Las empresas de futuro
| Autor | Javier Divar Garteiz-Aurrecoa |
| Páginas | 71-85 |
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Vista la evolución histórica del sistema de poder económico, siempre consustancial a los poderes sociales (políticos y jurídicos) acompañantes de cada cultura social como macro-sistema (conforme a las formulaciones del estudio histórico enunciadas por A. J. Toynbee en «El Estudio de la Historia»), es claro que la irresistible ascensión de la socialización en todos los órdenes de la vida irá auspiciando una participación creciente en los medios de producción, en las empresas.
Pero debe de ser razonablemente entendido que la participación en la titularidad jurídica de los medios productivos (dicho sea de paso, sobre estos medios se habla de titularidades porque en puridad jurídica no cabe hablar de derechos de propiedad ya que sobre el conglomerado orgánico de la empresa no es posible la aprehensión del dominio, sino sólo el mero facultamiento de las titularidades jurídicas) debe abrirse a todos los partícipes directos e inmediatos en los mismos y someterse a los controles sociales, puesto que los medios de producción son causa y objeto social, ya que la comunidad facilita no pocos de los instrumentos que hacen posible el tr|2fico mercantil.
No es defendible en base al interés general de la empresa, la utilización dominical de la misma con la facultad jurídica plena de las propiedades particulares, sino que, muy por el contrario, deberá entenderse que el fin de tal medio es social (lo que no supone en absoluto negar su posible titularidad privada).
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En ese sentido debe entenderse de derecho necesario la fiscalización pública de las empresas, lo cual ya se acepta en la práctica actual en las intervenciones tributarias y laborales (la intervención de los trabajadores en las empresas viene abriéndose camino en los ordenamientos jurídicos más avanzados). Y ello porque, además, es quebrar la racionalidad argumental con insostenible engaño el admitir a nivel de principio el fin social de la empresa negando después abiertamente la participación laboral.
Dicha negación se hace bajo excusa de una mal entendida propiedad privada de las empresas, de la libertad económica en los sistemas de economía de mercado o de tendenciosos neoliberalismos.
La razón, propia de nuestra entidad, ha de ser la que nos lleve a superar las viejas tensiones producidas por la tenencia o exclusión de los medios de producción. Y la razón social impone el ser solidario, el actuar in solidum con los demás al efecto de solventarse unos con otros.
Luego si el ser humano es racional y social por sus esencias mismas, deben aplicarse sus naturas a los institutos creados por él, máxime, dada su trascendencia, a los productivos. Por interés racional y social, debe caminarse, en evitación de conflictos, a la participación económica como último estadio de las sociedades avanzadas.
El mantenimiento de una empresa capitalista exclusivamente participada por los grandes titulares accionariales, cerrada a la participación de sus trabajadores, agentes cada día de su productividad, es situación que va contra la racionalidad y los intereses de una parte sustancial de sus miembros, por lo que se convierte en semillero de conl ictos. En ese sentido es entendible la calificación que hizo Francisco José Proudhon de la propiedad privativa de los medios de producción («La propiedad es un robo»), aunque extraída de su contexto sea un exceso verbal.
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Esa participación en la titularidad empresarial y por ello en sus decisiones y frutos, esa soberanía compartida del poder productivo, ha de traer por consecuencia la paz social, pues ésta exige el equilibrio de los intereses, que produce la conformidad de las mentes.
El equilibrio de la soberanía empresarial compartida será también sin duda causa de mayor productividad económica, puesto que se irán fortaleciendo las relaciones de corresponsabilidad y de coni anza, facilitándose además los beneficios del trabajo creativo.
No es por cierto ésta una utopía de ilusos soñadores. Antes bien, los grandes conl ictos sociales suelen derivar de la deficiente regulación de los intereses económicos, de la ausencia de participación en los bienes del mundo. Buena parte de la historia sociopolítica de la humanidad se puede resumir en la lucha por el poder económico (independientemente de que, por supuesto, quepan otras interpretaciones de la Historia no «materialistas»).
Y el poder más permanente es el derivado del dominio sobre los medios productivos, sean las tierras, el comercio, la industria o los servicios económicos. La ambición de su dominio, ha producido buena parte de los conl ictos y tensiones en la historia, tanto en ámbitos domésticos como en los nacionales o internacionales.
El derecho de todos los seres humanos a participar de los bienes del mundo incluye necesariamente la participación en todas las estructuras sociales, y entre éstas en la más esencial, la productiva. La democracia tiene por esencia la participación y la democracia en la empresa es vital en cuanto que la productividad lo es a la comunidad a la que debe servir y de la que emana. Nada puede seriamente organizarse con intención de permanencia sin participación, máxime en algo tan básico, tan cotidiano, tan cercano a cada quien como la empresa en la que trabaja.
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No puede producirse de espaldas a los productores. No cabe pensar en la defensa de los intereses de alguien sin su debida participación. De la misma manera que la democracia es el sistema mejor, o el menos malo de los sistemas en la organización política, lo es también en la económica.
Y la democracia en la empresa implica la participación en su poder. Y la soberanía compartida es causa de satisfacción para los copartícipes, lo cual desarma los conl ictos. Es por ello que desde la base a la cúspide de los poderes sociales, la democracia, la participación, disuelve el descontento y es origen de la paz social.
La participación económica es además parte de una solidaridad interesada (la auténtica liberación, como Krishnamurti sostiene en su obra «Liberación...
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