Exigencia normativa y gobiernos locales en un entorno de transparencia multinivel
| Autor | Jaume Magre/Lluís Medir/Esther Pano/Joan Josep Vallbé/José Luís Martínez-Alonso |
| Páginas | 31-54 |
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LA IMPLEMENTACIÓN Y LOS EFECTOS DE LA NORMATIVA DE TRANSPARENCIA EN LOS GOBIERNOS LOCALES...
3.
EXIGENCIA NORMATIVA Y GOBIERNOS
LOCALES EN UN ENTORNO
DE TRANSPARENCIA MULTINIVEL
LA NORMATIVA DE TRANSPARENCIA BAJO EL PRISMA DEL GOBIERNO
LOCAL
Desde el inicio de los ayuntamientos democráticos en abril de 1979, los Gobiernos
locales han venido prestando un número creciente de servicios y desarrollando otra serie
de actividades públicas (intervención administrativa, fomento, desarrollo económico y
funciones públicas), en el marco de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen
Local (LBRL) y de las legislaciones autonómicas dictadas en su desarrollo. A pesar de las
dicultades económico-nancieras y las derivadas de la atomizada estructura del subsistema
local, lo cierto es que el ejercicio de todas estas actividades y su papel como agentes de
bienestar han contribuido notablemente a la consecución de los nes del Estado social, así
como a su vinculación como Administraciones en esta caracterización que, junto con las
de democrático y de derecho, denen la forma en que se encuentra constituida España de
acuerdo con la Constitución de 1978.
Cumplidas ya cuatro décadas de democracia local, la legislación sobre transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno ha venido a plantear nuevas exigencias
a los responsables políticos y técnicos locales, que ven así ampliada la ya larga lista de
obligaciones que cumplir. Concretado en el ámbito de la transparencia, el capítulo aborda el
marco normativo y analiza los diversos requerimientos y condicionantes a que se encuentran
sometidos los Gobiernos y las Administraciones locales en el ejercicio de sus competencias
como consecuencia de la aprobación de la legislación reguladora del referido ámbito de
transparencia, constituida por la Ley estatal 19/2013 y las respectivas leyes autonómicas.
El texto analiza fundamentalmente la norma estatal, puesto que constituye, como se verá,
el marco básico y común para el conjunto de gobiernos locales españoles. Sin embargo, el
trabajo empírico posterior sí bebe del análisis detallado de las obligaciones de la normativa
autonómica, a pesar de que no sea objeto de estudio jurídico detallado (puesto que excedería
tanto el objeto como la nalidad de la presente monografía).
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INVESTIGA
Hasta entrada la segunda década del siglo XXI, el Estado español y las entidades subestatales
(Comunidades Autónomas y Gobiernos locales) no tenían una legislación especíca
sobre transparencia y acceso a la información pública. En este sentido, España es uno de
los últimos Estados europeos en aprobar una normativa de transparencia. A pesar de ello,
podían encontrarse previsiones de transparencia en diferentes leyes. Así, a título de ejemplo
y a nivel estatal, la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (art. 35, sobre derecho de los ciudadanos «al
acceso a la información pública, archivos y registros», letra h);1 o la Ley 11/2007, de Acceso
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (art. 6, sobre derechos de los ciudadanos,
aunque subordinados a la implementación de los sistemas electrónicos). Por su parte, también
la legislación autonómica contenía determinaciones, como, por ejemplo, la Ley Cat 10/2001,
de archivos y gestión de documentos (art. 34 sobre acceso a los documentos públicos).
Sin embargo, el décit normativo que signicaba la ausencia de unas obligaciones claras
y homogéneas se vio superado por la eclosión de la legislación de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno que tuvo lugar a partir de 2013, con la legislación
estatal, primero, y la de desarrollo autonómico, la mayoría posterior a la norma estatal, como
se verá a continuación.
Hay que añadir que todo este caudal normativo2 ha sido objeto de un análisis generalizado
por juristas y politólogos, de manera que en el momento presente el estudio de la transparencia
en las Administraciones públicas es uno de los principales temas en la literatura especializada.
Además del acervo estatal y autonómico que se analiza a continuación es destacable también
la existencia de amplia (y extensa) normativa local al respecto, en este caso de carácter
reglamentario.
Para el caso de los Gobiernos locales, han proliferado algunos modelos de ordenanza como,
por ejemplo, el de la Federación Española de Municipios y Provincias, que ha sido aprobado
por un número elevado de ayuntamientos, bien en su integridad, bien introduciendo los
cambios que han estimado pertinentes. En cualquier caso, esta normativa está supeditada
a las previsiones estatales, en primer lugar, y a las autonómicas, en segundo lugar. Sin
embargo, atendido el elevado número de entidades locales en el conjunto de España (8258,
por circunscribirlas a las territoriales), la transparencia multiplica sus manifestaciones en el
conjunto del subsistema local3.
En cualquier caso, el efecto principal del binomio legislación básica-legislación autonómica
de desarrollo no es otro que el de la ampliación de las obligaciones relativas a la transparencia.
Dado que la legislación autonómica no puede contradecir la básica y reducir los estándares
1 Sobre la regulación de la Ley 30/1992 y sus deficiencias en relación con el derecho de acceso, véase Mir
(2017: 52-53).
2 Un compendio detallado de la normativa y los enlaces a la misma se puede encontrar en el anexo IV.
3 Como referencia significativa, la base de datos del CIDO (Cercador d’Informació i Documentació Oficial)
de la Diputación de Barcelona muestra ciento cinco ordenanzas y reglamentos locales sobre transparencia
en el conjunto de Cataluña.
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