Editorial
| Autor | Ana María Delgado García |
| Cargo | Directora de la revista |
| Páginas | 1-2 |
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El número 27 de la Revista Internet, Derecho y Política contiene un monográfico que recoge diversos artículos sobre las implicaciones jurídicas de los usos y comentarios efectuados en las redes sociales. El número de delitos cometidos a través de las redes sociales va en aumento, por una parte, por la existencia de nuevas plataformas idóneas para la comisión de ciertos delitos y, por otro lado, por la apariencia de anonimato que presenta el uso de las redes sociales. No obstante, actuar contra esta situación no es fácil, puesto que uno de los principales problemas que se plantea es el de las dificultades probatorias para su aportación al procedimiento judicial.
En primer lugar, Laura Díez, en su artículo titulado «Libertad de expresión en las redes sociales», aborda el tema de si los límites de la libertad de expresión son distintos en el caso de que un mismo mensaje se vierta en la red o se difunda a través de los canales tradicionales de comunicación. A continuación, en el artículo «Los delitos de odio en las redes sociales», Josep Maria Tamarit analiza la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de delitos de odio. El tercero de los artículos, a cargo de Carmen Tomás-Valiente, aborda los «Delitos contra la intimidad y redes sociales (en especial, la jurisprudencia más reciente)», centrándose en las cuestiones jurídico-penales específicamente suscitadas por la utilización de una red social en la comisión de hechos eventualmente incardinables en los delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
A su vez, Beatriz López, en su artículo «El delito de estafa cometido a través de las redes sociales: problemas de investigación y enjuiciamiento», da cuenta de los principales problemas que plantean la investigación y el enjuiciamiento de los delitos de estafa cometidos a través de las redes sociales. En quinto lugar, Vicente Guzmán, en el artículo que lleva por título «Juicios paralelos en las redes sociales y proceso penal», estudia cómo las redes sociales contribuyen a magnificar los juicios paralelos y multiplican las eventuales lesiones de los derechos fundamentales. Finalmente, en el artículo «Regulación legal y valoración de fuentes de prueba digital (correos electrónicos, WhatsApp, redes sociales): entre la insuficiencia y la incertidumbre», Teresa Armenta ofrece una visión de los medios tecnológicos como fuente de investigación en el proceso penal.
Por otro lado, también se incluye en este número dos artículos. El primero, a cargo de Ingolf Pernice, lleva por título «Risk management in the digital constellation - a constitutional perspective (part II)», y describe los nuevos riesgos que la revolución digital está creando, junto con múltiples oportunidades para la comunicación, el comercio y la participación política. En segundo lugar, Ana María Delgado y Rafael Oliver publican el artículo titulado «Some tax considerations regarding the collaborative economy», en el que se analizan el impacto de la economía colaborativa, la necesidad de su regulación y, por último, la importancia e implicaciones de la fiscalidad en esta nueva realidad.
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Por último, este número cuenta con una sección que presenta una selección de las novedades normativas, preparadas por Jordi García Albero. Asimismo, se publican las reseñas de las últimas actividades académicas de difusión del conocimiento organizadas por los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC.
