economía de aquel territorio, sino también la responsabilización de los empleados públicos por la buena administración de los recursos. Del mismo modo, aunque partiendo de iniciativas propuestas por las poderosas asociaciones de altos funcionarios de aquel país, el programa de M. Rocard en Francia insiste en la necesidad de involucrar a los funcionarios que desempeñan labores directivas, creando cauces de participación y concertación, previendo la existencia de sistemas de evaluación del desempeño y también de carreras profesionales que incentiven a sus destinatarios.

Es claro, por tanto, que ningún planteamiento modernizador puede huir de la necesidad evidente de implicar a los recursos humanos de las organizaciones públicas en su concepción y desarrollo, y así lo demuestra el fracaso de la reforma tecnocrática de la década de los sesenta en España. Así, si este intento dejó su impronta en la creación de órganos horizontales como las Secretarías Generales Técnicas o la aparición de los denominados órganos staff, lo cierto es que no varió un ápice los mecanismos internos de funcionamiento de la rancia Administración española tardofranquista ni sus rígidos y privilegiados cauces de relación con el llamado «administrado». En este caso, se quiso que la Función Pública fuera mero objeto de la reforma, obviando su consideración como sujeto activo.

Fue el profesor García Pelayo el que, en nuestro país, clarificó los mecanismos y resultados de la lógica burocrática y los contrapuso a los tampoco deseables de la lógica exclusivamente tecnocrática, insistiendo en la necesidad de asumir que las Administraciones no están «frente» a la sociedad, sino que forman parte del tejido económico y ciudadano. Hoy la modernización de nuestra Administración Pública, entendida como su adaptación a la compleja realidad socioeconómica, es verdadera cuestión de supervivencia, en la medida en que la última y primera razón de ser de las organizaciones públicas es la de servir las demandas ciudadanas.

Sin embargo, la...

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