Dosier legislativo Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social
El BOE de 15 de abril de 2026 publica el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, con entrada en vigor el 16 de abril de 2026.
El principal objetivo del real decreto es flexibilizar y ampliar determinadas vías de regularización administrativa de personas extranjeras, especialmente mediante nuevas autorizaciones por arraigo, y ajustar diversos aspectos del Reglamento de Extranjería para favorecer su integración y corregir disfunciones detectadas en su aplicación.
La norma se justifica en un contexto de intensificación de la movilidad humana y de consolidación de España como país de destino migratorio. El preámbulo vincula expresamente la reforma con la transformación estructural del fenómeno migratorio en España y con una política pública orientada a la protección de los derechos humanos, la igualdad, la seguridad y la dignidad de las personas migrantes. También se subraya la incorporación transversal de la perspectiva de infancia y de género como principios informadores de la regulación.
La exposición de motivos explica también que, tras casi un año de aplicación del Real Decreto 1155/2024, se ha apreciado la necesidad de modificar puntualmente el Reglamento de Extranjería para permitir la plena integración de personas extranjeras que permanecen en España de forma prolongada y que, por causas ajenas a su voluntad, no pueden acceder a una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales. La reforma pretende así corregir lagunas prácticas del régimen anterior y evitar situaciones de exclusión administrativa prolongada.
El preámbulo incorpora, además, una justificación económica, laboral y demográfica. Se afirma que la incorporación administrativa y económica de estas personas refuerza la Seguridad Social, mejora la recaudación tributaria, reduce la economía sumergida y previene la explotación laboral. Asimismo, se conecta la reforma con el envejecimiento demográfico, el crecimiento vegetativo negativo y la necesidad de cubrir sectores productivos con dificultades de contratación, presentando la regularización como instrumento de sostenibilidad del sistema de bienestar y del mercado de trabajo.
En el plano técnico-normativo, la norma se apoya expresamente en el artículo 31.3 de la Ley Orgánica 4/2000, que habilita la concesión reglamentaria de autorizaciones de residencia temporal por situación de arraigo y otras circunstancias excepcionales. Sobre esa base se introducen dos nuevas disposiciones adicionales en el Reglamento: una para solicitantes de protección internacional y otra para un nuevo arraigo extraordinario. El preámbulo presenta ambas figuras como instrumentos para reducir situaciones de vulnerabilidad y dar encaje administrativo a personas con vínculos acreditados con España.
Finalmente, la exposición de motivos destaca que la norma ha sido tramitada con carácter urgente y que en su elaboración han intervenido múltiples órganos e instituciones.
En el ámbito de la residencia de familiares de personas de nacionalidad española, se modifica el artículo 97.1.c), con la finalidad de permitir que la solicitud de la autorización de residencia temporal de familiar de persona de nacionalidad española pueda presentarse desde territorio español cuando tanto el ciudadano español como el familiar extranjero se encuentren en él. Este cambio elimina la necesidad de tramitar la autorización desde el exterior en determinados supuestos, lo que evita la interrupción de la convivencia familiar y reduce la inseguridad jurídica asociada a la salida del territorio.
El cambio no se limita al lugar de presentación de la solicitud, sino que introduce efectos jurídicos inmediatos desde su admisión a trámite. En particular que la persona solicitante queda habilitada provisionalmente para residir y trabajar en España.
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