La eutanasia y el suicidio asistido en Canadá
| Autor | Borja Sánchez Barroso |
| Páginas | 133-149 |
LA EUTANASIA Y EL SUICIDIO ASISTIDO EN CANADÁ
Borja Sánchez Barroso
Investigador en formación (FPU) – Universidad Pontificia Comillas (ICADE)
bsanchezb@comillas.edu
1. CONTEXTO
Canadá se ha convertido en un país de estudio obligado al tratar la euta-
nasia y el suicidio asistido, desde que éstos fueran despenalizados y regula-
dos a partir del año 2015 bajo el nombre de “medical assistance in dying” o
“aide médicale à mourir”, es decir, asistencia médica para morir (en adelante,
“AMM”)1. Antes de analizar su regulación, conviene realizar algunas precisio-
nes de contexto.
Pese a su gran extensión, Canadá es un país demográficamente similar a
España. Cuenta con una población mayoritariamente urbana, concentrada en
grandes aglomeraciones y relativamente envejecida (CCPHO, 2016, p. 4; World
Bank, ND), que se declara mayoritariamente religiosa2. Dicha población dis-
pone de un alto nivel económico, educativo y sanitario, aunque desigualmente
distribuido (CCPHO, 2016, pp. 2 y 22-27).
Además, Canadá dispone de un avanzado sistema público de salud, cuyo
peso supera ampliamente al del sector privado3. Este sistema atribuye princi-
1 La versión inglesa tiene una connotación ligeramente diferente al referirse a la “ayu-
da en el morir”. Puede englobar tanto la asistencia médica para provocar la muerte como la
asistencia médica durante los momentos previos a la muerte, una distinción que ha hecho
especial fortuna en Alemania, donde se distingue entre “Hilfe im Sterben [ayuda durante la
muerte]” y “Hilfe zum Sterben [ayuda para morir]” (Fuchs & Hönings, 2014, p. 11). La versión
francesa es más explícita al referirse a la “ayuda a morir”. Por nuestra parte, nos referiremos a
los supuestos legales de eutanasia activa y asistencia al suicidio bajo su denominación oficial
(AMM), pese a su marcado carácter eufemístico (Chochinov, H. M., 2016, p. 253).
2 En el año 2011, cerca del 39% de la población canadiense se declaraba católica, 37%
perteneciente a otras confesiones religiosas y 24% no creyente (Statistics Canada, 2018).
3 7 de cada 10 dólares canadienses para salud fueron gastados en el sector público, in-
cluyendo transferencias de fondos federales para la prestación de servicios regionales (CIHI,
2017a, pp. 10-11).
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palmente la prestación de servicios sanitarios a las regiones, y reserva al nivel
federal su financiación y coordinación4. Se encuentra inspirado por los princi-
pios de administración pública, exhaustividad, universalidad, accesibilidad y
portabilidad, que la Ley de asistencia médica para morir aprobada en el año
2016 también pretende respetar (nos referiremos a ella con más detalle en los
siguientes apartados)5.
2. ANTECEDENTES DE LA ACTUAL REGULACIÓN
Tradicionalmente, la eutanasia y el suicidio asistido han estado prohibidos
en Canadá y sancionados penalmente bajo diversas modalidades delictivas:
homicidio, inducción al suicidio, participación en el suicidio ajeno, adminis-
tración de sustancias nocivas, etc. (Butler et al., 2013, pp. 3-4). De hecho, el
artículo 14 del Código Penal canadiense no admitía hasta ahora ninguna ex-
cepción. Según este artículo, ninguna persona puede consentir válidamente su
propia muerte y dicho consentimiento no afecta en ningún caso a la responsa-
bilidad penal de aquel que se la inflija.
Hasta muy recientemente, el caso de referencia en este contexto era el de
Sue Rodríguez, ocurrido en 1993. En dicho caso, el Tribunal Supremo de Cana-
dá tuvo que pronunciarse sobre la compatibilidad de las disposiciones pena-
les que sancionaban la eutanasia y la asistencia al suicidio con la Carta cana-
diense de derechos y libertades, una norma de rango constitucional6. En una
ajustada votación por 5 a 4, el Tribunal Supremo confirmó la validez de dichas
disposiciones y afirmó que el derecho fundamental a la vida y la necesidad de
proteger la vida de las personas más vulnerables amparaban la prohibición
absoluta de la eutanasia activa y el suicidio asistido (Tribunal Supremo de Ca-
nadá, 1993)7.
4 La Constitución canadiense reserva a las regiones un rol primordial en materia sanita-
ria (Braën, 2002, p. 7). El nivel federal tiene encomendada la prestación de servicios de salud
a determinados colectivos (habitantes de las reservas, inuit, miembros de las fuezas arma-
das, reclusos, etc.), así como la protección de la salud en ámbitos específicos como el sector
farmacéutico, la seguridad alimentaria o la prevención de epidemias. También debe aprobar
normas generales sobre otras materias que inciden sobre la salud, como las normas penales,
que juegan un papel especialmente relevante en este caso.
5 Por el principio de exhaustividad, el sistema de salud público debe asumir el coste de todos
los servicios “medically necessary [médicamente necesarios]”. La inclusión de la AMM como pres-
tación cubierta por el sistema público es competencia de cada región. Algunas ya la han incluido,
como Ontario (Ministerio de Salud y Cuidados a Largo plazo de Ontario, 2018), Terranova y Labra-
dor (Terranova y Labrador, ND, p. 6) o Nuevo Brunswick (Health Canada, 2018a, p. 72).
6 Sue Rodríguez era una paciente enferma de ELA que solicitó suicidarse con ayuda mé-
dica. Ningún médico accedió a ello debido a las disposiciones penales vigentes, lo que motivó
la demanda judicial formulada por la paciente. Tras la Sentencia desestimatoria del Tribunal
Supremo, Sue Rodríguez se suicidó con ayuda de un médico anónimo (Robinson, 2014).
7 En 1993, otro caso mediático fue el de Robert Latimer, que mató a su hija menor con
parálisis cerebral severa (Nicol & Tiedemann, 2015, p. 5). Aunque el Tribunal Supremo de
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