STS, 24 de Noviembre de 2000

PonenteALFONSO GOTA LOSADA
ECLIES:TS:2000:8594
Número de Recurso190/1995
Fecha de Resolución24 de Noviembre de 2000
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veinticuatro de Noviembre de dos mil.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha pronunciado la presente Sentencia en el recurso de casación nº 190/1995, interpuesto por la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, contra la sentencia, s/n, dictada con fecha 22 de Marzo de 1.994 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo -Sección Segunda de la Audiencia Nacional, recaída en el recurso contencioso-administrativo nº 207.672, interpuesto por la entidad "MUTIBERUS, Mutualidad de Previsión Social", contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 21 de Junio de 1.990, sobre exención del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

Ha sido parte recurrida en casación la entidad "MUTIBERUS, Mutualidad de Previsión Social."

La sentencia tiene su origen en los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

La parte dispositiva de la sentencia, cuya casación se pretende, contiene el fallo que, transcrito literalmente, dice: "FALLAMOS: Que estimando el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la Procuradora Sra. Maestre Cavanna, en nombre y representación de la entidad "Mutiberus, Mutualidad de Previsión Social", contra el acuerdo del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 21 de junio de 1.990 -ya descrito en el primer fundamento de esta sentencia-, debemos declarar y declaramos dicho acuerdo no conforme a Derecho, y en consecuencia lo anulamos; declarando en su lugar que corresponde a la Mutualidad actora la exención del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídico Documentados, prevista en el artículo 48-I-A-b) del Texto refundido; sin hacer condena en costas."

Esta sentencia fue notificada al Abogado del Estado, representante de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, el día 7 de Septiembre de 1.994.

SEGUNDO

La ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado, presentó con fecha 19 de Septiembre de 1.994 escrito de preparación de recurso de casación en el que manifestó su intención de interponerlo con sucinta exposición del cumplimiento de los requisitos procesales de admisibilidad.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo -Sección Segunda- de la Audiencia Nacional acordó por Providencia de fecha 16 de Octubre de 1.994, tener por preparado el recurso de casación, remitir los autos jurisdiccionales de instancia y el expediente administrativo a la Sala Tercera del Tribunal Supremo y emplazar a las partes interesadas ante dicha Sala.La entidad MUTIBERUS, MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL, representada por la Procuradora Dña. Magdalena Maestre Cavanna, compareció y se personó como parte recurrida.

TERCERO

La ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado, presentó escrito de interposición del recurso de casación, en el que reiteró el cumplimiento de los requisitos procesales de admisibilidad del recurso y expuso un único motivo casacional, con sus correspondiente fundamentos de derecho, suplicando a la Sala "dicte Sentencia por la que se case, anule y revoque la recurrida confirmando, pues, en su integridad, la resolución administrativa impugnada".

Esta Sala Tercera acordó por Providencia de fecha 8 de Noviembre de 1.995 admitir a trámite el presente recurso de casación.

CUARTO

Dado traslado de las actuaciones a la representación procesal de la entidad MUTIBERUS, MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL, parte recurrida, presentó escrito de oposición al recurso de casación, formulando los argumentos de contrario que consideró convenientes a su derecho, suplicando a la Sala "se desestime el recurso de casación interpuesto contra la citada sentencia de 22 de Marzo de

1.994, y se confirme en todos sus extremos, por ajustada a Derecho; y con la imposición de costas a la parte recurrente".

Terminada la sustanciación del recurso de casación, se señaló para deliberación, votación y fallo el día 14 de Noviembre de 2000, fecha en la que tuvo lugar el acto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La cuestión objeto de controversia en las presentes actuaciones se contrae a dilucidar, tal como se infiere de los datos procedimentales reseñados en el encabezamiento de esta sentencia, si la entidad MUTIBERUS MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL puede gozar de la "exención subjetiva" prevista en los artículos 48.I.A.b) del Real Decreto Legislativo 3050/1980, de 30 de diciembre, texto refundido de la Ley reguladora del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y 59.I.A.b) de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 3494/1981, de 29 de diciembre.

La sentencia de instancia se decanta por reconocer a la citada Mutualidad la exención subjetiva prevista en los mencionados preceptos, que establecen: "Gozarán de exención subjetiva los 'establecimientos' o 'fundaciones' benéficos o culturales, de previsión social, docentes o de fines científicos, de carácter particular, debidamente clasificados, siempre que los cargos de patronos o representantes legales de los mismos sean gratuitos y rindan cuentas a la Administración", entendiendo que se está ante la presencia de un "establecimiento" de previsión social que reúne todos los requisitos al efecto previstos en el precepto.

La Dirección General de Tributos, el TEAC y el Abogado del Estado, por el contrario, estiman que, tratándose de una entidad de base asociativa, no puede estar comprendida en la letra b) de los citados artículos, pero tampoco en la letra c), porque no reúne los condicionantes finalistas de esta última disposición. que dice: "Gozarán de exención subjetiva las Asociaciones declaradas de utilidad pública dedicadas a la asistencia o integración social de minusválidos o subnormales o a la atención de la tercera edad, con los requisitos establecidos en el apartado b) anterior".

SEGUNDO

El presente recurso de casación, promovido al amparo del ordinal 4 del artículo 95.1 de la Ley de esta Jurisdicción, (LJCA según la versión entronizada en la misma por la Ley 10/1992), se funda en el siguiente motivo de impugnación: Infracción del mencionado artículo 48.I.A.b) del Real Decreto Legislativo 3050/1980, porque la sentencia recurrida ha aplicado tal precepto a una entidad de base asociativa cuya posible exención subjetiva debió plantearse por el cauce del apartado c) del mismo artículo.

Y arguye que no puede admitirse que, al hablar el apartado b) de "establecimientos o fundaciones", separándolos con la conjunción disyuntiva, se esté refiriendo a cosas distintas de las varias formas de denominar a las personas jurídicas fundacionales, desde el momento en que exige, seguidamente, su debida clasificación (instituto no aplicable a las personas jurídicas tipo asociación), su carácter particular, el régimen gratuito de sus representantes o patronos y la rendición de cuentas a la Administración (síntoma único del ejercicio del Protectorado del Gobierno sobre los entes fundacionales, institución tampoco aplicable a las de tipo asociación).

TERCERO

La Mutualidad ahora recurrida aduce que todo se reduce a determinar si los términos delapartado b) "establecimientos" y "fundaciones" son sinónimos o están referidos a entidades distintas, de modo que puedan encontrar acomodo entre los "establecimientos" las de base asociativa, como la de autos.

Como se ha anticipado, la Abogacía del Estado, defensora de la tesis de la igualdad conceptual de dichos términos, pretende demostrarlo a través -según se ha apuntado- del resto de los requisitos que exige la citada norma para que los "establecimientos" puedan acceder a la exención subjetiva.

Efectivamente, MUTIBERUS MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL es una entidad de previsión social, de carácter particular, debidamente clasificada, cuyos cargos sociales son gratuitos y que rinde cuentas a la Administración.

En efecto:

  1. Es una entidad de previsión social, a tenor del objeto previsto en sus Estatutos y de lo que dicen las normas reguladoras de su funcionamiento, debidamente clasificada y consta inscrita en el Registro Especial de Ordenación del Seguro Privado, previsto en el artículo 40 de la Ley 33/1984 y 13 del Reglamento de Entidades de Previsión Social, aprobado por el Real Decreto 2615/1985, de 4 de diciembre.

  2. Es una entidad particular, de previsión social, sin ánimo de lucro y fuera del marco de los sistemas de previsión que constituyen la Seguridad Social obligatoria, con la denominación de MUTIBERUS MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL, ya que la actividad aseguradora que constituye su objeto sólo se circunscribe a sus propios asociados y no tiene una pretensión de generalidad.

  3. Está debidamente clasificada, al encontrarse inscrita, en el Registro Especial de Entidades de Previsión Social de la Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía y Hacienda con el número 1497.

  4. Sus cargos sociales son honoríficos, gratuitos y obligatorios.

  5. Y rinde cuentas a la Administración por imperativo legal, a tenor del artículo 36.2 del Real Decreto 2625/1985.

En principio, de seguirse los razonamientos de la Abogacía del Estado, se llegaría a la conclusión de que, al reunir la Mutualidad de autos todos los requisitos exigidos por el apartado b) del artículo 48.I.A del Real Decreto Legislativo 3050/1980, dicha entidad es una fundación, pero no es este el caso.

La Administración nunca ha dudado de que MUTIBERUS MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL reuniera los requisitos que individualizan los "establecimientos o fundaciones" con derecho a exención. Ha denegado tal beneficio fiscal por el sólo hecho de que una entidad de base asociativa, como lo es la Mutualidad, no está comprendida en el apartado b) sino en el c) del precepto mencionado.

El hecho de que la entidad ahora recurrida reúna o no los requisitos del apartado b) es un tema de hecho a decidir por el Tribunal de instancia y que no puede ser objeto de discusión en este recurso casacional.

Expresando el Abogado del Estado que acepta los hechos expuestos en la sentencia recurrida y no siendo factible procedimentalmente combatir los mismos (ya que no cabe revisar en casación la valoración de lo declarado probado y/o cierto en la resolución impugnada), resulta que, reúne todos los requisitos precisos para obtener la exención tributaria debatida.

CUARTO

El Abogado del Estado afirma que, como el apartado b) habla de "establecimientos o fundaciones", separándolos por una conjunción disyuntiva, se está ante las variadas formas de denominar a las personas jurídicas fundacionales (pues la disyunción "o" determina que ambos términos son sinónimos para el legislador).

Pero esta interpretación meramente gramatical, sin otro apoyo complementario, se vuelve en contra de quien la sostiene, pues en el resto del apartado hay otros términos separados por la misma partícula disyuntiva y es obvio que se trata de conceptos distintos y no sinónimos.

La sentencia de instancia, tras un análisis ponderado de la cuestión, llega a la conclusión de que "establecimiento" es concepto diferente al de "fundación" y equivale a sede o lugar donde, de modo habitual, se realiza alguna de las actividades previstas en el comentado apartado b).A mayor abundamiento, como arguye la parte recurrida, existen ejemplos no exhaustivos en los que el término "establecimiento" no es sinónimo de "fundación":

Así, en los artículos 8.2 de la Ley 30/1985, de 2 de agosto, reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido; 14 del Reglamento de dicho Impuesto, aprobado por el Real Decreto 2028/1985, de 30 de octubre; 6 del Reglamento de ese mismo Impuesto, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre; y 131.2.e) de la Ley general Tributaria, según la redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio.

Además, al hablar el comentado apartado b) de establecimientos o fundaciones de previsión social imposibilita que ambos términos puedan ser sinónimos, pues, en tal caso, sería gratuita la inclusión del concepto "previsión social", pues no es factible que exista una fundación de previsión social, ya que o bien tendría como base un esquema asociativo, más o menos obligatorio, con afiliación y cuota (de previsión), o bien sería una simple fundación asistencial, limitada a un grupo caracterizado de beneficiarios, en cuyo caso estaría contemplada en el calificativo de la norma de "benéfico" y no en el de "previsión social", que lógicamente supone un conjunto de individuos que prevén unos riesgos e intentan socializar los mismos dentro del colectivo.

Por último, y a mayor abundamiento, la cuestión viene claramente solucionada en la sentencia de esta Sala de 20 de noviembre de 1984 (parcialmente recogida en la de 15 de febrero de 1997), que declara, entre otros extremos, primero, que la apelante insiste en la procedencia de la exención subjetiva contenida en el artículo 48.I.A.b) del Real Decreto Legislativo 3050/1980, alegando en favor de su tesis que al ser la apelante una Asociación no implica quedar fuera de la exención subjetiva reconocida en el citado apartado del precepto, pues la referencia al "establecimiento" no se identifica con la de la "fundación", y en esta referencia al "establecimiento" queda comprendida la Mutua de autos, pues la misma es, por su finalidad, una entidad de previsión social, que no resulta excluída por su carácter asociativo, ya que la referencia concreta a las Asociaciones aludidas en el apartado c) del mismo artículo no implica la exclusión genérica de las restantes Asociaciones; segundo, es indudable, en la regulación del ITP y AJD, el distinto sistema seguido en la norma del Real Decreto Legislativo 3050/1980 respecto al contenido en el anterior Decreto 3314/1966, de 29 de diciembre, pues sustituye un criterio enunciativo singularizado por la enunciación de amplias categorías de personas jurídicas tanto públicas como privadas a quienes se concede la exención, delimitando éstas últimas por referencia a su finalidad, y, así, en la letra b) del comentado artículo 48.I.A, se enuncian de modo comprensivo los establecimientos o fundaciones benéficas o culturales, de previsión social, docentes o de fines científicos, de carácter particular, enunciación que sin duda comprende algunas de las exenciones antes singularizadas en el texto de 1966 y que incluso permite ampliar el beneficio fiscal a todos los establecimientos o fundaciones cuyos fines coincidan con los señalados en la citada norma siempre que, además, reúnan los requisitos legales y reglamentarios exigidos; y, tercero, siendo indudable el fin de previsión social de las Mutuas como la de autos, deben estimarse comprendidas en el beneficio de la exención que se discute, sin que pueda obstar a ello su carácter asociacional, pues la referencia que la norma hace al "establecimiento", no identificable con forma determinada de la personalidad jurídica, dada su vaguedad, que no coincide con ninguno de los tipos de personación contemplados en el artículo 35 del Código Civil, al tratar de las personas jurídicas, pero que viene empleándose desde antes de la promulgación de este Cuerpo legal, no debe impedir que una Asociación de Previsión Social debidamente registrada, clasificada, representada por cargos gratuítos y sujeta a la rendición de cuentas a la Administración, como exige el citado apartado b), disfrute de un beneficio que tan ampliamente se reconoce al "establecimiento" cuyo fin sea la previsión social, y, como los expresados requisitos no son negados por la Administración, frente a los datos existentes en el expediente, debe reconocerse la procedencia de la exención subjetiva solicitada.

QUINTO

Procediendo, por tanto, desestimar el presente recurso de casación y confirmar la sentencia de instancia, deben imponerse las costas causadas en esta casación al Abogado del Estado recurrente, a tenor de lo prescrito al respecto en el artículo 102.3 de la LJCA (versión de 1992).

Por lo expuesto, en nombre de Su Majestad el Rey y por la potestad que nos confiere el pueblo español,

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso de casación interpuesto por el ABOGADO DEL ESTADO contra la sentencia dictada, con fecha 22 de Marzo de 1994, en el recurso contencioso administrativo número 207.672/1991, seguido a instancia de MUTIBEROS MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL, por la Sección Segunda de la Sala de dicho orden jurisdiccional de la Audiencia Nacional, con la consecuente imposición de las costas causadas en este recurso casacional a la citadaparte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia, por el Excmo. Sr. Don Alfonso Gota Losada, Magistrado de esta Sala, de todo lo cual, yo, el Secretario, certifico.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR