La formación profesional en Francia
| Autor | Eguzki Urteaga |
| Cargo | Universidad del País Vasco |
| Páginas | 185-208 |
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A diferencia de la formación inicial, estructurada en torno a un actor dominante, el ministerio de Educación, y principalmente prestada y financiada por los poderes públicos, la formación continua está ampliamente asegurada en el marco de un mercado competitivo donde coexisten numerosos actores. Por el lado de la oferta, 48.593 organismos de formación activos estaban declarados el 31 de diciembre de 2006, sabiendo que las organizaciones privadas realizan el 72% del volumen de negocios (gasto de formación continua fuera del aprendizaje de 2006). Si se añade el gasto de las administraciones públicas cuando compran unas formaciones para sus propios agentes, cerca del 70% de la formación profesional está solicitada por los empleadores al provecho de sus asalariados.
No en vano, este sistema mayoritariamente privado está muy reglamentado, atravesado por intervenciones de los poderes públicos en diferentes niveles y ampliamente cogestionado por los agentes sociales. El principio fundamental de este sistema es «formar o pagar» instaurado por la ley del 16 de julio de 1971 y codificado en los artículos L. 6331-1 y siguientes del Código del trabajo. Cada empresa tiene la obligación de dedicar una parte determinada de su masa salarial (el 1,6% para las empresas de más de 20 trabajadores) a la formación, o debe pagar un impuesto, que podrá servir para financiar los gastos de las empresas de formación de otras empresas. Así, si el gasto de formación de los empleados es un gasto privado realizado con unos fines privados, la ley determina un nivel mínimo.
Los poderes públicos intervienen directamente en la oferta y la demanda. Los organismos públicos o parapúblicos, especialmente la Asociación para la formación profesional de los adultos (AFPA) y el GRETA, realizan el 28% del mercado de la formación. Son los mayores prestatarios de servicios del sector. Por el lado de la demanda, el Estado y las regiones han gastado en 2006 más de 4,3 billones de euros a favor, no tanto de los agentes sino en el marco de sus misiones de servicio público, sobre todo a favor de los desempleados de la que financian la casi-totalidad de las formaciones. Las administraciones locales aseguran también la remuneración de los parados que siguen una formación y de ciertas otras categorías de personas que realizan prácticas.
La formación continua se caracteriza también por el rol operativo desempeñado por los agentes sociales. Los organismos recaudadores, que mutualizan los fondos pagados por las empresas en el marco del principio «formar o pagar», es-
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tán cogestionados por los sindicatos y los organismos patronales. La negociación colectiva, especialmente en el seno de los sectores, define las prioridades de formación. Debe tener lugar cada tres años. Los principales actores políticos están de acuerdo para decir que la población francesa debe estar mejor formada y que cada uno debe tener la posibilidad de formarse «a lo largo de la vida». La ley instaura este principio, proclamando en el artículo L. 6111-1 del Código del trabajo que «la formación profesional a lo largo de la vida constituye una obligación nacional», lo que nadie cuestiona, dado el escaso alcance de este tipo de disposiciones.
Desde el punto de vista de los trabajadores, la formación continua persigue numerosos objetivos. El artículo L. 6311-1 cinta cinco finalidades, precisando que «la formación profesional continua tiene como objeto favorecer la inserción y la reinserción profesional de los trabajadores, permitir su mantenimiento en el empleo, favorecer el desarrollo de sus competencias y el acceso a los diferentes niveles de la calificación profesional, contribuir al desarrollo económico y cultural y a su promoción social», y que «tiene igualmente como objeto permitir el retorno al empleo de las personas que han interrumpido su actividad profesional para ocuparse de sus hijos, de su conyugue o de ascendientes en situación de dependencia». Desde la perspectiva empresarial, la formación es a menudo descrita como uno de los principales instrumentos que permiten a Francia encontrar una especialización adecuada de su economía en la división internacional del trabajo: frente a la competencia de los países que practican bajos salarios, la única vía con cierto futuro consiste en posicionarse en la producción de bienes y de servicios con fuerte valor añadido, que necesita una mano de obra muy formada.
La dimensión consensual de la formación profesional se manifiesta en las negociaciones entre agentes sociales. Se trata del único ámbito donde, en varias ocasiones, unos acuerdos han sido firmados por el conjunto de los sindicatos y de las organizaciones patronales, como el acuerdo del 20 de septiembre de 2003 que ha creado el derecho individual a la formación (DIF) y, más recientemente, el acuerdo del 7 de enero de 2009. El consenso que rodea este sistema está marcado por la contradicción. La política de formación no está cuestionada en su principio sino que es objeto de críticas constantes que se refieren sistemáticamente a los mismos temas: el sistema no es suficientemente equitativo, dado que la formación continua beneficia sobre todo a los trabajadores mejor pagados y formados, y no a los asalariados poco cualificados y a los desempleados en dificultad. El sistema es igualmente ineficaz, como consecuencia de una dispersión de las responsabilidades y de las lagunas considerables de la evaluación. Un informe parlamentario resume las causas de estas dificultades por la fórmula: «complejidad, compartimentación y corporativismo»1. Las reformas sucesivas no han conseguido atenuar estas críticas.
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El estudio realizado para la cámara de comercio y de industria de París, por dos economistas, Pierre Cahuc y André Zylberberg, titulado La formación profesional de los adultos: un sistema a la deriva2, se inscribe en ruptura con este consenso. Las críticas dirigidas al sistema se inscriben en la continuidad de numerosos trabajados anteriores. Pero, por una parte, los autores cuestionan las esperanzas desproporcionadas y mal definidas situadas en la formación continua, exponiendo los resultados de trabajos extranjeros que demuestran que sus efectos sobre la productividad y las perspectivas de empleo y de salario de los individuo son lo más a menudo desdeñables, ya que solamente las formaciones largas y calificadoras tienen un impacto averiguado. Por otra parte, concluyen a un cuestionamiento radical del sistema, puesto que proponen abandonar el principio de «formar o pagar».
Esta preconización no ha sido seguida por los decisores. Un grupo de concertación que asocia los cuatro principales responsables de la formación continua (Estado, regiones, organizaciones patronales y sindicatos) plantea como postulado que un «transformación radical del formación no es ni deseable ni contemplable»3. El proyecto de ley sometido al Parlamento en la continuidad de los trabajos anteriores procede, de nuevo, a unas modificaciones que no cuestionan los principios constitutivos del sistema. No en vano, la perspectiva de una reforma más radical sigue presente en el debate público.
En definitiva, este artículo tiene como objeto aclarar los términos de este debate sobre el carácter radical o no de las insuficiencias del sistema francés de formación continua y de las reformas que exigen. Después de presentar estas carencias, así como los méritos de un sistema constituido durante los años 1970, se analizarán las reformas acontecidas en los años 2000, a la vista de las profundas evoluciones solicitadas por ciertos sectores.
El sistema puesto en marcha en 1971 ha permitido un desarrollo notable de las formaciones cortas que responden a las necesidades de las empresas, pero es desigualitario y no abre unas verdaderas perspectivas de promoción social.
Obligación legal para los empleadores y estructuración por sectores profesionales
La formación continua durante los Treinta Gloriosos
La formación profesional ha sido marginal durante un largo periodo y se ha desarrollado en Francia con mucho retraso con respecto a la formación inicial.
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Prohibiendo las corporaciones, la Revolución francesa ha destruido el sistema tradicional de aprendizaje artesanal. En 1906, mientras que la gran mayoría de los franceses sabe leer y escribir, nueve obreros sobre diez están contratados sin ninguna formación profesional4. Las iniciativas asociativas y sindicales, tales como las bolsas de trabajo o las clases de educación popular, se enfrentan a la dificultad de conseguir unos obreros que se forman fuera de sus horarios de trabajo, mientras que sus horarios ya son extenuantes y no sacan ningún beneficio notable. Varios intentos de los poderes públicos apenas conocen éxito. La ley As-tier de 1919 crea un sistema de clases para aprendices, que conducen a un título profesional reconocido por el Estado y financiado por una participación obligatoria de los empleadores, el impuesto de aprendizaje, comparable al 0,2% de su masa salarial. En 1939, solamente 26.000 trabajadores consiguen ese título.
El verdadero despegue de la formación profesional se produce durante los Treinta Gloriosos. El crecimiento económico rápido genera unas grandes necesidades de mano de obra cualificada y unas oportunidades importantes de promoción social. A nivel ideológico, el régimen gaullista es favorable a la promoción social por la formación continua, en la cual ve, así como la participación de los trabajadores en los resultados de la empresa, una de las maneras de superar la lucha de clases. Es en ese periodo que serán levantados los principales obstáculos al desarrollo de la formación profesional. En un primer momento, la oferta de formación está estructurada en torno a diferentes redes: a nivel de la formación profesional inicial, el sistema de colegios de enseñanza...
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