Exclusionary Rule y IV Enmienda
| Autor | Manuel Miranda Estrampes |
| Páginas | 17-64 |
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CAPÍTULO I
EXCLUSIONARY RULE Y IV ENMIENDA
1. ORIGEN Y DESARROLLO INICIAL DE LA REGLA DE
EXCLUSIÓN DE LA IV ENMIENDA: WEEKS V. UNITED STATES
La doctrina de la exclusionary rule prescribe la consecuencia jurídica de-
rivada de la obtención de evidencias con violación de derechos constituciona-
les. Consecuencia que se traduce en la exclusión del proceso —esto es, en su
no incorporación, admisión y valoración— de aquellas evidencias obtenidas
durante la investigación penal con vulneración de derechos constituciona-
les. Dicha doctrina fue creación de la Corte Suprema Federal de los Estados
Unidos. En su origen su elaboración apareció estrechamente vinculada con
la IV Enmienda (Fourth Amendment) de la Bill of Rights (1791) 1. Enmienda
que protege la privacidad (privacy) de las personas 2 mediante la prohibición
1 La IV Enmienda establece que: «El derecho de las personas a estar protegidas en sus perso-
nas, casas, documentos y efectos, contra registros y confiscaciones irrazonables, no será violado,
y no se emitirán autorizaciones, sino basadas en causa probable, apoyadas por juramento o pro-
mesa, y describiendo detalladamente el lugar a registrar, y las personas o cosas a incautar» (Texto
original: «The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against un-
reasonable searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable
cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the
persons or things to be seized»).
2 La Corte Suprema ha reconocido que la protección de la privacidad de la IV Enmienda es de
suma importancia para la preservación de la libertad: Camara v. Municipal Court, 387 U.S. 523, 528
(1967), en donde afirmó que: «El propósito básico de la IV Enmienda, como se reconoce en innu-
merables decisiones de esta Corte, es garantizar la privacidad y seguridad de los individuos contra
las invasiones arbitrarias por parte de los funcionarios gubernamentales. La IV Enmienda da así
expresión concreta a un derecho del pueblo que es básico para una sociedad libre». Las exigencias
de la IV Enmienda son verdaderas limitaciones impuestas al Gobierno, esto es, al poder público,
para llevar a cabo registros, búsquedas y arrestos. Un estudio completísimo puede consultarse en
Wayne R. LAFAVE, Search and Seizure: A Treatise on the Fourth Amendment, vol. 1-6, St. Paul, Min-
nesota, West, Fifth Edition 2012.
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MANUEL MIRANDA ESTRAMPES PRUEBA ILÍCITA Y REGLA DE EXCLUSIÓN...
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de los registros e incautaciones arbitrarias o irrazonables (unreasonable sear-
ches and seizures), sin la expedición de warrant (autorización judicial) 3 y sin
la concurrencia de probable cause (causa probable). Conforme a la jurispru-
dencia estadounidense la exigencia de probable cause significa la existencia
de una probabilidad bastante (fair probability) 4 de que se haya cometido el
delito y de que pruebas, evidencias, vestigios o indicios del mismo puedan
ser hallados en un determinado lugar y/o en poder del detenido 5. Según la
3 La jurisprudencia de la Corte Suprema ha enfatizado que el requerimiento del warrant
(warrant clause) no es una mera formalidad, sino un instrumento de control de la actuación poli-
cial por parte de los jueces y magistrados, para que estos últimos ponderen la necesidad de invadir
la privacidad (privacy) de las personas y sus casas para hacer cumplir la ley: McDonald v. United
States, 335 U.S. 451, 455-56 (1948); Johnson v. United States, 333 U.S. 10, 13-14 (1948); Beck v.
Ohio, 379 U.S. 89 (1964); Katz v. United States, 389 U.S. 347, 358-59 (1967). Sin embargo, en la doc-
trina Craig M. BRADLEY, «Two Models of the Fourth Amendment», Michigan Law Review, vol. 83,
May 1985, p. 1486, sostiene que no hay nada en la propia IV Enmienda que requiera un warrant
como requisito previo para un registro o búsqueda razonable; solo exige la concurrencia de pro-
bable cause como requisito previo para expedir una orden judicial (warrant) válida. No es esta la
opinión mayoritaria de la Corte Suprema, como indica Mark E. Cammack, «The Rise and Fall of
the Constitutional Exclusionary Rule in the United States», The American Journal of Comparative
Law, vol. 58, Issue suppl_1, 1 December 2010, p. 634 [publicado, también, en Exclusionary Rules in
Comparative Law, Stephen C. Thaman Editor, Springer Science & Business Media, 2012, pp. 3-32],
según la cual para que un registro sea considerado constitucionalmente razonable debe, como
regla general, ejecutarse conforme a un warrant apoyado en la concurrencia de probable cause.
4 Illinois v. Gates, 462 U.S. 213, 238 (1983).
5 En la doctrina puede consultarse S. C. THAMAN, «Verdad o legalidad: los límites del blanqueo
de pruebas ilegalmente recogidas en un Estado de Derecho», Derecho Penal y Criminología, Revista
del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas, vol. 30, núm. 89, 2009, Universidad Externado de
Colombia, p. 135, nota 89. También, W. T. PIZZI, Juicios y mentiras. Crónica de la crisis del sistema
procesal penal estadounidense, Madrid, Tecnos, 1999, p. 56, quien nos dice que según la jurispru-
dencia existe probable cause cuando los hechos y circunstancias son suficientes para fundar la
creencia razonable del agente (policial) en que la persona arrestada había cometido un delito. En
la jurisprudencia pueden verse los casos: Brinegar v. United States, 338 U.S. 160, 175-76 (1949), en
donde se afirmó que concurría cuando los hechos y las circunstancias conocidas por los agentes y
de los que tenía información razonablemente fiables, son suficientes en sí mismos para garantizar
a una persona de prudencia razonable, en la creencia de que se ha cometido un delito o de que está
siendo cometido; Ybarra v. Illinois, 444 U.S. 85 (1979); Illinois v. Gates, 462 U.S. 213, 238 (1983);
Maryland v. Pringle, 540 U.S. 366, 371 (2003), en donde la Corte Suprema estableció que el estándar
de probable cause es imposible de ser cuantificado en porcentajes porque se basa en probabilidades
y depende de la totalidad de las circunstancias concurrentes (totality-of-the-circumstances test).
Para la determinación técnica de la concurrencia de probable cause, la Corte, en el citado caso
Gates, sustituyó el estándar rígido que había establecido en Aguilar-Spinelli [Aguilar v. Texas, 378
U.S. 108 (1964) y Spinelli v. United States, 393 U.S. 410 (1969)], en orden a utilizar información
procedente de un informante o confidente anónimo —exigiendo la acreditación de que el infor-
mante fuera creíble y la información se hubiera obtenido de una forma confiable—, y optó por
una solución favorable más flexible que indicaba al juez que tomara en cuenta la totalidad de las
circunstancias concurrentes (totality of the circumstances test). Por su parte, el Tribunal de revisión
solo podía examinar si el magistrado tenía una «base sustancial» para apreciar la concurrencia de
probable cause. Algunos autores como Donald A. DRIPPS, «The “New” Exclusionary Rule Debate:
From “Still Preoccupied with 1985” to “Virtual Deterrence”», Fordham Urban Law Journal, vol. 37,
Issue 3, 2009, p. 769, han tratado de cuantificar la probable cause afirmando que concurre cuando
la probabilidad de éxito esperada es superior al 50 por 100, mientras que una probabilidad menor
puede resultar a veces insuficiente. En otro trabajo, Dripps acaba reconociendo que probablemente
lo mejor que puede decirse es que el estándar de probable cause consiste en un nivel relativamente
alto de certeza similar al estándar del «más probable que no»: «The Fourth Amendment, the Exclu-
sionary Rule, and the Roberts Court: Normative and Empirical Dimensions of the Over-Deterrence
Hypothesis», Chicago-Kent Law Review, vol. 85, núm. 1, 2010, p. 224, nota 44. En todo caso, los
prejuicios policiales nunca pueden constituir probable cause, por lo que nunca pueden justificar
un arresto, detención o registro, ni tampoco los meros «presentimientos». Conforme al estándar
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doctrina de la Corte Suprema todos los registros, incautaciones o arrestos
(searches and seizures) sin existencia de warrant (unwarranted o warrantless)
—salvo algunas excepciones en atención a las circunstancias, que deben es-
tar específicamente establecidas y bien delimitadas 6— son por sí mismos
irrazonables (unreasonable search and seizure) 7.
Pues bien, como expondré con mayor detalle en páginas posteriores, la
exclusionary rule solo opera cuando son agentes del Gobierno o estatales los
que obtienen las evidencias mediante un registro o incautación irrazonable.
Las personas privadas —siempre que no actúen en nombre del Gobierno—
no pueden violar la IV Enmienda, por lo que no resulta de aplicación la regla
de exclusión. La IV Enmienda establece restricciones al ejercicio del poder
fijado en Terry v. Ohio, 392 U.S. 1 (1968), cuya opinión mayoritaria fue redactada por el Chief Jus-
tice Warren, la policía podrá parar o retener a una persona y cachearla superficialmente (stop and
frisk) si concurriera una «sospecha razonable» («reasonable suspicion») de que está involucrado en
actividades criminales, aunque no concurriera probable cause para detenerlo por la comisión de un
delito (Terry Stops): Ibid., p. 27. Es obvio que el estándar de reasonable suspicion es menos exigente
que el de probable cause que se exige para la detención o arresto conforme a la IV Enmienda. La
justificación de este estándar menos exigente hay que encontrarlo en el carácter menos intrusivo de
los stop and frisk y la necesidad de proteger la seguridad pública y asegurar la aplicación efectiva de
la ley: Id. pp. 26-27. Terry creó una clara excepción a la protección dispensada por la IV Enmienda,
al admitir por primera vez que una retención o un registro o cacheo podía ser lícito aunque no
concurriera probable cause, ni existiera warrant, ni fuera uno de los supuestos de excepción de la
exigencia de warrant.
6 Por ejemplo, en los casos en que la policía accede a la vivienda en situaciones de emergen-
cia o para prestar ayuda o socorrer a uno de sus ocupantes o moradores (emergency aid doctrine):
Brigham City v. Stuart, 547 U.S. 398 (2006), en donde al policía observó una pelea que tenía lugar
en la cocina de la vivienda en la que participan unas cinco personas, quienes golpeaban a un menor
de edad quien estaba escupiendo sangre; Michigan v. Fisher, 558 U.S. 45 (2009).
7 Johnson v. United States, 333 U.S. 10, 14-15 (1948); Katz v. United States, 389 U.S. 347, 357
(1967); Mincey v. Arizona, 437 U.S. 385, 390 (1978); United States v. Ross, 456 U.S. 798, 825 (1982);
Arizona v. Gant, 556 U.S. 332 (2009), en un caso de registro de vehículo, que hizo una lectura
restrictiva del precedente establecido en New York v. Belton, que luego se cita. Al respecto véase
Zachary C. LARSEN, «A Narrow Extension of Good Faith to Police Reliance on Settled Case Law:
The Crossroads of Gant and Herring», Thomas M. Cooley Law Review, vol. 27, núm. 2, 2010, pp. 250
y ss. Aunque ciertamente, la Corte Suprema ha ido progresivamente expandiendo el ámbito de las
excepciones a esta regla general (warrantless searches); por ejemplo, en Florida v. Jimeno, 500 U.S.
248 (1991), para el caso de registros consentidos, y California v. Acevedo, 500 U.S. 565 (1991), que
aplicó la excepción de los automóviles (automobile exception) [Carroll v. United States, 267 U.S. 132
(1925), New York v. Belton, 453 U.S. 454 (1981)] al registro de recipientes cerrados que se encuen-
tran en el interior de un vehículo, siempre que concurriera probable cause de que en su interior
podía haber evidencias. Un sector de la doctrina viene denunciando que la Corte Suprema está
sustituyendo de forma paulatina la exigencia de warrant, como criterio preferente (warrant prefe-
rence), por el estándar de razonabilidad (reasonableness) de la actuación policial. Conforme a este
planteamiento, es la policía la que inicialmente determina la procedencia de un registro (search),
con arreglo a este estándar de razonabilidad, y una vez realizado, para el caso en que sea cuestio-
nado, será el juez el que controle ex post su constitucionalidad. Además, como advierte la doctrina,
lo que es o no razonable no siempre resulta claro, sino que depende de los hechos y circunstancias
concurrentes. En definitiva, la razonabilidad de un registro ya no depende de la previa existencia de
una orden judicial (warrant), como así se estableció en Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967).
Tendencia que ha producido, como consecuencia, una reducción de los escenarios sobre los que
se proyecta la protección de la IV Enmienda: vid. Bryan D. LAMMON, «The Practical Mandates of
the Fourth Amendment: A Behavioral Argument for the Exclusionary Rule and Warrant Preferen-
ce», Washington University Law Review, vol. 85, Issue 5, 2007, pp. 1111-1112; Sharon L. DAVIES y
Anna B. SCANLON, «Katz in the Age of Hudson v. Michigan: Some Thoughts on «Suppression as a
Last Resort», University of California, Davis Law Review, vol. 41, 2008, pp. 1072-1075.
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