STS, 26 de Enero de 1996

La representación procesal de DON Alfonso, DON Pedro Jesús, DON Mauricio, DON Armando, DON Sebastián, DOÑA Emilia, DON Franco, DOÑA Filomena, DON Pedro Francisco, DON Pedro, Don Carlos Ramón, Don Eugenio, Don Luis Antonio, Don Ildefonso, Doña Leticia, Don Juan Pablo, Don Marcos, Don Agustín, Don Rubén, Doña Lorenza, Don Constantino, Don Carlos Miguel, Doña Julia, Doña Flor, Don Jon, Don Felipe, Don Rosendo, Don Cosme, Don Luis Francisco, Don Jorge, Don Alejandro, Don Jose María, Don Gonzalo, Don Ángel Jesús, Don Simón, Don Humberto, Don Everardo, Don Jose Francisco, Doña María Angeles, Don Javier, Don Ángel, Doña María Antonieta, Don Luis Enrique, Don Pablo, Doña María Dolores, Don Gabino, Don Federico, Don Carlos María, Don Mariano, Don Domingo, Don Evaristo, Don Carlos Antonio, Don Ricardo y Don Héctor, con fecha 23 de febrero de 1990, interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución de fecha 27 de julio de 1989, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, publicada en el B.O.E. del día 8 de septiembre de 1989, por la que se denegó su inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, y contra las resoluciones de fecha 12, 22, 30 y 31 de enero de 1990, del Subsecretario de Economía y Hacienda, dictadas por delegación, que desestimaron los recursos de alzada interpuestos contra aquella resolución.

Seguido el proceso por sus trámites, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Novena) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictó la sentencia número 275, de fecha 31 de marzo de 1993, por la que desestimó el recurso interpuesto y declaró que las resoluciones impugnadas son conformes con el ordenamiento jurídico.

1. Contra dicha sentencia, preparó recurso de casación la representación procesal de todos los demandantes.

2. La Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Novena), con sede en Madrid, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mediante Providencia de fecha 22 de noviembre de 1993, tuvo por preparado, en tiempo y forma, el recurso de casación y ordenó emplazar a las partes.

3. Habiendo sido debidamente emplazadas las partes, en tiempo y forma, ante esta Sala, formalizaron por escrito, su RECURSO DE CASACIÓN, únicamente DON Alfonso, DON Pedro Jesús, DON Mauricio, DON Armando, DON Sebastián, DOÑA Emilia, DON Franco, DOÑA Filomena, DON Pedro Francisco y DON Pedro, quienes solicitaron que se dicte sentencia por la que se case la recurrida y se declare el derecho de los recurrentes a que se reciba a prueba el procedimiento seguido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, declarándose nulas todas las actuaciones posteriores a la denegación de recibimiento a prueba; subsidiariamente, solicitaron que se declare el derecho de los recurrentes a ser inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, condenando a la Administración a pasar por ello y al pago de daños y perjuicios, cuya cuantía se concretará en ejecución de sentencia; y por otrosí solicitan que, de acuerdo con el art. 177 del Tratado Constitutivo de la C.E.E. se formule CUESTIÓN PREJUDICIAL ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en el caso de existir duda sobre la directa aplicación del Derecho comunitario.

Por Auto de fecha 19 de enero de 1995, se declaró desierto el recurso de casación respecto de los recurrentes Don Carlos Ramón, Don Eugenio, Don Luis Antonio, Don Ildefonso, Doña Leticia, Don Juan Pablo, Don Marcos, Don Agustín, Don Rubén, Doña Lorenza, Don Constantino, Don Carlos Miguel, Doña Julia, Doña Flor, Don Jon, Don Felipe, Don Rosendo, Don Cosme, Don Luis Francisco, Don Jorge, Don Alejandro, Don Jose María, Don Gonzalo, Don Ángel Jesús, Don Simón, Don Humberto, Don Everardo, Don Jose Francisco, Doña María Angeles, Don Javier, Don Ángel, Doña María Antonieta, Don Luis EnriqueJuan Carlos ZafrDon Pablo, Doña María Dolores, Don Gabino, Don Federico, Don Carlos María, Don Mariano, Don Domingo, Don Evaristo, Don Carlos Antonio, Don Ricardo y Don Héctor. Dicho Auto fue notificado a la representación procesal de dichos señores, y fue consentido.

1. Por Providencia de fecha 23 de febrero de 1995 se acordó admitir a trámite el recurso de casación interpuesto, y se dispuso que se entregara copia del escrito de interposición al Abogado del Estado, para que, en el plazo de treinta días, formalizara su escrito de oposición.

2. La representación de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, formuló su escrito de oposición con fecha 16 de marzo de 1995, y solicitó lo siguiente: que se desestime el recurso y se confirme la sentencia recurrida en cuanto declara la conformidad a Derecho de las resoluciones impugnadas, por las que se denegó la solicitud de los recurrentes, de inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, con expresa imposición de las costas causadas a los recurrentes.

Por providencia de fecha 14 de diciembre de 1995, se nombró Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Eladio Escusol Barra, y se señaló el presente recurso de casación para deliberación, votación y fallo, el día 19 de enero de 1996, en que tuvieron lugar dichos actos procesales.

VISTO, siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eladio Escusol Barra.

La sentencia recurrida en casación estableció los siguientes datos fácticos:

1. - Que los recurrentes en casación solicitaron del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, al amparo de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 19/1988, su inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, y aportaron los documentos que, a su juicio, eran suficiente acreditación para que la Administración accediera a sus peticiones.

2. - Que, publicada la Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, de fecha 27 de julio de 1989, y no figurando entre los solicitantes inscritos, formularon recursos de alzada, que fueron desestimados por varias resoluciones de fecha 12 de enero de 1990, del Subsecretario de Economía y Hacienda, dictadas por delegación, bien por no aparecer acreditado el requisito de la enseñanza teórica, bien por no aparecer acreditado el requisito de la formación práctica.

a) La representación procesal de los recurrentes, por el primer motivo de casación, articulado al amparo del art. 95.1.4º de la L.J.C.A., denuncia que la sentencia recurrida vulnera los arts. 9 y 12 de la Octava Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas, de 10 de abril de 1984, (84/253/CEE). Entiende dicha representación que el Tribunal "a quo" debió haber aplicado directamente dicha Directiva porque, a su juicio, existe una incorrecta transposición de los artículos mencionados a la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas.

Los argumentos de la representación de los recurrentes se completan alegando que, a su juicio, los Economistas y Profesores y Peritos Mercantiles, al entrar en vigor la Ley de Auditoría de Cuentas, estaban facultados para la verificación legal del balance de cuenta de resultados y demás documentos contables de sociedades mercantiles (RD. 871/77, art. 41 del C.Com, arts. 102 a 110 LSA y arts. 26 a 29 de la LSRL). Este primer motivo de casación, dadas sus argumentaciones y valorando, también, en su verdadera medida, los argumentos de oposición del Abogado del Estado, merece las siguientes precisiones:

1. La Unión Europea que tiene su fundamento en las Comunidades Europeas y en el Tratado de Maastricht de 7 de febrero de 1992, constituye una organización supranacional autónoma que cuenta con su propio ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico comunitario está integrado, en primer lugar, por los Tratados constitutivos de las Comunidades (derecho primario u originario), y en segundo término por otra categoría de normas (derecho derivado), entre las que debemos destacar a los efectos del presente recurso de casación, los reglamentos y las directivas. El art. 189 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, precisa que el reglamento tiene alcance general, es obligatorio y es directamente aplicable en cada Estado miembro. La directiva, precisa también el citado art. 189 TCEE, obliga al Estado miembro destinatario "en cuanto al resultado que deba conseguirse": a este fin, compete a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios.

2. La directiva no es de aplicación directa (aunque, excepcionalmente, pueda tener efecto directo). La directiva, al imponer un resultado (art. 189 TCEE), requiere la intervención normativa del Estado miembro destinatario, para transformarla en Derecho interno.

3. El motivo de casación que analizamos defiende que, en el caso que nos ocupa, la sentencia recurrida debió aplicar directamente la Octava Directiva (84/253/CEE), por entender que existe una incorrecta transposición de los artículos 9 y 12 de la misma, dado el contenido de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas.

   b). El primer motivo de casación articulado contra la sentencia recurrida, debe ser desestimado por las siguientes razones:

1. La Ley 19/1988, de 12 de Julio, de Auditoría de Cuentas, entre otros aspectos, ha venido a regular en el Derecho español el acceso a la condición de Auditor de Cuentas, recogiendo al efecto lo establecido en la Octava Directiva (84/253/CEE). Esta Directiva, en su art. 4 se refiere a quiénes pueden ser autorizados para llevar a cabo los controles legales de los documentos contables (art. 1.1 de la Octava Directiva y art. 1 de la Ley española citada).

2. La exposición de motivos de la Octava Directiva, expresa la necesidad de garantizar los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para verificar el control legal de los documentos objeto de auditoría, reconociendo que los Estados miembros están facultados para adaptar disposiciones transitorias en favor de los profesionales auditores: de ahí que a tal posibilidad se refieran los artículos 16 y 30 de dicha Directiva.

3. Siendo fundamental que quienes vayan a desempeñar la profesión de auditor de cuentas hayan alcanzado la formación teórica y práctica necesaria (arts. 4, 5, 6 y 8 de la Octava Directiva), la Ley española 19/1988, regula tales cuestiones en el art. 6 y siguientes, en términos tales que no se aprecia colisión alguna con aquellos preceptos de la Directiva.

4. El análisis de los artículos 9 y 12 de la Directiva 84/253/CEE, no se debe verificar sólo respecto de la Disposición Transitoria Primera de la Ley española citada, sino que es preciso penetrar en el significado y alcance de dicha Directiva para ver si la Ley española y sus Disposiciones Transitorias cumplen suficientemente las determinaciones de la Octava Directiva. Y verificado el análisis de dichos preceptos comunitarios, la Sala llega a la conclusión, como explícitamente argumenta el Abogado del Estado, y como ha sido declarado ya, entre otras, en sentencia de 10 de febrero de 1995, de que no existe contradicción entre la Octava Directiva y la Ley española 19/1988; de ahí que debamos confirmar cuanto la sentencia recurrida razona en su segundo fundamento de Derecho.

   c). Desestimado el primer motivo de casación, debemos desestimar, también, la petición de que se formule cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. La representación procesal de los hoy recurrentes, hizo tal petición en su escrito de interposición del recurso de casación, pero la condicionó así: "en el caso de existir dudas sobre la directa aplicación del Derecho comunitario".

   Para que pueda plantearse una cuestión prejudicial, es necesario que el Tribunal de un Estado miembro, en el ejercicio de su función jurisdiccional, tenga duda objetivamente fundada sobre cuál sea la norma jurídica aplicable al caso: y es que la cuestión prejudicial, a la vista del objeto litigioso, exige un planteamiento bien distanciado de lo general y abstracto.

   Por todo lo que se ha razonado, este Tribunal no tiene duda sobre la aplicación de la Ley española -que es acorde con el Derecho comunitario- en el caso que nos ocupa.

Por el segundo motivo de casación, articulado al amparo del art. 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional, se denuncia la vulneración de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 19/1988. Mediante este segundo motivo, la representación procesal de los recurrentes explica que la articulación de este motivo lo es porque la sentencia recurrida mantiene los criterios valorativos de la Administración, por lo que, a su juicio, el Tribunal de instancia interpretó incorrectamente dicha Disposición Transitoria, al no respetar el sentido literal de las palabras de la misma.

Dos son las cuestiones que plantea este segundo motivo de casación: la cuestión de la interpretación de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 19/1988, y la cuestión de la valoración de la prueba hecha por el Tribunal de instancia. Estas dos cuestiones merecen las siguientes consideraciones:

a). La interpretación de la Ley comporta la determinación del mandato o mandatos contenidos en la misma: sólo con esa determinación se puede llegar a saber el sentido jurídico de la norma y su alcance. Quiere ello decir que el procedimiento interpretativo, partiendo del tenor literal de la norma a interpretar, va destinado a precisar cuál es el espíritu de la Ley. La representación procesal de los recurrentes, con cita del art. 3.1 Cc, consigna que en orden a la experiencia práctica, como requisito para acceder al Registro Oficial de Auditores de Cuentas, el último inciso de la Disposición Transitoria Primera, punto 2, de la Ley 19/88 (que concreta así: "trabajos realizados en el ámbito financiero y contable, referidos especialmente a cuentas anuales, cuentas consolidadas y estados financieros análogos"), no necesita interpretación alguna; añade dicha representación que cualquier otro elemento delimitador, como "auditoría externa independiente", etc -dice-, modifica el alcance de la norma y constituye una invasión del ámbito competencial de la Asamblea Legislativa. No pueden aceptarse tales argumentos, dado que toda norma, por clara que sea, debe ser interpretada, pese al aforismo "in claris non fit interpretatio", al que, subjetivamente en este caso, se aferra la representación de los recurrentes.

La interpretación de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 19/1988, ha de hacerse teniendo en cuenta los fines de esa norma, que es acorde con el Derecho Comunitario. Esta Sala ha tenido ocasión de interpretar finalísticamente dicha norma transitoria, así:

"En cuanto a la formación práctica, la Disposición Transitoria Primera de la Ley 19/1988, de 12 de julio, se refiere a "trabajos realizados en el ámbito financiero y contable, referidos especialmente a cuentas anuales, cuentas consolidadas o estados financieros análogos". Aunque a simple vista pudiera parecer que cualquier trabajo en el ámbito financiero y contable de cuentas anuales, cuentas consolidas u otros estados financieros análogos, habilita para la formación práctica requerida, es lo cierto que la habilitación sólo puede originarse en la actividad específica a que se refiere el art. 1 de la Ley, es decir, la consistente en la revisión y verificación de documentos contables para la emisión de un informe, pues es ésta y no otra (por muy relacionada que esté con aquélla) la actividad a que se refiere tanto la Ley (art. 1), como la Directiva Comunitaria entronizada por ella (arts. 1. a) y b) y 5 de la Directiva 84/253/CEE). Así se deduce también, primero, de la propia naturaleza de la Disposición Transitoria Primera (que, como todas las de su clase, ampara a quienes, aun faltándoles algún requisito de los nuevos establecidos por la norma, venían ejerciendo la actividad regulada por ésta y no otra actividad); segundo, del núm. 4 de la citada Disposición Transitoria, que faculta para realizar los trabajos de auditorías de cuentas, hasta tanto el ICAC resolviera las solicitudes, "a aquellas personas o entidades que los vinieran haciendo" (es decir, que vinieran auditando cuentas, y no realizando cualquier otra actividad contable o financiera en materia de cuentas); tercero, de la Disposición Adicional Decimotercera de la posterior Ley 4/1990, de 29 de junio, que, al regular el problema de los no titulados, les exigió una formación práctica en trabajos referidos al "control" de cuentas; al traer a colación esta Ley 4/1990, no hacemos una aplicación retroactiva de la misma, sino que la tomamos sólo como exponente posterior que revela cuál era ya, de antes, la voluntad del legislador; y cuarto, y finalmente, del posterior Reglamento de 20 de diciembre de 1990 (1636/1990), que en su art. 25 define la formación práctica como "control" de cuentas; el Gobierno publicó esta norma con base en la autorización que le concedió la Disposición Final 3ª de la Ley 19/1988, y al redactar el artículo 25, no hizo sino realizar una precisión absolutamente necesaria para que el desarrollo normativo fuera acorde con la propia finalidad de la Ley que, repetimos, era regular la auditoría de cuentas y no cualquier actividad en materia contable. Y además no cualquier auditoría de cuentas, sino la externa e independiente, es decir, la realizada sobre entidades distintas de la propia, como lo pone de manifiesto la exigencia de independencia que consagra el artículo 8.1 de la Ley 19/1988 y el propio preámbulo de la Directiva 84/253/CEE, en su considerando tercero" (Sents. TS. de 11 de noviembre de 1993 -Apel. 3.809/92- y de 12 de noviembre de 1993 -Apel. 6.700/92-, y otras muchas dictadas ya en recursos de casación).

b). En orden a la cuestión de la valoración de la prueba hecha por el Tribunal de instancia, es tarea importante que compete a dicho Tribunal. En el ámbito del Derecho Administrativo, debe tenerse en cuenta el carácter revisor de la jurisdicción contencioso-administrativa, y que el objeto de la prueba son hechos de los que nacen determinados efectos que tienen incidencia en la resolución de lo planteado en el proceso. Debe tenerse en cuenta -y así ocurrió en el presente caso- que los hoy recurrentes aportaron en vía administrativa prueba documental respecto de su formación teórica y práctica y tal prueba la consideraron suficiente acreditación para lo que pretendían: su inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

El Tribunal "a quo", obtuvo su convicción para dictar sentencia una vez que valoró conjunta y ponderadamente toda la prueba practicada en el expediente. Por ello, la sentencia recurrida puntualizó que, en relación a la formación teórica de los recurrentes, éstos no justifican que hubieran realizado los programas de enseñanza teórica sobre las materias y con el número de horas que específicamente señala la Ley 19/1988; y que, en lo referente a la formación práctica, los recurrentes no han justificado plenamente estar en posesión de la formación práctica exigida. La convicción del Tribunal "a quo" tras la valoración de la prueba no puede ser discutida en casación.

Por el tercer motivo de casación, articulado al amparo del art. 95.1.4º de la LJ, se denuncia la vulneración del artículo 14 de la Constitución. A este motivo, el Abogado del Estado, en base a la doctrina del Tribunal Constitucional, opone que no se ha aportado un término de comparación admisible.

El principio de igualdad ante la Ley, otorga a los ciudadanos un derecho subjetivo consistente en tener un trato igual al dado a otros ciudadanos ante supuestos de hecho idénticos o ante situaciones jurídicas sustancialmente iguales; y es que la Constitución prohíbe toda discriminación o desigualdad de trato que, desde la perspectiva de la norma aplicada, carezca de justificación objetiva y razonable. Pero para juzgar este punto, es necesario un término de comparación válido, ofrecido por quien alega la diferencia de trato: tal término de comparación no ha sido ofrecido, por lo que procede la desestimación del tercer motivo de casación articulado.

Por el cuarto y último motivo de casación, articulado al amparo del art. 95.1.3º de la Ley Jurisdiccional, se denuncia la vulneración del art. 74.3 de la L.J.C.A. y el art. 24 de la Constitución, alegando que al no haberse recibido en la instancia el proceso a prueba, se produjo indefensión a los recurrentes. Veamos:

1. En el anterior motivo casacional analizado y desestimado, la representación procesal de los recurrentes afirmó que éstos habían acreditado los requisitos exigidos en la Ley para que la Administración hubiera accedido a lo por aquéllos solicitado: la inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

2. El Tribunal de instancia, por auto de fecha 14 de diciembre de 1992, valoró la petición de recibimiento a prueba del proceso y razonadamente acordó no ser necesario el recibimiento a prueba, sin perjuicio, en su caso, de acordar, para mejor proveer, alguna prueba de considerarlo procedente. Tal resolución del Tribunal "a quo", fue notificada a la representación de los recurrentes y fue consentida, si bien la representación de los actores hizo referencia a la posibilidad de la Sala de instancia de hacer uso de la facultad de acordar la práctica de pruebas para mejor proveer.

3. El Tribunal "a quo", no hizo uso de la facultad que le concede el artículo 75.2 de la Ley Jurisdiccional, siendo de consignar que, como puntualizó la Sentencia del T.S. de 13 de marzo de 1990, dicho artículo no confiere a las partes derecho procesal alguno, ni condiciona la decisión del Tribunal en orden a estimar pertinente su proveído. En el presente caso, el no haber hecho el Tribunal de instancia uso de dicha facultad, es expresión de que el Tribunal disponía de todos los elementos indispensables para dictar sentencia.

4. El art. 24.1 de la Constitución, reconoce el derecho de todas las personas a la tutela judicial efectiva en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. El Tribunal Constitucional ha precisado que el derecho reconocido en el art. 24.1 de la Constitución es el derecho de acceso al proceso, para someter a la jurisdicción cualquier cuestión objeto de litigio. El derecho a la jurisdicción es un derecho público subjetivo, tanto para ejercitar acciones y formular pretensiones, como para oponerse a ellas. El derecho público subjetivo a la jurisdicción no significa tener derecho a obtener una resolución favorable sino el derecho a obtener una decisión fundada. Pues bien, deliberado el punto ahora cuestionado, la Sala no aprecia que por el auto referido del Tribunal de instancia de fecha 14 de diciembre de 1992 se haya producido indefensión a los recurrentes, teniendo en cuenta todo lo que se ha razonado en esta sentencia.

5. Queda desestimado el cuarto y último motivo de casación.

Los anteriores razonamientos, conducen a la desestimación de todos los motivos articulados en el presente recurso de casación. En consecuencia, queda también desestimada la petición de que se condene a la Administración al pago de daños y perjuicios.

Dado que no procede estimar los motivos articulados en el presente recurso de casación, debemos imponer las costas de este recurso a los recurrentes, por imperio de lo dispuesto en el art. 102.3 de la Ley Jurisdiccional.

Por todo lo expuesto, en nombre de su Majestad El Rey, y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución.