Editorial

Páginas7-12
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Es ya un lugar común que la reforma laboral del 2012 produjo un intenso des-
equilibrio de poder entre empresarios y trabajadores, una extensa devaluación
salarial y el empeoramiento generalizado de las condiciones de trabajo y de vida
de una buena parte de la población trabajadora, conclusiones negativas que vie-
nen avaladas por los datos estadísticos del mercado de trabajo. Amparadas en
las políticas de austeridad que generaron un incremento exponencial de la des-
igualdad en el interior de los estados que las aplicaron, fueron la consecuencia
del condicionamiento político de unas “reformas estructurales” dictadas para
poder sanear a un sistema financiero desarbolado sobre la base de su propia
codicia corporativa y frente a cuyo mal funcionamiento ninguna de las institu-
ciones de control, como el Banco de España, se activaron a tiempo.
Los cambios legislativos se efectuaron además sin acuerdo social y en pleno
enfrentamiento con sindicatos y movimientos sociales, en un contexto de
represión de las manifestaciones y la persecución penal de los integrantes de
los piquetes de huelga. La inmensa pérdida de puestos de trabajo y los altísimos
niveles de desempleo propiciaron además situaciones muy duras en las que un
gran número de personas perdieron su vivienda o entraron en una situación de
pobreza severa. La recuperación económica que se inicia a partir del 2015 solo
es evidente para los beneficios de las entidades financieras y de las grandes
empresas, mientras que el hundimiento de los salarios y la permanencia de una
extensa bolsa de paro y precariedad en una rotación incesante acompañaba a
esos primeros años en los que la reforma laboral producía sus efectos.
Por eso tanto desde el sindicalismo confederal como en los programas de los
partidos políticos progresistas se incorporó la palabra de orden de derogar la
reforma laboral, una consigna política de fácil comprensión que además inten-
taba evitar la “naturalización” de los cambios legislativos del marco institucio-
nal laboral que habían sido comprometidos en función de la crisis financiera y
de la deuda soberana, y que corrían el riesgo de presentarse como una nueva
ordenación con vocación de permanencia. Mantener como propuesta “derogar
la reforma laboral” significaba ante todo impugnar la continuidad de las líneas
regulativas fundamentales que sostenían esa legislación, cuestionar su subsis-
tencia en el momento en que se produjera un cambio político. No se trataba por
tanto de una vuelta a la situación normativa anterior, cuya datación por otra
DEROGACIÓN Y REFORMA LABORAL: ACORDES Y
DESACUERDOS
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