Dosier legislativo de la Ley Orgánica 1/2026, de 8 de abril, en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882
El BOE de 9 de abril de 2026 publica el Ley Orgánica 1/2026, de 8 de abril, en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, con entrada en vigor el 10 de abril de 2026.
El principal objetivo de la norma es reforzar la respuesta penal y procesal frente a la multirreincidencia, especialmente en delitos patrimoniales de menor gravedad.
La Ley Orgánica 1/2026, de 8 de abril, en materia de multirreincidencia, parte de una constatación político-criminal concreta, esto es, la reiteración en la comisión de delitos contra el patrimonio y otras infracciones de menor gravedad han evidenciado disfunciones en la eficacia de la respuesta penal. Además, la multirreincidencia ha tenido un impacto relevante sobre la convivencia, la percepción de seguridad ciudadana y el funcionamiento del sistema judicial. A todo ello, destaca que, desde el ámbito local, numerosos alcaldes habían reclamado una respuesta más ágil y herramientas jurídicas más eficaces para afrontar conductas delictivas reiteradas que afectan al comercio, a la actividad económica y a la tranquilidad vecinal.
La ley orgánica tiene como objetivo principal modificar la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (CP), en relación con los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico previstos en el Capítulo I del Título XIII, en continuidad con la reforma llevada a cabo en 2022, respecto de los hurtos leves multirreincidentes. Además, la reforma incide en el artículo 22, sobre las circunstancias agravantes, y el artículo 66, sobre las reglas generales para la aplicación de las penas en los delitos leves.
Finalmente, para dar una respuesta eficiente, acorde con la finalidad de la norma y con las solicitudes indicadas de los entes locales, se modifica el artículo 105 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), con el fin de que la Administración local pueda disponer de la legitimidad necesaria para la acción penal, sin perjuicio de la que corresponde al Ministerio Fiscal.
En el artículo 13 LECrim se introduce...
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