Editorial

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En el primero de los trabajos que componen este número de la Revista, el profesor Ferrero Aparicio analiza el papel jugado por las políticas de rentas y las reformas laborales en España, una vez que las políticas de demanda han perdido protagonismo en la lucha contra el desempleo ante el fenómeno de la globalización. Para ello describe, en primer lugar, las diferencias entre ambas formas de incidir en el mercado de trabajo, que, a su juicio, se pueden sintetizar en que mientras las políticas de rentas se basan en un acuerdo centralizado que establece las directrices de crecimiento salarial para el conjunto de la economía, vinculado al crecimiento de la productividad a escala nacional, en las reformas laborales, al menos en el caso español, se ha tratado de vincular los crecimientos salariales a los incrementos de productividad de los trabajadores o de las empresas de forma individualizada.

Entre 1977 y 1986 se firmaron en España cinco pactos de políticas de rentas, que tenían como principal objetivo el control de la inflación, en cuyo empeño resultaron bastante eficaces, ya que la tasa anual de inflación pasó del 24,5 % en 1977 al 8,6% en 1986, no así en la lucha contra el desempleo. Ello llevó a que se adujera la necesidad de acometer reformas laborales que permitieran combinar el control de la inflación con una mejora del desempleo, datando la primera de las reformas laborales analizadas en 1984. El principal objetivo de esta reforma era el de dotar de mayor elasticidad a la demanda de trabajo, rompiendo el principio de causalidad establecido en el Estatuto de los Trabajadores, según el cual los contratos laborales indefinidos deberían ser utilizados para empleos de naturaleza permanente, en tanto que los de duración determinada o temporales para empleos temporales ligados a necesidades de organización productiva o a incrementos temporales de la demanda. Como resultado de todo ello se produjo a una profunda segmentación del mercado de trabajo.

Detrás de la segunda reforma, la más intensa del mercado de trabajo, que se aborda en 1994, estaba la idea de que el mercado de trabajo español seguía siendo muy rígido y que la reforma anterior sólo lo había flexibilizado en el margen. En opinión del autor, esta reforma fue fruto de la combinación del rechazo sindical a una nueva política de rentas ofrecida por el gobierno socialista, el mantenimiento del poder de negociación salarial de los trabajadores indefinidos y la necesidad de corregir los efectos perversos de una excesiva temporalidad del empleo asalariado. El objetivo era que las relaciones laborales se adaptaran de forma automática a las características y situación de las empresas, vinculando la evolución salarial a las circunstancias reales de las empresas. A juicio del autor, esta reforma no consiguió los resultados esperados por lo que se refiere a la estructura de la negociación colectiva, aunque sí en cuanto a la moderación salarial.

* Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid.

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Por otra parte, la segmentación del mercado se vio incrementada por la mayor rotación laboral derivada de la reducción en la duración de los contratos temporales, entendiendo que esta segmentación laboral ha tenido efectos perversos sobre la productividad laboral y la competitividad empresarial.

A corregir algunos de los efectos no deseados de las reformas anteriores y a tratar de dar respuesta a los cambios cualitativos que se estaban produciendo en la demanda de mano de obra se encamina la reforma de 1997. Una característica que diferencia a esta reforma de las anteriores es que fue fruto de un amplio acuerdo entre sindicatos, empresarios y gobierno. Esta reforma incidió en el estímulo a la contratación indefinida, volviendo al principio de causalidad del Estatuto de los Trabajadores, mediante la reducción de los costes de despido y clarificando el concepto de despido objetivo. Sus efectos en cuanto a la reducción de la temporalidad han sido limitados y centrados básicamente en el colectivo de trabajadores cualificados, donde la intensidad en la contratación temporal y en la conversión de contratos temporales en indefinidos ha sido mayor, pero'a1 menos logró romper la tendencia creciente de los años anteriores. Menos positivos, en opinión del autor, han sido los resultados en cuanto al objetivo de potenciar la negociación en el ámbito de la empresa.

En la reforma de 2001 'la última por ahora' se eliminó el límite de vigencia temporal del nuevo contrato indefinido aprobado en la reforma de 1997, que se había fijado en cuatro años, al tiempo que se amplió el colectivo de trabajadores que podían beneficiarse del mismo, así como el número de empresas que podían firmar tales convenios, y se introducen algunas medidas desincentivadoras de la contratación temporal. Con relación a la contratación a tiempo parcial, esta reforma elimina buena parte de las modificaciones de este tipo de contratos introducidas en 1998, otorgándole mayor flexibilidad. Aunque aún es pronto para evaluar los efectos de esta última reforma, el autor considera que, aunque pueda disminuir la tasa de temporalidad, es posible que se profundice la segmentación entre trabajadores a tiempo parcial y a jornada completa.

En el trabajo del profesor Pérez Infante se aborda la relación entre la estructura de la negociación colectiva y los salarios en España. Comienza haciendo referencia a las teorías explicativas de las diferencias en cuanto a la intensidad del paro, que las basan en las características de las instituciones del mercado de trabajo específicas de cada país: cuanto más rígidos sean los mercados, mayor será la tasa de paro estructural y más dificil que dicha tasa presione a la baja los salarios reales. Esto sería lo que estaría ocurriendo en España. En cuanto a las causas de las rigideces del mercado de trabajo español se citan: la falta de flexibilidad interna y externa de la empresa, la regulación de las prestaciones por desempleo, los desajustes cualitativos entre oferta y demanda de trabajo y la falta de flexibilidad de los salarios. Aunque en la última década, como se vio en el artículo anterior, se aprobaron distintas reformas laborales tendentes a mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo y a eliminar rigideces, la negociación colectiva apenas sufrió modificaciones importantes.

El resto del artículo se centra en la relación entre la estructura de la negociación colectiva y los salarios, mediante un exhaustivo análisis de las características de la negociación colectiva española, su evolución y situación actual, sin olvidar la comparación con el resto de países de la OCDE en cuanto al grado de descentralización. Se acomete a continuación el estudio de los crecimientos salariales y de otras cláusulas relacionadas con los salarios, haciendo hincapié en las diferencia existentes entre los distintos tipos de convenios. En el último apartado se analizan los salarios efectivamente percibidos, su evolución tanto en términos monetarios como reales, la

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relación con el PIB, la curva de Philips, así como el concepto estadístico y los factores que explican la llamada deriva salarial.

Entre otras conclusiones interesantes a las que llega el autor se pueden citar las siguientes: En comparación con otros países de la OCDE, la cobertura de la negociación colectiva en España es relativamente elevada, a pesar de que el grado de afiliación de los trabajadores es el segundo más bajo de la OCIDE, después de Francia. La principal característica en la evolución de los salarios negociados es la de su moderación desde 1978, con la excepción de los cuatro últimos años, detectándose una estrecha relación tanto entre salarios e inflación, como entre salarios negociados y situación económica, rompiéndose la pauta de moderación en los años de expansión de la economía y volviendo a crecimientos moderados en situaciones de crisis. Los incrementos salariales negociados son inferiores en los convenios de empresa que en los sectoriales y, dentro de éstos, los mayores aumentos se producen en los provinciales y autonómicos.

Se puede afirmar sin riesgo de equivocarse que en los últimos años existe una preocupación creciente en las sociedades occidentales, y sin duda en la europea, por impulsar políticas de empleo dirigidas a las personas con discapacidad, que tratan de enfrentarse con los problemas peculiares que este colectivo tiene en relación con el mercado de trabajo. El énfasis se pone en las medidas antidiscriminatorias y en la promoción del empleo de los colectivos que se encuentran en situaciones de desventaja en el mercado de traba o, puesto que se entiende que la integración social plena sólo puede conseguirse a través de la integración laboral de los discapacitados. En este contexto, el profesor Miguel Ángel Malo, en el trabajo recogido en este número de la Revista, realiza una revisión de los principales aspectos relacionados con la participación de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo español.

En primer lugar trata de acotar una definición de discapacidad con el fin de delimitar el colectivo en el que se centra el análisis estadístico y para ello repasa varias de las definiciones que tradicionalmente se vienen dando de deficiencia, discapacidad y minusvalía, decantándose, por motivos puramente pragmáticos, por la que proporciona el Panel de Hogares de la Unión Europea, encuesta que realiza Eurostat desde 1994. Para el caso español, el tamaño del colectivo de discapacitados en edad de trabajar se sitúa en tomo al 5 por cien de la población, prácticamente la mitad de los cuales está concentrada en edades avanzadas. Este colectivo tiene una desigual distribución por edades en función del género y un bajo nivel de estudios en su mayoría. Se observa que este grupo está afectado más por un problema de actividad que de desempleo, aunque no debe olvidarse que hay más desempleo en el colectivo de discapacitados que en la población en general.

El autor critica la ausencia de estudios sobre las personas con discapacidad y sus relaciones con el mercado de trabajo, constituyéndose como estudio pionero y que marca un punto de inflexión el Informe publicado por el CES en 1995. A su vez, la Encuesta sobre Deficiencias, Discapacidades y Estado de Salud, realizada en España en 1999, se constituirá, a juicio del autor, en una herramienta imprescindible para conocer las cuestiones fundamentales que deben informar el diseño de las políticas españolas de empleo hacia los discapacitados.

Los profesores Matías Clavero y Arias Oliva, habituales colaboradores de esta Revista, aportan un novedoso trabajo sobre la dirección estratégica de redes organizacionales. Como afirman los autores en el mismo, se habla de las organizaciones (o redes) como de las principales instituciones económicas de nuestros días, junto con la empresa y la familia. El entorno organizativo, lo mismo que el económico y el tecnológico, se ve transformado por la sociedad de la información

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y el conocimiento, y condiciona a las organizaciones, que se ven obligadas a operar con ciclos de vida de los productos extremadamente cortos y en unas condiciones de complejidad y de cambio continuo como hasta el momento no habían existido.

Una de las características que tienen que cumplir las empresas en este nuevo contexto, para poder sobrevivir, es la de la flexibilidad y la capacidad de adaptación. La búsqueda de la capacidad de adaptación provoca la aparición de nuevos diseños organizativos que combinen adecuadamente flexibilidad y eficacia, como las redes organizacionales. Los sistemas interorganizacionales facilitan este tipo de estructuras flexibles y ágiles, capaces de detectar y reaccionar rápidamente a los cambios del entorno para satisfacer las crecientes y cambiantes necesidades de los clientes. Por tanto, la construcción de sistemas de información usados por dos o más organizaciones, o sistemas interorganizacionales, se está convirtiendo en uno de los pilares fundamentales de las organizaciones.

Si en los dos primeros estudios recogidos en este número se analizan las estructuras del mercado de trabajo español y la evolución seguida en las últimas décadas, a través de las reformas laborales y de la negociación colectiva, como una de las formas de explicar el diferencial de desempleo que aqueja a nuestra economía, en le estudio de los profesores Gómez García y Prieto Rodríguez, se hace un ejercicio similar pera circunscribiéndose al ámbito de la comunidad andaluza. Como es bien sabido, la tasa de paro andaluz ha sido la mayor de todas las regiones españolas en los últimos veinte años, siendo creciente este diferencial, de tal forma que ha pasado de los 6 puntos porcentuales en que superaba el paro en Andalucía al del resto de España en 1976 a los 12 puntos que ha venido manteniendo, con ligeras oscilaciones, desde mediados de la década de los ochenta. Los autores se preguntan por las causas de este diferencial tan abultado.

Tras una visión global de los datos de paro e inflación en España y Andalucía, se plantea la hipótesis de que dicho diferencial se debe a una diferencia similar en sus tasas naturales de desempleo, analizando las posibles explicaciones, fundamentalmente de tipo microeconómico a este fenómeno macroeconómico, entre las que se encuentran la distinta evolución y composición de la población, la negociación colectiva y sus efectos sobre los salarios, o, más recientemente, la posible afectación asimétrica del progreso tecnológico al trabajo cualificado y no cualificado. Se constata en el estudio que la población activa creció en Andalucía a tasa significativamente superiores que en España, lo que explicaría el mayor crecimiento del paro, pero no la permanencia en los altos diferenciales con el resto de España. También se observa una menor dispersión de los salarios en Andalucía, lo que, en un contexto de cambio a favor de la demanda de trabajo más cualíficado, puede explicar en parte la mayor tasa de paro, dada la menor tasa de cualificación de los trabajadores andaluces. La mayor cobertura de las prestaciones por desempleo, como consecuencia del régimen. especial de protección al desempleo agrario en Andalucía, si bien no se ha traducido en una mayor proporción de parados de larga duración, sí parece haber provocado situaciones de paro recurrente y una disminución menos lenta de la población activa cuyas expectativas de empleo apenas se limitan al empleo agrícola.

Entre las medidas de política económica que los autores proponen para reducir el diferencial del paro andaluz se citan las siguientes: inversión en capital humano, políticas de desarrollo regional y local dirigidas a la promoción del tejido empresarial y la reducción de la rigidez salarial.

Los profesores Pérez Rubio y Robira Ramírez abordan el estudio de la influencia de los aspectos subjetivos y ambientales en la satisfacción de los empleados público de los servicios centra-

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les de la Comunidad Autónoma de Extremadura, colectivo que en el año 2001, en el que se realiza el estudio, era de 2.320 personas. Afirman que se ha constatado que los empleados están insatisfechos en términos generales con los aspectos que integran la relación laboral, especialmente con el salario, así como con la falta de variedad y el escaso interés que ofrece el trabajo público, siendo, en general, los resultados más favorables para los einpleados más jóvenes frente a los de edad más avanzada, para el personal laboral frente al funcionario y para las mujeres frente a los hombres.

Finalmente, la sección Informes y Estudios se cierra con un trabajo de carácter histórico sobre los inicios de la revolución industrial en España, a través de la experiencia de la Fábrica de Tejidos e Hilados de Sevilla, firmado por los profesores Gómez Rivero y Palomeque López. En palabras de los autores, en el mismo se trata de demostrar cómo en los años treinta del siglo XIX en España, que era un país eminentemente agrario, el Estado protegerá e impulsará la industria, adjudicando cantidades a fondo perdido a los empresarios que adquieran, construyan y difundan telares mecánicos y las nuevas máquinas. En dicho trabajo, se ponen de manifiesto ciertos aspectos desconocidos por la historiografia, como que la primera máquina de algodón que en España utilizó el vapor, la Bonaplata de Barcelona, recibió una financiación del Gobierno de

65.000 duros, que la segunda fábrica de este tipo se implantó en Sevilla, trabajando en ella 250 personas y, cuando en 1835 se incendian los locales de Bonaplata, quedará como la única del género. Al hilo de todo ello, se expone la "cuestión obrera" bajo el reinado de Isabel II.

En la sección Documentos reproducimos la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de la Regiones: El futuro de la Estrategia Europea de Empleo (EEE) "Una estrategia para el pleno empleo y mejores puestos de trabajo para todos", que tiene como objetivo presentar un esbozo de la estrategia revisada complementada con ejemplos de los fines, consideraciones y objetivos concretos existentes y propuestas de nuevos objetivos, con vistas a la adopción de las Directrices de Empleo en función de las orientaciones políticas del Consejo Europeo de primavera, y con arreglo al nuevo procedimiento racionalizado.

Finaliza el número con las habituales secciones de Recensiones y Bibliografia, elaborada esta última a partir de una selección de los fondos existentes en la Biblioteca de la Subdirección General de Estudios e Informes Socioeconómicos en relación con el desempleo en España

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