La estrategia intergubernamental para la resolución de conflictos: federalismos poliédricos y polifásicos

Una de las consecuencias fundamentales de la adopción de una forma territorial de Estado donde la facultad de legislar se reparta entre dos órdenes de poder es la generación de conflictos y la consiguiente necesidad de habilitar un órgano para su resolución. Sin embargo, la existencia del Tribunal Supremo no es coetánea a la creación de la Federación canadiense. La razón estriba en que el Comité Judicial del Consejo Privado en el Reino Unido funcionaba como un tribunal de apelación al que recurrían todas las colonias británicas, pese a que el art. 101 de la British North América Act permitía la creación de un tribunal en Canadá. La aplicación de este precepto se materializó en la creación del Tribunal Supremo²⁵⁸en 1875 (Supreme and Exchequer Courts Act, reformándose en 1985 con la Supreme Court Act)²⁵⁹. La designación de los jueces del Tribunal Supremo canadiense corresponde al ejecutivo²⁶⁰. Cualquier reforma en su modo de designación ha

Page 135

de ser avalado por una reforma de la Constitución, en particular de los tres magistrados quebequeses, como ha sostenido el propio Tribunal. Reference re Supreme Court Act, ss. 5 and 6 (2014)²⁶¹.

El Tribunal Supremo y su antecesor, el Comité Judicial del Consejo Privado, han actuado acorde a un sistema descentralizado cooperativo, por contraposición al modelo dual identificado en la Constitución, lo que les ha tildado de agentes mutantes del mismo, «malvados padrastros de la confederación»²⁶². El compromiso federal canadiense pivotó en torno a un modelo de federalismo en el que cada orden competencial tenía atribuida una esfera exclusiva de poder sobre una serie de materias tasadas. La transición entre esos dos órdenes está ocupada por la habilitación de un espacio de concurrencia competencial vinculado a agricultura, inmigración, pensiones y el comercio interprovincial en recursos naturales.

En la relación competencial que aparece en la Ley constitucional de 1867, como apuntábamos en el capítulo primero, tres son los ámbitos materiales que han sido sustancialmente influenciados por la interpretación judicial: primero, el preámbulo al artículo 91, la mencionada «cláusula POGG» —peace, order and good government—, que garantiza al parlamento federal la potestad para aprobar leyes para el bienestar general del país; segundo, la competencia general de las provincias sobre propiedad y derechos civiles (art.
92.13) y, finalmente, la competencia federal sobre reglamentación del tráfico y el comer-cio (art. 91.2).

En lo concerniente a la interpretación de la cláusula POGG, inicialmente, el Comité Judicial del Consejo Privado procedería a su conversión en un tercer ámbito competencial, a agregar a los de titularidad federal y provincial, respectivamente arts. 91 y 92 BNA, concibiéndose como una garantía extra otorgada al Parlamento federal para usarla en circunstancias extraordinarias, esto es en situaciones de emergencia nacional. El recurso a la cláusula POGG solo se habilitaba en los casos en que pudiera probarse que, para evitar una crisis pan-estatal, la autonomía provincial tenía que limitarse. La primera oportunidad para definir su alcance tuvo lugar en 1922 (Re: Board of Commerce Act) en la que los Lores no apoyaron los amplios poderes incorporados en la legislación estatal, coincidente con el comienzo de la I Guerra Mundial, en la que se prohibían los monopolios y la especulación. Únicamente, circunstancias como la guerra o el hambre podrían, sensu contrario, justificar el recurso a dicha cláusula POGG²⁶³. Tan solo un año después,

Page 136

en Fort Frances Pulp Co. V. Manitoba Free Press, el Consejo paradójicamente no dudó en sustentar la justificación del control del precio del papel por el gobierno en circunstancias de guerra, aun cuando la guerra ya hubiere terminado. El Comité Judicial del Consejo Privado también avalaría el recurso a la cláusula POGG en otros supuestos distintos a los de situaciones de emergencias. Así, en Re: Regulation and Control of Aeronautics of Canada (1932), el Comité avaló la constitucionalidad de la legislación federal en el control del tráfico aéreo, la concesión de licencias a pilotos y la seguridad aérea, a partir de lo regulado en el art. 132 BNA, conocido como la cláusula de los Tratados del Imperio, en el que se establece que «el Parlamento y el Gobierno de Canadá tendrán las competencias necesarias para cumplir las obligaciones de Canadá o algunas de sus provincias para con países extranjeros, como parte del Imperio Británico, originadas en tratados firmados entre este último y dichos países». Igualmente, el Comité alivió la drástica exigencia de emergencia nacional, sustentando el apoyo de la cláusula POGG en un fundamento más sutil, como el del «interés nacional», en el caso de Attorney General of Ontario v. Canada Temperance Federation (1946), en el que se evaluaba la constitucionalidad de la ley federal reguladora de la abstinencia fechada en 1927, en la que se permitía participar a los municipios —la versión canadiense de la Ley seca norteamericana, plasmada en la enmienda XVIII a su Constitución—. No obstante, la concepción restrictiva de la cláusula POGG se manifestó con claridad meridiana en la negativa del Comité Judicial del Consejo Privado de asumir que la legislación federal conocida como Bennet New Deal, aprobada para ayudar a los canadienses a afrontar las condiciones sociales y económicas de la gran depresión, se justi-ficase por motivos de emergencia, declarándose consecuentemente ultra vires²⁶⁴.

La verificación de la...