Las exigencias para la declaración de efectos civiles a las sentencias eclesiásticas de nulidad y a las decisiones pontificias sobre matrimonios inconsumados

Las exigencias para la declaración de efectos civiles a las sentencias eclesiásticas de nulidad y a las decisiones pontificias sobre matrimonios inconsumados

1. Introducción

Hemos visto en los capítulos antecedentes cómo el Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español del 3 de enero de 1.979, y concretamente su artículo VI, permitía a los casados canónicamente acudir a los tribunales eclesiásticos para pedir la declaración de nulidad que sea procedente según el derecho canónico. Dicha sentencia o dispensa eclesiástica para que produzca efectos en el orden civil es necesario que sea declarada ajustada al derecho del Estado, en resolución dictada por el tribunal civil competente.

La nueva redacción del Código Civil, en su artículo 80, se refiere a esta cuestión en los siguientes términos: “Las resoluciones dictadas por los tribunales eclesiásticos sobre la nulidad de matrimonio canónico o las declaraciones pontificias sobre matrimonio rato y no consumado tendrán eficacia en el orden civil, a solicitud de cualquiera de las partes, si se declaran ajustadas al derecho del Estado en resolución dictada por el juez civil competente conforme a las condiciones a las que se refiere el 954 de L.E.C.”.

La redacción del art 778 de la L.E.C. mantiene estas condiciones (disposición derogatoria 1.3) y la cláusula de ajuste.

2. La exigencia del ajuste al derecho del estado (la cláusula de ajuste)

2.1. Normas reguladoras de esta exigencia; análisis de las mismas

El Acuerdo de 3 de enero de 1979 establecía que estas sentencias o resoluciones eclesiásticas (quedando, así, incluidas las decisiones sobre matrimonio rato y no consumado) tendrían eficacia en el orden civil cuando se declarasen ajustadas al “Derecho del Estado”, sin precisar nada más en torno a ese ajuste. Desde una perspectiva procesal, la disposición Adicional 2ª añadía a lo acordado entre ambas potestades el requisito de autenticidad de la sentencia, además de la necesidad de que estuviera ajustada al Derecho del Estado. Tampoco venía a matizar o perfilar lo que abarcaba este ajuste al Derecho del Estado, y en el mismo sentido se expresa el legislador en la vigente L.E.C. en su art. 778. Y por último, desde una perspectiva sustantiva, el artículo 80 llenó de contenido esa cláusula de ajuste, al poner en relación el ajuste al derecho del Estado con las condiciones del artículo 954 de la L.E.C. de 1881. Parecía que subsumía la primera categoría, declaración de estar ajustada al Derecho del Estado, a la segunda, que dichas resoluciones eclesiásticas cumplieran con los requisitos del citado artículo 954 L.E.C.

Tras una primera lectura del precepto citado, se plantea el problema de que si esta declaración de ajuste y las condiciones del 954 de la Ley de Enjuiciamiento Civil son la misma cosa o constituyen elementos distintos. Es decir, si la cláusula de ajuste implica -además- la aparición de una cuestión sustantiva aparte de la procesal que evidentemente se encuentra al enunciarlo así el precepto, elementos sustantivos y procesales necesarios e indispensables para que una sentencia canónica o dispensa eclesiástica pueda obtener efectos civiles.

Esta cuestión determinó una fuerte polémica doctrinal que interpretó de distinta forma el sentido que habrá que darse a esa exigencia del “ajuste”, encontrándonos con dos corrientes al respecto:

La primera entiende que la declaración de ajuste debe ser dictada por resolución del tribunal civil competente cuya resolución, valga la redundancia, deberá, además, atenerse a las condiciones del artículo 954 de nuestra ley de procedimiento. Esta primera interpretación, en opinión de algunos autores, no llena de contenido el significado de la cláusula de ajuste; queda por ello todavía en la sombra y no hay perfiles claros.

La segunda postura entendió que la cláusula de ajuste debe atenerse a los condicionamientos del 954, esto es, a lo preceptuado por el citado artículo1, de ahí que la figura del exequatur era la más cercana o familiar que tenía el legislador a la hora de definir la posición de los tribunales de la Iglesia en el alcance y significado de sus sentencias, aunque puediera sorprender dicha naturaleza jurídica -tribunales y sentencias extranjeras 2- para estos que están radicados en España y formados por nacionales españoles.

La cuestión no queda resuelta al promulgarse la Ley 30/81 de 7, de julio, y concretamente la disposición adicional 2ª de la misma; en ella, siendo un precepto netamente procesal, no se hace para nada referencia a los contenidos o condiciones del 954 que sí se contenían en una norma sustantiva, artículo 80 del Código Civil. La citada disposición adicional 2ª se limitaba sólo a que la resolución o decisión eclesiástica deberá ser “ajustada al derecho del Estado” en apreciación del juez civil . La actual regulación, 778, aunque suprime la referencia al ajuste, no por ello lo obvia, ya que en sus disposiciones derogatorias no hace mención ni al Acuerdo ni al art. 80 de cc.

2.2. Pensamiento doctrinal

Algunos autores consideran que la cláusula o declaración de ajuste y las condiciones del 954 L.E.C. van concadenadas, siendo las segundas dependientes de la primera, mientras que para otros, además de esos requisitos o condiciones, se exige también esa declaración de ajuste, la cual actúa como un filtro independiente, preservándose así y salvando el Estado ese principio de unidad jurisdiccional consagrado en el artículo 117 de nuestra Constitución.

Es decir, la citada cláusula, sólo cabe interpretarla en dos sentidos:

  1. Entender que las resoluciones o decisiones canónicas se ajustan al derecho del Estado cuando reúnen las condiciones establecidas en el artículo 954 L.E.C.

  2. Entender que éstas necesitan además de ser declaradas ajustadas al derecho del Estado reunir las condiciones de nuestra Ley Procesal.

    CUBILLAS RECIO3 parte de la idea de que la validez y nulidad del matrimonio son dos categorías íntimamente ligadas y relacionadas, desde perspectivas jurídicas, así que existiendo una no puede darse la otra, y resulta claro que quien tenga el control sobre una de ellas deberá, por coherencia con el propio sistema, controlar la otra, y así es de la opinión de que este “derecho del Estado” es tanto el derecho sustantivo o material como el derecho adjetivo o procesal, al no distinguir el propio Acuerdo entre uno u otro. Además, dice que esto debe ser así en virtud del artículo 34 de la Constitución, pues “la reserva legal respecto del matrimonio a la que hace referencia este citado artículo trata tanto de ley material como formal, por lo que no puede dejarse sin cauce procesal unos derechos sobre los que previamente se legisla”.

    DÍEZ PICAZO4 y 5 considera que el desajuste sustantivo hay que entenderlo como un contravenir el orden público interno a la vista de los resultados más que en el orden de pura fundamentación jurídica de las decisiones. El ajuste puede plantearse a dos niveles, bien a nivel sustantivo, bien a nivel procesal, denegándose los efectos civiles cuando padezca el orden público interno, violación que supone por tanto un desajuste entre el derecho del Estado y el fallo eclesiástico, y por tanto no podrá existir amparo en el orden civil. Todo ello, como ya hemos apuntado, vendría a excluir determinadas sentencias que se han apoyado en motivos o causas confesionales.

    Esta postura no es nueva y ya se planteó en Italia con motivo de la reforma de los pactos lateranenses, habiendo sido apostillada por autores eclesiasticistas, los cuales afirman que las causas de nulidad eclesiásticas surgen de un ordenamiento jurídico propio, cual es el canónico, que es el que las regula y las rige al igual que ocurre con la dispensa por inconsumación, no teniendo parangón en nuestra legislación.

    Aparte de esta crítica, y haciendo hincapié en lo manifestado por estos autores, esta cláusula de ajuste, que también se encuentra incardinada de forma indirecta en el apartado 3º del 954 de nuestra ley procesal, conlleva que el ajuste al derecho sustantivo se planteará cuando el tribunal canónico haya pronunciado una nulidad en virtud de causas o motivos que no se encuentren reconocidos por el derecho del Estado. Dicho de otra forma, no cabrá negar la declaración de ajuste a una resolución eclesiástica de nulidad si ésta no viola el orden público interno, si bien este orden público se ha identificado con aquellos principios o directivas que en cada momento informan las instituciones jurídicas; así se manifiesta DE CASTRO6. En este sentido, nuestro Tribunal Supremo puntualizó que el orden público es una noción en extremo sutil e imprecisa e indeterminada, escapando de toda definición, por ser su contenido móvil, fluctuante y flexible. Es decir, su sentido y alcance es siempre provisional, es una noción sujeta a variación y cambio como del mismo modo varían las leyes, las costumbres y la misma moral social o ética. En este sentido, podemos recoger la definición que de orden público dio este mismo Tribunal en sentencia de 5 de abril de 1.966, entendiendo que éste está formado por principios públicos y privados, políticos, económicos, morales e incluso religiosos, necesarios para la conservación del orden social en un pueblo y en una época determinada, por lo que habrá que estar a lo que dice el propio artículo 3.1 del Código Civil, “a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas” las normas; por este carácter relativo, estará en función de las concepciones sociales y políticas de cada momento histórico, según dice la resolución de la Dirección General de los Registros, de 6 de abril de 1.979. También así se manifiesta el auto de 24 de octubre de 1.9797.

    También será necesario ver si hubo desajuste a nivel procesal; esto no significará que el juez civil vaya a examinar la pureza del procedimiento canónico, pero sí debe observar que se han cumplido los requisitos mínimos y los principios generales - como puede ser el principio de contradicción-. En términos actuales, “debe considerarse...

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