¿Existen herramientas jurídicas para acordar el desalojo del inmueble y su restitución al legítimo poseedor como medida cautelar en los delitos de usurpación de bienes inmuebles del artículo 245.2 del Código Penal?

AutorGermán Oñate García
CargoJuez sustituto adscrito al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

La usurpación de bienes inmuebles (ocupación), constituye en la actualidad una alarma social innegable cada vez más en auge, posiblemente por la poca contundencia a la hora de resolver el conflicto. El problema no es baladí puesto que en la mayoría de supuestos deriva en otra serie de actos delictivos como pudiera ser un delito de defraudación de fluido eléctrico, de pertenencia a una organización criminal (por las mafias que dirigen las ocupaciones), etc. además de la propia inseguridad de la comunidad de vecinos que sufre las consecuencias de esa ilegítima ocupación por el presunto comportamiento incívico de los ocupantes del bien inmueble ocupado.

En el presente artículo nos vamos a centrar en el delito de usurpación de bienes inmuebles recogido en el artículo 245.2 del Código Penal y concretamente a analizar si existen herramientas jurídicas para acordar el desalojo como medida cautelar sin necesidad de demorar el mismo hasta que recaiga Sentencia firme para evitar perjuicios para el propietario del inmueble.

Recoge el precitado artículo que: "2. El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses."

Nos encontramos en consecuencia, en virtud de los artículos 33.4 g) y 13.4, ambos del Código Penal, ante un delito leve. Ante este escenario, y dada la entidad del delito, podemos encontrar varias resoluciones que, escudándose en el principio de intervención mínima del derecho penal, acuerdan sobreseer el procedimiento aún habiendo el/la propietario/a, por medio de denuncia acreditado dicha condición, la ocupación propiamente con una vocación de permanencia y la voluntad contraria de dicho propietario a tolerar esta con la correspondiente solicitud de desalojo inmediato de los ocupantes que carezcan de título jurídico que legitime esa posesión. Resulta de interés en este sentido el Auto de fecha 23 de septiembre de 2021 dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección octava, por el que se estima el recurso de apelación presentado por la parte denunciante y por el delito que está siendo objeto de análisis en el presente artículo donde se recoge que "(...) La resolución atacada fundamenta la decisión sobreseyente, sustancialmente, mediante una resolución de formato, sesgo e impronta estereotipada, en el recurrente y socorrido principio de intervención mínima que pretende desbancar...

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