La expansión del mercado en el ámbito punitivo: Privatización de la gestión de la seguridad ante el delito
| Autor | José Ángel Brandariz García |
| Cargo del Autor | Universidad de A Coruña |
| Páginas | 161-174 |
Page 161
Como ha habido oportunidad de sugerir en diversos momentos, la progresiva privatización de la gestión de la seguridad aparece como uno de los rasgos fundamentales del modo social e institucional de aproximación a las materias del control social en el momento contemporáneo. Se trata de un proceso evolutivo que no se intuye en absoluto coyuntural, ya que las circunstancias que lo determinan constituyen transformaciones de notable alcance.
En efecto, la privatización de la gestión de la seguridad se sustenta, cuando menos, en dos mutaciones sociales de trascendencia 1. En primer lugar, cabe citar la centralidad política, y las crecientes demandas colectivas, que se articulan en torno al valor seguridad. Una percepción de riesgos, ampliamente difundida, genera constantes demandas de protección. En el ámbito del sistema penal, esta situación se plasma en una tendencia a la expansión, por lo demás incapaz de conjurar la sensación social de inseguridad.
Ante esta coyuntura, el Estado se ve compelido a incrementar la atención a la seguridad, aumentando la provisión de recursos destinada a tal sector de políticas públicas. A pesar
Page 162
de ello, la oferta pública de recursos orientados a la garantía de la seguridad tiende a presentarse como inelástica, ya que su expansión presenta límites evidentes. No en vano, la emergencia de esa demanda pública coincide en el tiempo con una etapa de -cuando menos aparente- contracción de la institución estatal, es decir, de disminución de su protagonismo en deter-minados ámbitos de la vida colectiva 2. El Estado de esa sociedad de la inseguridad sentida está llamado a reducir su intervencionismo en parcelas que previamente aparecían como idóneas para su gestión, en aras -se supone- de una saludable activación de los individuos y del conjunto social. Se trata de un Estado sujeto a una limitación de recursos, derivada de una ortodoxia económica que predica la autocontención del gasto público como medida ineludible para garantizar el desarrollo económico. Por lo demás, esa misma lógica económica recomienda maximizar las oportunidades de negocio que las diferentes áreas de la realidad social pueden generar. El campo de los riesgos y la seguridad no podía ser -del mismo modo que no lo han sido la educación, la sanidad o la asistencia social- un espacio vedado a la procura de nuevos ámbitos de lucro 3.
Este orden de consideraciones sienta las bases para la puesta en marcha de un formidable proceso de privatización de áreas de intervención previamente públicas 4. Se trata de una evolución que incide de múltiples formas, y con diferentes grados de intensidad, en los diversos ámbitos de las políticas públicas. Seguramente ha de verse como un proceso ya muy profundizado en lo que se refiere a la lógica keynesiana de intervención estatal en la economía; el Estado en estas parcelas, tres décadas después de una cierta revolución neoliberal, tiende a reservarse únicamente labores de regulación y coordinación de determinados ámbitos sensibles.
Page 163
Mayores resistencias ha generado el proceso privatizador en el área de intervención estatal propia del Estado de Bienestar; en los terrenos de la educación, la sanidad, la asistencia social, y en áreas conexas, como la promoción pública de la cultura o del deporte, la retirada estatal ha encontrado siempre mayores frenos, y se presenta hoy como un proceso contradictorio.
Esos escollos se ven probablemente reforzados en el ámbito de la gestión de la seguridad y el orden públicos, incluido el campo sancionador 5. No en vano, la gestión estatal de estas áreas de la vida colectiva es un proceso de mayor alcance temporal, que hunde sus raíces mucho antes de la etapa del Estado Social welfarista y keynesiano, y cuya mutación afecta de forma relevante al núcleo de la legitimación de la institución estatal, menoscabando las narrativas del monopolio de la violencia y del contrato social 6. Por mucho que ese proceso de afirmación de la gestión pública de la seguridad haya sido menos lineal y pacífico de lo que pueda pensarse 7, resulta fácil entender que la proyección del mercado a ese ámbito introduce una serie de tensiones que no pueden ser obviadas.
No obstante, esto no significa que el proceso privatizador haya dejado de proyectarse sobre los campos objeto de estudio. Lejos de ello, la privatización de la gestión de la seguridad, y del propio sistema penal, es una tendencia evidente, que caracteriza de forma muy relevante la evolución de estas áreas de la vida colectiva, por mucho que su intensidad resulte ser menor que la que se manifiesta en ámbitos de intervención pública propios de la lógica keynesiana 8.
Page 164
Probablemente el elemento más evidente de la expansión de la racionalidad de mercado al ámbito del sistema penal es la conformación de una verdadera industria de la seguridad privada, que suministra dispositivos tecnológicos y recursos humanos para la garantía del orden y el control del delito 9.
Las razones que explican este fenómeno ya han sido en gran medida avanzadas. La emergencia del valor seguridad como interés fundamental de la vida colectiva crea unas demandas de provisión de tal bien que el Estado ya no está en condiciones de garantizar. Seguramente, no solo se trata de las limitaciones inherentes a la crisis fiscal del Estado. También infiuye en esa incapacidad estatal la materialización de la percepción social de inseguridad como verdadera ansiedad colectiva, que conforma una coyuntura en la que los esfuerzos de la Administración en la provisión de dicho bien nunca alcanzan un grado de suficiencia 10. Precisamente en este ámbito de tensiones emerge la dinámica de procura de espacios de negocio, de necesidades sociales que puedan ser cubiertas por la iniciativa lucrativa privada, como -aparente- imperativo para garantizar el desarrollo sostenido del sistema económico 11. La existencia de una demanda social insuficientemente satisfecha constituye el presupuesto idóneo para la emergencia de un sector empresarial apto para acometer su provisión, sobre todo en la medida en que el estado de opinión político-económico del momento admite -e incluso incentiva- ese suministro privado de bienes previamente garantizados por la intervención estatal.
Page 165
De este modo, la seguridad deviene una mercancía, en la medida en que se conforma una demanda de un bien susceptible de generar valor económico, y se articula un sector empresarial dispuesto a extraer ese valor mediante la -mayor o menor- satisfacción de tal necesidad 12. En ese devenir mercancía del bien seguridad infiuye sobremanera su penetración en el conjunto de la vida social. En un proceso que también se inscribe en la reordenación espacial de la ciudad, la provisión de seguridad incrementa notablemente las posibilidades de generar valor económico. Un amplio conjunto de actividades y espacios sociales acude a la adquisición de los dispositivos técnicos y humanos de seguridad aportados por el sector privado, con la intención de ofrecer un servicio altamente valorado 13.
En suma, una demanda creciente encuentra una oferta hoy orientada en gran medida por una innegable oportunidad lucrativa.
Vistas las razones que pueden enmarcar una explicación de ese proceso de privatización de la seguridad y el orden colectivos, y del control del delito, no conviene obviar un efecto fundamental en el marco de los grandes principios de construcción de la Política criminal que se deriva de dicha evolución, y que ya ha sido en cierta medida insinuado.
La privatización de esas funciones públicas parte de una suerte de toma de conciencia por parte del Estado de su inca-pacidad para seguir garantizando en exclusiva la seguridad colectiva 14. Esta circunstancia no parece en absoluto irrelevante. Como es sabido, uno de los mitos fundantes de la legitimación del Estado moderno reside en su competencia exclusiva para garantizar y distribuir el disfrute del bien seguridad, mediante el monopolio de la violencia 15.
Page 166
En consonancia con ello, una de las características del Estado moderno es la progresiva concentración en sus instancias institucionales del monopolio de las labores de garantía de la seguridad y de respuesta al delito 16. A lo largo de los siglos XVIII y XIX la actividad policial, y las labores de enjuiciamiento y sanción de los delitos, fueron objeto de una progresiva apropiación por parte del Estado, en un proceso -con todo- no exento de tensiones 17. De este modo, los menoscabos sufridos en sus bienes jurídicos por los individuos fueron crecientemente interpretados como asuntos colectivos, con lo que se fue ritualizando el recurso a la intervención estatal en la materia, marginando las reacciones privadas. La expansión de la democracia otorgaría posteriormente a estas prerrogativas la entidad de poderes, intereses y servicios públicos, no atentos en exclusiva a las necesidades de las élites, y -cuando menos en teoría- útiles para el conjunto de la población. Así, las funciones de policía, enjuiciamiento y sanción devinieron tareas profesionalizadas -burocratizadas- y especializadas, y su apropiación institucional se convirtió en signo distintivo del Estado moderno. En las democracias liberales esa potestad de...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba