Estructurar la defensa económica de España: propuestas para una implicación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en la inteligencia económica
| Autor | Christophe Perret |
| Cargo | Agregado de Interior en la Embajada de Francia en España |
| Páginas | 131-149 |
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La seguridad nacional supera el concepto de defensa ante amenazas militares o criminales para abarcar el tema amplio de la protección y promoción de los intereses generales del ciudadano. Las multinacionales han accedido al estatuto de actores internacionales: hoy en día, hay más empresas que Estados en las cien potencias mundiales más ricas (Montero Gómez y Martín Ramírez, 2008: 12-13). Además de este factor, la financiación de grupos criminales y terroristas y las fluctuaciones económicas que resultan de la globalización dan una importancia especial al control y protección de la información estratégica pertinente para los agentes económicos. Tal control y protección son denominados «inteligencia económica» (Juillet, 2006: 113). Representa una evolución de las diferentes prácticas de vigilancia científica, tecnológica, comercial, jurídica y de protección del patrimonio desde mediados del siglo XX (Clerc, 1998: 332). Para el Estado, la finalidad es asegurar la competitividad del tejido industrial, mejorar la seguridad de la economía y de las empresas y reforzar la influencia del país (Juillet, 2006: 120).
Desde el punto de vista de la seguridad, la IE tiene aspectos preventivos, defensivos y neutrales. Por acciones ofensivas se entienden las acciones legales de todo tipo para encontrar información estratégica sobre la competencia. La inteligencia competitiva forma parte de este tipo de IE. Agrupa los métodos y procesos legales de análisis de un sector económico, y de las capacidades y comportamiento de la competencia, para obtener y mantener la ventaja competitiva de la empresa (Postigo Imaz, 2001: 4). El espionaje industrial, por su naturaleza ilegal, no pertenece al concepto de IE, que es un programa sistemático con restricciones deontológicas. Las acciones defensivas de IE se definen como reacción a las ofensivas y persiguen la protección de la información definida como estratégica y del patrimonio empresarial. Abarcan tanto el desarrollo de sistemas de protección físicos, normativos, virtuales, como la adopción de métodos de trabajo específicos.
En nuestra época de crisis financiera y económica generalizada, la IE constituye un elemento fundamental para la salvaguarda de los intereses nacionales de los Estados desarrollados. Unos han desarrollado hace muchos años estrategias de IE. Los ingleses fueron los primeros en poner en práctica a gran escala los principios de la IE, centrándose en el trabajo en grupo, el intercambio de ideas y conocimientos y la difusión de los datos más impor-
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tantes. Los japoneses desarrollaron en los años cincuenta un sistema basado en una gran cantidad de datos procedentes de todo el mundo analizados cada día y en la distribución de los resultados a los distintos participantes, con un éxito conocido. Los Estados Unidos han construido un sistema pragmático que permite movilizar todos los recursos de la administración para obtener datos sobre los contratos que el Gobierno estadounidense considera vitales para su economía. Francia vertebró recientemente su actuación en este asunto alrededor del Estado, tras numerosos intentos infructuosos y unas quiebras económicas que hubieran podido evitarse. El Estado francés considera la IE como la capacidad de comprender su entorno con el fin de disponer de la información necesaria para aprovechar las oportunidades que se presenten y evitar los posibles peligros.
En España, también, el centro de gravedad de la seguridad se desplaza hacia lo económico, pero España no dispone como Estados Unidos de «un puñado de enormes conglomerados asociados a un estado fuerte» (Fitt, Farhi y Vigier, 1978: 26). La IE no está tan extendida en España como en otros países europeos por tres razones: la falta de comprensión del concepto de IE, la especificidad de la cultura empresarial española y la ausencia de una cultura de inteligencia, responsabilidad del CNI, todavía en desarrollo. La estructura empresarial española está constituida en un 99,3% por pequeñas y medianas empresas de hasta 250 trabajadores (PYMES). Estas PYMES españolas presentan tres desventajas en el campo de la IE defensiva: falta de medios para protegerse, aislamiento geográfico y, lo peor de todo, despreocupación, en general, de la protección de sus informaciones estratégicas. Por el contrario, las empresas innovadoras europeas no tienen complejos a la hora de desarrollar acciones de IE ofensiva: para el 71% de sus directivos, el conocimiento de la competencia es tan importante como el conocimiento de los clientes para tomar decisiones estratégicas (Postigo Imaz, 2001: 6).
No cabe duda de que dentro de los límites legales se puede saber casi todo de una empresa. La vulnerabilidad es real: el 80% del conocimiento que una empresa necesita adquirir sobre la competencia puede obtenerse de fuentes abiertas, si se sabe qué y dónde buscar. El qué y el dónde proporcionan herramientas para planificar lo que se debe proteger en la empresa. El 80% del valor de cualquier empresa son activos intangibles tales como colaboradores, patentes, experiencia o métodos (Martín Barbero, 2007: 110 y 119). Dada la potencia económica de España, la gravedad de la crisis actual,
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el «panorama muy sombrío del modelo de crecimiento español» (Instituto de Estudios Económicos, 2008: 21) y la singularidad del tejido empresarial del país, España no puede renunciar a una estrategia de inteligencia econó-mica. Hay muchas PYMES, de no más de veinte trabajadores, que son subcontratadas y que disponen por tanto de conocimientos preciosos, como el último modelo de airbag o de cinturón de seguridad (Rodríguez, 2006). Cabe subrayar que el desarrollo de estrategias de seguridad para proteger las redes internas no ha avanzado en esas PYMES al mismo ritmo que su implantación. Según un estudio de la empresa web Cibersur, el número de empresas españolas que consideran prioritario adoptar medidas de seguridad y protección para los datos contenidos en los ordenadores portátiles apenas supera el 22%.
Aunque las empresas tienen una responsabilidad de primer orden en la gestión de sus intereses, «las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han de estar permanentemente presentes en el desarrollo de las actividades privadas de seguridad» (Ley 23/1992: exp. de motivos, 1.6). En este sentido, no se puede dejar la IE sólo en manos privadas. De hecho, el competidor suele estar apoyado por un lobby, una organización no gubernamental, una agencia estatal o, en el peor de los casos, por criminales. El propio concepto de IE nació de la actuación en el asunto de organismos de inteligencia gubernamentales, porque «las derrotas en materia de IE se traducen en quiebras, desempleo, dependencia, y finalmente en pérdida de poder político y de influencia» (Marco Fernández y Escamilla, 2008: 119 y 189). Por un lado, hay pocas compañías que tengan el tamaño suficiente para protegerse por sí mismas. Por otro lado, una gran parte de la economía española viene de multinacionales extranjeras que llevan a cabo inteligencia competitiva desde sus países origen. Entonces resulta necesario organizar una vigilancia institucionalizada en el futuro. Las necesidades de información e inteligencia del sector privado no son suficientemente tenidas en cuenta, entre otras causas por una comunicación escasa entre empresas e instituciones encargadas de la seguridad nacional. Sin embargo, España está creando paso a paso, bajo la actuación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), una «auténtica conciencia social compartida sobre la enorme trascendencia del mundo de la inteligencia para la seguridad colectiva» (Velasco Fernández y Navarro Bonilla, 2007: 9). Este Centro se ha dado cuenta de que el mejor posicionamiento de las empresas españolas tendrá repercusiones en el bienestar colec-
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tivo, y su secretario de Estado, Saiz Cortés, elevó la IE al nivel de prioridad en 2007 (Montero Gómez y Martín Ramírez, 2008: 2). Pero, por el momento, se trata más de responder a acontecimientos internacionales relevantes, ya que los flujos de información nacionales son escasos.
Una estrategia de seguridad nacional, ahora en proceso de definición en España, debe estar diseñada a partir de un análisis en el que el factor económico tenga importancia por su contribución al equilibrio de poder. Hay que tener en cuenta que la economía participa en la conversión de la estrategia de un Estado en una gran estrategia al servicio de la seguridad y el bienestar (Montero Gómez y Martín Ramírez, 2008: 2). No se trata de desarrollar políticas intervencionistas, sustituyéndose a las empresas, sino de mostrar el camino a las que lo necesitan. «La libre competencia no debe convertirse en un postulado del todo vale», puesto que «la libre competencia se enfrenta a un concepto jurídico tan indeterminado como la buena fe» (Marco Fernández y Escamilla, 2008: 88). El problema es encontrar actores, sean ejecutivos o directivos, que puedan poner una visión global de la seguridad al servicio de los ciudadanos en su trabajo diario, responder a sus preocupaciones e interrogaciones y recoger informaciones relevantes sobre lo que ocurre en el mundo empresarial. Esta recogida, con el tratamiento de la información vinculado, es imprescindible para proporcionar, según el caso, al sector económico, a la Comunidad Autónoma o al Estado los datos que les permitan reaccionar al riesgo antes de que se convierta en amenaza o en ataque.
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