Editorial
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BAJO PRESIÓN
El 20 de abril del 2009 el presidente Obama recordaba que la economía mundial, y la de Estados Unidos en particular, se encontraba aún bajo presión, lo que implicaba que la posibilidad de una recuperación de la misma era enormemente lejana. En España, al conocerse las cifras del paro del primer trimestre del 2009, esta afirmación del presidente norteamericano se concretaba dramáticamente en la constatación de un proceso de virulenta destrucción de empleo. Más de 800.000 parados en tres meses y la cifra total de cuatro millones de desempleados, con el consiguiente ascenso de la tasa de paro al 17,36 %, es un dato que pone a toda la sociedad española en una situación de alarma.
En este escenario, los actores sociales y políticos se encuentran también bajo presión. Ante todo porque desde el inicio de esta crisis, y pasados los primeros momentos de estupor ante el hundimiento de los postulados básicos neoliberales que habían alentado una situación global de desigualdad social y económica insostenible a escala planetaria, se produjo una reacción que pretende desplazar el coste de la crisis hacia los trabajadores y su capacidad de consumo social, a la vez que se exigen importantísimas aportaciones millonarias para tapar los agujeros del sistema financiero globalizado para que éste pueda seguir manteniendo el control manipulado de la economía mun-dial. Éstas son las recetas que propone el Fondo Monetario Internacional, que, como ha señalado el secretario general de UGT, Cándido Méndez, proponen sencillamente concentrar la intervención de los Estados en sanear el sistema financiero y que "se purgue la crisis" en los servicios, el nivel de vida y el bienestar de los ciudadanos.
En concreto, el leit motiv de muchos sectores económicos y políticos, nacionales e internacionales, que entienden posible la restauración del paradigma neoliberal y monetarista como fórmula de controlar la salida a la crisis, es el de urgir una reforma de los mercados de trabajo. Esta es una petición que se realiza en general para todas las economías desarrolladas por el FMI o, para los países de la UE por el comisario Almunia, pero que tienen especial virulencia en el caso español, bajo la presión de los cuatro millones de parados. Aquí las intervenciones en este sentido pueden llegar a ser grotescas, como la que ha efectuado la presidenta de la comunidad de Madrid, afirmando que la regulación laboral vigente es "obsoleta y franquista" (sic), pero las...
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