Dosier legislativo del Real Decreto 816/2023, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio
El BOE de 9 de noviembre publica el Real Decreto 816/2023, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, con entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE.
El presente Real Decreto tiene como objetivo introducir mejoras en el régimen jurídico de la inversión colectiva española para impulsar su competitividad, mejorar su funcionamiento y realizar los ajustes necesarios para adaptar la normativa española al derecho de la Unión Europea.
Los objetivos de la norma obedecen a la obligación de adaptación al derecho de la Unión Europea, así como a la necesidad de realizar ajustes reglamentarios para agilizar el funcionamiento del sector y para también reforzar la seguridad jurídica. De este modo, la norma transpone los cambios normativos establecidos en la Directiva Delegada (UE) 2021/1270 de la Comisión, de 21 de abril de 2021, por la que se modifica la Directiva 2010/43/UE en lo que atañe a los riesgos de sostenibilidad y los factores de sostenibilidad que deben tenerse en cuenta en relación con los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM).
El crecimiento sostenible es la cuestión que fundamenta la propia norma, por lo que se aclara que «las sociedades de gestión deben tener en cuenta, dentro de sus obligaciones frente a los inversores, los factores de sostenibilidad». De este modo, las sociedades de gestión deberán evaluar, no solo todos los riesgos financieros pertinentes, sino también todos los riesgos de sostenibilidad. Para garantizar este extremo, los procesos, sistemas y controles internos de las sociedades de gestión deberán reflejar los riesgos de sostenibilidad, requiriéndose capacidad y conocimientos técnicos para analizar dichos riesgos.
Sobre la mejora de la competitividad del sector, la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, introdujo modificaciones en la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva, eliminó la obligatoriedad del informe trimestral, equiparando el régimen jurídico español al de las jurisdicciones de su entorno. Asimismo, también se modifica la Ley 35/2003 para establecer los medios telemáticos como forma de comunicación por defecto con partícipes y accionistas, fomentando la digitalización y agilización de procesos y...
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