Experiencia de educación jurídica popular: una lucha por hacer efectivo el derecho a tener derechos

AutorJesús Antonio de la Torre Rangel
Cargo del AutorProfesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (México)
Páginas95-115
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CAPÍTULO QUINTO.
EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN JURÍDICA POPULAR:
UNA LUCHA POR HACER EFECTIVO
EL DERECHO A TENER DERECHOS
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“No admiten que haya abogados, porque quieren
que ante los Tribunales cada quien exponga su razón...
Así ocurre que en Utopía todos son jurisconsultos...”
Tomás Moro
1. INTRODUCCIÓN
En la revista Christus N° 516, correspondiente a noviembre de 1978, José
Amado Bravo Lozano y yo publicamos un artículo titulado “Posibilidad y senti-
do del uso del Derecho al servicio del pueblo”. En este trabajo, como lo indica
el título, nos propusimos hacer un esbozo y aportar algunas pistas de reflexión
respecto a la posibilidad histórico-social de utilizar la juridicidad en beneficio
del pueblo, así como del sentido que tendría la aplicación del Derecho en esa
perspectiva.
Eran los tiempos en que, desde el punto de vista de posiciones de análisis
social inspiradas en el marxismo, que gozaba de gran prestigio entre los cien-
tistas y activistas sociales, se descalificaba de manera absoluta al Derecho como
parte de las luchas sociales, considerándolo sólo como instrumento de do-
minación. En cambio nosotros pensábamos que la juridicidad tenía aspectos
que podían utilizarse en beneficio de los pobres, y nuestra propuesta era en el
sentido de ese uso del Derecho. Al conocer la realidad social que nos muestra
la opresión, utilizando una fórmula jurídica, decimos que vivimos en la “le-
galidad de la injusticia” (Dussel, 1976: 66); pero creíamos y empezábamos a
constatar que llevaba razón Carlos María Vilas cuando escribía que “puesto al
1 Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (México).
Jesús Antonio de la Torre Rangel
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servicio del pueblo, el Derecho puede llegar a ser una efectiva herramienta de
liberación.” (Vilas, 1974: 1).
Oscar Correas señala dos grandes espacios en América Latina para las ta-
reas de los abogados que tengan “espíritu democrático y la vocación de ser-
vicio a los sectores oprimidos”: el ejercicio mismo de la profesión y la crítica
jurídica. Dentro del primer rubro incluye: la asesoría jurídica de sindicatos y
otras corporaciones (campesinos, comuneros, movimientos vecinales, de pro-
fesionales, etc.); las defensas penales y del ciudadano frente al autoritarismo
del Estado; y la participación hacia dentro del propio aparato administrativo
del Estado y en tareas legislativas. Respecto del segundo aspecto, esto es la
crítica jurídica, como actividad teórico-académica, sería una labor en defensa
del Estado de Derecho frente a las formas autoritarias, como un control de la
práctica jurídica en búsqueda de nuevas formas democráticas, esto como un
primer aspecto; y en otro campo de la propia actividad de la crítica jurídica,
sería la elaboración de una teoría crítica del Derecho (Correas, 1984: 51-57).
Estamos de acuerdo con Correas. Sin embargo, nosotros agregamos a las
tareas de ese abogado comprometido con las causas populares un tercer cam-
po, el de la educación jurídica-popular. Este constituye un espacio de enor-
me importancia en la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de la
justicia.
2. LA EDUCACIÓN POPULAR
En 1979, después de conocer nuestro pensamiento acerca del Derecho,
y al considerar su posible uso a favor de las causas populares, se acercó a no-
sotros el padre jesuita Enrique Gutiérrez Martín del Campo y nos planteó su
idea de implantar un proyecto de educación jurídica-popular o cívica-legal; y
en concreto nos propuso la responsabilidad del mismo.
El objetivo del proyecto de “El Pajarito” -como cariñosamente le llamaban
sus hermanos de la Compañía de Jesús y sus amigos- consiste en poner al al-
cance del pueblo los elementos y conocimientos jurídicos básicos para que las
propias organizaciones populares -sindicatos, organizaciones vecinales, juntas
cívicas, ejidos, comunidades, cooperativas, etc.- puedan prever, prevenir y so-
lucionar los problemas que de índole jurídica se les presenten en sus relacio-
nes con el Estado, con particulares y dentro de sus propias organizaciones. El
padre Gutiérrez tenía entonces la dirección de Fomento Cultural y Educativo,
A.C., institución fundada con el propósito de promover la educación popular,
en especial de los sectores pobres suburbanos, rurales e indígenas.

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