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Resolución de 23 de junio de 1989, de la Secretaría General de la Seguridad Social, sobre no exigencia del requisito de convivencia matrimonial para causar derecho a la pensión de viudedad en los Regímenes del Sistema de la Seguridad Social en los supuestos de separación de hecho.

Texto Original (BOE) Citas 3 Citado por Análisis 1 Relacionados
Vincent
MarginalBOE-A-1989-15317
SecciónI - Disposiciones Generales
EmisorMinisterio de Trabajo y Seguridad Social
Rango de LeyResolución

El Tribunal Central de Trabajo ha introducido, a partir del año 1986, un cambio de la línea interpretativa mantenida hasta entonces, en virtud del cual se pasa a considerar que la norma tercera de la disposición adicional décima de la Ley 30/1981, de 7 de julio, por la que se modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil y se determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio, debe interpretarse, a tenor de su propia redacción, en el sentido de que contempla no sólo el supuesto de separación judicial, sino también las otras especies de separación, es decir, la de hecho y la convenida de modo voluntario por los interesados. Consecurentemente, estima dicho Tribunal que la citada disposición ha venido a derogar el apartado a) del artículo 160 de la Ley General de la Seguridad Social, cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto 2065/1974, de 30 de mayo; y que el hecho de la convivencia no es ya exigible como requisito al viudo que hubiera sido cónyuge legítimo al fallecimiento del causante, sino únicamente de utilidad para la distribución del importe de la pensión en el caso de que hubiere más de un beneficiario llamado al disfrute de la misma.

No obstante, la interpretación jurisdiccional, al mantenerse en vía administrativa la vigencia del artículo 160.1.a), de la citada Ley General de la Seguridad Social, se ha producido una disparidad de criterios que ha originado que el Defensor del Pueblo, desde la óptica general de salvaguardar «los intereses tanto de los ciudadanos como de la totalidad de los poderes públicos», haya venido aconsejando la necesidad y conveniencia de poner fin a tales desavenencias y, en concreto, recomendando la acomodación de los criterios sustentados hasta ahora en vía administrativa a los asumidos en vía jurisdiccional laboral.

En consideración a todo ello, y sin perjuicio del carácter de provisional que se atribuye a sí misma la citada disposición adicional décima de la Ley...

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