Dossier sobre l'ocupació pública

AutorVerónica Yazmín García Morales
CargoProfesora lectora de Derecho Administrativo en la Universidad de Barcelona
Páginas194-219
Revista catalana de dret públic #65
www.rcdp.cat
DOSIER SOBRE EL EMPLEO PÚBLICO*
Verónica Yazmín García Morales**
Resumen
El presente dosier expone recursos normativos, jurisprudenciales y bibliográcos sobre el régimen jurídico del empleo
público. El objetivo es presentar el contexto jurídico, social, económico y tecnológico en el que se enmarcan las
principales novedades y desafíos de la organización de los recursos humanos de las Administraciones públicas. El
dosier se estructura en cuatro apartados. El primer apartado, marco general del empleo público en España, muestra
la proliferación de normas, estatales y autonómicas, que integran el régimen jurídico del empleo público a partir del
binomio normativo bases-desarrollo. El segundo apartado, temporalidad y estabilización en el empleo público, reeja
el impacto de la coyuntura económica en la situación de temporalidad de los empleos públicos, así como la incidencia
de la jurisprudencia comunitaria en el proceso de estabilización del empleo público. El tercer apartado recoge distintos
recursos que permiten conocer cómo se está aplicando la transversalización de la perspectiva de género en el empleo
público. Por último, el cuarto apartado ofrece materiales sobre el teletrabajo en el sector público, todo ello en el marco
de la COVID-19, que ha dado un impulso notable a la ya iniciada digitalización de las Administraciones públicas.
Palabras clave: empleo público; temporalidad; estabilización; género; teletrabajo.
DOSSIER ON EMPLOYMENT IN THE CIVIL SERVICE
Abstract
This dossier presents normative, case law and bibliographic resources on the legal system governing employment
in the civil service. The aim is to present the legal, social, economic and technological context that frames the main
innovations and challenges in the organisation of human resources in public administrations. The dossier is divided
into four sections. The rst section, within the general framework of civil service employment in Spain, shows the
proliferation of state and autonomous regional regulations that make up the legal system governing civil service
employment based on the guidelines-development regulatory binomial. The second section, on temporary employment
and its stabilisation in the civil service, reects the impact of the economic situation on temporary employment in the
civil service, as well as the incidence of autonomous community case law in the process of stabilising said employment.
The third section brings together a number of resources that offer insight into the way in which gender mainstreaming is
being applied to employment in the civil service. Finally, the fourth section offers materials on teleworking in the public
sector within the framework of COVID-19, which has given a signicant boost to the already initiated digitalisation of
public administrations.
Keywords: public employment; temporary employment; stabilisation; gender; telework.
* Se cierra el dosier el 02.10.2022.
** Verónica Yazmín García Morales, profesora lectora de Derecho Administrativo en la Universidad de Barcelona. Departamento
de Derecho Administrativo, Derecho Procesal y Derecho Financiero y Tributario (Sección de Derecho Administrativo). Facultad de
Derecho, av. Diagonal 684, 08034 Barcelona. veronicagarcia@ub.edu. 0000-0003-1105-7304.
Citación recomendada: García Morales, Verónica Yazmín. (2022). Dosier sobre el empleo público. Revista Catalana de Dret
Públic, 65, 194-219. https://doi.org/10.2436/rcdp.i65.2022.3883
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Sumario
Introducción
1 Marco general del empleo público en España
1.1 Normativa
1.2 Jurisprudencia
1.3 Bibliografía
2 Temporalidad y estabilización en el empleo público
2.1 Normativa
2.2 Jurisprudencia
2.3 Bibliografía
3 Empleo público y género
3.1 Normativa
3.2 Jurisprudencia
3.3 Políticas de igualdad en el empleo público: planes de igualdad
3.4 Bibliografía
4 Empleo público y teletrabajo
4.1 Normativa
4.2 Jurisprudencia
4.3 Bibliografía
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Introducción
“No es fácil entrar a formar parte de la Administración, ni siquiera en las novelas”.
Luciano Vandelli, 2015
Los recursos humanos en las Administraciones públicas son el eje sobre el que pivota la ecacia de su
actuación, que es la de servir con objetividad e imparcialidad a los intereses generales (art. 103.1 de la
Constitución Española, en adelante CE). Los empleados públicos desempeñan una labor crucial en la garantía
de lo que hoy conocemos como el derecho a una buena administración (art. 41 de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea y art. 22 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de
procedimiento de las Administraciones públicas de Cataluña). Además, desde la perspectiva del desarrollo
sostenible, es imprescindible la consolidación de las Administraciones públicas como instituciones sólidas para
conseguir una sociedad justa, pacíca e inclusiva (Objetivo de Desarrollo Sostenible, núm. 16). En este sentido,
es de destacar que cuando el legislador dene el “régimen estatutario” del empleado público lo vincula, entre
otros, al principio de servicio efectivo a los ciudadanos (art. 3.1 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público). Así, por ejemplo, en la exposición de motivos de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público, se señalaba que “la nalidad primordial de cualquier reforma en
esta materia debe ser mejorar la calidad de los servicios que el ciudadano recibe de la Administración”.
El presente dosier expone recursos normativos, jurisprudenciales y bibliográcos de actualidad y relevancia
sobre el régimen jurídico del empleo público. El objetivo es presentar el contexto jurídico, social, económico
y tecnológico en el que se enmarcan las principales novedades y desafíos de la organización de los recursos
humanos en las Administraciones públicas. De hecho, la cita literaria del profesor Vandelli que preside la
introducción de este dosier da cuenta, a partir del estudio de la gura del funcionario en la literatura, de las
vicisitudes en las que nos adentra su regulación jurídica en distintos contextos sociales y culturales. Ahora
bien, con la nalidad de mostrar la realidad jurídica del empleo público desde la perspectiva de nuestros días,
el dosier se estructura en cuatro apartados.
El primer apartado del dosier, marco general del empleo público en España, muestra la proliferación de normas,
estatales y autonómicas, que integran el régimen jurídico del empleo público a partir del binomio normativo
bases-desarrollo. La conguración del régimen estatutario del empleado público parte de la reserva de ley que
la CE prevé en este ámbito. Así, la CE establece que “la ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos,
el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del
ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad
en el ejercicio de sus funciones” (art. 103.3 CE).
El reparto competencial en materia de función pública se erige bajo la articulación de tres relaciones de
competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. El primer ámbito competencial se integra por
el reparto a través de la fórmula bases-desarrollo. Así, el Estado tiene competencia exclusiva para establecer
las bases del régimen estatutario de sus funcionarios, […] sin perjuicio de las especialidades derivadas de
la organización propia de las comunidades autónomas (art. 149.1.18.ª CE). Como se puede identicar en
el apartado de referencias normativas del primer apartado del dosier, todas las comunidades autónomas
desarrollan en su normativa lo referente a la función pública. El segundo ámbito competencial se integra por
la regulación del empleo público bajo la categoría de personal laboral, donde el Estado tiene competencia
exclusiva, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas (art. 149.1.7.ª
CE). Finalmente, el establecimiento de las bases y coordinación de la planicación general de la actividad
económica, competencia transversal del Estado que, si bien no regula directamente el empleo público, limita
la normativa autonómica de desarrollo (art. 149.1.13.ª CE).
Así, bajo el prisma de estos tres títulos competenciales (arts. 149.1.18.ª, 149.1.7.ª y 149.1.13.ª CE) se
aprueba el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y la normativa autonómica de desarrollo (art. 6 EBEP). La
jurisprudencia constitucional que se recoge en este apartado del dosier muestra la compleja tarea de articular
el alcance de las distintas competencias sobre la función pública. De hecho, tal como mencionaba una de
las primeras sentencias del Tribunal Constitucional en este ámbito: “Es éste, desde luego, un ámbito cuyos
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contornos no pueden denirse en abstracto y a priori, pero en el que ha de entenderse comprendida, en
principio, la normación relativa a la adquisición y pérdida de la condición de funcionario, [...] pues habiendo
optado la Constitución por un régimen estatutario, con carácter general, para los servidores públicos (arts.
103.3 y 149.1.18), habrá de ser también la Ley la que determine en qué casos y con qué condiciones puedan
reconocerse otras posibles vías para el acceso al servicio de la Administración Pública” (STC 99/1987, FJ 3.c).
El segundo apartado del dosier, temporalidad y estabilización en el empleo público, reeja el impacto de
la coyuntura económica en la situación de temporalidad de los empleos públicos, así como la incidencia de
la jurisprudencia comunitaria en el proceso de estabilización del empleo público. En el marco comunitario,
es de destacar la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-726/19
(IMIDRA), de 3 de junio de 2021, así como el componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia, referido a la modernización de las Administraciones públicas en España. En este contexto, la
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo
público, es, sin duda, una de las novedades normativas más relevantes en este ámbito. La nalidad de esta
norma, que modica el artículo 10 del EBEP, se centra en limitar la temporalidad a la atención de necesidad
de carácter estrictamente coyuntural.
La propia Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en
el empleo público, señala en su exposición de motivos que “la evolución del empleo en el sector público en
España viene marcada por el aumento de la tasa de temporalidad, que ha llegado al extremo de que casi un
treinta por ciento de los empleados públicos en España tienen o han tenido un vínculo profesional temporal
con la Administración pública” (apartado I). Ahora bien, en lo que se reere a las distintas Administraciones
públicas, es conocida la problemática que afecta sobre todo al empleo público local, donde “la casuística de la
temporalidad en las entidades locales es amplia: contratos temporales laborales con sus distintas modalidades
contractuales, los interinos, los que entraron por contratos subvencionados, los que han ganado una sentencia
judicial que les reconoce como indenido no jo, los declarados por los propios ayuntamientos indenidos
no jos, etc.” (Garrido y Povedano, 2022, p. 9). De ahí que, aun cuando en las estadísticas del Ministerio
de Política Territorial no se reeja esta casuística, la Ley sí establece de manera especíca medidas para el
ámbito local (disposición adicional primera).
El impacto de esta regulación en la práctica se habrá de reejar en el informe anual de seguimiento de la
situación de la temporalidad en el empleo público que prevé la propia norma (disposición adicional segunda)
y, sobre todo, en la calidad del empleo público. No obstante, como se observa en las referencias bibliográcas,
el estudio de esta medida ya permite tener un acercamiento crítico sobre el alcance, la oportunidad y las
limitaciones de esta medida con especial relevancia para garantizar el acceso en condiciones de igualdad a la
función pública (art. 23.2 CE), su ejercicio, así como en la calidad de la prestación de los servicios públicos.
Por su parte, desde la perspectiva de los empleados públicos, es relevante mencionar que la temporalidad
afecta de forma distinta a mujeres y hombres. Así, de acuerdo con el último Boletín Estadístico del personal al
servicio de las Administraciones Públicas, del Ministerio de Política Territorial, de enero de 2022, se observa
que la mayor parte del empleo temporal se lleva a cabo por mujeres. El diagnóstico del que parte el III Plan
para la igualdad de género en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados
o dependientes de ella coincide en este punto. Así, se destaca “la tendencia a una mayor presencia de mujeres
respecto de hombres en aquellas subcategorías relacionadas con una mayor eventualidad o temporalidad, por
ejemplo, personal laboral temporal (57,3%) o personal interino (68,9%)”.
El tercer apartado del dosier recoge, en este sentido, distintos recursos que permiten conocer cómo se está
aplicando la transversalización de la perspectiva de género en el empleo público para garantizar de forma
efectiva el acceso a la función pública en condiciones de igualdad (art. 23.2 CE) y sin discriminación (art.
14 CE). El capital humano de las Administraciones públicas no está exento de reproducir las dinámicas de
desigualdad de género que todavía persisten. Por ello, las Administraciones públicas han de prestar especial
diligencia a su actuación para materializar la igualdad sustantiva, así como la erradicación de la violencia
contra las mujeres, desde la propia organización de sus recursos humanos.
Las leyes de igualdad y de erradicación de la violencia contra las mujeres, tanto la estatal como las
autonómicas, establecen un conjunto de medidas cuya nalidad es la consecución de la igualdad en el seno de
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las Administraciones públicas. Los planes de igualdad, por ejemplo, son una medida concreta que, por un lado,
muestra la situación de (des)igualdad de los empleados públicos en la institución y, por otro lado, establece “los
objetivos a alcanzar en materia de promoción de la igualdad de trato y oportunidades en el empleo público,
así como las estrategias o medidas a adoptar para su consecución” (art. 64 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres). Los criterios jurisprudenciales que se aportan en
este dosier muestran cómo la maternidad y el embarazo continúan siendo un motivo de discriminación que
obstaculiza, limita y precariza el acceso de las mujeres al empleo público.
La transversalización efectiva de la perspectiva de género en el empleo público es, por tanto, una cuestión
ineludible para la sostenibilidad social y económica del sector público en España. Más aún cuando, a raíz de
la crisis sanitaria de la COVID-19, se ha identicado un incremento de la(s) brecha(s) de género, sobre todo
por el incremento de la violencia, con lo que ello supone para los ámbitos de la salud, la economía, (empleo,
conocimiento, educación, cuidados), la tecnología (brecha digital), en denitiva, para la calidad de vida de
las mujeres.
Finalmente, el cuarto apartado del dosier ofrece materiales sobre el teletrabajo en el sector público, todo
ello en el marco de la COVID-19, que ha dado un impulso notable a la ya iniciada digitalización de las
Administraciones públicas. En este sentido, se añade el artículo 47 bis al EBEP, que regula el teletrabajo,
mediante el Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo
en las Administraciones públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a
la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. La regulación del teletrabajo, que se incorpora en el capítulo
V (“Derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones”) del título III (“Derechos y deberes. Código
de conducta de los empleados públicos”) del EBEP, plantea nuevos retos sobre, precisamente, los derechos
digitales de los empleados públicos, así como el derecho a la desconexión digital que recoge la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. En este
contexto, dado que se parte de una norma de carácter básico, se están aprobando distintas normas autonómicas
y municipales que regulan el teletrabajo de los empleados públicos.
1 Marco general del empleo público en España
1.1 Normativa
a) Internacional
Convenio de la Organización Internacional del Trabajo 151, de 27 de junio, raticado por Instrumento de 22
de junio 1984. Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública. (BOE, núm. 297, de
12.12.1984).
b) Europea
Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco
general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. (DOCE, núm. 303, 02.12.2000).
c) Estatal
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública. (BOE, núm. 185, 03.08.1984).
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones
Públicas. (BOE, núm. 4, 04.01.1985).
Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre empleo público de discapacitados. (BOE, núm. 296, 11.11.2003).
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público. (BOE, núm. 261, 31.10.2015).
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional. (BOE, núm. 67, 17.03.2018).
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Real Decreto 353/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos generales de la Organización
Colegial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local. (BOE, núm. 78, 01.04.2011).
Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a
la Administración General del Estado. (BOE, núm. 36, 10.02.2010).
Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de
Justicia. (BOE, núm. 309, 27.12.2005).
Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado. (BOE, núm. 85, 10.04.1995).
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado. (BOE, núm. 85, 10.04.1995).
Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los
Funcionarios de la Administración del Estado. (BOE, núm. 15, 17.01.1986).
Decreto 315/1964, de 7 de febrero, por el que se aprueba la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado.
(BOE, núm. 40, 15.02.1964).
Orden TFP/153/2021, de 16 de febrero, por la que se regula la valoración de los méritos generales del personal
funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional. (BOE, núm. 47, 24.02.2021).
d) Autonómica
Andalucía
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía. (BOJA,
núm. 112, 28.11.1985; BOE, núm. 302, 18.12.1985).
Decreto 64/2020, de 5 de mayo, por el que se regulan los méritos correspondientes al conocimiento de las
especialidades de la organización territorial y de la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de
aplicación en los concursos del personal funcionario de administración local con habilitación de carácter
nacional. (BOJA, núm. 89, 12.05.2020).
Decreto 93/2006, de 9 de mayo, por el que se regula el ingreso, la promoción interna y la provisión de puestos
de trabajo de personas con discapacidad en la Función Pública de la Administración General de la Junta de
Andalucía. (BOJA, núm. 96, 22.05.2006).
Decreto 299/2002, de 10 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público de la Administración
de la Junta de Andalucía de los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea. (BOJA,
núm. 3, 03.01.2003).
Anteproyecto de Ley de Función Pública de Andalucía. Fecha de inicio de la tramitación de la norma:
15.02.2021.
Aragón
Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Públicas. (BOA, núm. 114, 16.06.2017; BOE, núm. 216,
08.09.2017).
Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero de la Diputación General de Aragón, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA,
núm. 25, 01.03.1991).
Decreto 18/2011, de 8 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento para la
adaptación del puesto de trabajo y movilidad por motivo de salud, de los empleados públicos del ámbito
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sectorial de Administración General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA,
núm. 35, 18.02.2011).
Asturias
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado
de Asturias. (BOPA, núm. 300, 30.12.1985; BOE, núm. 59, 10.03.1986).
Anteproyecto de ley del Principado de Asturias de Empleo Público. Expediente 13/2020.
Illes Balears
Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (BOIB,
núm. 49, 03.04.2007; BOE, núm. 101, 27.04.2007).
Decreto Ley 4/2022, de 30 de marzo, por el que se adoptan medidas extraordinarias y urgentes para paliar la
crisis económica y social producida por los efectos de la guerra en Ucrania. (BOIB, núm. 44, 31.03.2022).
Decreto 7/2020, de 31 de enero, por el que se regulan los permisos, las licencias, las vacaciones y otras medidas
de conciliación de la vida personal, familiar y laboral del personal funcionario al servicio de la Administración
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (BOIB, núm. 14, 1.02.2020).
Decreto 2/2017, de 13 de enero, de exigencia del conocimiento de la lengua catalana en los procedimientos de
provisión de puestos de trabajo de las entidades locales de las Illes Balears reservados a personal funcionario
de la Administración local con habilitación de carácter nacional. (BOIB, núm. 6, 14.01.2017).
Canarias
Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria. (BOC, núm. 40, 03.04.1987; BOE, núm. 118,
18.05.1987).
Ley 18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes de ordenación del empleo público en las administraciones
canarias. (BOE, núm. 14, 16.01.2020).
Cantabria
Ley 4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública de Cantabria. (BOCT, núm. 4, 01.04.1993; BOE, núm. 124,
25.05.1993).
Castilla y León
Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León. (BOCL, núm. 103, 31.05.2005; BOE,
núm. 162, 08.07.2005).
Ley 7/2019, de 19 de marzo, de implantación y desarrollo de la carrera profesional de los empleados públicos
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. (BOCL, núm. 59, 26.03.2019).
Decreto 24/2022, de 16 de junio, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo
público, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la administración de Castilla y León. (BOCL,
núm. 117, 20.06.2022).
Castilla-La Mancha
Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha. (DOCM, núm. 56, 22.03.2011;
BOE, núm. 104, 02.05.2011).
Decreto 23/2022, de 12 de abril, por el que se establece el procedimiento de selección y nombramiento de
funcionarios interinos para desempeñar puestos de trabajo reservados a funcionarios de la Administración
Local con habilitación de carácter nacional en entidades locales de la comunidad autónoma de Castilla-La
Mancha (DOCM, núm. 77, 22.04.2022).
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Cataluña
Ley 8/2006, de 5 de julio, de medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral del personal al
servicio de las Administraciones Públicas de Cataluña. (DOGC, núm. 4679, 13.07.2006; BOE, núm. 188,
08.08.2006).
Ley 9/1986, de 10 de noviembre, de Cuerpos de Funcionarios de la Generalitat de Cataluña. (DOGC, núm.
770, 24.11.1986; BOE, núm. 293, 08.12.1986).
Ley 21/1987, de 26 de noviembre, de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración de la
Generalidad. (DOGC, núm. 923, 04.12.1987; BOE, núm. 309, 26.12.1987).
Decreto Legislativo 1/1997, de 31 de octubre, por el que se aprueba la refundición en un Texto único de los
preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia de función pública. (DOGC, núm.
2509, 03.11.1997).
Decreto 195/2008, de 7 de octubre, por el que se regulan determinados aspectos del régimen jurídico del
personal funcionario con habilitación de carácter estatal de las entidades locales de Cataluña. (DOGC, núm.
5232, 09.10.2008).
Comunidad Valenciana
Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana. (DOGV, núm. 9065, 20.04.202; BOE, núm.
127, 28.05.2021).
Decreto 92/2021, de 9 de julio, del Consell, de regulación del personal funcionario con habilitación de carácter
nacional. (DOGV, núm. 9131, 20.07.2021).
Extremadura
Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura. (DOE, núm. 68, 10.04.2015; BOE, núm.
108, 06.05.2015).
Decreto-ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la tramitación de las bases
reguladoras y normativa especíca de subvenciones, la ejecución de determinadas prestaciones de contratos
administrativos y la selección de personal temporal mediante bolsas de trabajo, como consecuencia de la crisis
ocasionada por el COVID-19. (DOE, núm. 75, 20.04.2020; BOE, núm. 118, 28.04.2020).
Galicia
Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia. (DOG, núm. 82, 04.05.2015; BOE, núm. 123,
23.05.2015).
Decreto Legislativo 1/2008, de 13 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la función
pública de Galicia. (DOG, núm. 114, 13.06.2008; BOE, núm. 167, 11.07.2008).
Decreto 49/2009, de 26 de febrero, sobre el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma de
Galicia respecto de los/las funcionarios/as con habilitación de carácter estatal. (DOG, núm. 52, 16.03.2009).
Decreto 103/2008, de 8 de mayo, por el que se regula el conocimiento del gallego en los procedimientos
para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios/as con habilitación de carácter estatal en el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia. (DOG, núm. 99, 23.05.2008).
La Rioja
Ley 3/1990, de 29 de junio, de Función Pública de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
La Rioja. (BOR, núm. 93, 31.07.1990; BOE, núm. 186, 04.08.1990).
Verónica Yazmín García Morales
Dosier sobre el empleo público
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 65, 2022 202
Decreto 26/2021, de 14 de abril, por el por el que se regula el procedimiento de selección y nombramiento
de funcionarios interinos para desempeñar puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional. (BOR, núm. 73, 16.04.2021).
Madrid
Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid. (BOCM núm. 96, 24.04.1986;
BOE, núm. 211, 03.09.1986).
Decreto 1/2021, de 13 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se crea el Registro de Funcionarios
Públicos Habilitados de la Comunidad de Madrid y se aprueba su Reglamento de Organización, Régimen
Jurídico y Funcionamiento, para la asistencia a los interesados en el uso de medios electrónicos. (BOCM,
núm. 16, 20.01.2021).
Murcia
Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Función
Pública de la Región de Murcia. (BORM, núm. 85, 12.04.2001).
Resolución de 2 de julio de 2021 de la Secretaría General de la Consejería de Economía, Hacienda y
Administración Digital, por la que se dispone la publicación en el Boletín Ocial de la Región de Murcia del
Pacto de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios de 25 junio de 2021, sobre desarrollo del teletrabajo.
(BORM, núm. 156, 09.07.2021).
Decreto 93/2011, de 27 de mayo, sobre el acceso y la provisión de puestos de trabajo de personas con
discapacidad en la Función Pública de la Administración Pública de la Región de Murcia (BORM, núm. 127,
04.06.2011).
Orden de 26 de septiembre de 2017 de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que
se aprueba el sistema selectivo y el programa de materias de las pruebas de acceso, por el turno especíco
de discapacidad intelectual, a la Agrupación Profesional de Servicios Públicos de la Administración Pública
Regional, y se establecen especicidades en la constitución de las listas de espera derivadas de dichas pruebas.
(BORM, núm. 232, 06.10.2017).
Decreto 58/2012, de 27 de abril, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios con habilitación
de carácter estatal. (BORM, núm. 100, 02.05.2012).
Decreto 3/2003, de 31 de enero, por el que se regula el acceso a la Función Pública de la Región de Murcia
de los nacionales de los demás estados miembros de la Unión Europea y de los nacionales extracomunitarios.
(BORM, núm. 33, 10.02.2003).
Navarra
Ley Foral 11/2022, de 4 de mayo, por la que se establecen medidas en materia de selección y provisión de
puestos de personal funcionario docente no universitario de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra. (BON, núm. 88, 06.05.2022; BOE, núm. 117, 17.05.2022).
Orden Foral 59/2020, de 14 de mayo, por la que se regula la reincorporación gradual de las personas empleadas
públicas al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos a los
centros de trabajo de manera presencial, en el marco del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad.
(BON, núm. 102, 15.05.2020).
Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto
del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra. (BON, núm. 107, 01.09.1993).
País Vasco
Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca. (BOPV, núm. 144, 28.07.1989; BOE, núm. 60,
10.03.2012).
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Dosier sobre el empleo público
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 65, 2022 203
Ley 7/2021, de 11 de noviembre, de los cuerpos y de las escalas de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Euskadi. (BOPV, núm. 232, 22.11.2021; BOE, núm. 300, 16.12.2021).
Proyecto de Ley de empleo público de País Vasco. Fecha de inicio: 01.06.2021.
1.2 Jurisprudencia
a) Articulación del binomio bases-desarrollo del régimen estatutario de los funcionarios
públicos (art. 149.1.18 CE)
Tribunal Constitucional (Pleno). Sentencia núm. 17/2022, de 8 febrero. Cuestión de inconstitucionalidad núm.
1143/2021, ponente: Pedro José González-Trevijano Sánchez. ECLI:ES:TC:2022:17 (Madrid).
Tribunal Constitucional (Pleno). Sentencia núm. 38/2021, de 18 febrero. Recurso de inconstitucionalidad
núm. 3681/2020, ponente: Encarnación Roca Trías. ECLI:ES:TC:2021:38 (País Vasco).
Tribunal Constitucional (Pleno). Sentencia núm. 117/2019, de 16 octubre. Recurso de inconstitucionalidad
núm. 2360/2019, ponente: Juan José González Rivas. ECLI:ES:TC:2019:117 (Galicia).
Tribunal Constitucional (Pleno). Sentencia núm. 45/2017, de 27 abril. Recurso de inconstitucionalidad núm.
2003/2014. ECLI:ES:TC:2017:45 (Andalucía).
Tribunal Constitucional (Pleno). Sentencia núm. 20/2017, de 2 febrero. Recurso de inconstitucionalidad núm.
5190/2016, ponente: Santiago Martínez-Vares García. ECLI:ES:TC:2017:20 (Madrid).
Tribunal Constitucional (Pleno). Sentencia núm. 204/2016, de 1 de diciembre. Cuestión de inconstitucionalidad
núm. 6036/2015, ponente: Santiago Martínez-Vares García. ECLI:ES:TC:2006:204.
Tribunal Constitucional (Pleno). Sentencia núm. 183/2016, de 3 noviembre. Recurso de inconstitucionalidad
núm. 4530/2012, ponente: Adela Asua Batarrita. ECLI:ES:TC:2016:183 (Asturias).
Tribunal Constitucional (Pleno). Sentencia núm. 181/2012, de 15 octubre. Cuestión de inconstitucionalidad
núm. 5673/2011, ponente: Adela Asua Batarrita. ECLI:ES:TC:2012:181 (Cataluña).
Tribunal Constitucional (Pleno). Sentencia núm. 87/2009, de 20 abril. Cuestión de inconstitucionalidad núm.
2900/2000, ponente: Jorge Rodríguez-Zapata Pérez. ECLI:ES:TC:2009:87.
Tribunal Constitucional (Pleno). Sentencia núm. 86/2009, de 23 de febrero. Cuestión de inconstitucionalidad
núm. 8484/2008, ponente: Guillermo Jiménez Sánchez. ECLI:ES:TC:2009:86.
Tribunal Constitucional (Pleno). Sentencia núm. 38/2004, de 11 marzo. Recurso de inconstitucionalidad núm.
1296/1997, ponente: Guillermo Jiménez Sánchez. ECLI:ES:TC:2004:38 (Asturias).
Tribunal Constitucional (Pleno). Sentencia núm. 228/2003, de 18 de diciembre. Conflicto positivo de
competencia núm. 3342/95, ponente: Tomás S. Vives Antón. ECLI:ES:TC:2003:228 (Cataluña).
b) Articulación de la competencia estatal para establecer las bases de la planicación
económica general (art. 149.1.13 CE) con la competencia autonómica sobre el régimen
estatutario de sus funcionarios públicos.
Tribunal Constitucional (Pleno). Sentencia núm. 82/2017, de 22 de junio. Recurso de inconstitucionalidad
núm. 1387/2017, ponente: Cándido Conde-Pumpido Tourón. ECLI:ES:TC:2017:82 (Aragón).
Tribunal Constitucional (Pleno). Sentencia núm. 193/2016, de 16 noviembre. Conicto positivo de competencia
núm. 2386/2012, ponente: Ricardo Enríquez Sancho. ECLI:ES:TC:2016:193 (Andalucía).
Tribunal Constitucional (Pleno). Sentencia núm. 88/2016, de 28 abril. Recurso de inconstitucionalidad núm.
3492/2015, ponente: Juan Antonio Xiol Ríos. ECLI:ES:TC:2016:88 (Cataluña).
Verónica Yazmín García Morales
Dosier sobre el empleo público
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 65, 2022 204
Tribunal Constitucional (Pleno). Sentencia núm. 178/2006, de 6 junio. Recurso de inconstitucionalidad núm.
1301/1997, ponente: Pablo Pérez Tremps. ECLI:ES:TC:2006:178 (Asturias).
c) Cuestiones relevantes del empleo público en la jurisprudencia contencioso-administrativa
Acceso: valoración de pruebas y méritos
Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta). Sentencia núm. 382/2022, de 28
marzo, recurso 6160/2020, ponente: Celsa Pico Lorenzo. Celsa Pico Lorenzo: “Los criterios de calicación de
los ejercicios de procesos de selección en la Administración Pública deben ser previos a la calicación y deben
ser publicados para conocimientos de todos los aspirantes antes de la realización de los ejercicios” (FJ 7).
Cómputo de los servicios previos prestados en las Administraciones públicas
Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta). Sentencia núm. 334/2022, de
16 marzo, recurso 1676/2020, ponente: Pilar Teso Gamella. ECLI:ES:TS:2022:1099: “No resulta procedente
incluir, en el cómputo sobre el reconocimiento de los servicios previos prestados como personal laboral, el
período transcurrido desde el cese por despido hasta la noticación de la sentencia de la jurisdicción social
dictada en el procedimiento judicial seguido por dicha causa” (FJ 4).
Incompatibilidades
Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta). Sentencia núm. 1402/2021, de
30 noviembre, recurso 1787/2020, ponente: Luis María Díez-Picazo Giménez. ECLI:ES:TS:2021:4436: “Una
segunda actividad en un colegio profesional no puede considerarse actividad en el sector público, por lo que
resulta, en principio, susceptible de ser declarada compatible” (FJ 7).
Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta). Sentencia núm. 1070/2019, de
15 julio, recurso 2066/2017, ponente: Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo. ECLI:ES:TS:2019:2478:
Incompatibilidad para ejercer la actividad de rector de universidad privada con la de catedrático de escuela
universitaria a tiempo parcial en la Universidad de Cádiz. “El ejercicio del cargo de rector en universidades
privadas resulta incompatible en todo caso con el ejercicio del puesto de funcionario de un cuerpo docente
universitario en situación de activo y con destino en universidades públicas” (FJ 5).
Personal interino
Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta). Sentencia núm. 1333/2021, de
15 noviembre, recurso 6103/2018, ponente: Celsa Pico Lorenzo. ECLI:ES:TS:2021:4098: Estima el recurso
de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Segovia con motivo del cese de un funcionario interino del
servicio de aguas por externalización del servicio. El TS reitera la doctrina establecida en sentencias anteriores.
“Como se ha anticipado en el fundamento anterior la reciente sentencia de 27 de octubre de 2021 (recurso
de casación: 3598/2018) recuerda las anteriores de 28 de mayo y 21 de julio de 2020 (recursos de casación:
5801/2017 y 102/2018) señalando que la doctrina jurisprudencial que ha jado esta Sala y Sección es la de que
‘el cese de un funcionario interino, con una única relación de servicios, no determina derecho a indemnización
de 20 días de año de trabajo desempeñado previsto en la legislación laboral y no en la legislación funcionarial’
(sentencia 602/2020). Y en la sentencia 1062/2020 se dice que ‘La legislación española sobre función pública,
que no prevé el abono de indemnización alguna a los funcionarios interinos, ni a los funcionarios de carrera
cuando se extingue la relación de servicio no se opone a la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco [...]’”
(FJ 7).
Relación de puestos de trabajo (RPT)
Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima). Sentencia desestimatoria de 5 de
febrero de 2014, recurso 2986/2012, ponente: Vicente Conde Martín de Hijas. ECLI:ES:TS:2014:902: Cambio
de doctrina del TS: “Las Relaciones de Puestos de Trabajo-RPT de la Administración tienen la naturaleza de
acto y no de disposición, con el efecto procesal de que no son recurribles en casación”.
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Dosier sobre el empleo público
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 65, 2022 205
Situaciones administrativas
Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta). Sentencia núm. 1316/2021, de
5 noviembre, recurso 1456/2020, ponente: Celsa Pico Lorenzo. ECLI:ES:TS:2021:4102: “La provisión de
puestos de trabajo mediante una comisión de servicio constituye un acto administrativo de provisión temporal
urgente y discrecional que exige motivación en su concesión y en su revocación y audiencia del interesado
en este último caso” (FJ 9).
Tasa de reposición
Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta). Sentencia núm. 688/2017, de 21
abril, recurso 1688/2016, ponente: Celsa Pico Lorenzo. ECLI:ES:TS:2017:1538. Fijación de tasa de reposición,
oferta de empleo público y acceso a la función pública en condiciones de igualdad.
Valoración de servicios prestados y discriminación
Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta). Sentencia núm. 1081, de 21
de julio de 2022, recurso 744/2021, ponente: María del Pilar Teso Gamella. ECLI:ES:TS:2022:3176: “La
valoración de los servicios prestados como funcionario de carrera, personal jo, y como funcionario interino
o personal de duración determinada, no pueden ser objeto de valoración diferente, ya sea obviando el trabajo
desarrollado por los funcionarios interinos, ya sea conriendo al mismo menor puntuación, siempre y cuando
se reeren a los mismos puestos de trabajo mediante la realización de las mismas o asimiladas funciones.
La solución contraria a la expuesta supondría incurrir en un trato discriminatorio que proscribe la Directiva
1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP
sobre el trabajo de duración determinada, a tenor de la jurisprudencia del TJUE en los términos expuestos
en el fundamento anterior” (FJ 5).
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2 Temporalidad y estabilización en el empleo público
2.1 Normativa
Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE
y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada. (DOCE, núm. 175, 10.07.1999).
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo
público. (BOE, núm. 312, 29.12.2021).
Decreto-ley 6/2022, de 13 de junio, de nuevas medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo
público de las Illes Balears. (BOIB, núm. 78, 16.06.2022; BOE, núm. 196, 16.08.2022).
Orden 1021/2021, de 27 de abril, de la Consejería de Hacienda y Función Pública, por la que se establecen los
criterios generales que han de regir las convocatorias del proceso extraordinario de estabilización de empleo
temporal del personal funcionario de administración y servicios de la Comunidad de Madrid y del personal
laboral al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid. (BOCM, núm. 111, 11.05.2021).
Verónica Yazmín García Morales
Dosier sobre el empleo público
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 65, 2022 208
Ley Foral 16/2022, de 30 de mayo, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en los puestos
de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de la Comunidad Foral de Navarra. (BOE, núm. 141,
14.06.2022).
Oferta de Empleo Público (OEP)
Real Decreto 407/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2022.
(BOE, núm. 124, 25.05.2022).
Real Decreto 408/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para la estabilización
de empleo temporal en la Administración General del Estado correspondiente a la Ley 20/2021, de 28 de
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. (BOE, núm. 124,
25.05.2022).
Real Decreto 410/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público de la Policía
Nacional para el año 2022. (BOE, núm. 124, 25.05.2022).
Real Decreto 409/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público del Cuerpo de la
Guardia Civil para el año 2022. (BOE, núm. 124, 25.05.2022).
Decreto 75/2022, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público
para el año 2022, para la estabilización de empleo temporal, en el ámbito de la Administración General de la
Comunidad Autónoma de Aragón, en aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes
para la reducción de la temporalidad en el empleo público. (BOA, núm. 102, 30.05.2022).
Decreto 114/2022, de 20 de mayo, por el que se aprueba la Oferta Extraordinaria de Empleo Público para la
estabilización del empleo temporal a que se reere el artículo 2.1 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, en el ámbito de la Administración
General de la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC, núm. 105, 31.05.2022).
Decreto 115/2022, de 20 de mayo, por el que se aprueba la Oferta Extraordinaria de Empleo Público para
la estabilización de empleo temporal de larga duración en el ámbito de la Administración General de la
Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC, núm. 105, 31.05.2022).
Decreto 45/2022, de 12 de mayo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público Excepcional de
Estabilización para el año 2022 de Cantabria. (BOCT, núm. 95, 18.05.2022).
Acuerdo Gov/105/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Pública de Estabilización
de Empleo Temporal de la Generalitat de Cataluña, en el marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. (DOGC, núm. 8675, 25.05.2022).
Resolución PRE/1820/2022, de 9 de junio, de convocatoria de los procesos de estabilización, mediante el
sistema selectivo excepcional de concurso de méritos, en relación con los cuerpos, escalas o especialidades de
personal funcionario de la Administración de la Generalitat de Cataluña competencia de la Dirección General
de Función Pública (núm. de registro de la convocatoria, 300). (DOGC, núm. 8687, 13.06.2022).
Resolución PRE/1821/2022, de 9 de junio, de convocatoria de los procesos de estabilización, mediante el
sistema selectivo excepcional de concurso de méritos, en relación con las categorías profesionales de personal
laboral de la Administración de la Generalitat de Cataluña competencia de la Dirección General de Función
Pública (núm. de registro de la convocatoria, 400). (DOGC, núm. 8687, 13.06.2022).
Decreto 32/2022, de 25 de marzo, del Consell, de aprobación de la oferta de empleo público de 2022 para la
Administración de la Generalitat. Comunitat Valenciana. (DOGV, núm. 9310, 31.03.2022).
Decreto 79/2022, de 25 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público extraordinaria de plazas
de personal funcionario y laboral de la Administración general y de las entidades instrumentales del sector
público autonómico de la Comunidad Autónoma de Galicia, correspondiente al proceso de estabilización
derivado de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad
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Dosier sobre el empleo público
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 65, 2022 209
en el empleo público, y de plazas de personal laboral objeto de funcionarización, de conformidad con la Ley
2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia. (DOG, núm. 102, 30.05.2022).
Decreto 80/2022, de 25 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público correspondiente a plazas
derivadas de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad
en el empleo público, de personal funcionario de los cuerpos docentes que imparten las enseñanzas reguladas
en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año
2022. (DOG, núm. 102, 30.05.2022).
Decreto 58/2022, de 19 de mayo, por el que se aprueba la oferta adicional de empleo público extraordinaria para
la estabilización de empleo temporal de la Administración Pública de la Región de Murcia y se modican los
decretos núm. 213/2020, de 23 de diciembre, por el que se aprueba la oferta de empleo público extraordinaria
para la estabilización de empleo temporal de la Administración Pública de la Región de Murcia para el año
2020; núm. 296/2021, de 23 de diciembre, por el que se aprueba la oferta de empleo público extraordinaria para
la estabilización de empleo temporal de la Administración Pública de la Región de Murcia para el año 2021,
y núm. 297/2021, de 23 de diciembre, por el que se aprueba la oferta de empleo público de la Administración
Pública de la Región de Murcia para el año 2021. (BORM, núm. 121, 27.05.2022).
2.2 Jurisprudencia
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Séptima). Sentencia de 3 de junio de 2021, asunto C-726/19,
ECLI:EU:C:2021:439: “Una normativa nacional que prevé la organización de procesos selectivos que tienen
por objeto cubrir de manera denitiva las plazas ocupadas provisionalmente por empleados públicos con una
relación de servicio de duración determinada, así como los plazos concretos a tal n, pero que no garantiza
que esos procesos se organicen efectivamente, no resulta adecuada para prevenir la utilización abusiva, por
parte del empleador de que se trate, de sucesivas relaciones de servicio de duración determinada (véase, en este
sentido, la sentencia de 19 de marzo de 2020 (TJCE 2020, 17), Sánchez Ruiz y otros, C-103/18 y C-429/18,
EU:C:2020:219, apartado 97)” (párr. 67).
Tribunal Supremo (Sala de lo Social, Sección Primera). Sentencia núm. 13/2022, de 11 enero, recurso de
casación para la unicación de doctrina núm. 3270/2020, ponente: Ricardo Bodas Martín. ECLI:ES:TS:2022:60.
“Una situación en la que un empleado público nombrado sobre la base de una relación de servicio de duración
determinada –hasta que la plaza vacante para la que ha sido nombrado sea provista de forma denitiva– ha
ocupado, en el marco de varios nombramientos o de uno sólo durante un período inusual e injusticadamente
largo, el mismo puesto de trabajo de modo ininterrumpido durante varios años y ha desempeñado de forma
constante y continuada las mismas funciones, cuando el mantenimiento de modo permanente de dicho
empleado público en esa plaza vacante se deba al incumplimiento por parte del empleador de su obligación
legal de organizar un proceso selectivo al objeto de proveer denitivamente la mencionada plaza vacante,
ha de ser considerada como fraudulenta; y, en consecuencia, procede considerar que el personal interino que
ocupaba la plaza vacante debe ser considerado como indenido no jo” (FJ 4).
Tribunal Supremo (Sala de lo Social, Sección Primera). Sentencia núm. 484/2022, de 25 mayo,
recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 1293/2021, ponente: Ricardo Bodas Martín.
ECLI:ES:TS:2022:2238.
Abuso de derecho en el nombramiento de funcionarios interinos
Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta). Sentencia núm. 566/2022, de
12 de mayo, recurso 6712/2020, ponente: Pablo María Lucas Murillo de la Cueva. ECLI:ES:TS:2022:1822:
“El sistema de las listas de personal docente interino no universitario para nombramientos temporalmente
limitados no constituye una medida legal equivalente, desde la perspectiva de la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, para prevenir y sancionar los abusos en los nombramientos interinos, y que no
es contrario a Derecho que la relación mantenida en dicho régimen de interinidad se prolongue en el tiempo
hasta tanto la plaza sea ocupada por funcionario de carrera o se amortice” (FJ 5).
Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta). Sentencia núm. 572/2022, de
13 mayo, recurso 778/2020, ponente: Pilar Teso Gamella. ECLI:ES:TS:2022:1915.
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Dosier sobre el empleo público
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 65, 2022 210
Oferta de empleo público
Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta). Sentencia núm. 270/2022, de 3
marzo, recurso 7731/2019, ponente: Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo. ECLI:ES:TS:2022:747: “[...]
la expresión que el artículo 70.1 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público –EBEP– debe
ser interpretada en el sentido de que la previsión de inclusión de plazas en la oferta de empleo público alcanza
a las plazas que deban ser ofertadas a procesos selectivos de promoción interna” (FJ 10).
2.3 Bibliografía
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reducción de la temporalidad, y el RD-ley 32/2021, de reforma laboral. El personal laboral, clases
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3 Empleo público y género
3.1 Normativa
Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación
del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo
y ocupación (refundición). (DOCE, núm. 204, 26.06.2006).
Directiva 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación
de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva
2010/18/UE del Consejo. (DOUE, núm. 188, 12.07.2019).
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Dosier sobre el empleo público
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Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación (BOE, núm. 57, 07.03.2019).
Proposiciones de ley
Proposición de Ley de modicación del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y del Real Decreto Legislativo 5/2015,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en materia
de regulación de los permisos de maternidad y paternidad permitiendo su ampliación a 26 semanas en los
supuestos de familias monoparentales. (122/000192). Presentado el 01.01.2022, calicado el 11.01.2022.
Proposición de Ley relativa a la prevención de los abusos sexuales en los centros educativos. (122/000128).
Presentado el 03.03.2021, calicado el 09.03.2021.
3.2 Jurisprudencia
Acceso a la función pública: maternidad
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Segunda). Sentencia de 16 de febrero de 2006, asunto C-294/04,
ECLI:EU:C:2006:109: “La directiva comunitaria 76/207 /CEE [que se aplica a las relaciones de empleo en
el servicio público, párr. 35] se opone a una normativa nacional que no reconozca a una trabajadora que se
encuentre en permiso de maternidad los mismos derechos reconocidos a otros aspirantes aprobados en el
mismo procedimiento de selección, en lo que se reere a las condiciones de acceso a la función pública,
aplazando la toma de posesión de esa trabajadora hasta el término del permiso de maternidad, sin tener en
cuenta la duración de dicho permiso a efectos del cómputo de su antigüedad” (párr. 47).
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera). Sentencia de 6 de marzo de 2014, asunto C-595/12,
ECLI:EU:C:2014:128: “El artículo 15 de la Directiva 2006/54 debe interpretarse en el sentido de que se
opone a una normativa nacional que, por motivos de interés público, da de baja a una mujer en permiso de
maternidad de una formación profesional que forma parte esencial de su puesto de trabajo y que es obligatoria
para poder optar a un nombramiento denitivo como funcionario, así como para mejorar sus condiciones de
trabajo, aunque se le garantice el derecho a participar en la siguiente formación que se organice, cuya fecha
es incierta” (párr. 39).
Prohibición de discriminación por razón de sexo: embarazo y maternidad. El deber de la Administración de
garantizar la no discriminación a la mujer con fórmulas tuitivas y exibles (art. 51 de la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres).
Tribunal Constitucional (Sala Segunda). Sentencia núm. 108/2019, de 30 septiembre. Recurso de amparo núm.
2925/2018, ponente: Juan José González Rivas. ECLI:ES:TC:2019:108: “La actuación del INE ocasionó una
discriminación directa contraria al art. 14 CE, por ser mujer en estado de maternidad la recurrente, resultando
esta perjudicada por esa causa, al habérsele impedido con fundamentos incompatibles con el segundo inciso
del art. 14 CE su derecho de acceso a la plaza que obtuvo en el proceso selectivo, colocándola en una clara
desventaja por ser mujer trabajadora y madre” (FJ 5).
Tribunal Constitucional (Sala Segunda). Sentencia núm. 162/2016, de 3 octubre. Recurso de amparo núm.
5281/2014, ponente: Encarnación Roca Trías. ECLI:ES:TC:2016:162: Especial trascendencia constitucional.
“Esta Sentencia aclara y conrma la doctrina del Tribunal Constitucional jada en la STC 66/2014, de 5
de mayo, sobre reconocimiento de derechos económicos y profesionales durante la licencia de maternidad
y asimilada, en relación, además, a un amplio colectivo de mujeres funcionarias, como es el de Juezas y
Magistradas” (FJ 2). “En casos en los que la mujer que tiene condición de empleada pública obtiene un
determinado destino durante las licencias ligadas a su maternidad o a un eventual embarazo de riesgo, para
que no quede vulnerado su derecho a no ser discriminada por razón de sexo (art. 14 CE), debe entenderse que
el momento en el que deben considerarse adquiridos los derechos económicos y profesionales inherentes al
nombramiento, debe ser desde la fecha en la que la mujer hubiera podido tomar posesión de no haber mediado
dicho tipo de permiso o licencia” (FJ 7).
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Revista Catalana de Dret Públic, núm. 65, 2022 213
Tribunal Constitucional (Pleno). Sentencia núm. 66/2014, de 5 mayo. Recurso de amparo núm. 3256/2012,
ponente: Encarnación Roca Trías. ECLI:ES:TC:2014:66: El TC otorga el amparo por vulneración del derecho
a no sufrir discriminación por razón de sexo (art. 14 CE): maternidad. “La condición biológica y la salud
de la mujer trabajadora ha de ser compatible con la conservación de los derechos profesionales, sin que la
maternidad pueda producir ninguna desventaja. La minusvaloración o, como en este caso, el perjuicio causado
por la maternidad terminó materializado en el no reconocimiento de los derechos económicos y administrativos
de la demandante de amparo con carácter retroactivo para equiparlos a aquellos obtenidos por sus compañeros
de promoción, constituyendo un supuesto de discriminación por razón de sexo” (FJ 5).
Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta). Sentencia núm. 772/2022,
de 16 junio. Recurso de casación núm. 6021/2021, ponente: Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo.
ECLI:ES:TS:2022:2454: “Resulta contrario al principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la
Constitución Española no formalizar el contrato de trabajo a una mujer que no se incorpora al puesto de
trabajo, ofertado y aceptado, por encontrarse en situación de baja por incapacidad temporal derivada de
embarazo, sin que pueda diferirse su contratación al momento en que cause alta si persiste la necesidad que
lo motivó cuando por razones temporales no podría llegar a concurrir esa situación” (FJ 5).
Acceso a la función pública: estatura mínima
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera). Sentencia de 18 de octubre de 2019, asunto C-409/16.
ECLI:EU:C:2017:767: “Las disposiciones de la Directiva 76/207 deben interpretarse en el sentido de que se
oponen a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que supedita
la admisión de los candidatos al concurso para el ingreso en la Escuela de Policía de dicho Estado miembro,
independientemente de su sexo, a un requisito de estatura física mínima de 1,70 m, toda vez que esa normativa
supone una desventaja para un número mucho mayor de personas de sexo femenino que de sexo masculino
y que la citada normativa no parece adecuada ni necesaria para alcanzar el objetivo legítimo que persigue,
circunstancia que corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar” (párr. 44).
Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta). Sentencia núm. 1000/2022, de 14
julio. Recurso núm. 452/2018, ponente: Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo. ECLI:ES:TS:2022:2944:
“El requisito de estatura mínima y diferente para hombres y mujeres para el acceso al Cuerpo Nacional de
Policía, teniendo en cuenta los concretos valores establecidos para cada sexo, constituye una discriminación
indirecta contraria al principio de igualdad entre hombres y mujeres que perjudica a éstas frente a aquellos
en el acceso al empleo público (artículo 14.1 de la Directiva 2006/54/CE, de 5 de julio de 2006, y artículos
3 y 5 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo [RCL 2007, 586], para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres)” (FJ 5).
Conciliación y provisión de puestos de trabajo
Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta). Sentencia núm. 1768/2020,
de 17 diciembre, recurso núm. 1365/2019, ponente: Celsa Pico Lorenzo. ECLI:ES:TS:2020:4180: “Las
previsiones del art. 57 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, tienen efecto directo sin mediación de las correspondientes bases de la convocatoria imponiendo una
valoración de la situación administrativa de excedencia voluntaria por cuidado de familiares idéntica a la que
se otorga a la situación de servicio activo” (FJ 6). Reitera doctrina: Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Cuarta). Sentencia núm. 174/2021, de 10 febrero, recurso núm. 2468/2019, ponente:
Celsa Pico Lorenzo. ECLI:ES:TS:2021:460.
Cese anticipado de la comisión de servicios por embarazo
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera).
Sentencia núm. 488/2015, de 20 noviembre, recurso 657/2014, ponente: Fátima Arana Azpitarte.
ECLI:ES:TSJM:2015:13815: “El cese de la recurrente tuvo su causa no en ‘la nalización de la comisión
de servicios’ como expresan las resoluciones recurridas, sino en su situación de embarazo y maternidad y de
incapacidad temporal que provocaron éstas, siendo así que ni la comisión de servicios había nalizado, ni
habían desaparecido las necesidades del servicio que justicaron la cobertura de la plaza de manera urgente
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e inaplazable, ni la plaza se había cubierto mediante un sistema ordinario de provisión de puestos de trabajo;
tampoco consta que la recurrente hubiera perdido la idoneidad por la que fue nombrada para el desempeño del
puesto de trabajo ni que fuera objeto de expediente disciplinario alguno, ni que cometiera infracción alguna
en su trabajo no constando queja alguna en cuanto a su desempeño, situación en la que no existiendo razón
objetiva alguna para su cese en el puesto de trabajo (puesto que, como decimos, volvió a ser ocupado por otra
persona en comisión de servicios) puede inferirse razonablemente que la decisión de cese tuvo como causa
determinante la situación de embarazo y maternidad de la recurrente, decisión que resulta contraria al art. 14
de la Constitución por discriminatoria, por lo que debe anularse” (FJ 5).
3.3 Políticas de igualdad en el empleo público: planes de igualdad
Resolución de 29 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Función Pública, por la que se publica el
Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 2020, por el que se aprueba el III Plan para la igualdad
de género en la Administración General del Estado y en los Organismos Públicos vinculados o dependientes
de ella. (BOE, núm. 1, 01.01.2021).
III Plan de igualdad de mujeres y hombres de la Administración de la Generalitat Valenciana, aprobado el
05.08.2022.
Acuerdo de 20 de julio de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba expresa y formalmente,
en cumplimiento de la legislación básica estatal, el Acuerdo de 1 de julio de 2022, de la Mesa General de
Negociación de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Madrid, por el que se
aprueba el I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración de la Comunidad de Madrid,
según la obligatoriedad recogida en la normativa. (BOCM, núm. 184, 04.08.2022).
Resolución de 28 de enero de 2022, de la Secretaría General de la Consejería de Economía, Hacienda y
Administración Digital, por la que se dispone la publicación en el Boletín Ocial de la Región de Murcia del
Acuerdo de la Mesa General de Negociación de las condiciones de trabajo comunes al personal funcionario,
estatutario y laboral al servicio de la Administración Pública de la Región de Murcia de 13 de diciembre de
2021, en materia de planes de igualdad, medidas de conciliación y fomento del diálogo social, raticado por
Acuerdo de Consejo de Gobierno de 27 de enero de 2022. (BORM, núm. 26 de 2/02/2022).
Resolución de 31 de enero de 2020, de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Hacienda,
por la que se dispone la publicación en el Boletín Ocial de la Región de Murcia del Acuerdo de Consejo de
Gobierno de 26 de diciembre de 2019, por el que se ratica el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Administración
y Servicios de 22 de noviembre de 2019, por el que se aprueba el II Plan para la Igualdad entre mujeres y
hombres en la Administración Pública de la Región de Murcia 2020-2021 del ámbito de Administración y
Servicios. (BORM, núm. 35, 12.02.2020).
Resolución de 6 de septiembre de 2017, de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas
Democráticas y Libertades Públicas, por la que se establece el protocolo de actuación en la Administración
de la Generalitat Valenciana para los procedimientos de movilidad de las empleadas públicas víctimas de
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II Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración Pública de la Región de Murcia 2020-
2021 del ámbito de Administración y Servicios.
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Aprobado por el plenario del Consejo Municipal de 20.12.2019.
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de Murcia.
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Verónica Yazmín García Morales
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3.4 Bibliografía
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4 Empleo público y teletrabajo
4.1 Normativa
Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las
Administraciones públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. (BOE, núm. 259, 30.09.2020).
Decreto 65/2021, de 1 junio, por el que se regula la prestación de servicios en régimen de teletrabajo en la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (DOCM, núm. 108, 09.06.2021).
Decreto 27/2022, de 23 de junio, por el que se regula la modalidad de prestación de servicios en régimen de
teletrabajo en la Administración de la Comunidad de Castilla y León. (BOCL, núm. 122, 27.06.2022).
Decreto 77/2020, de 4 de agosto, por el que se regula la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo
para el personal al servicio de la Administración de la Generalidad de Cataluña y sus organismos autónomos.
(DOGC, núm. 8195, 06.08.2020).
Decreto 36/2013 de 28 de junio, por el que se regula la modalidad de prestación de servicios mediante
teletrabajo en la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (BOIB, núm. 91, 29.06.2013).
Decreto 79/2020, de 16 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la modalidad de
prestación de servicios en régimen de teletrabajo en la Administración de la Comunidad de Madrid. (BOCM,
núm. 226, 17.09.2020).
Resolución de 2 de julio de 2021, de la Secretaría General de la Consejería de Economía, Hacienda y
Administración Digital, por la que se dispone la publicación en el Boletín Ocial de la Región de Murcia del
Pacto de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios de 25 junio de 2021, sobre desarrollo del teletrabajo.
(BORM, núm. 156, 09.07.2021).
Decreto 92/2012, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Acuerdo sobre la prestación del servicio en
la modalidad no presencial mediante la fórmula del teletrabajo por el personal empleado público de la
Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos. (BOPV,
núm. 111, 07.06.2012).
Decreto 1/2018, de 10 de enero, por el que se regula la prestación del servicio en la modalidad no presencial,
mediante la fórmula del teletrabajo, en la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE,
núm. 10, 15.01.2018).
Decreto 49/2021, de 1 de abril, del Consell, de regulación del teletrabajo como modalidad de prestación de
servicios del personal empleado público de la Administración de la Generalitat Valenciana. (DOGV, núm.
4059, 12.04.2021).
Decreto 45/2021, de 28 de julio, por el que se regula el teletrabajo para el personal funcionario y laboral al
servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y sus Organismos Autónomos.
(BOR, núm. 148, 29.07.2021).
Ordenanza Reguladora de la Prestación de Servicios en Régimen de Teletrabajo por las Personas Empleadas
Públicas de la Diputación Provincial de Ourense. (BOPO, núm. 66, 23.03.2021).
Decreto por el cual se regula la organización del trabajo al Ayuntamiento y a los entes adheridos en el acuerdo
de condiciones: prestación en modalidad de teletrabajo. Ayuntamiento de Barcelona (BOPB, 08.09.2022).
Número de registro: 202210120562.
Reglamento por el que se regula la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo. Consell Comarcal
del Garraf. (BOPB, 05.07.2022). Número de registro: 202210098599.
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4.2 Jurisprudencia
Teletrabajo de funcionarios públicos
Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera).
Sentencia núm. 764/2021, de 15 julio. Procedimiento núm. 686/2020, ponente: Pilar Martínez Ceyanes.
ECLI:ES:TSJAS:2021:2455.
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Valladolid (Comunidad Autónoma de Castilla y León).
Sentencia núm. 64/2021, de 22 marzo. Procedimiento abreviado núm. 161/2020, ponente: María Luaces Díaz
de Noriega. ECLI:ES:JCA:2021:1961.
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