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Epílogo. El acceso al trabajo de las «personas con gran dependencia»

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Vincent
Páginas173-174

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Gracias a la actual «prestación económica de asistencia personal» regulada en el art. 19 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, debería configurarse realmente esta prestación para contribuir a la contratación de una asistencia personal, durante un número de horas, que facilite al beneficiario el acceso al trabajo, como una de las actividades básicas de la vida diaria. Las Administraciones Públicas deberían promover proyectos de empleo público con apoyo para personas con gran dependencia para cumplir con la virtualidad innovadora de esta nueva prestación del sistema español de protección social, siendo ello un nuevo reto a desarrollar en el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia398, máxime teniendo presente que, como se ha destacado en el presente estudio, el art. 12 del R.D. 2271/2004 consagra que «la Administración fomentará la realización de convenios o contratos con personas físicas o jurídicas, incluidas las asociaciones representativas de los distintos tipos de

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discapacidad, que estén orientados a la realización de proyectos de empleo con apoyo o de cualquier otro tipo, siempre que su finalidad sea facilitar la integración en el ámbito del sector público estatal de las personas con discapacidad que presentan especiales dificultades para la plena incorporación al puesto de trabajo».

Por consiguiente, cabe proponer la idoneidad jurídica y sociolaboral, en aras del fomento del empleo público de la población en situación de gran dependencia, de que las Comunidades Autónomas desarrollen mediante sus competencias normativas a la aplicación de la Ley 39/2006 comentada atendiendo a las necesidades específicas de las personas con discapacidad en situación de gran dependencia en sus ámbitos territoriales, como nueva estrategia de empleo de calidad, de acuerdo con el presente trabajo de investigación; precisamente, teniendo en cuenta que podrían desarrollarse estrategias de acciones positivas justificadas en función de la mayor discriminación y desigualdad de oportunidades a las que están expuestas estas personas399especialmente vulnerables para su inserción laboral, y, así, las Comunidades Autónomas cumplirían con la necesidad de hacer reales, en la práctica, los principios rectores de promover la integración sociolaboral de las personas con discapacidades consagradas en los Estatutos de...

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