Dosier legislativo del Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del IIVTNU

El BOE del 9 de noviembre de 2021 ha publicado el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre,, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, con entrada en vigor el 10 de noviembre de 2021.

El presente Real Decreto-ley tiene como finalidad adaptar el actual régimen legal del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (en adelante IIVTNU) al mandato y doctrina establecida por el Alto Tribunal sobre la materia.

Contexto normativo y objeto

En los últimos años, el Tribunal Constitucional ha ido estableciendo una serie de resoluciones judiciales que han venido a afectar de forma importante el contenido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

De entre ellas cabe destacar las siguientes:

- La STC nº 59/2017, 11 de Mayo de 2017 que declaró inconstitucionales y nulos los artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4, del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, únicamente ante situaciones de inexistencia de incremento de valor.

- La STC nº 126/2019, de fecha 31 de octubre de 2019, que declaró inconstitucional el artículo 107.4 del citado texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en los supuestos donde la cuota a satisfacer es superior al incremento patrimonial realmente obtenido por el contribuyente.

- La reciente STC nº 182/2021, de fecha 26 de octubre de 2021, por la que se han declarado inconstitucionales y nulos los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del mencionado texto refundido, que dejó un vacío normativo sobre la determinación de la base imponible que no permitía la liquidación, comprobación, recaudación y revisión del impuesto de plusvalía y, por tanto, su exigibilidad. Ver artículo

A raíz de estos pronunciamientos judiciales, y con la última sentencia del TC y su impacto tanto en el sector inmobiliario como en la salvaguarda del principio de estabilidad presupuestaria, se dicta el presente real decreto-ley con el fin de dar unidad a la normativa del impuesto y salvaguardar el principio de capacidad económica de los contribuyentes.

Novedades más relevantes

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